La enésima tregua suscripta por Alemania, Francia, Rusia y Kiev ha sido unánimemente caracterizada como precaria. La hoja de ruta vuelve a establecer un cese del fuego y el establecimiento de una zona desmilitarizada, y repite compromisos acerca de una reforma constitucional que allanaría la autonomía para las regiones sublevadas del Este, y la recuperación del control de las fronteras por parte de Kiev. Los enfrentamientos, sin embargo, prosiguieron, y con causa -los rebeldes aspiran a controlar la ciudad de Debáltsevo, que ocupan en gran parte, para asegurar una continuidad con Donetsk y Luganks ,y dejar establecida una región autónoma integral. Esta última fase del conflicto dejó al desnudo la desmoralización de las tropas oficiales y un fondo político de corruptelas en el gobierno de Kiev, e incapacidad de organización en el mando militar. En una discusión acerca de una financiación occidental del esfuerzo bélico de Kiev, de inmediato saltó la preocupación de que el dinero iría a los bolsillos de los oligarcas ucranianos.
La situación de conjunto de Ucrania-Kiev es infinitamente peor que la de Grecia y lo mismo ocurre con el plan de ajuste que ha impuesto el FMI. La Unión Europea y Estados Unidos pretenden imponer como sea este plan de ajuste y en especial la desestatización de las explotaciones rurales, como paso previo al financiamiento militar de Kiev y a la entrega masiva de material bélico.
El año pasado, "Ucrania restableció el servicio militar obligatorio ante la escasez de voluntarios para combatir a los milicianos prorrusos" (La Tercera, 19/1). Encuestas recientes indican que la preocupación principal de los ucranianos es el fin de la guerra (casi 80%), "y -en cambio- el tratado de asociación con la Unión Europea sólo es mencionado por el 20,5% de los encuestados" (La Nación, 9/2). El FMI ha elogiado el aumento de los combustibles para calefacción y el gas, y destrabó 17.500 millones de dólares para los próximos cuatro años a cambio de una profundización del ajuste. Aun así, y con reservas de apenas 7.000 millones de dólares, "algún tipo de reestructuración de la deuda externa parece inevitable" (El País, 12/2).
La rebelión en el oriente del país está muy vinculada a las consecuencias letales que tendría para la región una anexión económica de Ucrania a la Unión Europea -en primer lugar, la liquidación de su descapitalizada industria minera. Precisamente por esto, hay un debate sobre la nacionalización de las minas y la reorganización de la industria, pues sin clarificar antes este asunto la propia lucha militar carece de fundamento político. La confusión acerca del destino social del este ucraniano es el principal obstáculo para una efectiva movilización popular y para ganar a las masas del oeste a una lucha contra la colonización y el ajuste que plantea la anexión a la Unión Europea.
El apoyo abierto de Putin a la rebelión de la región del Donbass tiene que ver, en primer lugar, con la certeza de que la anexión de Ucrania a la Unión Europea desataría la inmediata desintegración de su gobierno. El régimen putiniano representa el esfuerzo último de la oligarquía y el aparato estatal de Rusia de evitar una disolución nacional -como estuvo a punto de ocurrir bajo quienes lo precedieron. Para eso plantea la neutralización de Ucrania (que no podría incorporarse a la Otan) y un régimen autonómico para el este. ¿Pero cuál sería la base social de una salida de este tipo? El régimen de Putin no tiene un interés social ni recursos económicos para reconstruir a la industria del este sobre bases progresistas. O sea que es un ladero del plan de ajuste del FMI y de la Unión Europea. La integración de Ucrania a la Otan se llevaría puestos los compromisos que se firmen, una vez que el ajuste y la colonización económica capitalista cobre impulso. La situación de Rusia es, por otra parte, cada vez más precaria, esto a partir de baja fenomenal de los precios del petróleo y los minerales y de la fenomenal fuga de capitales. El rublo se ha desvalorizado un 40% frente al dólar en 2014, y el país afronta vencimientos de deuda en los próximos 18 meses por 140 mil millones de dólares (Sin Permiso, 17/12). El gobierno ha lanzado un ajuste y se muestra preocupado por "mantener la estabilidad económica y social" (Página/12, 30/12/14). En la fábrica Lada se anunciaron 1.100 despidos. La magnitud de la crisis económica rusa es un caldo de cultivo de protestas populares y desafía el bonapartismo putiniano. Un sector importante de la oligarquía rusa no ve otra salida que la aceptación de los planes del FMI.
Planteamos: una Ucrania socialista e independiente, mediante un plan de lucha de las masas del este y del oeste.
Gustavo Montenegro
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