El kirchnerismo ha salido a celebrar con bombos y platillos una declaración no vinculante que, a instancias del gobierno argentino, votaron las Naciones Unidas con relación a las reestructuraciones de las deudas soberanas. La declaración, en el mejor de los casos, es una gran cortina de humo, pues el supuesto "pronunciamiento contra los buitres" sobreviene cuando los asesores económicos de Scioli-Zannini están negociando un acuerdo con los abogados de los buitres. Ese arreglo implicará elevar la deuda argentina en más de 20.000 millones de dólares y un negocio redondo para quienes compraron los títulos argentinos a precios de ganga.
Los medios periodísticos afirman que la declaración es "a medida de Argentina". En efecto, sus términos retratan a un gobierno que ha hecho del pago "serial" de la deuda un eje a lo largo de sus doce años. La declaración presenta a las reestructuraciones de deuda "como último recurso" y establece el principio de "legitimidad", que obliga a respetar "en todos los niveles los requisitos de inclusión y el estado de derecho". Se trata de la legalización de la economía de la deuda, que está hundiendo a numerosos países en verdaderas catástrofes humanitarias. El pronunciamiento plantea la "inmunidad soberana de jurisdicción" como "derecho de los Estados ante los tribunales extranjeros", algo que parece chocar con la intervención de los Griesa. Pero, a renglón siguiente, se señala que las "excepciones (a esa inmunidad) deberán interpretarse de manera restrictiva". Seguramente, "restringidas" a Estados gobernados por quienes, como los K, admitieron la jurisdicción extranjera para sus arreglos de deuda. La declaración se pronuncia por el principio de acción colectiva (respetar la reestructuración cuando es aprobada por la mayoría de los acreedores). Pero ello es desmentido por otro de sus puntos, donde se plantea el "trato equitativo" hacia los acreedores. O sea, la "obligación de los Estados de abstenerse de discriminarlos arbitrariamente". Esto es lo que reclaman los holdouts, precisamente, como punto de partida de sus reclamos. Este principio, que la ONU votara a instancias de Argentina, desmiente a las leyes cerrojo promovidas por los K en el Congreso, que daban por cancelado cualquier arreglo con quienes no se hubieran acogido a los canjes de deuda dispuestos por el gobierno.
En nombre de la crítica a los buitres, el pronunciamiento de la ONU admite sus prerrogativas y legaliza la hipoteca de las deudas usurarias.
Marcelo Ramal
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