En la tarde del lunes (14) los ministros de Hacienda, Joaquim Levy y de Planificación, Nelson Barbosa, anunciaron nueve medidas adicionales de ajuste fiscal que incluyen congelamiento salarial, recortes en salud y suspensión de concursos públicos. Los recortes previstos en el presupuesto de 2016 son por 26 mil millones de reales, más de 6.700 millones de dólares. Para que estas medidas sean válidas tendrán que ser aprobadas por el Congreso Nacional.
Entre las medidas se incluyen recortes en los concursos públicos federales, postergación del reajuste salarial de empleados públicos federales a agosto de 2016 y recortes en gastos sociales como salud y programas del gobierno de vivienda, además de recortes en el Programa de Aceleración del crecimiento (PAC). Levy también anunció el aumento de impuestos para mejorar la recaudación del gobierno.
Las medidas anunciadas buscan cubrir el déficit fiscal en el presupuesto del gobierno (de 30.500 millones de reales) que fue una de las principales motivaciones económicas, junto a la crisis política, para rebajar la calificación de crédito de Brasil la semana pasada por el banco norteamericano Standard&Poor’s. Con los recortes extra el gobierno de Dilma le demuestra a los mercados, a los bancos y a los empresarios, su “esfuerzo” para alcanzar la meta de 0,7% del PBI para el pago del superávit primario (resultado fiscal excluyendo los intereses para el pago de los intereses de deuda externa) para 2016.
El paquete prevé la reducción de gastos con el programa de viviendas Minha Casa, Minha Vida y el uso de las enmiendas parlamentarias al Presupuesto para cubrir costos antes bancados por el gobierno federal en el PAC y en salud. Para el programa de viviendas, la propuesta del gobierno es utilizar recursos del Fondo de Garantía por tiempo de Servicio (FGTS, fondo previsional de retiro) en lugar de los aportes que actualmente costea el gobierno federal, que serían transferidos.
La medida puede afectar las bases de uno de los principales programas sociales de Dilma y que actualmente enfrenta una crisis con la postergación de una parte del programa Minha Casa Minha Vida y el escándalo de corrupción en Petrobras (operación Lava-Jato) que involucra constructoras beneficiadas por las obras del programa.
Congelamiento de salarios de los empleados públicos manteniendo los privilegios de los políticos
El gobierno también pretende postergar, de enero a agosto de 2016, el reajuste de los empleados públicos federales (que representa el “ahorro” de 7 mil millones de reales al gobierno). Los recortes de 1.500 millones de reales con la suspensión de los concursos públicos federales ya representan un nuevo golpe a los empleados públicos, ya que impide nuevas contrataciones, abriendo camino a las tercerizaciones y subcontrataciones con el chatarreo del sector público.
El ajuste anunciado prevé también la reducción del gasto con costeo administrativo, medida que involucra la reducción de la cantidad de ministerios y el establecimiento de límites para el gasto con empleados públicos y cargos de confianza. “Esperamos una economía de 200 millones de reales con recorte de cargos comisionados y reducción de ministerios, que vamos a anunciar hasta fin de mes”, dijo Nelson Barbosa.
Como comparación, es importante destacar como los recortes en la masa de los privilegios de los políticos son de solo 200 millones de reales, mientras que ¡a los salarios de los empleados públicos federales el gobierno de Dilma recortará 7 mil millones! El objetivo del gobierno es recortar lo máximo posible a los más pobres y a los trabajadores, sin atacar a fondo los privilegios de la casta de políticos que gobiernan para los intereses de los bancos y empresarios.
También serán revisados contratos de prestación de servicios al gobierno, como alquiler de autos. Según el ministro Barbosa, serán adoptadas medidas para evitar que los salarios de los empleados públicos crucen el techo salarial, actualmente alrededor de 33.000 reales por mes.
Fue anunciada, incluso, una reformulación del denominado Sistema S (de formación técnico-profesional ligado a la industria) con el objetivo de reducir gastos previsionales.
Aumento impositivo
Entre las medidas de ajuste anunciadas está el regreso del impuesto al cheque (CPMF) con un cargo de 0,2% y duración de 4 años, y alcanzaría en caso de ser aprobado, a todas las transacciones financieras.
Se elevarán impuestos a industrias químicas y la revisión de la reducción de impuestos como el Impuesto sobre Productos Industrializados para autos, muebles y cosméticos (IPI), además de crear nuevas bandas de Impuesto a las Ganancias y de cobranza de impuestos para todos los brasileros que recauden dinero con la venta de inmuebles.
Repercusión: más recortes para los trabajadores y menos impuestos para los ricos
La oposición de derecha en el Congreso ya anunció que va a bloquear la propuesta de Levy y Barbosa de retorno del impuesto al cheque y Eduardo Cunha (PMDB) afirmó anteayer que los recortes adicionales anunciados son insuficientes y que cree que es difícil que los ajustes pasen en el Congreso con la base aliada de Dilma debilitada. Entidades patronales, como la Federación de Industriales del Estado de San Pablo (FIESP), repudiaron el anuncio del gobierno de aumento de impuestos, como el regreso del impuesto al cheque, como parte del ajuste fiscal para el aumento de ingresos para el pago de los intereses de la deuda externa.
La verdad es que las bancadas de políticos de la burguesía, liderados por Cunha y Aécio Neves (PSDB), atados a los intereses de los ricos y empresarios, quieren presionar para que los ajustes sean descargados sobre las espaldas de los trabajadores, con más privatizaciones y más recortes en los gastos sociales.
Al mismo tiempo, el gobierno de Dilma y el PT muestran cada vez más de qué lado están y la disposición para profundizar el ajuste neoliberal contra los trabajadores, reduciendo gastos sociales y chatarreando el servicio público. Del lado de la patronal, ésta reclama por el aumento de impuestos, sin embargo los capitalistas pueden maquillar los ajustes impositivos trasladando ese costo adicional a los consumidores, de forma que una vez más los trabajadores paguen por la crisis.
Por eso, el ajuste que recorte los ricos y patrones solo puede basarse en impuestos progresivos a las grandes fortunas, el no pago de la deuda externa, una deuda fraudulenta y que ya fue pagada hace muchos años, y la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial.
Flávia Ferreira
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