Este sábado se cumple un año del secuestro y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 365 días, 13 lunas, 12 meses y millones de pasos que caminan en busca de la verdad, exigiendo al gobierno de Enrique Peña Nieto una respuesta contundente.
La noche del 26 de septiembre de 2014, policías de Iguala y Cocula, bajo responsabilidad del alcalde José Luis Abarca Velázquez, abrían fuego contra un grupo de estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” del estado de Guerrero, que se preparaban para asistir a una manifestación en memoria de la Masacre de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968. El saldo: seis muertos, decenas de heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
La versión oficial, denominada paradójicamente como “verdad histórica” por la Procuraduría General de la Republica, acusa al cártel Guerreros Unidos de habérselos llevado e incinerado en un basurero de Cocula. Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que realizó una exhaustiva investigación independiente, entregó un informe a comienzos de este mes en el que se detallan una serie de hechos claves que ensanchan las fisuras de la versión oficial y aportan datos medulares para esclarecimiento del caso.
El equipo de expertos, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que el Ejército y la Policía Federal participaron en el operativo, que no hay evidencia científica que pueda sostener la versión oficial de que los estudiantes fueron incinerados, y denuncia la negligencia en el manejo de evidencia forense, en el proceso de investigación y en la búsqueda de los estudiantes.
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A lo largo del proceso de investigación se han realizado decenas de rastrillajes en terrenos donde habían indicios que señalaban que podían encontrarse los cuerpos de los normalistas, y se han descubierto más de 70 fosas comunes con los restos de cientos de personas, que en su mayoría aún no se han identificado. Dentro de los cuerpos que han sido reconocidos se identificaron a dos de los estudiantes.
En el año que trascurrió, más de 100 personas fueron arrestadas en relación a las desapariciones de los normalistas, de los cuales aproximadamente la mitad son policías y la otra mitad supuestos miembros de bandas criminales. De los detenidos, ninguno está imputado específicamente por el delito de desaparición forzada y aún no hay ninguna sentencia.
Ayotzinapa, crimen de Estado
Las cifras de la tragedia humanitaria que vive México evidencian que Ayotzinapa no es un caso aislado: más de 22 mil 610 personas desaparecidas en los últimos nueve años, 150 mil muertas, un millón de desplazados. Esto según cifras oficiales.
Ayotzinapa es más bien la punta del iceberg. La desaparición de los normalistas es la muestra de que México está viviendo una gravísima crisis en materia de derechos humanos. Lejos de ser “excesos” de grupos fuera de control, prácticas sistematizadas como la desaparición forzada, la tortura y el asesinato resultan instrumentos de acción política que pretenden disciplinar a través del terror. Y entonces los límites entre la lógica racional del poder instituido y la del narco se desdibujan.
A un año de aquella noche que conmocionó a la sociedad mexicana y movilizó a tanta gente a lo largo y ancho del mundo, en cientos de manifestaciones, actividades, concentraciones, actos y caravanas, reclamando la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos, exigiendo justicia y una respuesta seria sobre el caso, el grito se vuelve a multiplicar: Ayotzinapa duele porque los desaparecidos nos faltan a todos. ¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
Mercedes Meineri
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