Oficiales de seguridad afganas marchan durante su ceremonia de graduación celebrada en Herat (Afganistán)
Estados Unidos ha utilizado un vacío legal para saltarse la ley que le prohíbe financiar a fuerzas de seguridad extranjeras responsables de graves violaciones de derechos humanos. “El secretario de Defensa ha utilizado la 'cláusula derogatoria' para seguir financiando algunas de las unidades implicadas”, señala el informe recién desclasificado de una agencia gubernamental.
El capitán de las fuerzas especiales estadounidenses Dan Quinn pegó una paliza al comandante de la policía afgana Abdul Rahman por encadenar a la cama a un niño de 14 años y abusar de él física y sexualmente. Hoy Estados Unidos está investigando este caso –destapado por primera vez en 2015 en un artículo de The New York Times– porque, según las leyes estadounidenses, Washington no puede financiar unidades de fuerzas armadas extranjeras que son responsables de graves violaciones de derechos humanos. Y el caso de Rahman no es una excepción.
Aquella paliza le costó a Quinn su puesto como capitán de una unidad militar en Afganistán. El artículo de The New York Times describía el acoso sexual a menores como “rampante” entre “comandantes armados” y afirmaba que Estados Unidos había ordenado a sus soldados ignorar estos casos de acoso sexual a menores por tratarse de una costumbre arraigada, conocida como Bacha Bazi.
Estas acusaciones desencadenaron una crisis política y el Congreso ordenó una investigación independiente sobre los abusos y el cumplimiento de las conocidas como leyes Leahy, que prohíben la asistencia y financiación a unidades de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si existe “información creíble” de que la unidad ha cometido “graves violaciones de derechos humanos”.
A pesar de que el resultado de esa investigación, elaborada por la agencia del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR, por sus siglas en inglés), no ha podido demostrar que los soldados recibiesen órdenes de ignorar graves violaciones de derechos humanos, sostiene que la cúpula del Departamento de Defensa utilizó sus poderes excepcionales para seguir financiando unidades afganas a pesar de haber cometido estos delitos.
“Aunque el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado han confirmado que algunas unidades de las fuerzas de seguridad afganas han cometido graves violaciones de derechos humanos, el secretario de Defensa ha utilizado la 'cláusula derogatoria' de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Defensa para seguir financiando algunas de las unidades implicadas”, señala el informe de SIGAR –agencia del Gobierno creada en 2008 para supervisar el gasto de Estados Unidos en Afganistán–.
“El Congreso podría considerar prohibir al Departamento de Defensa aplicar la 'cláusula derogatoria' si concluye que su aplicación para seguir asistiendo a miembros de las fuerzas de seguridad afganas sobre los que existe información creíble de graves violaciones de derechos humanos es contradictoria al propósito de la Ley Leahy”, añade el informe.
El polémico informe, elaborado en junio de 2017, fue considerado “secreto” y “no accesible para nacionales extranjeros”. Además, se recomendó su clasificación como secreto hasta junio de 2042 (25 años después de su elaboración). Sin embargo, tras las peticiones de SIGAR, el documento fue finalmente desclasificado la semana pasada, aunque mantiene cierta información oculta.
“A pesar de que la preocupación por la seguridad de las fuerzas estadounidenses y la posible pérdida de apoyo de las fuerzas de seguridad afganas es comprensible, la asistencia continua del Departamento de Defensa a unidades sobre las que hay información creíble de graves violaciones de derechos humanos socava los esfuerzos estadounidenses por transmitir al Gobierno afgano la importancia del respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho”, insiste el documento.
El proceso para aprovechar el vacío legal sobre las leyes Leahy es el siguiente: Una vez que el Foro Leahy (comisión conjunta del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa) determina que existe información creíble sobre la violación, el Pentágono pregunta a la misión militar en Afganistán si la financiación debe continuar. Si el comandante de la misión cree que la financiación es necesaria, este realiza una solicitud formal a Defensa para aplicar la cláusula, que debe ir acompañada de una justificación y de los efectos que tendría cancelar la financiación.
Costumbre o violación
“El Departamento de Defensa y el Departamento de Estado empezaron a trabajar para abordar este problema únicamente cuando fue planteado por The New York Times”, ha criticado el director de SIGAR, John Sopko.
A fecha de agosto de 2016, el Foro Leahy estaba investigando solo 75 incidentes de graves violaciones de derechos humanos –7 de ellos relacionados con abuso sexual de menores–. El informe señala que esta no es la cifra total y que el alcance de estas violaciones “puede que nunca se sepa”. Sigar explica que esto se produce, en parte, porque el personal estadounidense no tiene unas directrices claras sobre cómo actuar en este tipo de circunstancias.
“Por ejemplo, dos de los tres soldados que informaron haber visto o escuchado directamente lo que ellos creían que eran pruebas de abuso sexual a menores sostienen que no recibieron formación sobre cómo responder al abuso sexual de menores por parte de las fuerzas de seguridad afganas”, añade el documento desclasificado.
El Entrenamiento operativo cultural del Ejército para Afganistán es de los pocos documentos en que se menciona el problema del abuso sexual, aunque no juzga la práctica y, a diferencia de otras partes de la formación, tampoco da directrices sobre cómo actuar. “Como resultado, puede que el personal no haya entendido claramente que el Departamento de Defensa espera que se denuncie el abuso sexual a menores”, subraya el informe SIGAR.
El manual mencionado sostiene: “La homosexualidad está estrictamente prohibida bajo las costumbres tribales. Sin embargo, la homosexualidad existe en Afganistán y no es raro que los hombres participen en actos sexuales con otros jóvenes y menores. Desde el punto de vista occidental esto se considera tanto homosexualidad como pedofilia, pero no es el caso en Afganistán. Incluso hay casos en los que los hombres tienen relaciones sexuales con jóvenes y con niños en público”.
Desde 2002, Estados Unidos ha financiado con 71.200 millones de dólares unas fuerzas de seguridad afganas que a día de hoy solo controlan la mitad del territorio y de las que quizá nunca se sepa cuántas unidades han cometido graves violaciones de derechos humanos.
Javier Biosca Azcoiti
The Guardian / El Diario (España)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario