Venezuela en los actuales momentos es escenario de un proceso de descomposición social sin parangón en la historia nacional. Problemáticas como la brutal escasez de productos de primera necesidad, la hiperinflación y la insuficiencia de los salarios, combinadas a su vez con el colapso generalizado de los servicios públicos, han alcanzado niveles tormentosos e insoportables para las familias trabajadoras cuya capacidad para seguir resistiendo los embates de la crisis económica comienza a agotarse. Tanto los días finales del 2017 como los primeros del año que recién comienza, han estado marcadas por innumerables protestas, tomas de carreteras y conatos de saqueos, en innumerables ciudades y poblados del país, que tienen como razón de ser el profundo descontento popular, principalmente ante las constantes alzas de los precios de los alimentos y el hambre imperante entre amplias capas de la población más vulnerable.
Tras las enormes expectativas creadas en torno a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la dirigencia bolivariana, ahora disponiendo de una herramienta plenipotenciaria y supraconstitucional bajo su control, optó por superar en su favor la disputa institucional en el seno del Estado, removiendo a Luisa Ortega Díaz del cargo de Fiscal General de la República y terminando de anular las competencias de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, sin emprender medidas eficaces que atendieran el drama social que enfrenta el país en la actualidad. Con las posteriores victorias del PSUV y fuerzas aliadas en las elecciones de gobernadores y alcaldes, la cúpula gubernamental no dejó de malbaratar la confianza depositada por las masas trabajadoras de cara a la solución de la situación económica, mediante todo tipo de ataques a cualquier manifestación de crítica desde la izquierda, como las arremetidas sufridas por el ex-Fiscal General y ahora ex-Diputado a la ANC, Isaías Rodríguez; y también con la implementación de medidas inocuas e insuficientes, como la Ley de Precios Acordados, Ley de los CLAP, entre otras.
En vísperas a conocer la fecha de las próximas elecciones presidenciales, la dirección bolivariana llama nuevamente a las masas a prepararse para la importante contienda que se avizora, sin modificar su carácter conciliador, irresoluto y de medias tintas, que no ofrece soluciones reales a lo que las calles y los estómagos reclaman. Mientras el gobierno se funde en excusas, promesas y demagogia, los trabajadores y pobres en general comienzan a expresar su rabia y descontento, esta vez no dispuestos a contentarse con que simplemente su voz sea escuchada, sino preparándose para buscar soluciones desesperadas por su propia cuenta.
Arden las calles
Los primeros brotes de protesta se comenzaron a registrar durante la semana previa al día de navidad, que a diferencia de años anteriores para muchas familias no supuso una ocasión propicia para celebrar. A las manifestaciones por hambre en numerosas regiones venezolanas, se sumaron múltiples expresiones de descontento por el alza excesiva de los pasajes del transporte colectivo, las fallas en el suministro de gas doméstico, cortes del servicio eléctrico, el desabastecimiento de combustible, entre otras causas.
Durante la semana final del 2017 las muestras de disconformidad popular aumentaron en intensidad, con protestas y algunos contaos de saqueos registrados en entidades como Bolívar, Nueva Esparta, Anzoátegui, Portuguesa, Guárico, Aragua y Táchira, fundamentalmente ante la ausencia de las prometidas cajas de CLAP y perniles navideños, los cuales nunca llegaron al país supuestamente por un bloqueo de los pagos efectuados por el gobierno para importar dichas proteínas desde Portugal. La capital, Caracas, no estuvo exenta de manifestaciones por los mismos móviles como se pudo evidenciar el 26 de diciembre, cuando pobladores del populosa zona de La Vega tomaron la redoma La India y se mantuvieron apostados en el lugar hasta altas horas de la noche y de manera pacífica.
En forma de escalada la frecuencia y los niveles de anarquía en las manifestaciones se han ido incrementando y agudizado con el paso de los días. Solo durante la primera semana de 2018 se reportaron saqueos en 6 regionales del país (Bolívar, Aragua, Guárico, Monagas, Trujillo y Zulia), así como disturbios en varias zonas de Caracas (http://efectococuyo.com/principales/reportan-saqueos-en-seis-estados-del-pais-durante-la-primera-semana-de-2018). Los motivos de tales expresiones siempre aluden tanto a la carestía como a la escasez de alimentos, mediante protestas que derivan en violencia, asedios e irrupciones masivas en fábricas y locales de almacenamiento de comestibles, situaciones de tensión en las inmediaciones de los supermercados, y el asalto de camiones que transportan productos alimenticios en diferentes carreteras del país.
Para la segunda semana del año en curso, no ha habido un solo día donde no se reporte alguna situación irregular relacionada con los hechos que venimos mencionando. Por ejemplo: durante la noche del jueves 11 de enero, habitantes de Cagua Estado Aragua establecieron alcabalas en la carretera que atraviesa el poblado requisando las unidades de transporte para conseguir alimentos. A su vez, los pobladores de la misma localidad también trataron de saquear la planta de la empresa de embutidos, Plumrose (https://www.aporrea.org/regionales/n319583.html).
Entre los hechos más lamentables suscitados hasta ahora, destacan la serie de disturbios acaecidos en las poblaciones: Palmarito, Arapuey, Caño La Yuca, El Pinár y Tucaní, conectadas por la carretera panamericana al norte del Estado Mérida, donde se habrían registrado saqueos en los establecimientos comerciales, asaltos a los camiones que transportan alimentos, y más dantesco aún, la irrupción de un gran número de personas en varias haciendas ganaderas para descuartizar y trasladar cerca de 100 bovinos (https://www.aporrea.org/actualidad/n319551.html). Por estos acontecimientos resultaron abatidos 4 individuos por impactos de bala, mientras que 15 se cuentan entre los heridos. Se pudo conocer que una de las víctimas fatales recibió un disparo que le impactó en la vena femoral, tratando de saquear una unidad de carga pesada en la localidad de Caño La Yuca. Testigos afirman que el hecho se produjo tras la represión ejercida por la Guardia Nacional en la zona. Así mismo, 2 de los fallecidos y un buen número de heridos, habrían sido atacados por individuos fuertemente armados (posiblemente paramilitares), quienes abrieron fuego para dispersar a una multitud que se disponía a saquear una tienda de insumos y alimentos agrícolas en Arapuey, misma localidad donde también murió un adolescente de 17 años de un disparo en el pecho y en circunstancias poco claras hasta hoy. Todo esto ocurrió entre los días 11 y 12 de enero.
No es descartable la posibilidad de que en algunos de los tantos eventos registrados ciertas bandas criminales se hayan aprovechado de los saqueos o en otros casos los hubiesen ocasionando (por ejemplo: robos a licorerías, ferreterías, etc). Aquí debemos precisar que hechos de tal naturaleza, repudiables por lo demás, no constituyen el verdadero carácter de la situación general y solo se limitan a puntualidades esporádicas, las cuales no pueden servir de excusas para intentar criminalizar las incontables muestras de lucha de los más pobres por su derecho a existir. La tónica mayoritaria, caracterizada por asaltos masivos a comercios, camiones y centros de almacenamiento, todos de productos alimenticios habla por si sola.
Hiperinflación salarios y hambre
Sin lugar a dudas, el comportamiento alcista de los precios constituye el principal problema que aqueja a la clase trabajadora nacional. El ritmo ascendente que registran los costos de los productos, especialmente los de primera necesidad, ya no se miden en cuestión de meses o semanas, sino de días y en algunos casos de horas. Para mediados de octubre el kilogramo de harina de maíz costaba alrededor de 15.000 Bs, su precio actual ronda los 60.000 Bs. Durante el mismo periodo, productos como: arroz, azúcar, harina de trigo y queso duro, todos en presentaciones de 1 Kg, pasaron de 20.000, 30.000, 18.000 y 45.000 Bs a 80.000, 110.000, 90.000 y 220.000 Bs respectivamente. Los costos de la margarina de 500 gramos rondaron los 10.000, 65.000 y 120.000 Bs, entre las quincenas de los meses: noviembre, diciembre y enero. Así mismo, el cartón de 30 huevos aumentó de 40.000 a 90.000 Bs de octubre a noviembre, y de 180.000 a 240.000 Bs desde diciembre hasta la fecha.
El kilogramo de carne, cuyo costo no superaba los 26.000 Bs para mediados de septiembre, durante los meses posteriores: octubre, noviembre y diciembre, registraría precios aproximados entre los 50.000, 80.000 y 180.000 Bs en el mismo orden. Para la primera quincena del 2018 el producto en cuestión se consigue en no menos 280.000 Bs. La situación es similar con el costo del pollo entero, el cual ascendió de 25.000 a 45.000 Bs entre la mitad de los meses de octubre a noviembre, y de 85.000 a 180.000 desde el 15 de diciembre hasta la actualidad. Tales alzas han convertido estos últimos alimentos de un alto valor proteínico en auténticos lujos para la mayoría de familias del país, lo que en parte puede explicar la acción desesperada de los pobladores del norte del Estado Mérida relatada más arriba.
Para tener una idea de la situación, basta comparar el elevado costo de algunos productos y el nivel rezagado de los ingresos familiares. Recientemente fue decretado un nuevo aumento del salario mínimo integral (mensual), el cual pasó a ubicarse en 797.510 Bs, dividido en 248.510 Bs de sueldo básico y 549.000 Bs correspondientes al bono de alimentación (que no tiene incidencia en las prestaciones sociales, vacaciones y demás beneficios de remuneración laboral). En base a estos montos, el costo de un kilogramo de carne (280.000 Bs) supera en un 12,67% el precio del salario base, equivale a un 51% respecto al bono de alimentación y el 35,10% de la remuneración mensual total. En este sentido, el precio del kilogramo de pollo entero (180.000 Bs) representa el 72,43% del salario base, el 32,78% del bono de alimentación y el 22,57% del salario integral.
Este panorama ha obligado a las familias venezolanas a enfocar su dieta hacia los alimentos más económicos disponibles, como tubérculos (papa y yuca) y granos (lentejas y caraotas), mientras renuncian a la posibilidad de ingerir 1 o hasta 2 de las 3 comidas del día. Aunque nos gustaría ofrecer cifras sobre la problemática alimentaria de Venezuela, lamentablemente no existen estudios lo suficientemente serios que aborden el fenómeno de manera precisa. Sin embargo, solo basta observar la notoria pérdida de peso de muchas personas conocidas y considerar la situación de los desempleados, los hogares con muchos miembros y bajos ingresos, entre otros casos, como para ponderar la tragedia social que hoy se vive en Venezuela.
El gobierno, consciente de la situación, no puede desentenderse totalmente de la problemática aunque quisiera. Con el reciente aumento del sueldo mínimo integral suman 7 incrementos en 12 meses. Esto ha venido acompañado del otorgamiento de bonos especiales de 500.000 Bs, como el bono navideño y niño Jesús, ambos dirigidos a 4 millones de familias seleccionadas a través de la data del carnet de la patria entre noviembre y diciembre. En los primeros días de enero se anunció la entrega por la misma vía del bono de reyes, esta vez para beneficiar a 8 millones de hogares. Al momento de escribir estas líneas se informa sobre los detalles de nuevas asignaciones familiares que se realizarán de forma mensual. Si contrastamos estas políticas con la caída brutal de los ingresos nacionales, como consecuencia del desplome y leve recuperación de los precios del barril de petróleo y la disminución de la producción del mismo, todo esto en un país cuyos ingresos dependen en un 96% del negocio petrolífero; debemos preguntarnos ¿Con qué recursos el gobierno ha podido financiar tanto los incrementos salariales como los bonos especiales? La respuesta es muy sencilla: emitiendo más y más dinero circulante a través del Banco Central de Venezuela, que al combinarse con la evidente contracción de la oferta de productos en el mercado, indefectiblemente tenemos como resultado el crecimiento desproporcionado de los precios.
En cálculos realizados hasta el cierre del 2017, la liquidez monetaria en su medida M2 creció un 26% desde las elecciones municipales (10 de diciembre), un 163% desde los comicios regionales (15 de octubre), un 466% desde la elección de diputados para la ANC (30 de julio), y un 1121% durante todo el año recién culminado (http://www.bcv.org.ve/excel/1_2_3.xls?id=47). Si se inyectan ingentes cantidades de dinero en una economía que ha visto caer la oferta general de productos en el mercado, la consecuencia directa es que cada mercancía en circulación absorberá mayor número de unidades monetarias, es decir, se tendrá que pagar más dinero para adquirir menos bienes. Con el otorgamiento de los llamados bonos de reyes y demás asignaciones, combinadas con la agravada situación de escasez crónica de amplia gama de productos, no hace falta tener un doctorado en economía para vaticinar el recrudecimiento de la hiperinflación para las siguientes semanas y meses.
La oferta de bienes de consumo en el mercado venezolano se ha visto severamente disminuida debido a 3 razones fundamentales: 1) la caída de la producción nacional, que según datos de la Cepal el PIB se contrajo un 9,5% en 2017 y un 31,9% desde 2013 (http://www.notitarde.com/cepal-pib-venezuela-cayo-95-2017/); 2) la especulación, acaparamiento y desvío de productos al mercado negro o al extranjero, por parte de empresarios privados, burócratas a la cabeza de empresas públicas, y militares al cuidado de las fronteras; y 3) la prioridad del gobierno en dirigir buena parte de los ingresos del país al pago de la deuda externa, en lugar de importar alimentos y medicinas para la población. Debemos recordar que el presidente Maduro señaló a principios del 2017 que para el año anterior las importaciones habían caído un 50%. Meses más tarde, específicamente a finales de agosto pasado, el mandatario destacó que Venezuela había cancelado hasta ese momento cerca de 65.000 millones de Dólares a sus acreedores internacionales en dos años. Esta cifra supera en más de 4 veces la cantidad de divisas destinadas a la importación de alimentos en 2013 (http://www.eluniversal.com/economia/140328/importaciones-de-alimentos-subieron-20-en-valor-en-2013).
Por otro lado, la caída de un 60% en las reservas internacionales desde inicios de 2015 hasta el 2017, también para cumplir con los cuantiosos pagos de deuda externa; la enorme fuga de divisas escenificada durante la década de grandes ingresos petroleros (2004 - 2014), estimada en 300.000 millones de Dólares (que fueron a parar a las cuentas en el extranjero de la burguesía parásita y burócratas corruptos); y sin dejar de considerar los numerosos y gigantescos desfalcos al Estado (como el caso Sitme) y a Pdvsa; dejaron al país quebrado y sin posibilidad de ofertar suficientes divisas como para mantener el atrasado dinamismo de una economía importadora e incomparablemente rentista. La merma de los precios del crudo y el desplome de su producción en el país (desde 2012 la producción petrolera ha venido cayendo de poco menos de 3 millones de barriles por día a cerca de 1 millón 500 mil), solo terminaron de profundizar la evidente ruina en las cuentas nacionales. El hecho en cuestión, combinado con la desenfrenada emisión monetaria ha generado una profunda devaluación del Bolívar, que al producirse en un país donde casi todo se importa, la inflación encuentra otro causante. El FMI pronosticó para el 2018 una inflación anualizada de 2.529,6%, superior al 1.133% proyectada para el cierre del 2017 (http://www.bancaynegocios.com/fmi-inflacion-en-venezuela-sera-de-2-5296-en-2018/)
Entretanto, el gobierno prepara el lanzamiento de una criptomoneda o criptoactivo, el Petro, respaldado en reservas de petróleo, gas, oro, coltán y diamantes (no extraídos), con el fin de adquirir nuevas fuentes de financiamiento en divisas y superar el bloqueo financiero impuesto desde Washington. Analistas progobierno señalan que el posible arribo de inversionistas al negocio especulativo con los recursos del país, podría permitir una revaluación del Bolívar como primera condición para la recuperación económica. Aunque no es este el espacio para analizar los alcances de dicha decisión, basta señalar que la solución de la crisis estructural del capitalismo venezolano no radica en el empeño de importantes activos nacionales, ni mucho menos en medidas de casino. La vía de salida a la actual catástrofe económica pasa por el desarrollo de la producción interna, tarea para la cual la burguesía se encuentra incapacitada históricamente. Solo la clase obrera organizada puede llevar adelante esta empresa, trascendiendo las relaciones de propiedad burguesas para instaurar una economía planificada al servicio de las mayorías. Al leer los sesudos análisis de la intelectualidad gobiernera, podemos preguntarnos ¿Será que estos camaradas tienen esperanzas en el capitalismo?
Crisis y descomposición social
La crisis estructural del capitalismo criollo ha puesto sobre el tapete diversos problemas de gran envergadura, que suponen más ingredientes para el coctel explosivo nacional. El colapso de los sistemas de transporte colectivo en todo el país, la escasez de billetes en los bancos, el deplorable estado de la salud pública y los altos niveles de delincuencia, son solo algunas de las dificultades que la clase trabajadora enfrenta de manera cotidiana.
Las constantes alzas en los precios de los repuestos, autopartes y elementos esenciales para el mantenimiento y funcionamiento de las unidades de transporte colectivo, han presionado aumentos constantes en los costos de los pasajes urbanos, suburbanos y extraurbanos, que para los propietarios de autobuses y busetas siempre resultan insuficientes. Dado que las remuneraciones por el servicio deben acordarse con instancias municipales del poder público, las cuales bajo presión popular suelen negar o retardar los incrementos, los conflictos entre los gremios del sector y las autoridades no se han hecho esperar. En Maracay Estado Aragua actualmente los transportistas amenazan con pararse si no se les aprueba el aumento del pasaje urbano a 3.000 Bs y el suburbano a 5.000 Bs.
En algunas localidades de Caracas los pasajes urbanos se incrementaron de 300 a 2.000 Bs de noviembre a diciembre. En el caso de las rutas entre ciudades, la tónica alcista es mucho peor. Por ejemplo: el traslado entre El Vigía hacia Mérida (trayecto de 2 horas) pasó de 4.000 a 8.000 Bs durante noviembre, y de 8.000 a 10.000 y después a 20.000 Bs solo entre las 2 primeras semanas de diciembre. Estos incrementos se ven rápidamente arropados por la inflación en repuestos y autopartes, problema que también se ha visto reforzado por los problemas en el suministro de combustible, especialmente en las entidades occidentales del país (Zulia, Mérida y Táchira), donde transportistas y particulares al recurrir al mercado negro han llegado a pagar hasta 80.000 Bs por cada litro de gasolina. Todo lo anterior ha llevado a un número considerable de propietarios a paralizar sus unidades, generando una crisis en el servicio dado el reducido número de autobuses y busetas disponibles para la cantidad de usuarios. Trabajadores de Maracay nos reportan que en algunas partes de la ciudad las personas suelen esperar hasta 4 horas para abordar alguna unidad de transporte, siempre abarrotada. En numerosas ciudades dueños de camiones o camionetas han decidido prestar el servicio, a precios superiores a las regulaciones municipales, amontonando a los usuarios entre barandas cual ganado.
Por otro lado, las críticas condiciones de subsistencia imperantes han forzado a estudiantes universitarios, de bachillerato, e incluso de primaria, a abandonar sus estudios ya sea para buscar nuevas fuentes de ingresos, para emigrar del país, o porque sencillamente no pueden costear sus pasajes y demás gastos. Se hace cada vez más recurrente la presencia de jóvenes y niños en puntos específicos de las diversas ciudades del país, dedicados a la economía informal o en actividades de mendicidad. Como es de esperarse, la lucha por la existencia ante la caótica situación actual supone un caldo de cultivo para la aparición de incontables flagelos sociales, como la prostitución (incluida la infantil) y el repunte de problemas crónicos en Venezuela como la delincuencia.
Resulta necesario destacar otra problemática: a consecuencia de la hiperinflación, en donde se requieren cada vez más unidades monetarias para adquirir menos productos y servicios; y en menor medida, el tráfico de billetes de alta denominación a la frontera colombo-venezolana requeridos por las mafias del contrabando; se ha producido una situación de insuficiencia de dinero físico, que los ciudadanos demandan para las operaciones de intercambio no electrónicas, como el pago del servicio de transporte colectivo por poner solo un ejemplo.
Tras la crisis suscitada por el retiro abrupto de los billetes de 100 Bs en diciembre del 2016, el gobierno introdujo una nueva familia dineraria constituida por 6 billetes (500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 Bs) buscando solventar el rezago del viejo cono monetario respecto a la economía y con esto paliar la severa insuficiencia de efectivo. Esta medida se vio rápidamente superada por obra y gracia de la hiperinflación. En noviembre del 2017 el BCV acuñó un nuevo billete, esta vez de 100.000 Bs. Sin embargo, tales decisiones no han permitido superar el problema en tanto que los bancos siguen otorgando por taquillas montos en efectivo que oscilan entre los 20.000, 30.000, y en pocas ocasiones 100.000 Bs; es decir, 2,50, 3,76 y 12,53% del monto equivalente al salario mínimo integral respectivamente.
Ante toda la envergadura de problemas descritos anteriormente, se puede comenzar a comprender el estado de ánimo que presentan las masas en la actualidad: un trabajador cualquiera, agobiado por el hambre que padece él y su familia en tanto han decidido comer solo 2 mínimas raciones diarias, debe salir casi todos los días de la semana a cumplir con sus jornadas laborales para recibir un mísero salario, del cual deberá destinar un gran porcentaje solo para pagar pasajes en los escasos autobuses, por los que tiene que esperar varias horas (tanto de ida como de vuelta) para abordar, no sin forcejear con otros trabajadores en situación similar. Para seguir garantizando las cada vez más diminutas raciones de alimentos en su hogar, emplea sus tiempos libres para vender dulces en la calle, donde tiene que competir con la infinidad de hombres y mujeres que se dedican, quizás exclusivamente a lo mismo. Últimamente los lapsos de que dispone para su rebusque son menores puesto que debe perder muchas horas de varios días en el banco tratando de conseguir efectivo que cancelará en pasajes para su primer trabajo. Producto de la escasez de billetes la venta de golosinas ha ido de mal en peor.
Cuadros como el anterior, han llevado a muchos venezolanos a tomar la dura decisión de tener que marcharse del país, en busca de un trabajo muchas veces precarizado y en condiciones de profunda explotación, pero que por lo menos les permiten sostener a sus familias mediante el envío de remesas, con la ventaja cambiaría que representa obtener un ingreso en monedas más estables que el Bolívar. Cientos de miles han partido a destinos como: Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Chile, en muchos casos tras solo haber juntado los pasajes de ida (terrestres en su mayoría). Tal riesgo para numerosos compatriotas desafortunados se convirtió en tragedia, puesto que terminaron viviendo en condiciones de indigencia en el extranjero y sin poder regresar. Decisiones de este tipo solo surgen de la desesperación que produce la ausencia de oportunidades de sustento digno. En días recientes se conoció del naufragio de una pequeña embarcación que intentaba ingresar a un grupo de venezolanos a la isla de Curazao de manera ilegal. En el accidente murieron 4 individuos (https://www.aporrea.org/actualidad/n319520.html).
La explicación a toda esta suma de calamidades radica en lo siguiente: afrontamos una crisis sistémica y estructural del modelo de regulaciones superpuestas al capitalismo rentista venezolano, que aunque aparentaban funcionar durante los últimos periodos de bonanza petrolera, por un lado restringieron el funcionamiento del llamado “libre mercado”, sin que por el otro se dieran los pasos necesarios para instituir una autentica economía socialista planificada, sobre la base de la expropiación de los monopolios, latifundios y banca, bajo control democrático de la clase trabajadora organizada. Más allá de la retórica de la dirigencia bolivariana, el socialismo nunca fue edificado en nuestro país. El colapso generalizado que ahora atravesamos, es consecuencia directa del carácter irresoluto, corrupto y cobarde de la dirección del proceso bolivariano, que negándose a emprender una salida en favor de las masas trabajadoras ha constituido una revolución a medias y que en la actualidad se encuentra en vías de regresión histórica, lo que se traduce en el desmonte paulatino y fáctico de las conquistas alcanzadas durante la última década y media.
A las puertas de un estallido social
Las características de los hechos que se vienen suscitando a nivel nacional dan cuenta de una auténtica tragedia social, que en parte recuerdan los sucesos del Caracazo. El icónico estallido social de 1989 detonó a raíz de la conmoción generada tras la aplicación del paquete neoliberal impulsado por el gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez, a escasas semanas de haber sido investido como presidente y sobre un mar de esperanzas depositadas por las mayorías pobres y oprimidas, las cuales resultaron rápidamente traicionadas. La violenta y anárquica reacción popular, que se explica por la ausencia de una dirección revolucionaria capaz de encausar la ira de las clases marginadas, estribaba sobre un ascenso revolucionario de masas que se venía registrando desde 1987, a través del fermento en las luchas sindicales y estudiantiles. En comparación con aquellos acontecimientos trascendentales para la historia posterior, en la actualidad la degradación de las condiciones de vida es mucho peor.
Todo proceso revolucionario atraviesa periodos de flujos y reflujos, que se suceden en la vorágine de los grandes acontecimientos históricos. El marcado descenso en la participación popular en el proceso revolucionario venezolano, que venía arrojado luces antes, durante y después de la derrota electoral del chavismo en las elecciones parlamentarias de 2015, se vio violentamente interrumpido el año pasado a consecuencia de la ofensiva insurreccional emprendida por la derecha nacional desde abril a julio. Nuevamente el látigo de la contrarrevolución despertó el instinto revolucionario de las clases oprimidas, quienes con su movilización de calle y masiva participación electoral (ANC y regionales) derrotaron las pretensiones golpistas de la burguesía y el imperialismo estadounidense, estableciendo una nueva correlación de fuerzas, que la dirigencia bolivariana capitalizó ante la ausencia de una verdadera alternativa de izquierda lo suficientemente fuerte y decidida como para encarrilar la situación sobre vagones revolucionarios.
Partiendo de una lectura desconectada del verdadero estado de ánimo de sus bases, la dirigencia bolivariana creyó haber recibido de las huestes del pueblo pobre una especie de cheque en blanco que les bastaría para sostenerse un largo periodo de tiempo. Pocos días después de la victoria electoral del chavismo en los comicios regionales del 15 de octubre, emergió desde abajo un clima cargado de severas críticas y cuestionamientos, dirigidos hacia los diputados de la ANC, y por extensión a toda la dirigencia bolivariana, motivado por el retardo y ausencia de acciones contundentes para frenar la espiral inflacionaria acaecida en el mercado y la especulación. Desde entonces, los marginados de siempre, que con su increíble paciencia han soportado el peso de la grave crisis económica nacional, se abocaron a la tarea de presionar a su dirección mediante protestas y expresiones mediáticas y editoriales, aspirando producir una respuesta satisfactoria la cual nunca llegó.
La inacción e inoperancia de Miraflores para solucionar la crisis, sumadas a la vulneración sistemática e impune de los derechos y conquistas de los trabajadores, la brutal aceleración de la descomposición social, y sobre todo el hambre y la desesperación de la mayoría de la población, preparan el terreno para una explosión popular que sacudirá nuestra nación desde sus cimientos. En las calles del país se respira frustración, rabia y en especial zozobra, en buena medida alimentada por la ola de rumores que siempre acompañan a estas coyunturas, pero fundamentalmente ante la percepción generalizada de una mayor descomposición de las condiciones de subsistencia para las próximas semanas y meses.
La conciencia de las masas ha sido severamente golpeada estos últimos meses, factor que ha dado pie al inicio de toda una serie de luchas obreras: como las que actualmente escenifican trabajadores del metro de Caracas, los de Petrocedeño, los cementeros del norte de Anzoátegui, el nuevo frente de trabajadores de la capital que tomó la sede del Ministerio del Proceso Social del Trabajo el 9 de noviembre pasado (iniciativa donde Lucha de Clases jugó un papel activo), entre otras. La demagogia retardataria de la cúpula del gobierno ya no produce el mismo efecto que antes. Dispuesto a barrer con todo lo que se interponga en su camino el pueblo pobre plena las calles de las ciudades y poblados más diversos del país, buscando de forma desesperada lo que por obra del juego entre las presiones de la oligarquía y la cobardía manifiesta de la dirección bolivariana le ha sido negado: la satisfacción de sus necesidades más vitales. La situación ya se torna explosiva, solo espera una chispa para detonar.
Mientras las masas trabajadoras y pobres comienzan a irrumpir de manera espontánea en la convulsiva escena nacional, el gobierno se dispone a seguir traicionando la profunda voluntad revolucionaria de sus bases sociales, por un lado escurriendo el bulto sobre posibles soluciones reales y tangibles a la grave crisis económica, y por otro prosiguiendo con la fracasada política de colaboración de clases, mediante la reactivación de las negociaciones con la derecha venezolana en República Dominicana, y por medio del otorgamiento de nuevas concesiones a la burguesía y el imperialismo, como la reciente sanción de la Ley de Promoción y Protección a la Inversión Extranjera, que pretende crear un marco de desregulación favorable para las multinacionales dispuestas a hacer negocios en Venezuela.
Tal y como lo hemos venido señalando en numerosos escritos: nos oponemos firmemente a la política emprendida por el gobierno, la cual nos ha sumergido en un completo desastre. Bajo responsabilidad de quienes llevan el volante, el camino que transita la revolución en la actualidad nos conduce directamente a la derrota definitiva. Así mismo, expresamos nuestro más absoluto rechazo a las pretensiones de reconquista del poder político por parte de la burguesía nacional y sus amos imperialistas, que hoy se frotan las manos de cara al actual estado de cosas. Debe ser claro para todo el mundo que un gobierno burgués proimperialista supondría una catástrofe absoluta para el pueblo trabajador. Con el Estado en sus manos, no les temblará el pulso en terminar de descargar todo el peso de la crisis sobre las espaldas de la clase obrera y los pobres, mediante la aplicación de una política de recortes al gasto público: que pondrá fin a todas las misiones sociales y subsidios, que recortará o eliminará las pensiones, y que levantará la inamovilidad laboral produciendo miles de despidos en el sector estatal y privado. Todo esto vendría acompañado de una ola privatizadora sobre los servicios que hoy se adquieren a bajos costos: agua, electricidad, telefonía pública entre otros. Por otro lado, las concesiones que el actual gobierno otorga a las multinacionales sobre nuestros recursos naturales, serán verdaderas nimiedades en comparación con lo que esta gente estaría dispuesta a entregar. Para acometer todo este nefasto programa requerirán del asalto a buena parte de las libertades democráticas, así como del refuerzo de todos los mecanismos represivos disponibles, tanto estatales como paramilitares; donde la persecución a todo lo que huela a chavismo no se hará esperar. A pesar de las negras perspectivas que se avizoran en el horizonte, es bueno señalar que no todo está perdido. Solo la clase obrera tiene la fuerza potencial necesaria para rescatar el proceso revolucionario del precipicio al que la dirigen los burócratas bolivarianos, y las posibilidades de capitalización de tal situación por parte de la derecha. Para convertir esa capacidad en poder efectivo es necesaria la organización.
¿Qué hacer?
Las llaves a la solución de la catástrofe que vivimos se encuentran en manos de la clase trabajadora. Las organizaciones obreras a la izquierda de la CBST y la multiplicidad de corrientes revolucionarias, debemos intervenir en la situación tratando de brindar una expresión consciente a la evidente lucha que las masas están emprendiendo por su derecho a vivir dignamente. Llamamos a los compañeros del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, Frente Popular Antiimperialista y Antifascista, y demás movimientos clasistas y populares, a unificar esfuerzos de cara a un plan de batalla que contemple movilizaciones en las principales ciudades del país, con el fin de exigir respuestas a las exigencias de las masas trabajadoras. La clase obrera no puede permitirse más retrocesos. Es perentorio romper con la inercia mantenida hasta el momento y organizar la lucha por la dignidad de los pobres y oprimidos. También es necesario fijar los objetivos a alcanzar a través de la presentación de un programa revolucionario, que vincule las reivindicaciones más demandadas por el pueblo trabajador con las tareas históricas de transformación socialista de la sociedad.
En torno a todo lo anterior, como miembros de la Corriente Marxista Lucha de Clases defendemos y proponemos:
Por una economía en manos de los trabajadores y en beneficio del pueblo, no de una minoría de parásitos:
1. Control estatal sobre el comercio exterior. Basta de entregar las divisas a la burguesía.
2. Auditoría obrera y popular sobre todas las divisas entregadas. Cárcel y confiscación de bienes a los empresarios y burócratas que las hayan usado de manera impropia.
3. Nacionalización y centralización de la banca y las aseguradoras bajo control obrero, para poner todos los recursos a disposición de un plan de producción nacional, en empresas estatales y bajo control de los trabajadores.
4. Nacionalización de todos monopolios y empresas implicadas en el sabotaje, el acaparamiento y el bachaqueo. Con el hambre del pueblo no se juega.
5. Nacionalización de la red de producción, distribución y venta de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, bajo control obrero y de las comunidades organizadas para impedir la corrupción y el despilfarro.
6. Expropiación de todos los latifundios bajo control de los trabajadores del campo.
7. Suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa. Los alimentos y medicinas del pueblo están por encima del lucro de los buitres especuladores.
8. Contra la carestía de la vida: escala móvil de salarios. Los sueldos deben aumentar de manera correlativa y equiparada al incremento de los precios.
9. Nacionalización de las líneas de transporte colectivo bajo control obrero y popular.
10. Todo el poder a la clase trabajadora y el pueblo organizado. Abajo la burocracia
11. Creación de consejos de trabajadores socialistas en todas las instituciones y empresas del Estado, para ejercer control obrero.
12. Elegibilidad y revocación de todos los cargos públicos.
13. Que ningún funcionario del nuevo Estado gane un salario superior al de un obrero cualificado. Servir a la revolución es un deber no un privilegio.
14. Llamamiento internacionalista a los obreros de Latinoamérica y el mundo para que frenen con su fuerza cualquier ataque intervencionista e injerencista contra Venezuela.
La dirección bolivariana ya ha dado suficientes muestras de su bancarrota histórica. Es momento de que la clase obrera pase a la ofensiva. La revolución dentro de la revolución solo puede brotar por iniciativa y lucha de los trabajadores y el pueblo todo. Solo debemos confiar en nuestras propias fuerzas.
“... Si el capitalismo se muestra incapaz de satisfacer las exigencias que surgen de las calamidades que él mismo ha generado, debe desaparecer. La “posibilidad” o “imposibilidad” de materializarlas depende ahora de la relación de fuerzas y es una cuestión que sólo puede resolverse con la lucha. Sólo la lucha, con independencia de sus resultados concretos inmediatos, puede hacer que los trabajadores lleguen a comprender la necesidad de liquidar la esclavitud capitalista.”(León Trotsky. Programa de transición).
Corriente Marxista Lucha de Clases
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