Avanza la precariedad laboral aumentando el número de trabajadores que no llega a cubrir sus necesidades. El paro persiste y aumenta la desigualdad. Para dar una respuesta hay que elegir entre las ganancias de una minoría o las necesidades sociales de las grandes mayorías.
Pobreza y precariedad
El número de trabajadores que a pesar de contar con un puesto de trabajo están condenados a una vida de pobreza, está creciendo día a día en el Estado español; que ocupa ya uno de los últimos puestos en el ranking de personas asalariadas bajo riesgo de pobreza, tan solo por delante de Grecia y Rumania, por su baja retribución salarial que no supera el 60% de la media.
Una década de crisis ha hecho crecer de forma desmedida la prepotencia patronal. Contratos temporales, a tiempo parcial, o contratos por agencias, subcontratación, o falsos autónomos. Aplican a rajatabla toda la legislación laboral pro patronal de los últimos tiempos y se saltan a la torera los pocos derechos que aún se conservan. El fraude de ley en el mundo laboral es el pan de cada día con la mayor alevosía e impunidad.
La proliferación del uso de becarios y de “contratos en prácticas” utilizados sistemáticamente para cubrir puestos de trabajo es otra de las realidades que asola el mercado laboral. El pluriempleo se presenta como la consecuencia de los bajos salarios, y la subocupación es la contracara de esta realidad.
Esta es la verdadera cara de los festejos y el optimismo vacuo de la salida de la crisis. La verdadera cara de los titulares que hablan del crecimiento, de que el paro baja, de que “España va bien”.
Según un informe publicado por la UGT en junio del 2017, cada año, 650.000 puestos de trabajo indefinidos son reemplazados por contratos temporales y esta tendencia no parece mermar.
La precariedad golpea con dureza entre los más jóvenes y los mayores de 50 años. Entre los primeros, el índice de pobreza entre los ocupados escaló a casi el 25% mientras que cerca del 15% de jóvenes ni estudian ni trabajan. A su vez las mujeres y el colectivo de inmigrantes sufren especialmente la precariedad y la pobreza en sus carnes.
Sin embargo, todas estas estadísticas no tienen en cuenta el trabajo en negro. Según el informe de la Fundación de Estudios Financieros ’La economía sumergida en España’, equivaldría a un millón de puestos de trabajo por fuera de cualquier derecho.
Sin embargo, aunque es un fenómeno que se ha agudizado en los últimos tiempos poniendo al Estado español a la cola de la UE en esta materia, la realidad es que ya antes de la crisis, en el año 2007, el mercado laboral contaba con una alta temporalidad, con una media de sólo 68,5% de contratos de carácter indefinido. Llegando incluso a poco más del 55% en comunidades como Andalucía.
Esto hace pensar que la derogación de las últimas reformas laborales aprobadas por el PSOE y el PP es necesaria pero insuficiente para abordar profundamente este problema.
Esta proporción entre trabajo precario e indefinido solo mejorará estadísticamente a lo largo de los primeros años de la crisis, aumentando el porcentaje de contratos indefinidos pero solo como producto de la andanada de despidos que se cebó entre los temporales que pasaban a engordar las filas del paro y a una realidad aún peor a la de la precariedad.
El paro hoy ha bajado hasta el 17,1%, en agosto del año pasado, con respecto al 26,3% de media de julio del 2013. Pero lo ha hecho esencialmente a costa del trabajo precario. Sin embargo, ni siquiera en los momentos de “vacas gordas” este índice ha bajado de dos dígitos. El paro se presenta así como un elemento estructural del capitalismo español que presiona de forma constante a la baja los salarios.
La precariedad laboral también tiene un impacto importante sobre la salud. Se trabaja sin ningún tipo de seguridad con un alto índice de siniestralidad. Decenas de enfermedades laborales no reconocidas dejan fuera del mercado laboral a muchas personas en el más absoluto desamparo.
Uno de los principales indicadores para medir la desigualdad, conocido como el ratio de Palma, compara el porcentaje de renta nacional del 10% más rico de la población frente al 40% más pobre. El Estado español suspende este indicador con un porcentaje de la renta nacional en manos de los más ricos en 2014 que llega al 24,7%, frente al 18,1% que posee el 40% más pobre de la población.
Incluso comparando volúmenes iguales, en 2017 en el Estado español el 20% de las rentas más altas, consigue arriba de seis veces y media más que el 20% que menos renta percibe.
Incluso la propia Bruselas le hizo un llamado de atención al gobierno por el elevado grado de desigualdad que califican de “situación crítica”, incluyendo a la economía del Estado español entre las que tienen un importante desequilibrio.
La baja tasa de natalidad y la mayor esperanza de vida, junto a una mayor precariedad y temporalidad del trabajo ponen en riesgo las pensiones hoy, sin hablar ya de los trabajadores que están en activo y sus perspectivas de percibir alguna.
Los sindicatos, los mayoritarios integrados al Estado y cómplices directos de la precariedad laboral, y los alternativos atomizados en decenas de sindicatos -la mayoría sin una incidencia real y de peso para ser una alternativa a los primeros-, presentan un escenario de importante fragmentación en el movimiento obrero. Mermando su capacidad de organización y respuesta así como la capacidad de los trabajadores de ejercer sus derechos laborales, defenderlos y conquistar nuevos.
Trabajar todos, trabajar menos
Es necesario que los trabajadores se organicen alrededor de un programa de lucha contra los despidos, contra el trabajo precario y contra el paro, que señale claramente que nuestras vidas valen más que sus ganancias.
Medidas como la Renta básica Universal, defendidas por el PSOE, CCOO e incluso Podemos, centran su enfoque en la cuestión de la distribución de la riqueza, mientras que la esfera de la producción se mantiene intacta. Como si la distribución de la riqueza fuese independiente del sistema social de producción y de la distribución de sus medios. Incluso no queda claro quien lo pagará.
Teniendo en cuenta que hoy vivimos bajo una Europa aún bajo los efectos y las consecuencias sociales de la crisis capitalista estallada en 2008, y a casi 100 años de la conquista de las 8 horas de trabajo, cabe preguntarse ¿por qué los enormes avances de la industria y la tecnología, no afectan a las horas que trabajamos? ¿Por qué solo es usada para amenazar los puestos de trabajo de determinados sectores y crear otros nuevos con peores condiciones?
La derogación de las reformas laborales y prohibición de las agencias de empleo y empresas temporales son un primer paso importante, pero la única solución eficaz y progresiva al paro y la precariedad pasa por la reducción de la jornada laboral y reparto de las horas de trabajo entre los hoy activos y los parados, sin que esto afecte al salario.
Por el contrario, es necesaria una verdadera subida del salario mínimo, no la que pactaron los sindicatos mayoritarios con la patronal. El aumento del salario mínimo que está sobre la mesa ni siquiera alcanza a cubrir los últimos aumentos anunciados en los transportes, la luz y el gas. Mucho menos aun resolver el problema de la pobreza entre los sectores ocupados.
Con el actual desarrollo de la técnica aplicada al trabajo, si hubiese una organización racional de la misma, es posible reducir progresivamente la jornada de trabajo y con ello, la creación de decenas de miles de puestos de trabajo en todos los sectores.
En manos de los empresarios cuyo único interés es aumentar sus ganancias a costa de la explotación del trabajo asalariado, además de generar enormes ganancias para unos pocos, solo acentúa la creación de una masa de parados permanente.
Pero para ello, hay que poner en cuestión quién dirige la producción y en función de qué objetivos. Sus ganancias o las necesidades sociales de las mayorías. Hay que poner en cuestión al capitalismo desde una óptica socialista revolucionaria.
Federico Grom
La izquierda diario
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