Existe una expectativa generalizada, no solamente en Brasil, acerca del fallo que debe pronunciar una Cámara Judicial el miércoles próximo, que podría ratificar una condena a Lula –el expresidente y jefe indisputado del PT– por “corrupción pasiva”, dictada en primera instancia por el juez Moro, que cobró fama con motivo de las investigaciones por la operación Lava Jato, contra el pulpo Odebrecht. Lula se encuentra imputado por haberse beneficiado de refacciones, precisamente por parte de Odebrecht, en un dúplex que se le atribuye como propiedad, en la ciudad balnearia de Guarujá –en el estado de São Paulo.
Lula ha denunciado que los acusadores no han presentado ninguna prueba material de este cohecho y negó ser dueño de la vivienda. Si la sentencia inminente confirmara la de primera instancia, Lula quedaría privado del derecho de candidatearse a la Presidencia de Brasil, en las elecciones previstas para octubre de este año, de acuerdo a lo que establece una ley conocida popularmente como “ficha limpa”. Se trata de un procedimiento que fue aplicado en Venezuela para sacar del ruedo a candidatos de la oposición al chavismo.
Según que la condena que se espera salga por unanimidad o no de los tres jueces, se abren para Lula varias alternativsa de apelación del fallo, que dilatarían la efectivización de su proscripción política. Entre las opciones específicamente políticas, en el PT se barajan distintos nombres para sustituir su candidatura, sin por ello excluir la participación de Lula en la campaña electoral. El Partido de los Trabajadores de Brasil caracteriza la tentativa de anular la candidatura de Lula, como una nueva instancia de lo que llama el “golpe institucional” que derribó a la ex presidenta Dilma Rousseff.
“Estado de Derecho”
El asunto del triplex de Guarujá es solamente uno de los delitos de corrupción que se tramitan contra Lula, pero el resto de ellos se encuentra en una fase judicial que ya no podría afectar la presentación de su candidatura a presidente. En Argentina, varios sectores contrarios al kirchnerismo habían discutido aplicar el mismo método para excluir a CFK de la reciente elección parlamentaria. El macrismo, al final, se valió de un procedimiento más ‘barato’, políticamente, que fue ganarle en la Provincia de Buenos Aires. De todos modos, como ocurre con Margarita Stolbizer, se baraja la posibilidad de reclamar su desafuero del Senado, apenas se conozca alguna condena en los varios procesos que se le han iniciado –especialmente, el relativo al memorando con Irán.
Así como la destitución de Rousseff se fundamentó en una acción ‘soberana’ del Congreso brasileño, el apartamiento de Lula se apoya en la aplicación del ‘estado de derecho’. Las abstracciones jurídicas se usan para alcanzar objetivos políticos que ni siquiera se ocultan: en el caso de Lula, sería que su consagración presidencial desbarataría las ‘reformas económicas’ que reclama el capital financiero internacional, y que serían necesarias para el ‘despegue’ de Brasil. Es precisamente esta misma necesidad política la que se utiliza para mantener a Michel Temer como Presidente, aun cuando fue fotografiado y filmado mientras recibía coimas por montos considerablemente mayores al valor de las refacciones del triplex de Guarujá. Al mismo tiempo, se han establecido nuevos normativas e incluso leyes, para salvar patrimonialmente a Odebrecht, acusada de cohecho activo en quince países, desarrollado desde una oficina especial dentro de la estructura de la compañía. El presidente de la constructora acaba de recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, a pesar de su lozana juventud, y un acortamiento extraordinario del tiempo de reclusión fijado en la condena. El gobierno de Mauricio Macri ha rechazado una oferta de “delación premiada” ofrecida por Odebrecht, por sus negociados en Argentina, para evitar que tengan que ir a la cárcel muchos de sus amigos y ‘hermanos de sangre’.
“Mani puliti”
Lo que está viciado políticamente en Brasil no es solamente la candidatura de Lula sino la del conjunto del sistema político, desde la burocracia del Estado, los partidos y los políticos, sea en forma ‘pasiva’ como ‘activa’, como perpetradores o como cómplices. Incluso en el caso del frente de izquierda agrupado en el Psol, hay agrupaciones que han aceptado ‘donaciones’ (legales) de grandes pulpos –como la siderúrgica Gerdau. Como se coreaba en Argentina, en 2001, habría que proscribir a “todos”. La derecha fascistizoide brasileña y su candidato ‘in pectore’, Jair Bolsonaro, es un frente de los mayores sojeros de Brasil con los grupos evangélicos, que se financian con el fraude al fisco, el contrabando y dinero o ‘contribuciones’ ilegales.
Lo que cohesiona en forma transitoria a esta mafia que abarca a la totalidad de la política brasileña es un plan económico de privatización generalizada, en especial en sectores de la energía y el petróleo; un principio de desmantelamiento de la banca estatal; y por sobre todo una política de destrucción del derecho laboral brasileño –que tampoco es un edificio legal importante para la defensa de los trabajadores.
El PT y Lula ocupan en este entramado un lugar singular, propio. Pruebas más, pruebas menos, Lula fue oportunamente caracterizado como un “agente de viajes” de Odebrecht. La estructura de la Unasur, ‘nacional y popular’, ha estado al servicio de los cuatro pulpos principales de la construcción de Brasil y de las empresas ligadas a las fuerzas armadas brasileñas. En el momento más culminante del gobierno Lula, la penetración de Odebrecht en América Latina alcanzó su punto más alto –en la mayor parte de los casos vinculados a los gobiernos bolivarianos de Centroamérica, a los nacionalistas de Perú, obviamente al chavismo en Venezuela y a los K en Argentina. Lula se ganó aquel mote cuando consiguió el ingreso de Odebrecht en Cuba.
Los negociados mayores fueron, seguramente, los vinculados a Petrobras, en Brasil: los tenedores de acciones de Petrobras en la Bolsa de Nueva York acaban de ganar un juicio de resarcimiento por los dividendos no cobrados por lo miles de millones de dólares de la corrupción de la compañía bajo los gobiernos encabezados por el PT. Dilma Rousseff era la secretaría de Energía durante este período. La necesidad del PT de obtener mayorías en el Congreso llevó a un esquema de corrupción conocido como “mensalao”, que dejó en la cárcel al presidente del partido, José Dirceu. Por este y otros hechos de corrupción han sido condenados ex secretarios generales y ministros de Economía, como el ex 'trotskista', Palocci.
Un partido en descomposición
Lula llegó al gobierno luego de que, como candidato opositor, co-firmó un acuerdo con el FMI, designó al actual ministro de Economía, Henrique Mireilles (Bank of Boston), como presidente del Banco Central y acordó la política económica con W. Rhodes –el presidente, entonces, del Citibank. Durante la campaña se aproximó fuertemente a la Sociedad Rural –incluso nombró Secretaría de Agricultura a la presidenta de esa asociación. En la víspera de la victoria electoral, en octubre de 2002, publicó una Carta al pueblo brasileño, en la que prometía “no sacar los pies del plato”. Ahora anuncia, de nuevo, otra Carta, en la que no repetirá las mismas palabras pero sí los compromisos con la ‘reforma económica’ en curso, o sea el “estado de derecho” de los hechos consumados de las privatizaciones totales y parciales.
La burguesía brasileña entiende que corre un riesgo político importante si proscribe a Lula; preferiría el método más ‘barato’ seguido por Macri. Por de pronto, ya habría decidido evitar la prisión de Lula, por ejemplo “preventiva”. Para abordar la confrontación política se encuentran en marcha diversas maniobras, que podrían resumirse en un gran frente político, con un candidato adecuado, que aún no se vislumbra –con el acompañamiento furioso e incondicional de los medios de comunicación. Fue lo que hizo en 1989, cuando sacó de la galera a un ignoto alagoense, Collor de Mello, que se quedó con el trofeo final. Las posibilidades de alargar la decisión última del Poder Judicial, mediante apelaciones, se acomodan al tiempo necesario para encontrar la formación de una candidatura aglutinante contra Lula. Si esto no tuviera éxito, la espada de la proscripción seguiría estando a mano.
Ë fraude, com Lula também
En el cuadro político actual de Brasil, tolerar, por la activa o la pasiva, la proscripción de Lula, estaría al servicio de la variante política extrema del régimen político en presencia –antiobrero, proimperialista y delincuente. A la izquierda de Brasil y a los luchadores del movimiento obrero se les plantea el desafío de derrotar a Lula y al PT políticamente, en la lucha de clases, en la lucha programática y en la lucha electoral. Denunciando su corrupción y su condición de apéndice de los explotadores capitalistas. El estado de derecho de un sistema corrupto y salvaje, debe ser denunciado como una patraña y como una marioneta de los intereses capitalistas –incluso una marioneta de la pugna entre capitalistas. Con Lula o sin Lula, el sistema político es un fraude.
La denuncia de los objetivos reaccionarios de una proscripción debe desarrollarse en forma independiente de la dirección corrupta y entreguista del PT –no vale aquí el frente único con ella, que sería lo mismo que avalar la salida política que ofrece esta dirección, que no es otra que la colaboración política con los mismos que hoy evalúan proscribirla. Es necesario denunciar claramente que la dirección del PT y de la CUT han sido cómplices del ‘golpe de Estado’ contra su gobierno, al que nunca enfrentaron con una huelga general y con el que pactaron la preservación de derechos político-electorales de Dilma Rousseff. Actuaron así para no romper los puentes con sus verdugos. Los luchadores solamente podrán desarrollar una dirección política revolucionaria, totalmente separados del cuerpo en descomposición del PT y con una salida propia, obrera y socialista.
Jorge Altamira
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