Las nuevas denuncias de corrupción reveladas por el diario La Nación que involucran a figuras centrales del gobierno anterior, incluida la ex presidenta Cristina Kirchner, junto a varios empresarios de peso ligados al sector de la construcción, comporta un salto en la crisis política. El juez Bonadío, que ha quedado a cargo de la causa, ha citado a declarar a Cristina Kirchner en calidad de imputada en los próximos días. Según la denuncia, una parte de los fondos millonarios que se recaudaban de las empresas de la construcción iban directamente a su actual domicilio particular. Quien lo afirma es el ex chofer del segundo de De Vido, Roberto Baratta, que se encargaba de trasladar en un auto que manejaba del ministerio los bolsos con dinero.
Las denuncias repiten las características centrales del lava jato brasilero, que involucró a 1.500 políticos y empresarios, incluso de la oposición, y hasta ahora llevó a 160 de ellos a la cárcel -incluido Lula- y que, en la trastienda, ha sido el escenario de una enorme disputa patrimonial por los principales negocios de la construcción e incluso del petróleo en el vecino país. Un dato de los más significativos que ayuda a entender lo que sucede lo publicó el diario Clarín en el día de ayer. El multimedio de Magnetto dio cuenta de una reunión del nuevo ministro de Energía en la embajada de China, donde fue a plantear que la empresa Electroingeniería, propiedad del ahora detenido empresario Ferreyra, sea desplazado como socio local en la construcción de las represas de Santa Cruz. El pedido implica una marcha atrás del propio gobierno, ya que en su visita a China Macri había confirmado al consorcio que construiría las represas. Estas idas y venidas del gobierno sólo se explican a la luz de la situación política. Sucede que en ese momento el macrismo buscaba el financiamiento de China, ante la falta de otras fuentes que prestasen fondos al país. Ahora, pacto con el FMI de por medio, es muy probable que el alineamiento mucho más directo con EEUU y el capital financiero incluya la apertura de negocios locales a empresas internacionales en detrimento de la burguesía local que se enriqueció con el kirchnerismo.
Pero no es sólo Ferreyra de Electroingeniería el empresario que sufriría las consecuencias de este lava jato local. Existe un pedido de captura para el ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y ya está detenido un ex gerente de la empresa IECSA, cuando ésta era propiedad del primo de Mauricio Macri, Angel Calcaterra. IECSA fue vendida luego al empresario Marcelo Midlin, que pasó de ser el empresario preferido de Cristina a ocupar ese mismo lugar rutilante en el gobierno de Macri, acaparando negocios que van desde la construcción hasta prácticamente una parte significativa del negocio energético del país. No está claro, sin embargo, hasta dónde Mindlin zafará de estas denuncias. Es sabido que Elisa Carrió, con línea directa con la embajada de los EEUU, actúa como lobista de sectores capitalistas internacionales para desplazar también a este socio directo del gobierno de Macri.
Las semejanzas con el lava jato incluyen también las cuestiones de procedimiento judicial. Hasta el momento la causa parece estar basada en la denuncia de arrepentidos que podrían acceder a beneficios en la medida que se comprometan a apuntar a otros implicados. Este procedimiento, que en Brasil se lo denomina explícitamente como ´delación premiada´, ha sido cuestionado porque implica la compra de una declaración a cambio de un beneficio. Según el diario denunciante, La Nación, el ex chofer de Baratta habría recibido el ofrecimiento de declarar como arrepentido, lo que le permitiría quedar en libertad y recibir una reducción significativa de la pena.
Es imposible abstraer el contexto en el que se conoce la denuncia. Aunque la investigación según los propios periodistas que la realizaron viene desde meses atrás, no es casual que ésta se conozca cuando la corruptela del poder afecta directamente al macrismo por los aportes truchos de la campaña electoral. En relación a esta denuncia falta saber lo más importante: si los aportistas que figuraban en los balances no aportaron, entonces quién sí lo hizo. Es probable que si hubiera una investigación a fondo se podría concluir que los empresarios que figuran en el cuaderno del ex chofer de Baratta son también aportistas del macrismo. La burguesía, precavida, suele poner un huevo en cada canasta.
La investigación judicial puede derivar en una crisis política mayúscula. La citación a Cristina Kirchner plantearía la cuestión de su propia detención, en momentos donde se acerca la cuestión electoral y el gobierno parece no encontrar un piso que le permita una recuperación, y cuando el propio PJ no tiene candidatos alternativos que levanten en las encuestas.
Las derivaciones que pueden traer estas denuncias no pueden ocultar la principal conclusión que debe extraer el pueblo argentino: asistimos a un choque de bandas capitalistas que lucran con el saqueo del país y del presupuesto público, mientras los trabajadores ven todos los días caer su nivel de vida de manera ruinosa. Que esta lucha entre buitres tenga como escenario principal los tribunales, y como sujetos activos a los servicios de inteligencia y sus delaciones premiadas, habla de una cada vez más aguda crisis de régimen y de sus partidos. La salida, por lo tanto, es la organización política independiente de estas fuerzas capitalistas en descomposición para luchar por un programa obrero y socialista.
Gabriel Solano
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