Los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, quien ofició de segundo de Julio de Vido en el ministerio de Planificación del gobierno de los Kirchner, ha servido para alterar el escenario político de Argentina en un momento muy especial: el país atraviesa una crisis económica descomunal, como lo demuestra la caída, de más del 8%, de la producción industrial, y el gobierno de Macri cae como una roca en las encuestas, y enfrenta el desafío de la supervivencia. El escándalo tiene la apariencia de una cortina de humo pre-fabricada; Marcelo Bonelli lo señala sin anestesia en el último párrafo de su columna en Clarín (3.8), en términos inequívocos: “Luis Caputo aprovechó el impasse y prepara una medida drástica. El Banco Central”, prosigue, “trabaja en un tema caliente: una ´solución rápida y definitiva´ para desactivar la bomba de tiempo de las Lebac”. ¿A qué se refiere? El Estado emitiría, en tramos, una enorme deuda externa para entregar los dólares correspondientes a los tenedores de esos títulos, como alternativa ‘ordenada’ a la expectativa de una nueva corrida cambiaria. La deuda del Banco Central con los tenedores de Lebac es de un billón de pesos, más de u$s30 mil millones, pero que rinden intereses del 40% anual (otros miles de millones de dólares, según la fecha de su vencimiento) –un 47% de esos bonos está en manos de los bancos.
Una crisis política en el derrumbe financiero
Los ocho cuadernos de Centeno están flojos de papeles, aunque esto suene paradójico. El juez Bonadío los ha incorporado, sin relación evidente, a una causa relacionada con el pago de sobreprecios por gas importado, para evitar que se sortee otro juez para el nuevo caso en cuestión. Un allanamiento a la casa de Centeno no permitió encontrar los originales de esos cuadernos, que fueron entregados en fotocopias. La mayor parte de los relatos que contienen deben ser probados en forma material. El receptor original de esos cuadernos, el periodista de La Nación, los entregó a Bonadío, en lugar de proceder a una investigación periodística ajena al aparato judicial, en contra de lo hace la inmensa mayoría del periodismo en todo el mundo. Ha quedado instalada la sospecha de que se ha preferido acelerar el tiempo de trámite de la denuncia, en función de incidir de inmediato en el escenario político. No menos importante, aunque los medios lo estén ignorando, es que el escándalo incide en la licitación de obra pública que el gobierno está desarrollando bajo el sistema de Participación Pública Privada, lo que puede afectar a algunos participantes en beneficio de otros. Por lo pronto, debería excluir, de hecho, a las empresas cuyos líderes son mencionados en los cuadernos y han sido detenidos por la justicia. El escándalo judicial es funcional a la rivalidad entre grupos empresarios que ‘compiten’ en la obra pública. El grupo Macri, un antiguo miembro del ‘club de la obra pública’, le ha puesto a sus rivales el mote de “círculo rojo”, y no ha dejado de denunciarlo desde antes que Mauricio Macri llegara a la Presidencia. Como se puede ver, detrás de la llamada Justicia opera una feroz lucha entre pulpos capitalistas, que se agudiza como consecuencia de la crisis económica y del ‘ajuste’ que afecta la licitación de obra pública.
El gobierno ha adoptado la postura de defensor de la ‘transparencia’, e incluso cree que lo beneficia la imputación del delito de corrupción a una larga lista de kirchneristas. Lo cierto, sin embargo, es que la aparición de los cuadernos rompe el blindaje que el macrismo se esforzó por imponer contra el intento de conectar el Lava Jato de Brasil a Argentina, donde el grupo Odebrecht pagó coimas enormes, sea por el soterramiento del Sarmiento o de gasoductos en Córdoba a compañías ligadas al macrismo, e incluso a Gustavo Arribas, mandamás de la ex Side. La investigación que han dejado abierta los cuadernos podrían convertirse en una pesadilla para el gobierno macrista. Un ejemplo de ello es el intento de los medios de dejar al grupo Techint fuera de este escándalo, cuando Emilia Delfino, una periodista de investigación, ha involucrado a esa firma en las coimas por las obras del río Colorado (caso Skanska), que son investigadas por la justicia de Milán (Perfil, 29.4.18). Lo mismo ocurre con el grupo kirchnero-macrista, Pampa Energía, que conduce Marcelo Mindlin: Clarín informó hace más de un mes de los vínculos de Clarisa Estol, funcionaria de Modernización, con este grupo vinculado a obras de energía. Los medios, sin embargo, procuran absolver a la enorme tanda de empresarios involucrados en la corrupción de la obra pública, al presentarlos como una suerte de víctimas de un sistema perverso que no podían eludir. Al sentar a la burguesía contratista en el banquillo de acusados, el poder judicial contribuye a profundizar la crisis política del régimen macrista, que tratará de contener por vía de la impunidad.
Disparen contra China
Cuando se mete el bisturí más a fondo, se descubre en todo esto una pugna de nivel mucho mayor: la que enfrenta a Estados Unidos y China. El titular de Clarín (2.8), no podría haber sido más claro: “El gobierno quiere sacar a Electroingeniería de las represas de Santa Cruz”. Las represas están financiadas por capital chino, Gezhouba, por u$s4 mil millones. Cuando en las primeras semanas del actual gobierno, Macri intentó parar la obra, China amenazó con romper relaciones comerciales con Argentina. Javier Iguacel, el nuevo ministro de Energía, fue a la embajada de China a reclamar el apartamiento de Electroingerniería – un viraje de 180° con relación a la posición del ministro saliente, Juan Aranguren.
La semana pasada, el diario norteamericano The New York Times (31.7), publicó un artículo excepcionalmente extenso, para cuestionar la penetración china en América Latina, pero puso el énfasis en la base espacial (satélites) que ha construido el ejército de China en la provincia de Neuquén. El diario denuncia que la construcción de la base fue negociada en secreto, que cuenta con el apoyo entusiasta de los funcionarios de Argentina y que “ha desatado un debate en Argentina acerca de los riesgos y beneficios de ser llevados a la órbita de China”. El autor de la larga nota señala también que China “ha extendido enormemente el comercio, rescatado financieramente a varios gobiernos, construido proyectos enormes de infraestructura, fortalecido los lazos militares, acumulado un monto tremendo de recursos, atando el destino de varios países en la región al propio”. Está embestida en toda la línea contra China tiene lugar cuando se acentúa la guerra comercial desatada por Trump contra la estrella ascendente de Asia. Luego de recordar que Argentina renovó el canje de divisas con China, incluso después de la partida de CFK, el diario señala que las cosas no cambiaron con el ascenso de gobiernos de derecha, y que “han comenzado a entrar en un fuerte examen”, por parte de Estados Unidos. “La administración Trump”, continúa el artículo, “ha advertido a sus vecinos a no ser muy acogedores con China. El anterior secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, había advertido públicamente a América Latina que no eran necesario nuevos ´poderes imperiales´, agregando que China está usando sus habilidades estatales para atraer a la región a su órbita, ¿pero a qué precio?”. Frente a estas circunstancias, dice NYT, el embajador nombrado por Macri en China, Diego Guelar, “se ha fijado una tarea ardua: renegociar el acuerdo de la base espacial”. El diario cita a un profesor del Colegio de Guerra de Estados Unidos, para quien en un cuadro de conflicto sostenido con Estados Unidos, a nivel internacional, “no se puede negar la posibilidad de que haya fuerzas de China operando desde bases militares en la región”.
FMI
Como se puede apreciar, detrás de la ‘transparencia’ y los ‘cuadernos’ hay un operativo internacional detrás del escándalo. De ahí que se sospeche de ‘infiltrados’, que no podrían sino estar operados por los servicios de inteligencia. El acuerdo con el FMI, que firmó Macri por su cuenta, tuvo el voto favorable de China en el directorio de la entidad, pero fue manejado por Estados Unidos y Trump, que han logrado explotar la corrida cambiaria para imponer su política en Argentina, como se ve también en la reforma militar, cuyo propósito es subordinar a Argentina a las ‘hipótesis’ de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, o sea el orden interno, como lo había definido antes CFK con la ley anti-terrorista y el nombramiento del espía Milani a cargo del Ejército. El Estado se ha apartado de la obra pública directa por el subsidio a la Participación Privada, lo cual habilita el ingreso del capital internacional, del cual depende la obtención del financiamiento de esas obras.
En definitiva, América Latina se ha convertido en campo de disputa en la guerra económica entre Estados Unidos y China, lo cual debe, necesariamente, agravar la crisis económica y política en la región. La patria contratista, denunciada en los cuadernos, saldrá de la cárcel mediante el pago de una fianza, un cambio de directorios y una renegociación de alianzas empresarias. Todo lo demás, en este nuevo escándalo, es humo – la democracia, la transparencia, la honestidad, la independencia del poder judicial.
Es necesaria una revolución social conducida por la clase obrera.
Jorge Altamira
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