El congelamiento de los precios de los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha desatado una descontada crisis política, porque ha venido acompañado de la decisión que los declara un “servicio público”. En este caso, los precios de las suscripciones a los servicios de las TIC están sujetos a una regulación oficial. Es lo que ya ocurre con la energía y con la salud privada, lo cual no ha impedido que las tarifas de la primera se hayan dolarizado y los desajustes eventuales sean cubiertos por subsidios, ni que la segunda haya establecido tarifas impagables, al punto que un 30% de los usuarios hayan debido abandonar la atención pre-paga. La condición de servicio público había sido establecida hacia finales del anterior gobierno de CFK y luego anulada por el macrismo por medio de un decreto.
Yendo por orden, el decreto respectivo impuesto por Alberto Fernández tiene una relación directa con la crisis de excepción que ha provocado la pandemia y las restricciones a la movilidad personal. Por de pronto, se ha generado, a nivel internacional, una crisis fiscal sin precedentes, y de otro lado un empobrecimiento igualmente extraordinario de la mayoría de la población trabajadora. La financiación del fisco y el rescate de empresas por parte del Estado ha llevado la deuda pública norteamericana a un abismal u$s26 billones, que equivale al 130% del PBI. El déficit del Tesoro del Reino Unido se acerca al 10% de su producto bruto – unos 200 mil millones de libras esterlinas. Lo mismo ocurre en otros países de la Unión Europea y en China. Mientras la bolsa de Nueva York bate récords día a día, 150 compañías con un valor accionario cercano a los mil millones de dólares se encuentran en concurso de quiebra en Estados Unidos. Todo esto describe un desequilibrio económico colosal. Las reglamentaciones económicas se multiplican – el Banco Central Europeo impide el pago de dividendos a las compañías que se acojan a préstamos de rescate. Una mayoría de gobiernos conservadores y reaccionarios han debido establecer un IFE para los asalariados suspendidos y los trabajadores monotributistas o incluso no registrados. Gran Bretaña y California están debatiendo la aplicación de un impuesto a las mayores fortunas, sin que la necesidad de hacer frente a una crisis de tamaña envergadura haya frenado las críticas feroces de los opositores.
Argentina es una versión empeorada de la situación mundial. La pérdida del poder adquisitivo del salario alcanza al 30% desde 2018 – la pobreza registra índices terroríficos. A pesar del derrumbe del consumo personal, los precios no dejan de subir. Las reservas internacionales caen, desafiando el superávit comercial, en tanto la brecha entre el mercado de cambios oficial, con un peso ´competitivo´, y el paralelo, se acerca al ciento por ciento. Con quiebras en cadena, la capacidad de rescate del Tesoro es casi nula, pues contabiliza, con el desequilibrio de cuentas del Banco Central, un déficit del 16% del PBI o, para que quede más claro, casi el ciento por ciento de la recaudación. El gobierno hace frente a los desequilibrios por medio de reglamentaciones, cuya expresión jurídica y política son los ´decretos de necesidad y urgencia´. El estado económico y político de Argentina es una versión super agravada de la que precedió al “rodrigazo” y al golpe del 76, o al adelantamiento del pasaje del gobierno de Alfonsín a Menem. La atracción recíproca entre el macrismo que encabeza Larreta, de un lado, y el de AF, CFK y Massa, del otro, responde a la necesidad de impedir la quiebra generalizada del Estado. La operatividad de este recurso político es puesta en cuestión a cada paso por una crisis explosiva.
El congelamiento a julio de las facturas de las TIC, hasta diciembre próximo, probablemente habría sido aceptada por los monopolios de la comunicación, bajo protesta. Pero con diciembre al alcance de la mano, el gobierno se ha dado un esquema regulatorio más amplio – el que impuso en 2014, luego derogado por el macrismo por medio de un DNU. El más afectado por la intervención es el grupo Clarín.
Las llamadas TIC no son las únicas protagonistas del mercado informático. Crecen en preponderancia las que utilizan la infraestructura comunicacional para desarrollar el comercio electrónico, el llamado ´streaming´, las que operan como bancos virtuales y aquellas que transan pagos y han creado un sistema de crédito. La explosión de las aplicaciones deja más en claro la condición de “monopolio” de las TIC, si no ´natural´ sí de infraestructura. Todo el mundo está al tanto de la guerra económica entablada por Trump contra China – no sólo en infraestructura, como el sistema 5G que lidera Huawei, sino contra las prestadoras de servicios, a las que ha obligado a vender su participación en el mercado norteamericano, incluso al riesgo de enfrentar litigios judiciales, como en el caso de Tik-Tok, que podrían llegar a la Corte norteamericana.
Un par de TICs, no sólo Clarín, participan del negocio del ´triple play´ - telefonía fija, celular, internet. Clarín ha entrado en la actividad de ´streaming´, a través de Flow, es decir que es oferente y usuaria del servicio de transmisión. Cualquier economista convencional está dispuesto a aceptar que el monopolio frena la innovación. La sospecha es que los K intentarán un ataque contra la posición de Clarín, con el argumento de proteger un servicio público – al que agregarán “equitativo”. También podrían reaccionar otros actores, como el mexicano Slim, amigo del kirchnerista Sigman, convertido en rey de la vacuna, que es dueño de Claro. La crisis mundial detonada por la pandemia ofrece, a cada paso, conflictos de este tipo, porque la misma crisis es un campo orégano de la competencia entre capitales.
En la solicitada del martes de las TIC, en torno a todo esto, aparece la firma de Huawei, lo que haría presumir que el gobierno ha decidido pelearse con todos a la vez, algo en general desaconsejable, y encima con la TIC china del momento, cuando se supone que los K son sinófilos y China la principal socia comercial y financiera de Argentina.
Huawei, en realidad, se mueve en otro plano. Acaba de obtener el visto bueno de Piñera para instalarse en Chile, lo que no es poco. Los co-firmantes de la solicitada quizás sean los mayores opositores a que la china obtenga pasaporte en Argentina. Como el 5G de Huawei es un salto tecnológico de envergadura, su licencia en Argentina no va a quedar condicionada por el DNU de los Fernández. Huawei moderó, seguramente, los términos de la solicitada de las TIC, poco apocalípticos, y opera a sabiendas de que instalación en Argentina depende de una derrota política de Clarín. Dentro de estos límites, el DNU de los Fernández es una toma de partido por los intereses de China.
Ni el DNU ni Clarín ofrecen una salida a la necesidad de los trabajadores en materia de acceso a la conectividad. Una jubilación de 18 mil pesos consume todos los ingresos del grupo familiar con miembros de tercera edad, si no es que ya han quedado consumidos si necesidad de tener un familiar jubilado. La bancarrota capitalista crea un abismo entre las masas y la tecnología como puente de educación, formación personal e incluso trabajo. El trabajo a distancia se ha convertido en una nueva calamidad para los trabajadores, que en nada envidia al trabajo a domicilio de hace tiempo atrás – y aún hoy. El aporte número uno de la tecnología a la sociedad, o sea la reducción de la jornada laboral, está más distante que nunca bajo las condiciones de un capitalismo apremiado por la sobreproducción y el descenso de la tasa de beneficio.
La regulación del capital por parte del estado no constituye en modo alguno una forma de redistribuir el poder o los ingresos entre los explotados y los explotadores. Es la forma, por el contrario, de arbitrar (ya que no puede zanjar) un conflicto al interior de la cadena capitalista. Asegura la tasa de ganancia del capital, de ningún modo la compromete. En varios países, que la macrista Silvina Giudici cita hoy en Clarín, han declarado al servicio ´público´, para prohibir o regular las huelgas, a las que presentan como perjudiciales para una actividad “esencial”. ¡A eso apunto una ley de “libertad de prensa” que el macrismo impuso en la Legislatura porteña hace una década – a impedir las huelgas de gráficos y periodistas! Sólo falta que se declare ´servicio público´ o ´esencial´ al propio capitalismo, en cuyo caso la superestructura política correspondiente sería el fascismo.
Las consignas que se imponen ante los avatares capitalistas de la tecnología son: salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; jornada de seis horas y aumento de salarios; el cómputo del tiempo educacional como tiempo de trabajo; reforma urbana y construcción acelerada de viviendas acorde a un hábitat discutido por todo el mundo del trabajo.
Jorge Altamira
25/08/2020
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