En referencia con la pandemia, tanto el gobierno peronista como la oposición patronal de Cambiemos quieren instalar la idea de que “lo peor ya pasó”. Responden así a la presión de la patronal, que busca poner en marcha el aparato productivo, a riesgo aún de prolongar los sufrimientos y la pérdida de vidas que ocasiona la pandemia que nos aqueja. La televisión, las radios y la prensa difunden diariamente mensajes inequívocos de que se pueden levantar las medidas de aislamiento. La responsabilidad pasa ahora a la población. “Las reuniones familiares son las que producen los contagios”, repiten con absoluta falsedad tanto oficialistas como opositores, ocultando que la aglomeración en los lugares de trabajo, en los transportes, centuplica la circulación viral.
Una población crispada por el aislamiento y apremiada por la necesidad de procurarse el sustento, recibió aliviada la semana que pasó la noticia sobre una vacuna inminente. Hábilmente presentada por los “comunicadores”, contribuyó al proceso de vuelta al trabajo que quiere la patronal y a aflojar las prevenciones frente a una pandemia que no cesa. Una vacuna inminente, que no es vacuna –faltan las pruebas de la fase 3, que establecerían si puede servir o no– ni tampoco es inminente porque podría estar a mediados del año próximo. Detrás de estas promesas, de lejana concreción, la fea cara de la realidad aparece en forma de números que dicen que la pandemia no mengua, por el contrario, se extiende a otras regiones del interior del país, como lo muestra el artículo sobre Jujuy en este periódico digital.
La fea cara de la realidad, en cifras
En nuestro país, al momento de escribir estas líneas, hay 350.000 casos confirmados y 7.400 decesos. La tasa de infectados cada 100.000 habitantes es, sorprendentemente, mayor que la de Italia. Pero incomparablemente menor que la de los Estados Unidos, Brasil, Chile y otros países que se negaron al aislamiento, lo cual confirma lo correcto que es adoptar la cuarentena para disminuir la circulación del virus. Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud nacional, a mediados de mayo la proporción de los casos del AMBA respecto del total del país era de 90 a 93 por ciento. Sin embargo, en la última semana la proporción de casos del AMBA había caído a 82%, pero no porque bajaran los casos, sino por el aumento en el resto del país. El AMBA parece haberse estabilizado en una meseta, pero a valores muy altos de casos diarios, mientras crece en el interior. Si descartamos a CABA y la provincia de Buenos Aires, cinco provincias ya han alcanzado tasas superiores a 100 de casos confirmados cada 100.000 habitantes: Chaco (270), Río Negro (207), Tierra del Fuego (193), Jujuy (180) y Neuquén (154).
El problema del recurso humano en salud
Las estadísticas muestran que nuestro país tiene una tasa de defunciones por Covid-19 sensiblemente más baja que los países mencionados. Dicen algunos expertos que eso se debe al aislamiento temprano, y es posible que así sea. Pero, en muy importante parte, se debe al enorme esfuerzo que realizan los trabajadores de la salud en deficientes condiciones de seguridad, con jornadas prolongadas, que llevaron a que muchos se infectaran y otros pagaran con su vida. Las estadísticas del Ministerio de Salud del 12 de agosto marcan 18.410 trabajadores infectados. De ellos, el 65% son mujeres. El total de fallecidos alcanza a sesenta, veintidós mayores de 60 años y treinta y ocho son menores. De los sesenta fallecidos, treinta y nueve (65%) registraron comorbilidades asociadas, ocho presentaban hipertensión arterial, tres no tenían comorbilidades, pero eran mayores de 60 años, y sobre los diez restantes no se registran referencias. Este dato, ominosamente tardío, da la razón a quienes, como Cicop en la provincia de Buenos Aires, reclamaban el licenciamiento de los mayores de 60, o de los que tenían comorbilidad. Tanto el gobierno peronista de Kicillof, como el de Cambiemos de Larreta y la patronal sanatorial se negaron tenazmente a dichas licencias, siendo responsables políticos de esas muertes evitables.
Las medidas siguen planteadas
El presidente dijo que “otra cosa no se podía hacer”. Nosotros sostenemos que sí, que otras cosas se podían y se pueden hacer, cuidar a los trabajadores de la salud otorgando las licencias preventivas al personal de riesgo y testeando masivamente al resto, llenando las vacantes con nuevas designaciones, dando un aumento salarial de emergencia. Para mantener la cuarentena, subsidiar a los trabajadores con 30.000 pesos para que puedan cumplir el aislamiento. Concentrar todo el sistema de salud para garantizar el libre acceso de la población y dejar de subsidiar al sistema privado, como viene haciendo Kicillof. Finalmente, financiar todas estas medidas con un impuesto a las grandes fortunas y dejando de pagar la deuda externa.
Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop
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