La aprobación ´en comisión´ de la reforma judicial en el Senado no le da al gobierno ningún motivo para celebrar. Ocurre que, mientras los senadores debatían, quedaba claro que el gobierno no tiene aún el quórum para que el proyecto pueda tratarse en Diputados. El bloque de Lavagna adelantó su negativa a tratar el proyecto “en este momento”, una forma de manifestar un rechazo de carácter incondicional, o sea, no sujeto a negociaciones. Mario Negri, el jefe de los diputados radicales, salió a alardear con “otra 125”, en referencia a la ley de retenciones móviles que el kirchnerismo no pudo aprobar en 2008. Con independencia del contenido de la reforma, la oposición derechista acaricia una derrota política del gobierno. Fue lo que salió a agitar en las calles con el banderazo del lunes pasado.
Cuando el macrismo asocia la reforma con la impunidad judicial de Cristina Kirchner y su camarilla de gobierno, no está descubriendo nada. El acuerdo Fernández-Fernández, hace más de un año atrás, se cerró sobre dos promesas: la pulverización de las causas contra Cristina y el rescate del default macrista. Pero los jefes políticos de Juntos para el Cambio, que denuncian “impunidad”, tienen un problema: el banquillo de los acusados no sólo tiene lugar reservado para los jefes del kirchnerismo. Hay una butaca guardada para Macri y sus secuaces, involucrados en el escándalo del espionaje político y también en desfalcos económicos diversos, como el del Correo Argentino. Detrás del “qué hacemos con la justicia”, asoma una crisis de Estado. Esa crisis desnuda a las camarillas que han gobernado la Argentina como vulgares comisionistas en el vaciamiento del presupuesto público y en la sobreexplotación de los trabajadores. La reforma judicial, por último, tropieza con otro “problema”: la descomposición del propio aparato de justicia, un antro de corrupción económica y conspiración política en alianza con los servicios de inteligencia.
Naturalmente, nada de esto se resolverá con la ampliación del número de juzgados penales, o con la unificación de los fueros penal y económico. La esterilidad de estas medidas se pone de manifiesto de un modo muy sencillo: nadie debate sobre ellas, lo único que importa es la futura composición de la Corte, que es el último destino de los fallos que deberán decidir el destino de Macri, del kirchnerismo o de la propia política económica oficial. Por caso, la reforma previsional que el gobierno ya está discutiendo con el FMI, alterará derechos adquiridos que terminarán siendo dirimidos por el máximo tribunal.
Si la reforma judicial se empantana ahora, esto no tiene nada que ver con diferencias “técnicas” o “normativas”: sencillamente, el régimen político y el Estado argentino no tiene un acuerdo respecto del blanqueo penal de sus principales personeros. Es difícil que pueda tenerlo, cuando no existe siquiera una hoja de ruta de cara al derrumbe económico, al aumento de la miseria social y a las implicaciones explosivas de los acuerdos cerrados con los bonistas y el que se pretenderá cerrar con el FMI. Lavagna, que días atrás sorprendió con un planteo de reforma laboral, ha rechazado ahora la reforma de la justicia en nombre de que “el país tiene otras prioridades”. El ex ministro está hablando en nombre de la gran burguesía: no habrá “certificado de buena conducta” para los actuales o anteriores jefes del Estado si no se encamina la bancarrota económica. En estas condiciones, es probable que opositores y oficialistas trasladen el impasse de esta reforma -y varias otras- a las elecciones del año que viene.
Naturalmente, ello no resuelve la crisis de Estado que se ventila en la justicia. Incluso sin reforma, el desfile de causas judiciales continuará asolando a Cristina y a Macri. Los tribunales serán también el ámbito donde se ventile la quiebra de la burguesía argentina: es lo que demuestra el caso Vicentin, el cual, después del fracaso de la intervención-expropiación, ha vuelto al cauce del concurso de acreedores. En este caso, la pretensión de la cerealera de ocultar sus balances ha sido desafiada por sus acreedores internacionales, que iniciaron una investigación sobre sus desfalcos.
Que el futuro del régimen político, sus partidos, sus “empresarios” y jueces se deba dirimir en la justicia penal, es la señal de una decadencia irreversible. La clase obrera tiene que tomar nota de ese cuadro de situación, y oponerle la lucha por su propio gobierno.
Marcelo Ramal
19/08/2020
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