Esta semana, en Paraguay, la Cámara de Diputados aprobó -con modificaciones sustanciales- la llamada “Ley de Arancel Cero”, cuyo objetivo original era la eliminación definitiva de los aranceles en todas las instituciones públicas de educación superior del país. Actualmente, las universidades paraguayas cobran una matrícula de inscripción de entre 400,000 y 800,000 guaraníes (unos cuatro mil y ocho mil pesos, respectivamente). A eso se suman, entre otros gastos, eventuales cuotas anuales y el pago por derecho a examen.
La situación desatada por el COVID-19 tuvo efectos devastadores en el plano educativo, en particular en Paraguay, uno de los países que menos recursos destina al área en toda Latinoamérica. La brecha en el acceso a la educación virtual (conectividad, disponibilidad de materiales, etc.), se ensancha en un país con un 40% de población rural. Pero incluso antes de la pandemia, se estima que en el Paraguay de cada cien personas que ingresan al secundario, solo 35 logran terminarlo, y diez se inscriben a la universidad. Termina egresando un porcentaje muy inferior, ante los aranceles expulsivos.
Cuando en junio pasado, se anunció que el gobierno recortaría en casi un 50% el dinero destinado a becas para estudiantes insolventes, empezó a tomar forma un movimiento de protestas estudiantiles crecientes. El movimiento estudiantil paraguayo tiene un largo historial de lucha y activismo. En 2015 fue instrumental en la renuncia y posterior enjuiciamiento de Froilán Peralta, rector de la Universidad Nacional de Asunción, tras revelarse un profundo entramado de corrupción y nepotismo.
En esta ocasión, lo notable fue que prontamente y ante la crisis desatada, las protestas pasaron de reclamar por las becas a directamente cuestionar el sistema universitario de conjunto y sus características expulsivas. En base a esto, tomó cuerpo el reclamo por la “Ley de Arancel Cero”. El proyecto, en términos concretos, propuso la prohibición permanente de los aranceles en universidades públicas. Con movilizaciones todas las semanas y permanencias en la Plaza de Armas, en Asunción, frente a las cámaras legislativas, el movimiento estudiantil sentó una posición clara, y término arrancando su aprobación en Senadores.
Sin embargo, tal y como fuese previsto por los mismos estudiantes, el proyecto fue modificado en su versión final al ser debatido en Diputados, cercenando su alcance. El beneficio sería garantizado solo a egresados de colegios públicos subvencionados. Así, el proyecto quedaría reducido, esencialmente, a un programa de becas, y los estudiantes de secundarios privados deberían pasar por un filtro para definir si acceden o no a este derecho. Sumado a eso, se le ha impuesto un período de 90 días para su implementación, por lo que podría ser puesto en vigencia recién en 2021, cuando ya muchos de los efectos de la crisis educacional sean irreversibles, como la deserción masiva.
La ley ahora vuelve a senadores para ser aceptadas las modificaciones o ratificado el proyecto original, para lo cual se necesitan dos tercios de los votos en la Cámara. El movimiento estudiantil paraguayo debe crecer en su organización y continuar movilizado, luchando por el verdadero acceso irrestricto a las universidades, durante y más allá de la pandemia.
Federico Silvero
29/08/2020
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