“El financiamiento gubernamental es necesario porque los productos para la pandemia son inversiones de altísimo riesgo; el financiamiento público minimizaría los riesgos para las compañías farmacéuticas y haría que se metieran con todo”. Estas declaraciones de Bill Gates en la prestigiosa revista médica New England Journal of Medicine, que hemos citado en otras oportunidades, se completan con la indicación de que los gobiernos deben otorgar facilidades para la producción de las vacunas y comprarlas para distribuirlas en la población que las necesita. Como vemos, todo un programa para garantizar las ganancias de la industria farmacéutica multinacional en relación con la producción de una vacuna para enfrentar la pandemia.
Subsidiar a las multinacionales en lugar de invertir en vacunas
El reclamo del multimillonario Gates fue escuchado menos de dos meses después. En abril pasado, el gobierno de los Estados Unidos anunció el programa Warp Speed, que dedica 10.000 millones de dólares para financiar la investigación y producción de vacunas anticoronavirus a través de asociaciones público-privadas. Las principales multinacionales recibieron importantes subsidios; por ejemplo, la norteamericana Pfizer obtuvo 2.000 millones, y Sanofi GSK, la misma suma. Por su parte AstraZeneca, gracias a la unión con una firma estadounidense, obtuvo 1.200 millones de dólares.
¿Quién es AstraZeneca?
La semana pasada el presidente peronista Alberto Fernández anunció que se fabricaría la vacuna en la Argentina y dio a conocer el acuerdo del Grupo Insud con AstraZeneca. Esta compañía es la unión de una empresa farmacéutica británica con otra sueca que, a su vez, se asociaron con la Universidad de Oxford para la producción de la vacuna. Sin haber entrado en la Fase III de prueba en poblaciones, la multinacional ya ha firmado acuerdos de producción en todo el mundo con sociedades mixtas público-privadas, que le permitirían una venta global a los gobiernos de 3.000 millones de dosis. Por ejemplo, el contrato recientemente firmado con la Comisión Europea asegura la venta de 400 millones de dosis a Alemania, Francia, Italia y Holanda. Parte de esa política comercial de la multinacional es el acuerdo firmado con el Grupo Insud, del millonario argentino Hugo Sigman.
¿Quién es Hugo Sigman?
La revista Forbes le adjudica una fortuna de 2.000 millones de dólares a este multimillonario que proclama su adhesión al peronismo kirchnerista. Su entusiasmo con el matrimonio Kirchner se justifica. En 2009, en pleno brote pandémico del virus H1N1, de origen porcino, conocido como “gripe A”, el mismo Sigman selló un acuerdo con el gobierno peronista de Cristina Kirchner y su ministro de Salud de entonces, Juan Manzur. El Estado financió una planta industrial en Garín para que la sociedad entre la multinacional Novartis y el Grupo Insud produjeran la vacuna antigripal A. El Estado también se comprometió a comprarle hasta la actualidad 10 millones de dosis por año de la vacuna, incluida desde entonces en el calendario oficial. El acuerdo establecía que, pasados tres años, Sinergium Biotech, otra empresa de Insud, se quedaría con la planta, la tecnología y el mercado.
En el caso del negocio de la nueva vacuna Covid-19, se compartirá con el también multimillonario mexicano Carlos Slim, quien hizo el trato inicial con AstraZeneca y se supone que fondeará buena parte del desarrollo de la vacuna en la región. El laboratorio mexicano Liomont, en su momento especializado en la vacuna contra la gripe, es el encargado de completar el proceso de fraccionamiento y distribución del principio activo que procesará Sigman en la Argentina.
La anarquía y el despilfarro de recursos
Si bien se calcula que hay entre cincuenta y sesenta laboratorios en el mundo dedicados a la investigación de la vacuna para el Covid-19, solo son trece los que están en un estadio más avanzado. Una competencia feroz entre las multinacionales, y aun entre los gobiernos, se ha desatado. Quien logre elaborar una vacuna eficaz y obtenga la patente se asegura el monopolio de la producción y ganancias por varias décadas.
Las multinacionales y sus socios locales, que en el caso de América latina son el multimillonario mexicano Slim y el argentino Sigman, practican el secreto comercial lentificando artificialmente todo el proceso. Aunque públicamente anuncien como muy próxima la disponibilidad de las vacunas, la realidad es que todas están en etapas todavía lejanas de una instancia de aprobación y, obviamente, de la producción masiva.
En el caso de AstraZeneca, la científica británica Sarah Gilbert, quien lidera un equipo de trescientos investigadores de la Universidad de Oxford que trabajan para la vacuna, declaró: “El objetivo de fin de año para el lanzamiento de la vacuna es una posibilidad, pero no hay absolutamente ninguna certeza al respecto”.
Debido a la disputa por el monopolio de la vacuna se produce una superposición de esfuerzos y despilfarro de recursos que han sido criticados aún por personalidades tan opuestas al socialismo como el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. ¡Cuán distinto sería el panorama si hubiera una investigación colaborativa entre las universidades e institutos de los distintos países, sobre todo los más desarrollados, que lleve a la producción estatal de una vacuna para el coronavirus! Los recursos del Estado deberían ir para esta producción y no, como ahora, para acumular ganancias de las multinacionales y sus socios locales.
Es así como el capitalismo frena el desarrollo, en este caso, de una vacuna que podría salvar tantas vidas. En el momento de escribir estas líneas hay 22 millones de contagiados y 800.000 muertos por el Covid-19 y tenemos que preguntarnos ¿hasta qué tenebrosa cantidad tendremos que esperar para disponer de una vacuna? Esa es la razón por la cual nuestro programa plantea la necesidad de abolir las patentes de los medicamentos en el camino de lograr la estatización de la industria farmacéutica bajo control de los trabajadores.
Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop
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