El pasado jueves, más de 50 organizaciones sindicales y sociales convocaron a una jornada nacional, por un pliego de peticiones de emergencia. El sábado, en Bogotá y Medellín, epicentro de las movilizaciones, hubo represión por parte de la policía y al menos 4 detenidos (página12, 22/11). Las protestas se prolongarán hasta el 25 de noviembre, día internacional en rechazo de la violencia contra las mujeres. Los pedidos son renta básica, intervención al sistema de salud, reactivación económica y el cese de la violencia.
El Comité Nacional del Paro (CNP) fue el interlocutor ideal para Duque y sus políticas de ajuste. Desde el 21N el CNP y el gobierno hicieron 36 mesas nacionales de “diálogo”, 11 regionales, analizaron 11.289 propuestas recibidas en la plataforma digital (semana, 22/11), pero no se llegó a satisfacer ninguna de las 100 propuestas del pliego del CNP. Sin embargo, Diógenes Orjuela, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dice: “tenemos que sentarnos a negociar y llegar a acuerdos” (ídem).
Durante la pandemia, el CNP dilató la lucha contra el gobierno. El CNP desgastó el movimiento de lucha y unidad en “caravanas”, actos electorales, conciertos, y ahora “actividades conmemorativas”. El CNP planea acordar con Duque un salario mínimo de espaldas al movimiento obrero.
Con 50 millones de habitantes, Colombia es el quinto país de la región con mayor número de muertos (34.563) por coronavirus y el tercero con más contagios (1.218.003). La desocupación trepó hasta el 18,3% (infobae, 21/11) y la anunciada “renta básica” no cubre las necesidades básicas. .
La respuesta de la alcaldesa “progre”, Claudia López, a los trapos rojos, fue la represión. López declaró que “hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida de cuadrito” en referencia a los millones de inmigrantes venezolanos (infobae, 20/11), una declaración que podría haber salido de Duque. Duque aprobó el presupuesto 2021 que finaliza la ayuda contra la pandemia y que prevé un 41% de aumento del pago de la deuda (25% del presupuesto) y de ayuda a las empresas más importantes que será financiado con privatizaciones y recortes en salud y educación.
Las fuerzas represivas del estado (ejército, policía) mostraron su completa descomposición perpetuando masacres contra trabajadores, indígenas y campesinos. Durante la pandemia el número de masacres creció: desde el 21 de noviembre de 2109 y hasta mediados de noviembre de 2020 se han perpetrado 75 masacres y el asesinato de más de 250 líderes sociales. La actividad de los paramilitares aumentó, y puso de manifiesto que los acuerdos de paz estaban liquidados. “Estamos viviendo un genocido. Además de los muertos, tenemos compañeros y compañeras a los que se encarcela sin pruebas para después liberarlos. La persecución también es judicial”, indicó el dirigente campesino del Coordinador Agrario Nacional (página12, ídem).
La nueva etapa también abrió el camino a la lucha de la mujer, que renovó la campaña por el aborto libre, seguro y gratuito. También la lucha de los estudiantes, los trabajadores del Cerrejón (una huelga minera de 70 días, histórica en el país), la lucha contra la violencia machista, la minga indígena y la lucha contra los desalojos de los inquilinos que no pueden pagar.
Emiliano Monge
23/11/2020
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