Guatemala: crisis de salud desata rebelión popular

Alrededor de mil manifestantes prendieron fuego el palacio presidencial mientras se desarrollaban movilizaciones en todo el país convocada por organizaciones sociales y partidos opositores contra el presidente Alejandro Giammattei y el Poder Legislativo por la aprobación del presupuesto 2021 (Clarín, 22/11). Entre otras cosas, el presupuesto reduce las partidas de salud y protección social, como así las consecuencias sociales y económicos sobre la población de la pandemia y de los huracanes Eta y Iota (BBC, 22/11). Las protestas se realizaron también para denunciar el llamado “pacto de corruptos”, esto es, la alianza criminal entre el narcotráfico, las mafias y los tres poderes políticos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Giammattei, político derechista, había ganado las últimas elecciones de 2019 en segunda vuelta frente a la candidata socialdemócrata Sandra Torres del UNE, prometió eliminar la corrupción y el crimen. Pero su gestión está dominada por las críticas a su gestión de la pandemia, la reducción del gasto hospitalario y las denuncias de corrupción. Giammattei había dirigido el sistema penitenciario guatemalteco y prometido “mano dura” en las elecciones. Su vicepresidente, Castillo, forma parte de una coalición con la que llegó a la presidencia que venía teniendo grandes cortocircuitos en los últimos meses. Tras los incidentes, el vicepresidente llamó al presidente a presentar una renuncia conjunta. 

 El oficialismo y sus bancadas aliados aprobaron el Presupuesto Nacional 2021 entre gallos y medianoche el 18 de noviembre sin que sea visto el pliego por la totalidad de los 160 diputados, y pasando por alto el impacto de la pandemia sobre el pueblo trabajador. Se trata del mayor presupuesto en la historia del país con casi 13.000 millones de dólares, “la mayoría de fondos están dirigidos a infraestructura con empresarios y deja de lado el combate a la pobreza y desnutrición infantil que afecta a casi el 50% de los niños menores de cinco años” (infobae, 21/11). Un informe de reliefweb, dice que en Guatemala hay 3,7 millones de personas en crisis alimentaria (3/11). La crisis duplicó la desocupación, y generó un encarecimiento de los alimentos. “Según un análisis de Plaza Pública, también contempla la reducción en las partidas para la universidad pública y el poder judicial, al tiempo que destina más de 12 millones de dólares para una nueva sede del Congreso” (BBC, 22/11).

 El mismo día se sumó al trámite de antejuicio a dos magistrados de la Corte Constitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que para muchos se trató de un “pacto de corruptos”, entre empresarios y políticos detrás del acuerdo de presupuesto y la impunidad. En medio de la crisis, la Corte Suprema retiró el antejuicio a la Presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, y del magistrado Francisco de Mata Vela. A la vez, la Corte emprendió una ofensiva contra dos fiscales (Juan Francisco Sandoval y la fiscal general Consuelo Porras). Todos los factores de poder están en juego y en crisis.

 En agosto se habían producido manifestaciones en el país que pedían por la renuncia del presidente debido al mal manejo de la pandemia y la represión contra la población indígena y campesina (La Prensa, 22/8). 

 Ayer hubo 17 convocatorias de diferentes organizaciones a manifestaciones en diversos puntos del país, aunque la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala suspendió el transporte público debido a la “alta concentración de personas” en el centro. Cientos de manifestantes se agruparon el sábado frente al Congreso, rompieron la puerta de entrada, ocuparon el Palacio Legislativo por algunos minutos y lo prendieron fuego lanzando antorchas. La policía desalojó a los manifestantes con gases y balas de goma. Se registraron al menos 20 heridos y docenas de afectados por los gases, como así 22 detenidos (BBC, 22/11). En pocos minutos llegaron los bomberos para apagar el Congreso en llamas. En paralelo, mientras cientos de manifestantes tomaban el Congreso, otros miles de guatemaltecos se manifestaban pacíficamente contra Giammattei a solo un kilómetro de distancia frente al Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno). 

 Tras las protestas del sábado, el vice Guillermo Castillo se comunicó con el presidente pidiéndole la renuncia: “Por el bien del país le he pedido que presentemos juntos la renuncia al cargo” (infobae, 21/11), aseguró que le comentó al presidente que “las cosas no están bien” y admitió que no tiene una buena relación con el mandatario. Pero aclaró que no renunciará si no lo hace también el mandatario. La secretaria de Comunicación, Francis Maseck, dijo que la Presidencia no tenía comentarios sobre las declaraciones de Castillo (perfil, 21/11).

 Emiliano Monge 

 23/11/2020