La mayoría de sus integrantes -aunque el gobierno lo niegue- tiene cierto peso dentro del personal de las fuerzas armadas. Su principal referente, Ernesto Juan Bossi, presidió durante mucho tiempo la Sociedad Militar de Seguros de Vida, una institución mutual que agrupa a la inmensa mayoría del personal de la fuerza y con un amplísimo movimiento económico. Otro de los lobbyes que operan detrás de la mesa es el de las empresas de seguridad privada, a través del general retirado Jorge Tito. Este submundo paramilitar y parapolicial incluye también a oficiales que pasaron por la SIDE y cargan con causas por espionaje. Es otro rubro de la "seguridad privada", o sea, los fisgoneos por encargo. En la declaración de principios de la Mesa, se adivina la intención de incidir en reclamos gremiales -salarios, viviendas- pero también en la cuestión crucial de los juicios en contra del personal policial y militar. Por caso, uno de los familiares de los muertos del ARA San Juan denunció que la flamante "Mesa" tratará de bloquear el Consejo de Guerra que deberían enfrentar los responsables de la Armada, luego del hundimiento del submarino.
Pero la "Mesa" trasciende esos objetivos corporativos: el agrupamiento se propone "incidir en las políticas de seguridad y militares de las fuerzas en actividad". Emerge, por lo tanto, una tentativa de conducción paralela del aparato represivo del Estado. Una de las banderas largamente levantadas por Bossi es el involucramiento de las fuerzas armadas en la inteligencia y seguridad interior, un principio de militarización de la vida social. El carácter derechista y represor de la Mesa aflora por todos sus poros. El kirchnerismo, de todos modos, aportó un paso crucial en este sentido, cuando nombró a un hombre de la inteligencia militar -y ex represor- al frente del ejército, César Milani.
De cara a esta realidad, el ministro Rossi, que acusó a los "mesistas" de conspiradores, no esgrimió otro anuncio que el de desautorizar el uso de instalaciones de las fuerzas para las reuniones de la "Mesa", con el argumento de que el Estado no va a financiar sus actividades. La medida es pueril, pues no impedirá su funcionamiento. Rossi presentó a los conspiradores como enfrentados a los actuales mandos en ejercicio. Los mandos, sin embargo, no se pronunciaron. En cualquier caso, la mutual militar, principal base de operaciones de la Mesa, es un crisol que une a retirados y activos.
¿Vuelta a los cuarteles?
La emergencia de una usina militar-policial es una manifestación poderosa de la desintegración que corroe al régimen político y social en Argentina, y que el gobierno "de Todos" no ha podido frenar. La amenaza golpista no tiene carnadura inmediata frente a un gobierno que procura gobernar con el socorro del FMI. Pero nadie ignora el escenario de rebelión popular y fragmentación política que se desarrolla en el país. La Mesa es el esbozo de una organización paramilitar y parapolicial, que abudan en Colombia y Brasil, tienen su forma especial en Venezuela y Nicaragua, comienzan a re-organizarse en Chile – ante el avance de la rebelión popular y los enfrentamientos contra el pueblo mapuche. Quienes aspiran a incidir en el desenlace de la actual crisis empiezan a delinear sus fuerzas ahora. Es el broche a la campaña macartista de una defensa de la propiedad privada, que va a ser saludada en el próximo ´banderazo´. La emergente "mesa de enlace" es un cachetazo a la ´democracia´ argentina que se atragantó con una consigna - el "nunca más", después de 1983.
La respuesta del oficialismo ha sido hagan lo que quieran, pero no en los edificios o cuarteles militares. Los diarios oficialistas informan que varios capitostes de la "mesa militar" habían ensayado un intento similar después de la asunción de Néstor Kirchner, y que sus reuniones eran frecuentadas por politicos pejotistas y radicales de primer orden.
El desmantelamiento de estas organizaciones paraestatales -presentadas como "agencias de seguridad"- es un planteo elemental para el movimiento democrático. La Mesa pretende operar como cooperativa o sindicato militar-policial, o sea como un grupo armado contra los derechos democráticos de los trabajadores. Debe ordenarse su disolución, llevada a la Justicia por sus propósitos paramilitares y parapoliciales, e investigar su conexión con los aparatos de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad – policia y servicios de espionaje.
Marcelo Ramal
12/11/2020
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