El principal bloqueo para la producción y distribución rápida de la vacuna se encuentra asociada a las patentes y los derechos de propiedad intelectual. Esto ha conducido a que “los países ricos, que representan sólo el 14 por ciento de la población mundial, han comprado hasta el 53 por ciento de las vacunas más prometedoras hasta la fecha” (Clarín, 09/12).
El acaparamiento de dosis per cápita en los distintos países capitalistas indica números de hasta tres veces las necesarias para inmunizar al conjunto de la población, Canadá lidera esta tabla con 5 dosis per cápita. Mientras tanto, en los denominados países pobres “sólo podrán vacunar a una de cada diez personas contra la COVID-19 el año que viene” (ídem) Ante esta situación, Sudáfrica e India han presentado en octubre pasado una propuesta ante la OMC, “que exima a los países miembros de hacer cumplir algunas patentes, secretos comerciales o monopolios farmacéuticos en virtud del acuerdo de la organización sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, conocido como ADPIC” (Counterpunch.org, 9/12).
La solicitud se basa en un articulado específico de la OMC que garantiza en situaciones excepcionales pasar por encima de ciertas disposiciones de propiedad intelectual y patentes, al ser estas un obstáculo para el desarrollo de una respuesta rápida y concreta contra una enfermedad o situación catastrófica. La habilitación de la OMC permitiría a sus 164 países miembros cambiar sus leyes para lograr la producción genérica de cualquiera de las vacunas aprobadas. El proyecto fue inmediatamente rechazado por Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña, Noruega, Suiza, Japón, Canadá, Australia y Brasil. Los mismos países ya la han rechazado en tres oportunidades, hoy (10/12) se reúne el Consejo de ADPIC. Y el 16 y 17 de diciembre el consejo general de la OMC. Allí se espera la negativa y las maniobras de parte de Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretaña.
Estas delegaciones han sentenciado en las reuniones pasadas de la ADPIC defender los derechos de propiedad intelectual. Estados Unidos asegura que "facilitar incentivos para la innovación y la competencia" era la mejor manera de garantizar la "entrega rápida" de cualquier vacuna y tratamiento. La Unión Europea ha argumentado que "no había indicios de que los problemas de derechos de propiedad intelectual hayan sido una barrera genuina en relación con los medicamentos y tecnologías relacionados con Covid-19". La misión británica ante la OMC está de acuerdo, caracterizando la propuesta de exención como " una medida extrema para abordar un problema no probado". (Idem)
Según los registros, “Moderna recibió un total de unos $ 2.5 mil millones en dinero de los contribuyentes (estadounidenses) para apoyo a la investigación y como pedidos anticipados de vacunas; según admitió la propia empresa, la contribución de mil millones de dólares que recibió para la investigación cubrió el 100 por ciento de esos costos. Pfizer, por su parte, recibió una subvención de $ 455 millones del gobierno alemán para desarrollar su vacuna, y luego, según nuestro recuento, casi $ 6 mil millones en compromisos de compra de los Estados Unidos y la Unión Europea”. Mientras que “AstraZeneca se benefició de algunos fondos públicos mientras desarrollaba su vacuna y recibió un total de más de $ 2 mil millones de los Estados Unidos y la Unión Europea para investigación y compromisos de compra. También firmó un acuerdo por valor de $ 750 millones para suministrar a la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias y a Gavi, la Alianza de Vacunas, un total de 300 millones de dosis” (ídem).
De este cálculo se observa que según las capacidades declaradas por Pfizer y Moderna, que en sus acuerdos realizados han comprometido el 82% y 78% de su producción anual respectivamente con los países ricos, que en el mejor de los casos tendrán al 50 por ciento de su población vacunada a fines de 2021. Por su parte, AstraZeneca ha comprometido el 53% de su producción a los países denominados en desarrollo y pobres, como la India y América Latina. También ha prometido vender a precio de mercado cuando finalice la pandemia, en los contratos la ha definido en julio 2021, por lo cual no garantiza ningún abastecimiento a los países pobres. Incluso, prevé producir 3 mil millones de dosis, lo suficiente para vacunar el 20% de la población mundial, un número insuficiente.
Visto este cuadro, la iniciativa de Sudáfrica e India ante la OMC ha recibido el apoyo de más de 100 países miembros, pero al tener el rechazo de los países que monopolizan los acuerdos y los subsidios en materia de vacunas, una iniciativa similar a la realizada por Brasil en la década del 90 con los retrovirales para combatir el VIH/SIDA, podría poner en serios aprietos a los países pobres. Sin ir muy lejos, la Argentina se encuentra en una sumisión tal a los acreedores internacionales y al acuerdo con el FMI que una acción de estas características resulta impensable para los Fernández, a merced de ocasionar una crisis mayúscula.
La OMS ya ha resignado sus expectativas de colaboración internacional, su filial continental, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya ha sentenciado que en el mejor de los cuadros los países deberían aspirar a vacunar al 20% de la población.
La pandemia que ha surgido en el contexto de la depredación ambiental capitalista y la erosión de las condiciones mínimas de subsistencia de una porción cada vez mayor de la población mundial, muestra ahora su propia incapacidad para ofrecer una salida, aunque sea parcial, de la catástrofe del coronavirus. La propiedad intelectual y las patentes, mecanismos legales de la propiedad privada, han revelado que representan un chaleco de fuerza para el desenvolvimiento de la sociedad. La lucha por el socialismo es una cuestión de vida o muerte frente a la barbarie del capital.
Joaquín Antúnez
10/12/2020
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