India superó este lunes los 350 mil casos diarios de coronavirus (más de un tercio de los casos globales) y acumuló un millón de nuevos infectados en apenas tres días. Tiene casi 3 millones de casos activos y un promedio de aproximadamente 3 mil muertos por día en las últimas jornadas. Es el cuarto país con mayor cantidad de decesos (195 mil) en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y México.
El sistema sanitario y funerario se encuentran colapsados. En los hospitales de la capital, Nueva Delhi, “los pasillos están abarrotados de camas y camillas, y los seres queridos reclaman oxígeno o la admisión de sus allegados enfermos, sin éxito. Algunos mueren en la puerta del hospital” (La Nación, 27/4). En otras ciudades, los cuerpos empiezan a amontonarse en las calles (como ocurrió el año pasado en Guayaquil, Ecuador), porque no dan abasto las morgues hospitalarias. En la capital, se improvisan lugares para cremaciones masivas.
Son varios los factores que explican esta nueva oleada de la enfermedad: el bajo nivel de vacunación; la aparición de una cepa (la B.1.617) que sería más contagiosa; y el abandono de las medidas de aislamiento social.
Desequilibrios
Pese a ser el principal productor de vacunas del mundo y a fabricar varias de las que enfrentan el Covid-19, en India solo el 10% de la población ha recibido al menos una dosis (El País, 27/4). Más de mil millones de personas no se encuentran inmunizadas. En cierto modo, esto responde a que buena parte de la producción se exporta, ya sea por convenios comerciales o (en mucha menor medida) por el mecanismo Covax que busca abastecer a los países más pobres. En India se elaboran la Sputnik y la Johnson & Johnson, entre otras, con destino a países más afortunados. El grueso de las vacunas aplicadas a nivel local corresponden a la Covishield, fabricada por una asociación del estatal Instituto Serum y la británico-sueca AstraZeneca, que a su vez también se exporta.
Pero al mismo tiempo que el gobierno posterga a la población nativa en aras de los convenios comerciales, Estados Unidos está acaparando los insumos para la fabricación de vacunas, lo que crea “cuellos de botella” en la producción local (Bloomberg, 27/4). El gobierno de Joe Biden se ampara en una ley de producción nacional para frenar la exportación de dichos elementos.
Como resultado de la falta de insumos y del recrudecimiento de la pandemia, India se vio obligada a comienzos de este mes a restringir los envíos al exterior y las entregas al mecanismo Covax. Se estima que bajo las tortuosas condiciones actuales de producción los “países medios” deberían extender su vacunación hasta fines de 2022 y los países más pobres por lo menos hasta 2023 (El Diario, 31/3).
La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la diferencia entre la aplicación de vacunas entre los países centrales y los de Covax “es cada día más grotesca” (ídem). Debido a la administración capitalista del proceso de vacunación, se genera el desequilibrio de que Estados Unidos tenga un excedente de decenas de millones de dosis (que usa como herramienta política) y otros países no hayan recibido todavía ningún lote. El problema se acentúa debido al sistema de patentes, que impide una mayor fabricación. Los grandes laboratorios financiaron sus investigaciones para el Covid-19 con dinero estatal y ahora se apropian de los descubrimientos y entorpecen el progreso de la vacunación.
El retraso en la vacunación permite que el virus siga mutando y se desarrollen cepas más peligrosas, que restan efectividad a las vacunas diseñadas. En octubre apareció en la India la B.1.617, una doble mutación que sería más contagiosa y que ayudaría a explicar parcialmente el aumento de casos actual en la India. Esto tiene una repercusión global, dado que ya se ha encontrado esta variante en el Reino Unido y otros veinte países.
De este modo, las potencias que acaparan las vacunas ven cómo el problema que quisieron resolver cerrando la puerta se mete por la ventana. El impacto global de lo que está ocurriendo en la India ha obligado a estos países a comprometer su ayuda. Estados Unidos discute la posibilidad de permitir la exportación de insumos para la fabricación de vacunas para el Covid-19 en India y la asignación de dosis de AstraZeneca que no están aprobadas para su uso en suelo norteamericano. Hay una razón adicional que explica el apoyo de Biden: el gobierno supremacista y antiobrero de Narendra Modi es un aliado clave del imperialismo yanqui en la lucha contra China.
El gobierno de Modi, responsable
Un último elemento que ayuda a entender la catástrofe actual es el abandono de las medidas de restricción social. A comienzos de año, frente a una caída en el número de casos (llegó a haber menos de 10 mil diarios), el gobierno relajó las medidas y se difundieron falsas informaciones, como que el país había alcanzado la llamada inmunidad de rebaño. Se permitió la realización de festividades religiosas masivas, como el Kumbh Mela, en que millones de personas se sumergen en las aguas del Ganges. A su vez, el partido de gobierno (BJP) realiza mítines masivos -mientras reclama a los agricultores en huelga que depongan sus medidas, con el pretexto del Covid-19.
Recién ahora, con el país ya colapsado, el gobierno empieza a adoptar algunas tímidas medidas de restricción. Como ha sido la regla en el mundo, el gobierno indio antepone los intereses de los grandes grupos empresarios, que quieren seguir funcionando a toda costa, a la salud de la población. Vale señalar, además, que el presupuesto del sector equivale apenas al 1,5% del PBI (ver «India: el presupuesto debe priorizar la salud, la educación», en sarrauteducacion.com, 22/1).
La crisis india revela el fracaso del capitalismo en el enfrentamiento del Covid-19, pese a que están dadas las condiciones técnicas y los recursos humanos para vencer la enfermedad. Es necesario otro tipo de organización social, que no esté basada en el lucro privado, y permita una planificación de la vida material. En el camino de superar la crisis, es vital la abolición de patentes, la producción pública de medicamentos, la formación de comités de trabajadores que garanticen la aplicación de protocolos sanitarios (con capacidad de paralizar los lugares de trabajo), la prohibición de los despidos, la garantía del 100% del salario y el subsidio a los desocupados y sectores informales, de modo que puedan sobrellevar las medidas de aislamiento.
Gustavo Montenegro
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