Ford y los crímenes durante la dictadura

La Cámara de Casación Penal, a casi tres años de la condena dictada por el TOF 1 de San Martín en 2008, dejó firme la sentencia a Héctor Sibilla -ex jefe de Seguridad de la empresa Ford- y Pedro Müller – ex gerente de Producción. Ambos ex directivos durante la década del 70 de la fábrica automotriz ubicada en General Pacheco, provincia de Buenos Aires, habían sido condenados a 12 y 10 años de cárcel, respectivamente por su colaboración con el secuestro y aplicación de torturas a 24 trabajadores de la planta durante la última dictadura cívico-militar. También fue juzgado el comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, que recibió una pena de 15 años. 

 La automotriz norteamericana fue responsable del secuestro y tortura de 24 trabajadores, varios de ellos fueron “chupados” por el ejército directamente desde sus puestos de trabajo y llevados al “Quincho” un centro clandestino de detención que funcionó en el interior de la planta. De ahí era llevados a otros centros de detención y tortura. La multinacional no solo aportó su espacio físico, dinero y logística, sino que fue la que ´marcó´ a los obreros que serían víctimas de los genocidas. 

 Como lo expresa el fallo de casi 200 fojas, “gran parte de los secuestros fueron realizados en la misma planta, a plena luz del día y con la colaboración esencial de sus directivos de todos los niveles de conducción; además, resulta claro que la empresa se benefició económicamente con los hechos". Lo que la patronal pretendía, según el mismo documento, era que “quería generar más productividad a bajo costo''. Esto llevó a que "Ford Argentina actuará mancomunadamente con las fuerzas armadas y de seguridad con el fin de ejercer el poder represivo contra sus empleados" (...) Para ello fue decisivo el trabajo en conjunto con los directivos, a los fines de individualizar y acallar a sus dirigentes gremiales, proscribir las huelgas y organizaciones sindicales y evitar de ese modo cualquier entorpecimiento que pudiera repercutir negativamente en los niveles de producción”. 

 Es claro que los milicos y la patronal contaron con el aval de la burocracia sindical. José Rodríguez que, en ese momento era secretario general del SMATA, reconoció haber entregado la lista con los delegados a los represores. 

 Es la primera vez que la justicia argentina señala la responsabilidad empresarial como partícipe necesaria de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Las maniobras y dilaciones que llevaron a que las condenas queden firmes condena luego haber estado, tres años cajoneada, a 45 años de los hechos.

 La valentía y la firmeza de los sobrevivientes, las familias y las organizaciones de derechos humanos, pusieron a estos y otros genocidas tras las rejas. 

 Mauri Colón 

 01/10/2021