Finalmente, diputadxs de la oposición patronal presentaron formalmente la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por la operación de compraventa de la minera Dominga, cuyos detalles fueron puestos a la luz por la investigación periodística Pandora Papers. Se lo acusa de faltar al deber de “probidad y comprometer el honor de la nación”. Se trata de la segunda acusación constitucional contra Piñera, la primera tuvo lugar en diciembre del 2019 motivada por las violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social, pero en esa oportunidad no contó con los votos necesarios para que pueda continuar el procedimiento.
En el 2019, la oposición cómplice no solo salvó a Piñera de la destitución sino a todo el régimen político con el pacto del 15 de noviembre y en esta oportunidad las intenciones no son muy distintas ya que el escándalo de los negociados turbios del presidente en paraísos fiscales han generado una crisis política que pone en peligro la transición con la que pretenden clausurar las perspectivas de cambios profundos abiertas con la revuelta. Las y los trabajadores debemos irrumpir en la escena política para llevar hasta el final las tareas pendientes de la rebelión de octubre, es decir, poner fin al gobierno y a todo el régimen de los 30 años y conquistar las demandas planteadas por millones en las calles.
La acusación constitucional como salida a la crisis
La continuidad del gobierno criminal de Piñera ha significado para las familias trabajadoras una catástrofe en todos los planos: agravamiento de la miseria, miles de muertes evitables producto de una gestión desastrosa de la pandemia y una brutal represión destinada a acallar y disciplinar todo intento de enfrentar estas políticas contra el pueblo. Pero la derecha no es la única responsable de las penurias populares, ya que ha contado con los recursos políticos que le brindó la “oposición” para llevar adelante sus planes. Los partidos de la “oposición” han rescatado una y otra vez a un gobierno debilitado por la rebelión de octubre del 2019, por lo que son cómplices de la situación en que nos encontramos la clase trabajadora.
Así las cosas cabe preguntarse: ¿por qué ahora? ¿por qué a poco de finalizar el mandato de un presidente que se empeñaron en sostener abren la posibilidad de su destitución? ¿Las graves violaciones a los derechos humanos cometidas no comprometían “el honor de la nación” antes y sí lo hace un hecho de corrupción cuyos antecedentes ya se conocían desde, al menos, el 2017?. Resulta que en las últimas semanas la crisis política no ha cesado de escalar. A la grave situación humanitaria provocada por las políticas anti inmigrantes, se suma el flanco abierto por la discusión de un cuarto retiro de los fondos de pensión que, pese a sus esfuerzos, el gobierno no ha logrado detenerlo y, la gota que rebalsó el vaso fue el escándalo internacional que generó la revelación de los detalles de los negociados de la familia presidencial en fraude al fisco nacional y a costa del ambiente. Es evidente a estas alturas que en los cálculos de la oposición están presentes los riesgos que la continuidad de Piñera en La Moneda significan para la transición ordenada que requieren sus planes al servicio de la continuidad del régimen de los 30 años.
La acusación constitucional está concebida como recurso último, extremo, de salvataje del régimen político guardián de los intereses de una minoría parasitaria. Echando mano a este mecanismo se busca llegar con cierto aire al cambio de mando. No está claro que se cuenten con los votos para que se apruebe en diputados, pero si ello ocurre Piñera quedaría suspendido inmediatamente y en su lugar asumiría el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Estaríamos entonces frente a un gobierno de Piñera sin Piñera, mientras se discute en el Senado, donde conseguir los votos para la destitución es aún más complejo. Una vez más se pretende cerrar por arriba, en la cocina de siempre, un nuevo capítulo de la crisis política en que se encuentra inmerso el país en los últimos años.
Lxs profesorxs marcan el camino
Mientras tanto, el gobierno busca retomar la iniciativa política mediante la salida represiva, decretando el estado de emergencia en el sur del país, reforzando en la zona la fuerte presencia de Carabineros con militares para enfrentar la resistencia mapuche que luchan por la recuperación de sus tierras ancestrales. La oposición, por su parte, está inmersa en garantizar la estabilidad de una transición que se presenta tambaleante. Y el pueblo chileno no sólo sigue sin recibir respuesta alguna a sus demandas sino que sumando víctimas del terrorismo de Estado como lo demuestra el asesinato de la compañera Denisse Cortés.
La incompatibilidad de las aspiraciones de las masas con este régimen podrido es manifiesta y como clase trabajadora debemos intervenir con nuestros propios métodos en la crisis para terminar con el gobierno de Piñera y el conjunto del régimen político de los 30 años. Lxs docentes son el espejo donde mirarse: han salido a enfrentar el veto presidencial de la ley que mejora sustancialmente sus condiciones laborales con huelga y movilización levantando la consigna del “Fuera Piñera”, anunciando un paro indefinido si no se da marcha atrás con el veto.
La lucha de las masas populares no puede quedar subordinada al Congreso cómplice. Llamamos a las organizaciones de lxs trabajadorxs y explotadxs, a los sindicatos, a la CUT, a las organizaciones estudiantiles, a las organizaciones que luchan contra las AFP, a las organizaciones por los derechos de la población migrante, a las asambleas territoriales y a los pueblos originarios a romper con cualquier forma de subordinación a los partidos burgueses oficialistas u “opositores”, repudiando toda política de colaboración de clases con este régimen. Como lxs profesorxs, levantemos nuestras reivindicaciones y vayamos a la acción directa, a la huelga y la movilización bajo la consigna general “Fuera Piñera ya” hasta imponerlo. Necesitamos intervenir en la crisis como protagonistas, poniendo en pie un proceso de deliberación popular con un congreso de trabajadorxs para oponer a la cocina parlamentaria una salida propia, con los métodos de acción directa.
Fuera Piñera y todo el régimen corrupto. Abajo el Estado terrorista. Desmilitarización del Wallmapu ya. Libertad a lxs presxs por luchar. Por una verdadera asamblea constituyente frente a la farsa de la Convención actual, manejada por los partidos tributarios del régimen político saqueador y hambreador. Justicia para Denisse y todas las víctimas de la represión estatal.
Olga Aguirre
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