Gradualismo
El documento describe la apertura de los flujos de capital llevada adelante por Macri, pero señala enseguida que las “distorsiones estructurales” persistieron, a partir de una “opción deliberada por el gradualismo”. O sea que se coloca en el campo de quienes reprochan al macrismo no haber acompañado la liberalización de capitales con un ajuste más severo –por caso, despidos masivos de estatales e inmediata reforma previsional. La “evaluación” recomienda retrospectivamente “ampliar los consensos políticos” para ese ajuste, desconociendo o no queriendo saber que la entonces oposición dejó pasar el endeudamiento macrista –y el posterior acuerdo con el FMI- sin siquiera chistar en el Congreso, incluso porque sus gobernadores pejotistas apelaban al “flujo positivo de capitales” desde sus provincias. Cuando Macri decidió avanzar en una reforma previsional, ensoberbecido por la victoria electoral de 2017, debió vérselas con un levantamiento popular y una huelga de masas. Del otro lado, el ingreso de capitales, devenido en atraso cambiario, volvía a fracturar a la burguesía argentina y empujó al gobierno a anunciar una “gradual” devaluación. En esas condiciones, bastó un anuncio de elevación de las tasas de interés internacionales para iniciar un nuevo –y nada gradual- derrumbe financiero de la Argentina. El informe del FMI, con el diario del lunes, sugiere que Macri debió “reestructurar la deuda privada” en 2018, o sea, asumir una declaración abierta de defolt. Los burócratas del Fondo omiten, primero, que el megapréstamo del Fondo fue un intento final por evitar esa reestructuración y rescatar a los fondos privados; segundo, que el defolt finalmente tuvo lugar a pesar del megapréstamo fondomonetarista, como se evidenció en los reperfilamientos de deuda del final del macrismo y, después, con la reestructuración de Fernández-Guzmán. El informe del FMI coloca al capital internacional ante el espejo de su propio fracaso: el llamado “sistema financiero global” es un fantástico mecanismo de valorización de capitales sobrantes, que existen como mero derecho a la exacción de los trabajadores de las naciones endeudadas –en eso consiste, en definitiva, la deuda pública. Ese capital ficticio solo sobrevive al precio de frecuentes declaraciones de insolvencia y del derrumbe de los regímenes políticos que lo sustentan.
“Política de ingresos”
A la vez que exige que se encaminen las “reformas estructurales”, la “evaluación” del FMI se aparta de las salidas “exclusivamente monetarias” para la inflación, a la que también juzga como “multicausal”. Los economistas del kirchnerismo –y también algunos de izquierda- deben haber celebrado esta explicación estructural acerca de la elevación de los precios de la economía. El informe se desliza enseguida a la teoría de la puja distributiva y la indexación como explicaciones concurrentes de la cuestión inflacionaria. La teoría de la “`puja” es la coartada preferida de los que atribuyen la inflación a los reclamos salariales, aunque simultáneamente prefieran llamar a los aumentos de precios o tarifas –o sea, a la inflación de beneficios- como un mero “sinceramiento”. En la teoría de la “puja”, aplicada a la Argentina, la “indexación del gasto” _mencionada en el informe del Fondo- tiene como su causa principal a las jubilaciones, las cuales se han convertido en el rubro más importante del gasto público después de la destrucción del régimen jubilatorio perpetrada por todos los gobiernos de los últimos treinta años. Pero llegado a este punto, el libreto de la “autoevaluación” se vuelve demasiado parecido al pensamiento y obra del discípulo vernáculo de Stiglitz y actual ministro de Economía, Martín Guzmán. Es bueno recordar, en este punto, que Guzmán debutó con la “desindexación” de las jubilaciones, o sea que puso en marcha las conclusiones de la “autoevaluación” del Fondo con dos años de antelación.
Pero las llamadas “políticas de ingresos”, colocadas en el informe autocrítico, no son “antiinflacionarias” sino que toman a la inflación como un “dato”. Es lo que va a ocurrir en la Argentina como consecuencia del próximo acuerdo con el Fondo, que planteará, como puntos elementales, una “corrección” cambiaria y un aumento sensible de tarifas, para liberar al presupuesto de los recursos que subsidian a las privatizadas del gas o la luz. La elevada inflación, a su turno, tiene como “buena socia” (Melconian dixit) a la propia administración del Estado, que embolsa una mayor recaudación de los impuestos relacionados con los precios (IVA, Ingresos brutos) –siempre y cuando se “desindexe” el gasto social, los salarios estatales y las jubilaciones. Este es el rumbo que están discutiendo con Washington, precisamente, los nacionales y populares.
Papeles al viento
Bajo la forma de un examen del pasado reciente, la “autoevaluación” ha sido la excusa del FMI para trazar la hoja de ruta del acuerdo que se viene, y reivindicar la parte del camino que ya ha pavimentado Guzmán. En lo inmediato, reclama una “ampliación del consenso” para el cimbronazo que implicará la devaluación y el tarifazo. Ese consenso tiene como eje a la burocracia de los sindicatos, y deberá sumar a una parte de la coalición radical-macrista. En una perspectiva más prolongada, los burócratas del FMI esperan las reformas de fondo que deberán pasar, sin embargo, por la “compleja historia” (sic) de Argentina. El escepticismo de la “autoevaluación”, en este punto, anticipa la respuesta de la clase obrera a esta tentativa de rescate de los fondos internacionales.
Marcelo Ramal
23/12/2021
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