En tan solo un mes, Argentina entró en la tercera ola de coronavirus registrando su mayor cifra en cuatro meses. Con 9.336 contagios el martes 21, la aceleración de la última semana alcanza el 100%. Desde agosto, el crecimiento es del 250%. Es un escenario que se veía venir, sin embargo, el gobierno no tomó medidas que lo previnieran.
El aumento de casos responde, según los epidemiólogos, al asentamiento de la variante Delta, que pasó los últimos meses desapercibida. El incremento de los encuentros sociales, pero sobre todo el relajamiento de los protocolos partiendo desde el propio Estado -dispuso la apertura de eventos masivos y la eliminación de los aforos- parece dar en la tecla del porqué del abrupto aumento. Recordemos que hace dos meses y medio el gobierno nacional dispuso la no obligatoriedad del uso de barbijo al aire libre, medida que fue seguida por el resto de las jurisdicciones más temprano que tarde. También ha desaparecido cualquier control en los lugares de trabajo, lo que reabre la pelea por las condiciones laborales y muestra la reticencia del gobierno a imponer medidas que puedan afectar el funcionamiento de la actividad económica de las patronales, a costa de la salud de los trabajadores.
La llegada de Ómicron no mejora el panorama. Aunque no se confirmó que tenga una mayor letalidad, es seguro que todas las vacunas reducen su efectividad en algún grado. Pfizer tiene entre un 20 y 40% de efectividad con dos dosis para evitar los contagios y 70% para las formas graves; estudios preliminares con la vacuna AstraZeneca demuestran que luego de seis meses la protección contra la infección por Ómicron es nula, incluso con dos inyecciones, y algo similar sucedería con Sinopharm. Con la vacuna Sputnik V también se reduce, aunque no tanto. Todos los laboratorios coinciden en que pasados seis meses la vacunación tiene que ser renovada, lo que abre el debate sobre la importancia de las terceras dosis.
En ese sentido, Argentina ya está atrasada. La falta de dosis en el país debido al retraso en las entregas y de una política sanitaria que impulse el desarrollo de una vacuna nacional devinieron en el retraso para iniciar la vacunación tempranamente en el año. Es por eso que hay un importante porcentaje de la población sin la segunda dosis y otros tantos que esperan la tercera, ambas cruciales para evitar que suban las internaciones. Ahora Vizzotti apunta a “descentralizar” la vacunación y demás medidas sanitarias, lo que en otras palabras significa dar una respuesta sin un horizonte en común y depositar la responsabilidad de la misma sobre las provincias justo cuando se abre el periodo vacacional en el cual la circulación interjurisdiccional aumentará. Nadie quiere hacerse cargo de tomar las medidas necesarias ya que chocan de lleno con el ajuste que de conjunto vienen imponiendo.
Los laboratorios Pfizer y AstraZeneca adelantaron que lanzarán nuevas versiones destinadas a combatir Ómicron, por lo que es probable que nuevamente Argentina se vea relegada en un escenario repleto de disputas internacionales entre los países centrales. Para sumar, en términos presupuestarios la cartera de Salud estará menos preparada para negociar la compra de vacunas. El proyecto enviado al Congreso de Presupuesto 2022 contemplaba una partida de $122.200 millones para adquirir de dosis y testeos, mientras que este año se gastó aproximadamente $153.500 millones. El recorte para la cartera estaba previsto en 13% frente a la subestimada proyección de inflación del 33%.
Aunque no se haya aprobado, el documento ilustra la intención política del gobierno del próximo año para alcanzar su principal objetivo: ajustar en donde sea necesario y llegar a un acuerdo con el FMI. Ese mismo ajuste se expresó en la reducción de cualquier tipo de dispositivo para la detección temprana del Covid, como los centros de testeo, los despidos masivos a profesionales de la salud y en el armado de un presupuesto que no contemple la pandemia.
Ahora Vizzotti admite que no van a disponer medidas porque “no hay que mirar tanto los casos, sino las internaciones y las muertes”, cuando está más que demostrado que una vez que suben los contagios los fallecimientos aumentan en mayor o en menor medida, sobre todo en un contexto donde las nuevas variantes presentan la novedad de poder evadir fácilmente la inmunidad de las vacunas con dos dosis. La experiencia europea demuestra que incluso aquellos países con altas tasas de vacunación pueden volver a atravesar colapsos sanitarios, algo que además abre la puerta a la aparición de nuevas cepas.
Lejos de ponerle un fin a la pandemia, los gobiernos capitalistas han fracasado en encontrar una salida. Solo los trabajadores podemos presentar una alternativa a la crisis sanitaria, que debe darse de la mano de un programa que ponga como prioridad cuidar la salud de la población. Este debe incluir como primer paso garantizar la vacunación universal para toda la población, que se otorguen las dosis de refuerzo a quienes se hayan dado la segunda hace seis meses o más y terceras dosis inmediata para toda la población de riesgo que tenga el esquema completo o tres semanas luego de administrar la segunda. Además, la búsqueda activa de quienes falten completar el esquema y quienes no lo hayan iniciado, junto con campañas de información para fomentar la inmunización.
Para resolver el problema de las dosis a largo plazo, se debe apostar a la producción de una vacuna nacional a través del aumento en el presupuesto para Ciencia y Técnica, la entrega de recursos que sean necesarios para los centros de investigación nacionales a la cabeza de esa tarea, la intervención de los laboratorios y plantas privadas para ponerlas a disposición del desarrollo de una vacuna y el aumento del salario de todos los científicos e investigadores.
A su vez, hay que avanzar en el reforzamiento del sistema sanitario para que la tercera ola no genere un colapso. En este sentido, como primera medida se debe aumentar el presupuesto para acondicionar hospitales, instalar más centros de testeos y de vacunación, y aumentar el salario de todos los trabajadores del área. Es fundamental la centralización del sistema de salud para optimizar recursos y garantizar el acceso de todos los trabajadores a la salud pública, gratuita y de calidad, y la lucha por los protocolos bajo control obrero en todos los lugares de trabajo.
Lucía Cope
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