La complicidad de todo el arco político salvadoreño con la masacre no puede sorprender. El país más poblado de Centroamérica -atravesó una guerra civil con "al menos 75.000 víctimas" (ídem)- es un caso casi único de ´cierre de las heridas´ entre ex contendientes. Los acuerdos de Esquípulas I (1986) y II (1987) que cerraron las guerras civiles de Nicaragua, Guatemala y El Salvador, fueron patrocinados por el grupo de Contadora, un conjunto de países centroamericanos (México, Costa Rica, etc.) bajo la batuta del imperialismo mundial.
La masacre que afectó a los pueblos de El Mozote, La Joya y Los Toriles, al norte del departamento de Morazán, llegó al The Washington Post pocos días después. La crónica escalofriante de "una de las primeras reporteras (Gillermoprieto, de ese medio) en llegar hasta la región” fue desmentida inmediatamente por "el Gobierno de EE.UU.: (éste) negó la veracidad de la historia y dijo que había un ´plan´ para desacreditar a las fuerzas armadas salvadoreñas" (ídem). En 1993 un equipo de Antropología Forense de Argentina "corroboró las denuncias de la masacre". Pero "una ley de amnistía aprobada en ese año puso una losa sobre el caso... las víctimas no cejaron en sus esfuerzos por hallar justicia. Se organizaron, buscaron apoyo de instituciones de derechos humanos y el caso llegó hasta la Corte Interamericana, que el 25 de octubre de 2012 reconoció la responsabilidad del Estado sobre las violaciones a derechos humanos perpetradas por el ejército salvadoreño en El Mozote. A pesar de ello, ninguno de los responsables han sido juzgados por los crímenes cometidos. Las víctimas vieron una luz de esperanza en julio de 2016, cuando la Corte salvadoreña declaró inconstitucional la ley de amnistía. Entonces el magistrado Jorge Guzmán reabrió el caso y se convirtió en el juez a cargo".
Llegó luego "el tsunami Bukele" quien, tras asumir la presidencia... retiró de un cuartel militar el nombre del teniente Domingo Monterrosa, a quien la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas (creada para investigar la violencia durante la guerra civil) había señalado como responsable de la matanza. La alegría, sin embargo, duró poco ... luego que la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobara un decreto que obliga a renunciar a los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio, el juez del caso, Jorge Guzmán, se vio apartado del cargo. En octubre del año pasado, Bukele impidió que se desbloquearan los archivos militares relacionados con la matanza. Tanto el Ejecutivo como el Ejército desobedecieron una orden judicial emitida por el juez Guzmán para la inspección de los archivos como parte del proceso judicial que pretende esclarecer lo sucedido en esa comunidad salvadoreña" (ídem).
Entre los jefes de los masacradores de 1981 figuran algunos de los más importantes jefes militares del país hasta hace poco: "dos que formaron parte del Estado Mayor Conjunto del Ejército ... otros fueron jefes de unidades militares importantes, como la Fuerza Área y de Artillería y oficiales que dirigieron el operativo" (ídem).
Norberto Malaj
20/12/2021
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