El próximo lunes, Alberto Fernández se dispone a firmar el Consenso Fiscal 2022, junto a los gobernadores, tanto del oficialismo como de la oposición, a excepción de Horacio Rodríguez Larreta que ya anunció que no participará de la reunión. Dicho acuerdo le permitirá a las provincias incrementar los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos y Sellos, y crear nuevos. Un horizonte de impuestazos que recaerán fundamentalmente sobre las espaldas de los trabajadores, a los fines de complacer al FMI, que exige eliminar el rojo de las cuentas del país como garantía de repago de la deuda.
El nuevo Pacto Fiscal, que deberá ser ratificado el año entrante en el Congreso, sigue en la línea del consenso votado en junio pasado, con los votos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que suspendía el esquema de reducción de Ingresos Brutos establecido en 2017 bajo el mandato de Macri. En aquel entonces, todos los gobernadores habían aceptado sacrificar el impuesto provincial porque así lo demandaban sus burguesías locales.
Sin embargo, esta política de «alivio fiscal» hacia las patronales empezó a entrar en contradicción con las exigencias del FMI, de eliminar el déficit fiscal como requisito para arribar a un acuerdo. El objetivo del gobierno de Macri en ese momento era compensar la disminución de Ingresos Brutos -que tributan fundamentalmente las empresas- con impuestazos más directos sobre el bolsillo popular. Se quedó a mitad de camino porque una medida de este tipo hubiera significado una conflagración con la población trabajadora y no contaba con los recursos políticos para llevarla adelante, ya que en el medio se topó con la rebelión del 14 y el 18 de diciembre de 2017, donde comenzó el ocaso de su gestión.
Por lo tanto, Alberto Fernández inició el camino de reponer estos impuestos, para lo cual cuenta con el apoyo de los gobernadores que ven con buenos ojos incrementar el nivel de recaudación de sus cajas provinciales. Ahora, autoriza directamente el aumento de los mismos y la creación de nuevos tributos. Como contrapartida, el gobierno pretende ir disminuyendo paulatinamente los fondos de la Administración Nacional destinados a las transferencias que reciben las provincias, y, de este modo, arrimar a las metas fiscales impuestas por el FMI.
Vale mencionar que la reunión pautada para el lunes agudizó la crisis al interior de Juntos por el Cambio. Sucede que mientras todos los gobernadores de la oposición aceptaron el convite, el Jefe de Gobierno porteño lo rechazó, argumentando que no tiene ninguna intención de «aumentar impuestos». Rodríguez Larreta se refiere particularmente a los impuestos que pagan los empresarios, ya que no le tiembla el pulso a la hora de acrecentar la carga fiscal que pesa sobre las espaldas de los trabajadores y los sectores medios. Sin ir más lejos, viene de subir un 52% el ABL y un 60% las patentes, así como el año pasado inauguró el impuesto sobre las compras con tarjeta de crédito, que pagan todas las personas sin importar su poder adquisitivo, para compensar la reducción de recursos provenientes de Nación- en lugar de gravar a la renta financiera, por ejemplo.
No obstante, el desplante de Larreta no solo está motivado por las presiones patronales que ven con recelo la suba de Ingresos Brutos, considerando que, a fin de cuentas, el Pacto Fiscal no obliga a aplicar aumentos, simplemente los autoriza. Ocurre que el consenso en cuestión sí obliga a suspender cualquier litigio sobre la Coparticipación Federal. Es decir, en caso de firmar, CABA debería renunciar a su reclamo de que el gobierno nacional reponga el porcentaje de la coparticipación que le recortó.
En síntesis, una expresión de la crisis política que se procesa entre los bloques patronales, e incluso al interior de cada uno de ellos, cuyo telón de fondo son los choques que se precipitan en el seno de la clase capitalista frente al «síndrome de la sábana corta», propio de un Estado en quiebra. Finalmente, la hoja de ruta trazada por el FMI encierra un ataque en regla sobre las mayorías populares, pero también implica que algún sector de la burguesía salga perjudicado inevitablemente.
De todas maneras, el potencial aumento de Ingresos Brutos afectará principalmente a los trabajadores, puesto que los capitalistas trasladarán estos mayores costos al eslabón siguiente de la cadena comercial, desembocando en el precio final del producto que pagan las familias al momento de hacer las compras. La única forma de que esto no ocurra es abriendo los libros de las empresas, algo que ningún gobierno capitalista está dispuesto a hacer. Lo anterior muestra a todas luces la impostura de Juntos por el Cambio, que critican la «presión fiscal», sin embargo sus gobernadores se aprestan a firmar un acuerdo que supone impuestazos porque son perfectamente conscientes de cuál es la clase social que pagará los platos rotos.
A su vez, el incremento de Ingresos Brutos tendrá un impacto mayor en los trabajadores cuentapropistas que también deben tributarlo, que, a diferencia de las empresas, cuentan con menos espalda para hacerle frente. Por otra parte, la posibilidad de que las provincias creen nuevos impuestos deja la puerta abierta a que estos sean de carácter regresivo y perjudiquen a los sectores más vulnerables.
Cabe destacar que el Consenso Fiscal 2022 mantiene intacto impuestos al consumo popular como el IVA (el que más incidencia tiene en la recaudación mensual), a la vivienda única y no cuestiona que el Impuesto a las Ganancias siga gravando el salario. Como contrapartida, continuarán vigentes las exenciones impositivas al capital (a través de las cuales se pierde el 3% del PBI) y los múltiples canales de evasión para los empresarios. Como vemos, la «presión fiscal» del país se ejerce fundamentalmente sobre la clase trabajadora.
Es necesario contraponerle a este esquema regresivo la anulación del IVA, del impuesto al salario y a la vivienda única, la reposición de los aportes patronales y la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital. A su vez, es preciso abrir los libros de las empresas para evitar que la suba prevista de Ingresos Brutos se traslade a los precios. El financiamiento del Estado debe recaer integralmente sobre la clase capitalista.
Lo anterior, junto al repudio de la deuda usuraria y la ruptura con el FMI, permitirá que los recursos nacionales sean destinados a resolver las necesidades sociales y a vehiculizar el desarrollo del país bajo la dirección de la clase obrera. Rechazamos este Pacto Fiscal contra el pueblo y llamamos a enfrentarlo en el terreno de la lucha.
Sofía Hart
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