miércoles, diciembre 28, 2022

Israel: el sionismo adopta el apartheid teocrático


En Israel, el trumpista y corrupto Netanyahu ha vuelto al poder. El Likud, su partido, acaba de conformar gobierno en alianza con los partidos religiosos y del establishment de los colonos semifascistas, asentados en Cisjordania. Los mismos que se apropiaron de las mejores tierras palestinas de esa región ocupada hace más de 50 años por los sionistas y arrinconan a sus masas en bantustanes o ghetos insufribles. 
 Lo novedoso de la situación es que Israel iría ahora camino a una teocracia a imagen y semejanza de sus vecinos. Según informa Haaretz (25/12) los socios de Netanyahu pretenden instalar el derecho a la “objeción de conciencia”: “las empresas privadas pronto podrán negar servicios basados en creencias religiosas”. Según dijo la legisladora del partido Sionismo Religioso, Orit Strock,"no (se) puede comprender la idea de que la ley halájica será vista como una discriminación por motivos religiosos en el Estado judío que establecimos después de dos mil años de exilio y autosacrificio".
 Este sionismo ´talibán´ va dirigido contra una porción de la población judía israelí que se reclama laica y/o no observante de normas halájico-religiosas. De la mano de esta acepción, estos sectores pretenden imponer no sólo un régimen teocrático, sino establecer normas de depuración´ entre los propios judíos. Pretenden, por ejemplo, discriminar a aquellos que no practiquen un judaísmoortodoxo´. Impulsan así la modificación del derecho a la inmigración al Estado sionista. Desde su nacimiento, cualquier judío obtiene automáticamente la ciudadanía si se radica en Israel. Por esto no es casual que sectores importantes del Estado, incluso militares, se levanten contra este proyecto: Israel necesitó siempre de la inmigración para hacer frente a la población árabe (la tasa de natalidad de ésta es mayor que la de la población judía). En su mayoría, la inmigración de los últimos 30 años provino de judíos de Rusia, a los cuales los religiosos cuestionan (y no sólo a estos) por no ser `verdaderos´ judíos, dado que en su mayoría no son observantes. 
 “Simcha Rothman, otro miembro del partido Sionismo Religioso, también apoyó el derecho a rechazar el servicio (en los hospitales) por motivos religiosos. Cuando un locutor de radio de Kan le preguntó si el propietario de un hotel religioso podría negarse a recibir a un grupo de homosexuales, respondió: “Si va en contra de sus creencias, hiere sus sentimientos religiosos y es su hotel privado, entonces la respuesta es sí, esa es la ley” (ídem). Entre la ´policía de la moral´ de los ayatollahs y estos sionistas no hay ninguna diferencia. 
 Israel nació en 1947/8 como una ´reparación histórica` al pueblo judío y hasta como una vía para instalar en Medio Oriente un “oasis de democracia”. La Kneset (el parlamento unicameral) venía a demostrarlo. Nada más falso. El sionismo ´laico´ (y hasta ´socialista´, como se jactaban tantos izquierdistas) devino en lo que hace ya varias décadas es Israel: un régimen totalitario que no solo niega el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, sino también cercena derechos del pueblo israelí. 
 La fascistización del Estado sionista es producto de un largo proceso histórico. Sus fundadores se propusieron, desde un principio, alcanzar un “estado judío” sobre la base de la expulsión palestina en masa (la Nakva). De ahí que la solución de “los dos Estados”, sancionada oportunamente por la ONU, fue siempre papel mojado. 

 Norberto Malaj 
 27/12/2022

Israel: los Ayatolahs del sionismo

El flamante gobierno israelí -presidido por Benjamín Netanhayu (Likud) y una coalición de seis partidos de la ultraderecha y religiosos- no firmará el Convenio de Estambul que obliga a los Estados a legislar contra la violencia doméstica, la violación marital y la mutilación genital femenina, entre otros. Es parte del pacto de gobierno de la coalición que obtuvo 64 de los 120 escaños del parlamento israelí.
 El modelo de mujer y de familia que propugna la derecha religiosa judía es conocido. Los hombres tienen el monopolio de la autoridad, se dedican a estudiar textos religiosos y a rezar: más de la mitad no trabaja. Las familias se mantienen, en general, bajo la línea de la pobreza, con subsidios del Estado y por el salario de las esposas. Uno de los acuerdos de la coalición es aumentar todos los subsidios a los ultraortodoxos, incluidos los de los estudiantes de las escuelas religiosas, que se basa en la lectura de los libros sagrados. 
 Las mujeres jaredíes (religiosas) viven aisladas, no son sujeto de la religión, deben cubrirse desde el pelo hasta los pies, no tienen acceso a la educación secular, las casan muy jovencitas y tienen un promedio de siete hijos o más, cuatro más que el resto de las israelíes. Los niveles de violencia en esas comunidades -los maridos manejan hasta la tarjeta bancaria con el salario de la mujer- son difíciles de cuantificar porque no se denuncian ante la Justicia sino al rabino, que las conmina a obedecer. El intento de abandonar la comunidad jaredí significa dejar de ver a los hijos y una implacable persecución que, según algunas ONG, a veces termina en asesinato. 
 Los ortodoxos no consideran judías a las mujeres laicas, que son escupidas y apedreadas cuando entran a los barrios ortodoxos. La “homogeneización étnica” -la pureza racial- de Israel no solo exige la expulsión de los palestinos sino también la “homogeneización” de los judíos. Es uno de los argumentos por los cuales la coalición pretende abolir la Ley del Retorno, que reconoce como ciudadano a cualquier persona que tenga un abuelo judío o se haya convertido. Los religiosos repudian el aluvión de rusos -tan derechistas como ellos pero ateos- que llegó a Israel y también a las comunidades –“las tribus perdidas”- que se reivindican judías y proceden en general de África. Quieren inmigrantes blancos ajustados a su ortodoxia, ni laicos ni conversos recientes. 
 La diputada Orit Struck (Sionismo Religioso) presentó un proyecto para que los médicos no estén obligados a atender ni dar tratamientos contrarios a su fe. Por ejemplo, los programas de anticoncepción o la inseminación de mujeres solteras (en Israel existe solo el casamiento religioso). El Colegio Médico advirtió que una ley semejante “generaría un colapso total en el sistema de salud” (The Times of Israel 26/12). Struck también autoriza a las empresas privadas a no atender a personas por motivos religiosos. 
 El ataque contra las mujeres y el laicismo acompaña el ataque a las minorías sexuales. El pacto -que trascendió por una filtración periodística- incluye revisar las leyes que igualan sus derechos. Por ejemplo, la del matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho a adoptar y la prohibición de que psicólogos y rabinos ortodoxos “reeduquen” a adolescentes no heterosexuales. 
 Una primera medida, pedida por Itamar Ben-Gvir, futuro ministro por el partido Poder Judío, es la prohibición de la Marcha del Orgullo Gay. En 2015, la adolescente Shira Banki fue asesinada por un ultraortodoxo en el Desfile del Orgullo Gay de Jerusalén. Gvir es un colono fanático a quien se le prohibió servir en el ejército por sus prédicas racistas que llaman a exterminar a los árabes. 
 La coalición entró al Parlamento con una serie de leyes excepcionales. Una absuelve al futuro ministro de Finanzas, el líder del ultraortodoxo Shas, Arieh Deri, aunque tiene un proceso por defraudación y estafa. Otra designa un ministro “independiente” de Seguridad, Bezalel Smotrich, del Sionismo Religioso. Será el responsable de supervisar la construcción israelí y palestina en el Área C de Cisjordania, una zona bajo pleno control civil y militar israelí en la que viven casi 500.000 colonos israelíes y más de 300.000 palestinos. La función hasta ahora correspondía al Ejército. En realidad, Smotrich será el ministro de los colonos en el gabinete. 
 El diputado centrista Yorai Lahav-Hertzano subrayó la peligrosidad de funcionarios que se declaran “orgullosamente homofóbicos”. “Realmente creo que terminará en un asesinato -dijo-. Los funcionarios incitan contra los miembros de la comunidad LGBT y las palabras no serán el final. Las palabras tienen poder.” La experiencia confirma esta advertencia. La virulenta prédica homofóbica del gobierno de Donald Trump multiplicó los asesinatos y las agresiones contra las personas LGBT en Estados Unidos así como contra pacientes y trabajadores de clínicas que practicaban abortos.
 Lahav-Hertzano también pidió que Avi Maoz, el líder de Sionismo Religioso, no dirija la unidad del Ministerio de Educación que diseña los programas educativos extracurriculares, fundamentales en las actividades escolares. 
 Esta semana trascendió que los religiosos confeccionaron una lista de profesionales LGBT que trabajan en los medios de comunicación y en las industrias de entretenimiento. Y otra lista de mujeres de "extrema izquierda" que, según dicen, forman parte de un "equipo secreto" en una unidad del ejército a cargo de la igualdad de género.
 En realidad, la lista negra es de militantes por los derechos de las mujeres. Israel se encamina hacia una teocracia fascista. Los seis partidos ultraortodoxos tienen una porción de poder en el gobierno “sin precedentes” y prometen cambios legislativos de gran alcance para reforzar el “carácter judío del Estado”. El diario norteamericano The Washington Post -al que nadie juzgaría como opositor a la derecha- calificó al gobierno como “el más de extrema derecha en la historia de Israel” (TWP 21/12).
 Las reformas compiten a cuál más reaccionaria. Que el Ejecutivo pueda anular fallos de la Corte Suprema, considerada liberal y derechohumanista por los religiosos. Legalizar los asentamientos de colonos en la Cisjordania, preparando el terreno para la anexión directa de los territorios ocupados y la “homogeneización étnica”. Impunidad total para los soldados israelíes que actúan en Gaza y Cisjordania. El asesinato de palestinos, incluidos niños, y la demolición de viviendas creció exponencialmente desde la victoria de la ultraderecha el 1 de noviembre. También pretenden cambiar el statu quo en la Explanada de la Mezquita, el sitio sagrado para musulmanes y judíos en la Ciudad Vieja de Jerusalén.
 A pesar de los ayes de los demócratas norteamericanos, el embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Nides, dijo en una entrevista con el diario Haaretz que trabajará con Netanyahu quien, afirmó, “está al volante” y no perjudicará a las minorías sexuales. 
 El habitual tembladeral político de Medio Oriente está exacerbado por la guerra mundial. Cuánto dure este gobierno israelí y hasta dónde lleguen sus ataques dependerá de la respuesta de las masas palestinas y de la evolución política de la población judía que, por ahora, les ha dado la mayoría rotunda a sus propios verdugos. 

 Olga Cristóbal 
 27/12/2022

EEUU: Trump fue responsable del golpe contra el Capitolio


En las últimas horas, la comisión investigadora establecida por el Congreso de Estados Unidos para clarificar los hechos del 6 de Enero de 2021 (el asalto al Capitolio) destaca la responsabilidad central e ineludible del expresidente Donald Trump como promotor y organizador principal del putch, motorizado en el terreno por diferentes milicias armadas ultraderechistas, como los infames Proud Boys (grupo supremacista norteamericano). En concreto, el comité delega al Departamento de Justicia (parte del Poder Ejecutivo) elevar cargos e iniciar un proceso judicial contra el expresidente y dar pasos para impedir que pueda asumir cargos públicos (Fox News 23/12). Trump y sus partidarios desconocen la legitimidad de la investigación (y, dicho sea de paso, la validez de su derrota electoral). En escasas semanas, los republicanos recuperarán la mayoría en el la Cámara de Diputados. 
 La alianza de Trump con esa base social fascista ya se había expresado unos años antes en oportunidad de las protestas de Charlottesville, a donde se habían congregado una gran cantidad de neonazis y supremacistas. También se habían convocado allí contramarchas de organizaciones de izquierda. Luego de días de choques violentos, un neofascista usó su auto para embestir una de las columnas, asesinando a tres personas y dejando varios otros heridos. En medio de la conmoción nacional, Trump se negó a repudiar a los fascistas. 
 En el golpe del 6 de Enero, Trump también evitó condenar a los protagonistas. La toma del Congreso tenía el objetivo explícito de frenar el proceso de traspaso de poder. Hubo escasa resistencia de las fuerzas policiales y militares ante las milicias que se aprestaban a abrirse paso a la fuerza. Pocos meses antes, por el contrario, las movilizaciones de Black Lives Matter, incluso en Washington DC, fueron duramente reprimidas. Sin lugar a dudas, Trump contó con la complicidad de funcionarios de varios ministerios e incluso del Pentágono. 
 Hay un operativo muy amplio para evitar a como dé lugar que Trump vuelva a la Casa Blanca. Es un fin perseguido por el Partido Demócrata, sectores republicanos y también gran parte de la burocracia estatal a cargo de la política exterior norteamericana. Sucede que, si bien el establishment estadounidense da licencia absoluta a los presidentes y demás cargos electos para hacer y deshacer en materia de política interna (en tanto y en cuanto no lesionen los intereses de alguno de los poderosos lobbies capitalistas), la política exterior es una línea roja. Es por ello que los ´izquierdistas´ demócratas, como Alexandria Ocasio-Cortez, pueden hablar todo el día de tal o cual demanda pero jamás se atreven a criticar el militarismo imperialista. 
 Pero Trump cruzó esta línea al entorpecer la estrategia norteamericana en Siria, lo que le valió una ruptura con el mando militar, plasmada en la renuncia del Secretario de Defensa, el Gral. Jim “Perro Loco” Mattis. El expresidente siguió una política exterior, de manera errática e inconsistente, que tenía como norte desescalar o cerrar la mayor cantidad posible de los frentes que EEUU abrió a lo largo del mundo. La motivación es concentrar todos los recursos en la preparación de una gran guerra contra China en el futuro próximo. Esta opinión es sostenida por históricos estrategas del imperialismo, como Kissinger. La línea estratégica que tanto el Pentágono como el Departamento de Estado decidieron para EEUU consiste en cambio en una suerte de ´ni un paso atrás´: no ceder un sólo milímetro y apostar por descarte a la escalada sin techo en cada frente. Así es como hay que entender la guerra organizada en Ucrania, el gran campo de batalla en el Medio Oriente, las provocaciones cada vez mayores en torno a Taiwán, los intentos de expandir la OTAN a lo que resta del continente europeo y al mismo tiempo arrastrarla hasta el Pacífico, etc. 
 No debe sorprender que una de las líneas que siguieron los demócratas durante las últimas elecciones de medio término fue denunciar que una victoria republicana y más especialmente del trumpismo impondría un curso derrotista en Ucrania. Los demócratas están jugando con la idea de proscribir a Trump para salvaguardar su política de guerra y no como un acto democrático compulsivo. Evitaron un enfrentamiento con él y le permitieron completar su mandato con total normalidad en el momento del putch (Política Obrera 16/1/21), del mismo modo que no levantaron un dedo para frenar el copamiento de la Corte Suprema con jueces oscurantistas ni evitaron que éstos le abran la puerta a la anulación de los derechos reproductivos. 
 En paralelo a la guerra que inflaman en Ucrania, los demócratas en el poder están encabezando una guerra contra la clase obrera norteamericana, en medio de una caída generalizada de los salarios. Junto con los republicanos, hicieron pasar una ley para ilegalizar el derecho a la huelga de los ferroviarios y un retroceso en sus condiciones de trabajo (WSWS 20/12). 
 El intento demócrata de intervenir en la interna republicana, allanándole el camino al gobernador de Florida, Ron De Santis, inaugura un capítulo nuevo en la crisis política estadounidense. Su desenlace afectará el curso general que el imperialismo seguirá en el próximo período. 

 Leib Erlej 
 27/12/2022

Los K cumplen con la Corte con más ajustes y más impuestos

La deuda pública y semipública emitida en pesos alcanza al 20% del PBI y podría llegar al 26% si es remunerada, como ocurre, a tasas de interés por encima de la inflación. Estos porcentajes equivalen a 110 mil millones de dólares, que adeudan por mitades el Banco Central y el Tesoro nacional. No incluyen la deuda en dólares del Estado nacional, ni la deuda en pesos y dólares de provincias ni municipios. Tampoco la deuda de 45 mil millones de dólares con el FMI y otra relativamente menor con el Club de París y diversos organismos internacionales. La Corte, los K y el macrismo han armado, sin embargo, una disputa ‘de poderes’ por 125 mil millones de pesos anuales. Representa el 0.1% de la deuda nacional por todo concepto. Los Fernández, luego de despotricar contra el fallo judicial acerca de la coparticipación de impuestos para CABA, han hecho lo de siempre: recular en chancletas. Han decidido pagar de inmediato con la emisión de un bono, el TX, que vence en 2031, seguido de una convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para aprobar un nuevo impuesto o una disminución de gastos (sociales), para recaudar fondos que le permitan pagar en efectivo. El saldo de la “crisis de poder” es un nuevo golpe contra los contribuyentes. 
 Rodríguez Larreta ha recurrido a la Justicia contra el pago en bonos de lo establecido por la sentencia de la Corte. El monto de ese pago cubre 90 días, con el inconveniente de que su valor de mercado equivale al 60% del nominal. Mientras se tramita esta nueva disputa judicial, que deberá esperar, por lo menos, a que termine la feria de enero, el intendente de CABA seguirá cobrando dos gravámenes que hizo votar a la Legislatura porteña, por el mismo valor de la suma reclamada. El ‘defensor de los porteños’ le cargó el fardo de la crisis judicial a los contribuyentes de la Ciudad, con impuestos que afectan el consumo –tarjetas e ingresos brutos- no a las ganancias capitalistas. La salida al bardo, unos y otros se la cargan al contribuyente. Es que responden a un mismo imperativo que es cumplir con las imposiciones del FMI. Los K no tienen ningún empacho, sin embargo, en denunciar al ‘poder económico’ y asegurar que defienden ‘políticas públicas’. El Presupuesto 2023, acordado con el FMI y el Tesoro norteamericano (que domina en el FMI) prevé un ajuste sin precedente de los gastos sociales.
 Sergio Massa, el embajador del Tesoro de EEUU en el ministerio de Economía, no ha visto en la ‘crisis’ ningún impedimento para enviar el proyecto de ley de blanqueo de capitales, que permite a los evasores de impuestos lavar sus activos a la módica multa del 2.5%. Macri había hecho lo mismo en 2017, incluyendo a sus familiares, lo que no evitó la fuga de capitales que arrancó en abril del año siguiente. Lo único que podría lograr Massa, en medio de una inflación del ciento por ciento anual y una desmedida emisión de bonos, es que esos capitales se acojan al lavado mientras dejan la plata en el exterior. La pugna por la coparticipación porteña es un fuego de artificio de dos coaliciones políticas que necesitan disimular el distanciamiento del electorado, incluido el que supieron tener. No fue necesario el ‘clamor’ de las entidades patronales a favor del ‘estado de derecho’, encabezada por las norteamericanas (AmCham), para que el profesor Alberto Fernández ‘redescubriera’, según sus propias palabras, que “los fallos son de cumplimiento obligatorio”. Los K, con los Capitanich y Zamora, se metieron, otra vez, en una reyerta que sabían de antemano que no iban a sostener. Estas bravatas nacionales y populares se proponen acentuar un perfil ‘opositor’, sin abandonar el gobierno, aun a riesgo de provocar su disolución anticipada. El proyecto de ley que se enviará al Congreso, en las extraordinarias, para pagar a CABA por medio de un mayor ajuste fiscal, probablemente no logre los votos necesarios, lo que obligaría a gobernar con DNUs por todo un año.
 La Corte se ha tomado dos años para dictar una medida “cautelar”; un verdadero despropósito. Se guarda para ella, como una extorsión, la futura decisión de fondo acerca de la coparticipación. Es probable que espere hasta después de las elecciones de octubre. El modo de dominación política armado a partir de la Reforma constitucional de 1994 está completamente desahuciado. La gran burguesía busca reunificar el sistema político para una política de devaluación y de poda legal gigantesca de los derechos laborales y previsionales. El defaul económico tiene su correlato en el default institucional. 

 Política Obrera

martes, diciembre 27, 2022

Los “mercados” presionan por un acuerdo


Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández.

 La amenaza formulada por Alberto Fernández y los gobernadores de desconocer el fallo de la Corte Suprema duró un suspiro. Varias asociaciones empresariales se declararon en alerta, señalando que se ponía en peligro la “seguridad jurídica”. Desde el exterior llegaban advertencias similares. En las páginas de los diarios los analistas financieros afirmaban que se afectaría la cotización de los bonos del país y que a Massa le saldría más barato cumplir el fallo que incumplirlo. En medio de tanto ruido el silencio del ministro de Economía era estruendoso. Las presentaciones judiciales por desacato y hasta sedición lo alcanzarían a él también, debido a que se trata del funcionario que debe ordenar los pagos. Dada su larga amistad con Rodríguez Larreta, varios auguraban que aprovecharían el espíritu navideño para buscar un acercamiento.
 Finalmente, pasó lo que muchos creían que pasaría. Alberto Fernández volvió sobre sus pasos y ordenó pagar a la Ciudad según ordena el recurso de amparo emitido por la Corte Suprema de Justicia. Atrás quedó la caracterización de que el fallo era de “imposible cumplimiento”. Sin explicar qué pasó para un cambio tan drástico de posición, afirmó en una cadena de tuit que “las decisiones judiciales son obligatorias”. No se impuso el “hombre de derecho” sino la más venal “presión de los mercados”. Donde manda Massa no manda marinero.
 El recule del gobierno vino con una dosis elevada de maniobra. Sucede que el pago de la sentencia será con bonos en vez de dinero. El bono que se utilizará será el TX3, que se ajusta por CER +2,5% con pagos de intereses semestrales y que vence el 30 de noviembre de 2031 por un monto total de $ 45.561 millones. Al tratarse de un bono sin liquidez ni operatoria en el mercado, si el gobierno de la Ciudad quisiera canjearlo para hacerse de los fondos sufriría una quita elevada. Según los especialistas la quita sería de al menos un 30%. De paso, la pérdida del valor de mercado afectaría al gobierno de Santa Fe, que recibió esos mismos bonos por un litigio con la Nación por los fondos coparticipables.
 Queda claro entonces que la decisión del gobierno implica un ajuste contra la Ciudad de Buenos Aires, dado que mediante el pago en bonos se reduce los fondos que esta debe recibir. A la vez, implica un incremento del stock de la deuda del Tesoro Nacional. Pasando en limpio: ajuste + deuda, una política que pinta de cuerpo entero al gobierno. 
 Ante el anuncio de Alberto Fernández, el gobierno de Larreta rechazó el pago en bonos. Bien visto, está obligado a hacerlo porque podría ser denunciado por aceptar una lesión al presupuesto de su gobierno. Patricia Bullrich, sin embargo, salió a poner paños fríos, anunciando que dejaban sin efecto la denuncia por sedición contra el presidente. 
 Queda ahora por ver qué hará la Corte Suprema. Hay antecedentes a tener en cuenta. En el litigio de Santa Fe con el gobierno nacional, ya aceptó que el pago se realice en bonos. Después de todo los cortesanos necesitan hacer equilibrio y ganar tiempo. Aunque no les falte vocación destituyente, carecen de condiciones para gobernar. Feria judicial de por medio, el litigio entrará en el letargo que caracteriza a los procesos judiciales. Si la decisión de aceptar o no un amparo le tomó dos años, la resolución del conflicto de fondo puede postergarse por un tiempo aún más prolongado. En el medio estarán las elecciones para buscar encauzar un conflicto cuya resolución supera el ámbito judicial. 
 Las tendencias a un compromiso que reclaman los “mercados” va de la mano de la necesidad de ambos bandos de escenificar una pelea que atienda sus propias divisiones internas. La descomposición política e institucional encuentra su límite en el disciplinamiento establecido por el FMI. La aceptación de los planes de ajuste dictados por el Fondo desmiente los discursos que aluden a la defensa del federalismo y de la Constitución Nacional y la división de poderes. Para el pueblo argentino no se trata de alinearse con alguno de estos bandos en disputa sino unirse contra todos los que gobiernan para el FMI. 

Gabriel Solano

Conflicto con la Corte: Los Fernández ya depositaron la primera cuota


En medio de innumerables declaraciones altisonantes alrededor del conflicto entre el gobierno y la corte suprema por los fondos coparticipables que ha reclamado CABA, el periodista económico Pablo Wende aportó este domingo una información singular. Según el columnista de Infobae, el gobierno enviará esta semana un proyecto de ley al Congreso para establecer con qué recursos afrontaría el pago a la CABA exigido por la Corte. En palabras del periodista, “que sea el Congreso el que defina de dónde se obtendrán los recursos para cumplir con la sentencia y pagarle al gobierno porteño” (Infobae, 25.12). 
 El gobierno barajaría dos alternativas: o un impuesto al juego, o mantener el actual impuesto a los bancos sobre los intereses de las Leliqs. Pero en este caso, en vez de tratarse de un tasa local –como ocurre actualmente- pasaría a ser un impuesto de carácter nacional, para “pagarle a la CABA”. Un régimen de impuestos nacionales para transferirle dinero a un solo distrito no es ‘unitario’ ni ‘federal’; su único propósito es acrecentar la masa de recursos destinada a pagar el préstamo al FMI y la deuda pública externa e interna. Luego, si –como es previsible- el tratamiento de esta “iniciativa” se paraliza en el Congreso, el gobierno de los K acabará pagando con títulos de la deuda pública, como hace con Anses, Pami, el Banco Central y los tesoros provinciales. Estas contorsiones agravarían, sin embargo, la fuga de los bonos en pesos al dólar, algo que para los economistas llevaría al ‘rodrigazo’. 
 El FMI, por su lado, “pidió sostener el ajuste y el respaldo político al acuerdo” (Clarín, 26.4), o sea que los K cumplirán con el fallo sin chistar y sin piruetas. El efecto de reaccionar para la tribuna terminará en farsa. En el reclamo, el Fondo exige que no se presente al Congreso una nueva moratoria previsional, un proyecto juzgado clave por el kirchnerismo. Habrá que ver el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias para comprobar si, además de tirar la chancleta en el asunto CABA, los Fernández arrugan también con esta iniciativa jubilatoria. 
 El gobierno nac & pop no llevará el conflicto con la Corte a ningún lado, para no arruinar el plan Massa-FMI, del cual depende que la crisis no se despeñe hacia una corrida cambiaria. Como ya hemos señalado en estas páginas (https://politicaobrera.com/8553-una-rina-de-gallos-en-la-arena-del-fondo-monetario), el ‘choque’ entre el gobierno, la Corte y la CABA no se aparta un milímetro del acuerdo con el FMI. El dinero puede ir a un distrito u otro; pueden o no crearse impuestos. Lo que está fuera de discusión es que el gobierno no alterará los términos del ajuste fiscal acordado con el Fondo y que ya ha dado lugar a reducciones brutales, en la transferencia a las provincias y en el conjunto del gasto social. 
 El ‘conflicto de poderes’ no pasa de una escenificación para tribunas cautivas. La alharaca de estos días busca disimular el empeño de unos y otros en profundizar la confiscación salarial, social y previsional a los trabajadores.

 Marcelo Ramal 
 26/12/2022

lunes, diciembre 26, 2022

Un triunfo mundial de un país en crisis


El Seleccionado con la copa.

 El triunfo del seleccionado argentino de fútbol en Qatar provocó una verdadera conmoción nacional con fuertes repercusiones internacionales. Los festejos por la victoria frente a Francia y sobre todo la recepción de los jugadores rompieron todos los récords en cuanto a la movilización popular. Fuera del país el triunfo argentino fue festejado en Bangladesh, India, Irlanda, Haití, Venezuela, Nápoles, entre otros. Para muchos de esos pueblos el festejo estaba asociado a un verdadero sentimiento antiimperialista, sobre todo contra Inglaterra y Francia. A esto se sumaron los festejos masivos de los argentinos radicados en Estados Unidos, España, Italia, etc. 
 Los más de 4 millones de personas que en el Amba salieron a las calles en la búsqueda de ver pasar al seleccionado produjeron una movilización popular que no reconoce antecedentes en nuestro país y posiblemente en el mundo. Tampoco los 700.000 en el monumento a la bandera en Rosario. El festejo popular se impuso por la propia, sin esperar una convocatoria oficial ni de ningún sector político. Habría ocurrido con o sin feriado, fue imparable. 
 Semejante valoración popular de un triunfo futbolístico no puede pasar desapercibida en una Argentina dominada por la crisis económica y política. Mientras la selección iba progresando partido a partido, superando etapas y rivales, con un equipo que desde el técnico a los jugadores era cada vez más popular, a través de los medios de comunicación empezaron a aparecer las teorías que pretendían explicar esta performance y sacar conclusiones que pudieran ser utilizadas para conjurar la crisis en curso.
 Para algunos era el acierto de haber trazado un plan y llevarlo adelante, cuando la responsabilidad técnica recayó en Scaloni luego que Sampaoli renunció cuatro años antes de finalizar su contrato y nadie estaba dispuesto a hacerse cargo de la dirección técnica de una selección que venía de un enorme fracaso, con divisiones y enfrentamientos. Para más Scaloni nunca había dirigido un equipo, cumplía funciones de analista de rivales en la AFA, o sea que fue como técnico en forma transitoria, y se quedó con el lugar porque demostró con los hechos sus propias virtudes. Otros hablaron del valor de la meritocracia, por haber sabido elegir a los mejores, cuando en realidad el equipo se armó superando las complicaciones de jugadores expuestos al desgaste de los torneos de las ligas europeas, sobre todo, con lesiones o dificultades de entrenamiento, sometidos a las leyes del mercado del fútbol. Se editorializó sobre la enseñanza de que cuando los argentinos superamos las divisiones nos va bien, argumento utilizado siempre para someter a los explotados a los explotadores.
 La única realidad es que fue la voluntad y el buen saber de técnico y jugadores lo que permitió armar un equipo altamente competitivo, al punto de ganar el Mundial. Los “muchachos” de la Selección se dejaron ganar por una euforia popular que se desmarcó de los políticos capitalistas; el canto que jura nunca olvidar a los chicos de Malvinas, acompañado por “el que no salta es un inglés” en las concentraciones de festejo, se expandió por el mundo. Para un gobierno y una oposición que cada vez se recuestan más en el imperialismo esto no debe de haber sido música para sus oídos. A través de los días se fue percibiendo con más nitidez que la grieta era con los dirigentes políticos oficialistas y de la oposición. Muy posiblemente todo esto haya llevado a que el seleccionado no quisiera “tomar contacto con la política”, y preservarse en el estricto campo de lo deportivo rechazando una y otra maniobra. 
 Lo cierto es que del triunfo mundialista no pudo sacar provecho ninguno. Macri se instaló un mes en Qatar, aprovechando un puesto en la Fifa, y no pudo siquiera sacarse una foto en la puerta de la concentración del seleccionado. Alberto Fernández, como prevención, decidió no ir al partido final al cual estaba invitado como presidente de uno de los contendientes. Prefirió mirarlo desde Olivos y meter un par de tuits. Los políticos que fueron a Qatar trataron de pasar desapercibidos, sabiendo que además de no sacar réditos iban a ser escrachados por estar gastando en pocos días la guita que la inmensa mayoría del pueblo argentino no junta en un año. Se pretende cargar sobre los jugadores la responsabilidad de esta orientación, cuando posiblemente supieron leer con claridad que el ánimo popular iba para ese lado. Algunos de ellos como el Dibu y De Paul se declararon contentos de brindar esta alegría “cuando tanta gente no llega a fin de mes en la Argentina”. 
 Un triunfo tan significativo también sirvió de desahogo para un pueblo golpeado por el derrumbe de sus condiciones de vida, por un ajuste que va agravándose día a día. Las declaraciones de los jugadores sobre lo que hubo que sufrir en cada partido los emparentó con un sentimiento generalizado como resultado de un deterioro social que no encuentra un piso. Eso puede explicar la empatía entre el equipo y la hinchada más allá de la pasión futbolística. Por eso festejarlo fue una decisión inapelable.

 Festejo popular, crisis política 

Los festejos lejos de oxigenar al gobierno agravaron la crisis que lo envuelve. Alberto Fernández quedó pagando con su invitación a la selección a ir a la Rosada; contra esta posibilidad actuó incluso el kirchnerismo, que no quiere que el presidente siquiera se asome a una posibilidad de sumar puntos. Para más el presidente de AFA se cobró viejas cuentas con Alberto y Aníbal y los privó de intervenir en la organización de los festejos apoyándose en los límites puestos por el seleccionado, y aprovechó para meter su cuña a favor de Berni. Maniobra de cosecha propia en la que la Selección no tuvo nada que ver. Al kirchnerismo tampoco le fue bien, Wado de Pedro fue desairado en Ezeiza cuando bajaban del avión. Las oscilaciones y negociaciones llevaron al despropósito de que el feriado nacional fuera declarado horas antes. Para más, gobernadores peronistas (incluido el de Tucumán, la provincia del jefe de Gabinete) decidieron desoírlo. La marea humana que esperó infructuosamente el paso de la Scaloneta tuvo una demostración de la incapacidad manifiesta para organizar un festejo popular por parte del gobierno. 
 Macri con una parte de Juntos por el Cambio salió a denostar el feriado diciendo que no se podía parar al país; los millones en las calles le contestaron concentrándose de una forma tan contundente que no dejaron dudas que el feriado fue impuesto por la realidad. Los desaciertos del gobierno a la hora de encauzar los festejos no impidieron los enfrentamientos dentro de Juntos por el Cambio: desde el sector de Bullrich salieron a cuestionar a Larreta como posible presidente por no haber reprimido y haber aceptado el asueto. Si Bullrich, Macri, Milei y Espert esperan, como amenazan, gobernar con mano dura y política de shock, debieran tomar nota de lo que dejó el Mundial.

 21 años después, que se vayan los políticos capitalistas 

Que los políticos capitalistas se hayan ido con las manos vacías y con mayor crisis dentro de sus filas cuando se produjo la mayor movilización popular de la historia es un buen dato. Y aunque en las concentraciones no se levantaron banderas ni reclamos allí estaba el pueblo golpeado por el derrumbe nacional del cual son responsables los que nos vienen gobernando desde hace décadas. Que pasada la fiesta, como dice la canción “vuelve el pobre a su pobreza y vuelve el rico a su riqueza”, lo demuestra ya mismo el movimiento piquetero en la calle y el paro general del Sutna que concilió Trabajo. Que la crisis del régimen sigue su agudo curso lo demostró la Corte que mandó el misil del fallo a favor de la coparticipación de la Ciudad en menos de 24 horas. Y también antes de las 24 horas se hundía una sesión de Diputados por falta de quórum dejando a 800.000 posibles jubilados en la banquina y sin la ley en favor de ocho universidades. 
 Una parte importante del pueblo que festejó es el que está presente en las luchas contra la pobreza, contra las consecuencias de la inflación, contra la inseguridad o el ataque al ambiente, el resto son también víctimas de esta política. La fiesta del Mundial no fue un paréntesis en la crisis de la Argentina, solo una de sus facetas. De esa crisis no nos van a sacar los que la provocaron, la tarea de poner en pie un movimiento popular que supere a los que no dejan festejar sigue estando a la orden del día. 
 Apoyando e impulsando la lucha contra el ajuste, la pobreza y por todas las reivindicaciones populares seguimos impulsando la construcción de un movimiento popular con banderas socialistas. 

 Eduardo Salas

Reino Unido: avanza el calendario de huelgas


Los trabajadores enfrentan al gobierno, las fuerzas armadas y la burocracia sindical. El gobierno del conservador Rishi Sunak ha dicho que no cederá a las demandas de los sindicatos en huelga. Gran Bretaña se encuentra a la deriva y su gobierno enfrenta la mayor ola de huelgas en 50 años. 
 Las encuestas realizadas por diversos medios han mostrado un apoyo rotundo a las enfermeras en huelga. Dos de cada tres británicos las apoyan. La tendencia empieza a expandirse hacia los paramédicos y ambulancieros.. En ferroviarios o el personal de migraciones de los aeropuertos, el apoyo de los encuestados a los huelguistas se acerca al 50%. Lo mismo sucede con los trabajadores de la educación y los carteros.
 El gobierno ha utilizado personal de las fuerzas armadas en las distintas aéreas afectadas. Sin embargo, en el caso de los aeropuertos, se han mostrado incapaces de reemplazar al personal en huelga. El plan de contingencia espera poder operar entre un 70% y un 80% de su funcionamiento normal (FT, 21/12).
 Los dirigentes sindicales no dejan de expresar a los medios su pesar por las huelgas. Se quejan de que el gobierno conservador no ofrece mejoras que colaboren para un levantamiento.
 El nivel promedio de aumentos ha sido establecido en un 4,5% para todo Reino Unido, mientras el índice inflacionario llega al 10,7% en Inglaterra y se arrima al 15% en Gales y Escocia. Allí los sindicatos del NHS, del ferrocarril (RMT) y otros han negociado aumentos de alrededor del 7,5% - lo que consolida una pérdida gigantesca de los salarios. Esto ha sido posible por la preponderancia del Partido Laborista en dichas seccionales. En Inglaterra, los dirigentes gremiales utilizan de ejemplo dichos acuerdos para responsabilizar al gobierno de la extensión del conflicto. 
 Las enfermeras han votado ir a la huelga por un aumento del 19%. En ese orden se ubica la pérdida de salario real de los últimos 10 años. Los trabajadores denuncian el deterioro del sistema nacional de salud (NHS, en inglés) y una privatización de todo el sistema de atención médica. Denuncian que los salarios bajos empujan al personal al sector privado y a realizar horas extras para llegar a fin de mes. Un informe de María Laura Avignolo para Clarín (21/12) deja en claro el alto nivel de deterioro que sufre el NHS: los tiempos de respuesta a llamados de emergencia de ´categoría 2´ -infartos y accidentes cerebrovasculares- se encuentran cercanos a una hora, más una espera cercana a 2 horas para ingresar a una sala. El objetivo de respuesta no debería superar los 15 minutos. Aquellas llamadas que no representan riesgo de vida pueden llegar a demorarse 24 horas en ingresar a una sala. Avignolo asegura que en las puertas de los hospitales existen colas de ambulancias con pacientes. “Estamos en huelga debido a la crisis en el NHS”, sintetiza un paramédico (FT, 21/12). Las huelgas anunciadas ocupan todo el calendario de diciembre y aseguran que pronto comenzarán a ocuparse los casilleros de enero próximo. 
 Los trabajadores aseguran que permanecerán en lucha todo el tiempo que sea necesario. Por su lado, la burocracia sindical apuesta a un desgaste de fuerzas, mediante el aislamiento de las huelgas y bloqueando una huelga general. 

 Joaquín Antúnez
 24/12/2022

domingo, diciembre 25, 2022

Quema de humedales: el impacto en la salud | Entrevista a Ana Fisanotti

Una riña de gallos en la arena del Fondo Monetario


La decisión de “desacatar” el fallo de la Corte sobre la remisión de fondos a la CABA desató una escalada política tan sonora como inconducente. El gobierno anunció que presentará un recurso “extremo” a la Corte pidiendo la revisión del fallo y, ulteriormente, por la recusación de los magistrados. Mientras tanto, los gobernadores que apoyan la postura de Fernández se presentarán en la causa como damnificados. Todas estas acciones servirán para postergar la ejecución del fallo, cuanto menos, hasta después de la feria judicial. Pero la dilación podría ser mucho mayor –Santa Fe acaba de cerrar un acuerdo de cobro por fondos nacionales por un juicio similar, donde la Corte falló hace ¡tres años! A través de chicanas jurídicas, el desacato político se convierte en nada. 
 La escalada opositora tampoco tiene visos efectivos. Los pedidos de juicio político a Alberto Fernández no pueden ser aprobados por el Congreso. Tampoco prosperarían los pedidos de destitución, como los de Carrió o López Murphy. Conocido el fallo que restauraría el “estado de derecho”, Macri se fue de vacaciones. 
 La razón por la que la tormenta no sale de un vaso de papel, es la fidelidad de los Fernández al acuerdo con el FMI. Los comunicados de las grandes compañías de rechazo al desacato, en especial de la Cámara norteamericano-argentina, son para la tribuna. La disparada del ‘blue’ ha sido vinculada por los columnistas de economía a la abundancia de dinero en circulación, debido a las emisiones de moneda por el Banco Central, y la tendencia a una corrida cambiaria. La parálisis legislativa, que bloquea la aprobación del Presupuesto de 2023, viene desde antes y encierra una fuerte disputa por la carga impositiva. Los gobernadores de las provincias más relevantes, en términos de población y de economía, han rechazado la jugada de Fernández – el presidente ninguneado por la selección que ganó el Mundial. El único conflicto real de poderes ni siquiera está en la mesa – el rechazo al FMI y el no pago de la deuda. El gobierno asegura que el fallo contradice el presupuesto 2022, que nunca fue aprobado, sin darle las gracias a la Corte por no enjuiciarlo por proceder a modificaciones impositivas por decreto – prohibido por la Constitución. Cuando se trata del FMI, la Corte acompaña y con yapa.
 Del lado del gobierno, el frente del rechazo tiene ausencias fundamentales. No le pusieron el gancho ni Córdoba ni Santa Fe. Tampoco se sumó el salteño “Litio” Saénz, un aliado de Massa. Los gobernadores se han convertido en socios del capital minero, petrolero y sojero, con el pleno apoyo de la jefatura del FdT y del gobierno. Cristina aún no ha abierto la boca; lo hará el martes en Avellaneda, cuando tendrá el cuidado de no darle más alas a una posición que no tiene vuelo. 

 Golpes y contragolpes

 La “crisis de poderes” desatada en estas horas tiene los límites impuestos por el régimen económico y político que apoyan tanto la Corte como los “desobedientes”. Pero este régimen se encuentra en default custodiado – amenazado por una corrida cambiaria, de un lado, y por las luchas crecientes, del otro. Razón demás para no atizar ‘crisis de poderes’. 
 La Corte, representación máxima de un poder vitalicio y no electo, se ha arrogado un arbitraje que quiere hacer valer frente a los choques que se producirán en la grieta, en el ‘año electoral’. La legislatura de Chubut desbarató un intento de aprobar la ley de lemas, para evitar un recurso ante la Corte. Pero estas irregularidades prevalecen en varias provincias y en especial en Tucumán, donde el ‘acople’ permite la presentación de centenares de listas debajo de una candidatura única a gobernador. 

 Distinguir la farsa de la crisis 

2023 termina en medio de una escaramuza “por arriba”. Sin la compañía de Massa ni de la burocracia de los sindicatos, Alberto Fernández y su procurador Zaninni tirarán la toalla después de la feria judicial. El conflicto de poderes procura mantener en el corral nacional y popular a numerosas disidencias que nunca renunciarán a las dádivas que vienen con su participación en los ministerios. Alberto Furlán, el ´combativo´ de la UOM, acaba de arreglar con el ‘poder económico’, Techint, un acuerdo paritario que excluye del aumento a la mitad del salario imputado como complementario. Entre bueyes no hay cornadas. Desde esta columna nos empeñamos en desbaratar lo que no son más que fintas, dentro de un acuerdo internacional con la banca y los fondos protegidos por el FMI.

 Marcelo Ramal
 24/12/2022

Jorge Altamira en Desiguales por la TV Pública 22/12/2022

La pandemia no quedó atrás

El vertiginoso crecimiento de la ola de covid de las últimas semanas preocupa tanto al gobierno nacional como a los provinciales. Argentina sigue con semanas de atraso la tendencia de los países del hemisferio norte, donde nuevas olas de la enfermedad están haciendo estragos. 
 Según el Ministerio de Salud, entre el 12 y el 20 de diciembre, los casos diarios detectados saltaron de 27.119 a 62.261 (un crecimiento del 129%); y de 7 a 39 muertos (457%). Se registraron 342 pacientes graves, 84 más que la semana pasada, con una ocupación del 41,3% de camas de terapia intensiva. Las provincias más afectadas son Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Catamarca (Clarín, 20/12). 
 Los gobiernos han limitado los testeos PCR en los hospitales a personas mayores de 50 años, que tienen condiciones de riesgo, personal de la salud o de instituciones de larga estadía, como geriátricos, y a las que requieran internación por enfermedad respiratoria aguda. Por otra parte, el funcionamiento de los centros de testeo está restringido a la franja horaria de la mañana. En los casos de aquellas personas que presenten síntomas evidentes como pérdida de olfato se está procediendo a ingresarlas como positivos sin testeo. Está creciendo la demanda de auto test en farmacias (554%), entre los cuales también se registra un crecimiento de la positividad – del 11 al 45 % de los casos informados (Infobae, 17/12).

 Vacunas 

El stock de vacunas con las que cuenta el gobierno corresponde a la primera generación, diseñada para atacar a la primera cepa del virus. La variante Ómicron las ha dejado obsoletas. Las sub-variantes de ésta, BQ.1 y XBB, de mayor grado de contagiosidad, son inmunes a las vacunas aplicadas hasta ahora en nuestro país. Solo en EEUU, Canadá, Japón y algunos países de Europa están aplicando las vacunas bivalentes ARNm de Pfizer y Moderna, que generan inmunidad para ambas cepas. 
 Si bien el gobierno había anunciado la llegada de dosis para fin de año, no hay ninguna información precisa al respecto. En estas circunstancias, ha anunciado para mediados de 2023 la producción de una versión local que, según los medios de comunicación, habría superado exitosamente la fase 1 de prueba. Según los científicos locales, además de la fuerte reducción de costos que significa la producción local, otro elemento ventajoso es que la plataforma tecnológica desarrollada se podría modificar rápidamente en el caso de que la variante Ómicron fuera desplazada por una nueva mutación.
 La eliminación del testeo y la dificultad para acceder a información fehaciente sobre el desarrollo del contagio son la columna vertebral en la que se apoya la política de convivencia con el virus, propiciada -con mayor o menor determinación- por todos los gobiernos capitalistas. 

 Covid prolongado 

Sin embargo, la convivencia con el covid tiene consecuencias dramáticas a mediano y largo plazo. Si bien desde 1980 se estudia la encefalomielitis miálgica o Síndrome de Fatiga Crónica, después de una serie de problemas de salud que incluyeron faringitis estreptocócica y mononucleosis, muchos de estos síntomas se parecen bastante al long covid o covid prolongado. Los científicos se encuentran estudiando concentradamente estos síntomas. 
 Los virus, tanto los habituales como el covid, están relacionados con complicaciones duraderas. La Influenza puede provocar inflamación del cerebro y el corazón, y el Epstein-Barr (herpes) está asociado con el síndrome de Guillain-Barré, una condición rara en la que el cuerpo ataca su propio sistema nervioso, lo que a veces provoca parálisis (Infobae, 22/12).
 La reinfección de covid como las afecciones prolongadas han sido invisibilizadas, por lo que llegar a tratamientos adecuados aún puede llevar años y, en consecuencia, se destaca la necesidad de medidas sanitarias preventivas. En Alemania, se estudian los cambios de estructura y función pulmonar encontrados en niños como parte del abordaje de long covid. El desarrollo de las fuerzas productivas -la aparición en tiempo récord de las vacunas- choca contra las relaciones sociales capitalistas – que impusieron la ´inmunidad de rebaño´. 
 Un estudio publicado en la revista Nature Medicine sobre 443.588 pacientes con una infección por SARS-CoV-2, 40.947 con dos o más infecciones y 5,3 millones de personas no infectadas -mayoría varones- muestra que los primeros tenían más del triple de probabilidades de desarrollar problemas pulmonares, tres veces más de sufrir afecciones cardíacas y un 60% más de padecer trastornos neurológicos que los pacientes que sólo se habían infectado una vez (Infobae, 19/12). 
 Más allá del sistema respiratorio -los sobrevivientes de covid tiene mayor riesgo de sufrir complicaciones graves, como problemas cardíacos y pulmonares- el covid prolongado puede afectar debilitando casi todos los órganos ya que sus células pueden adherirse a sus tejidos (Infobae, 22 de diciembre). 
 Por lo general, los sobrevivientes requieren de un seguimiento en una unidad de cuidados intensivos. También son proclives al estrés post traumático. Diversas dificultades y síntomas de long covid aparecen en 1 de cada 5 pacientes (wsws.org, 19/12). 
 Las consecuencias en materia de salud mental agravan las preexistentes a la pandemia. En Estados Unidos aumentó un 50% la tasa de suicidio en las mujeres. “Hay que verlo clínicamente, endocrinamente, cardiológicamente, neuomonológicamente y hacer una evaluación neuropsiquiátrica” (La Voz del Interior, 3/11). 
 El ‘ajuste’ capitalista ha afectado la alimentación y también el acceso a la salud en las infancias. Las embarazadas son más vulnerable frente al virus afectando directamente su embarazo a través de partos prematuros. También se ven afectadas por el estrés postraumático, ya sea por haber transitado la enfermedad o por haber perdido algún familiar, lo que implica probabilidades de impacto en la salud mental de los niños, según informes provenientes de Suecia.

 Desigualdades 

Un trabajo publicado en la revista científica Nature, que reúne el consenso de 386 investigadores, médicos y asesores políticos de 112 países, apunta a dos problemas estratégicos para abordar la pandemia como fenómeno internacional. Uno es la “inequidad social”, que se refleja en los países más pobres a través de los indicadores de vacunación y tasas de muerte (Infobae, 3/11). 
 Hay 2,4 mil millones de personas sin vacunar, de los cuales el 90% reside en los países más pobres. A mediados de año, la Organización Panamericana de la Salud afirmaba que un tercio de la población de América seguía sin vacunarse. En 10 países, la vacunación no llegaba al 40%. El trabajo plantea que se podrían haber evitado más de un millón y medio de muertes si se hubieran distribuido más equitativamente las vacunas en lugar de su acaparamiento por parte de los países más ricos. 
 El consenso científico concluye que, para acabar con la pandemia, se hace indispensable la cooperación solidaria internacional de las naciones en transferencia de tecnología, así como la puesta en marcha de políticas multidisciplinarias que integren a diferentes actores sociales de la sociedad además de los sistemas de salud. Advierte que este enfoque se contrapone con los intereses empresariales a nivel mundial y que deja planteada la constitución de fuerzas sociales de “presión” para vehiculizarlas. Con todo, la OMS ha anunciado que el año 2023 marcará el fin de la pandemia. 
 El capital ha impuesto su “salida” en el conjunto de los estados – de un lado, una transferencia gigantesca de recursos para el rescate de grandes corporaciones; del otro, la inmunidad de rebaño. La guerra, la agresión al medio ambiente y los negocios con la salud de la población han marcado estos tres años. La solidaridad entre los pueblos enfrentará la guerra imperialista, la pandemia de los capitalistas y sus políticas de hambre y enfermedad. 

 Maxi S. Cortés 24/12/2022

Marcelo Ramal: ''Hay un abismo entre la inmensa mayoría, que vive como puede, y el poder político''

Afganistán: el régimen talibán prohíbe a las mujeres estudiar en la universidad


El gobierno de Afganistán, liderado por los talibanes, ha prohibido por tiempo indeterminado el acceso de las mujeres a la universidad. Se trata de la profundización de una política de sometimiento y de disciplinamiento social. 
 Como respuesta, decenas de mujeres fueron a las calles para reclamar por sus derechos. A su vez, en señal de protesta, muchos estudiantes universitarios realizaron reuniones en las puertas de varias instituciones del país, y otros tantos profesores han renunciado. 
 Mediante esta política, el gobierno terminó por excluir a las mujeres de los ciclos educativos secundario y superior. En octubre del año pasado, el régimen prohibió estudiar a las niñas y adolescentes, procediendo a cerrar sus institutos. A raíz de ello, en varias regiones del país han llegado a erigirse establecimientos educativos clandestinos para niñas. El gobierno prometió que la prohibición de la escuela secundaria para niñas iba a tener un carácter temporal, cuya culminación tendría lugar después de que la educación se adapte a los preceptos de la sharia (ley islámica), a fin de garantizar una estricta separación de sexos. 
 Asimismo, el régimen ha prohibido el ingreso de las mujeres a los parques y jardines de Kabul (la capital), a los baños públicos, y a los gimnasios. Las mujeres también tienen impedido viajar solas más de 75 kilómetros de distancia, para ello deben estar acompañadas de un familiar masculino. Entretanto, se les viene vedando cada vez más el acceso a derechos elementales. Si usan maquillaje, ríen en voz alta, o no ocultan sus tobillos, pueden incluso ser azotadas. 
 Además, los talibanes les han prohibido el derecho a acceder a la mayoría de los trabajos; en algunas oportunidades apenas pueden ejercer labores en la docencia o en la sanidad. Por otro lado, la utilización del burka, el atuendo del mundo islámico, se ha vuelto obligatorio.
 Las mujeres protagonizaron algunas protestas, que fueron duramente reprimidas.
 Los talibanes se encuentran en el poder desde agosto de 2021, luego de que derrotaran a Estados Unidos, que ocupó Afganistán durante 20 años bajo el pretexto de una supuesta guerra contra el terrorismo. Esta experiencia causó estragos entre los trabajadores afganos. Más de 170 mil personas murieron, millones fueron desplazados, y tuvo lugar un retroceso en todos los planos del país. 
 En Afganistán se ha configurado un régimen de discriminación brutal contra las mujeres, que fueron convertidas en ciudadanas de segunda clase. A través de esta batería de medidas, las mujeres fueron confinadas prácticamente a vivir en su hogar. Esta opresión extrema funge como un mecanismo para reforzar la opresión y la regimentación del conjunto de la población. 
 El país se halla en medio de una crisis económica de grandes dimensiones, agudizada por la crisis mundial y por las sanciones que le ha impuesto el imperialismo. Las tres cuartas partes de los ingresos afganos se gastan en alimentos, y el 82% de la población está endeudado. En este marco, los precios de los alimentos se han disparado y la pobreza no ha dejado de crecer. 
 Las mujeres y las niñas son las más afectadas por este cuadro; se calcula que existen 800.000 mujeres desnutridas, una cifra histórica. Por ello, por ejemplo, se ven obligadas a casarse; el 28% lo hace antes de los 18 años de edad. 

 La hipocresía de Occidente 

Estados Unidos y otras potencias capitalistas como Francia, Alemania y Japón, han llamado a los talibanes a que den marcha atrás con estas medidas. Es un planteo que esconde una gran hipocresía, toda vez que los países imperialistas, los más despóticos y represivos, han tejido relaciones con los regímenes más oscurantistas del mundo. 
 El imperialismo norteamericano mantiene una alianza, por ejemplo, con Arabia Saudita, cuyo gobierno hasta hace poco no permitía a las mujeres (que carecen de derechos y padecen una discriminación sistemática) conducir automóviles. Además, si bien el régimen talibán supone un salto cualitativo en este sentido, bajo los gobiernos títeres de Estados Unidos (Trump, Obama), la sharia continuó rigiendo como ley oficial de Afganistán, cerca del 80% de las mujeres padecía el analfabetismo y “más de la mitad sufrió violencia al interior de su familia” (elDiario, 16/8/2021). 
 Terminar con este régimen de opresión es una tarea que solo pueden desarrollar los trabajadores y los sectores populares afganos, empezando por las mujeres, sin ninguna alianza con los gobiernos imperialistas. 

 Nazareno Kotzev

Un nuevo caso de pedofilia estalla en el Vaticano


John Anthony Abruzzese

 En la Basílica predilecta de Bergoglio. 

 Una vez más, un nuevo escándalo de pedofilia sacude al Vaticano y evoca, veinte años después, las historias de abusos sexuales de prelados a menores en la arquidiócesis de Boston, en Estados Unidos. El acusado principal es el monseñor norteamericano John Abruzzese, de 74 años, canónico de la Basílica Santa María la Mayor, de la cual es particularmente devoto el Papa Bergoglio. 
 El canónico John Anthony Abruzzese, originario del estado de Massachussets, en EE.UU., y que como sacerdote ejercía en la arquidiócesis de Boston, fue expulsado de su cargo y de la Ciudad del Vaticano por convivir con un joven italiano apenas mayor de edad.
 El joven fue víctima de, al menos una década de abusos sexuales por parte de un cura en Sicilia, y tras esa experiencia de niño y adolescente, apareció recomendado en la basílica y pasó a convivir con el canónico Abruzzese. La resolución de Francisco fue enviar al cura abusador de nuevo a Boston, para garantizar su impunidad.
 No es el primer caso que salpica el Vaticano: Varias asociaciones de víctimas de abusos sexuales por parte de miembros del clero en Italia exigieron al gobierno una investigación independiente sobre los abusos contra menores de edad cometidos por sacerdotes; y mantuvieron su organización y movilización callejera contra la impunidad. 
 A los curas abusadores, el Papa y el Estado no solos los unen amistades personales, sino vínculos políticos; especialmente por el papel de disciplinamiento social que la iglesia cumple en tiempos de ajuste y hambre. Por eso se les garantiza impunidad cuando abusan de niñes y adolescentes. 
 Está planteada la necesidad de profundizar un camino de organización contra la impunidad eclesiástica y estatal, de lucha contra el Estado, que ni siquiera cumple las leyes vigentes, como se ve en la subejecución del presupuesto para educación sexual mientras proliferan los convenios y subsidios estatales para el clero. Vamos por la separación de la iglesia y el Estado, para terminar con el status jurídico privilegiado de esta institución oscurantista y encubridora.
 Vamos por la real separación de las Iglesias y el Estado. 

 Camila Michel

El fallo de la Corte, Kicillof y los gobernadores


Kicillof tildó de inmundicia y atentado a la democracia y al federalismo al fallo de la Corte Suprema que ordena subir al 2,95 el porcentaje de coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires. Según el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a quien Alberto Fernández le cedió un 1% extra de coparticipación, el fallo significará un recorte equivalente que afectará a todas las provincias porque “esos recursos saldrán del presupuesto público nacional que se ejecuta en políticas públicas en todo el territorio del país”. 
 La resolución de la Corte Suprema suspende la aplicación de la ley 27.606 (decreto ley) promovida en 2020 por Alberto Fernández y que detonara como consecuencia del levantamiento de la Bonaerense que llegó a las puertas de la gobernación y a la propia Casa de Gobierno en Olivos. El motín, apoyado por Berni, sirvió a un aumento a los uniformados con los que reforzó su política como hemos visto.
 Mientras celebraban la resolución del ” máximo tribunal”-con fuerte tufillo macrista- dirigentes bonaerenses de Juntos cuestionaron que la devolución de la Corte siga por debajo del 3,5% que regía desde el pacto fiscal 2017. De paso le reclamaron a Kicillof que dé batalla por el aumento de la coparticipación bonaerense como “hizo María Eugenia Vidal”. Los mayores fondos para la provincia, que reivindicó Vidal, pasaron a mejor vida con el endeudamiento de Macri con el FMI. 
 En juego están 200.000 millones de pesos que irían al gobierno de Larreta para atender la campaña electoral 2023. Kicillof denuncia que son fondos que se aplican a educación y otros rubros lo que no es real porque no afecta la coparticipación expresamente. Justamente, se han adherido al reclamo de Alberto Fernández 18 gobernadores porque como está planteada la aplicación del fallo afectaría los adelantos a las provincias, o sea fundamentalmente las obras públicas. Kicillof agrega que esto además se da “cuando el FMI monitorea las cuentas públicas”. El gobernador confirma así que si hay algo que no se toca es el pago de la deuda, tanto de la Nación como de las provincias. 
 El capital financiero está primero para todos ellos, incluidos los gobernadores de Juntos por el Cambio, por supuesto. Cuando se discute coparticipación jamás discuten que la Nación se lleva hoy el 42% de los recursos coparticipables, aunque en el sistema impositivo la cuenta es más compleja porque hay impuestos nacionales no coparticipables, lo que eleva sensiblemente la cuenta que ha llegado en momentos al 70%. Esto porque el grueso de esos recursos nacionales van a los servicios financieros y a las exenciones impositivas al capital.
 El debate de la coparticipación “injusta” por lo que aporta la provincia de Buenos Aires está planteado contra las provincias y no contra el destino parasitario y usurario del gasto nacional. 
 En su rechazo al fallo, los “nacionales y populares” muestran la hilacha invocando que este desvirtúa el pacto colonial de Massa y los Fernández para bajar el déficit del PBI a un 1,9% mediante un ajuste contra los trabajadores, reivindicando su “cumplimiento imposible porque no hay partida prevista en el presupuesto aprobado”. Agregamos nosotros: redactado en Washington y por eso aprobado con los votos de Juntos por el Cambio. 
 Por ahora estamos ante una cautelar de la Corte sin ir a la cuestión de fondo. En la cuestión de fondo es difícil que la Corte vuelva atrás si miramos los anteriores fallos de San Luis, Córdoba y Santa Fe. Pero que se trate de una cautelar puede estar al servicio de abrir un período de negociación. Negociaciones ya hubo con Wado de Pedro como representante del gobierno nacional y fracasaron, lo que ha provocado un debate interno en el Frente de Todos. El gobierno nacional hoy incumple el fallo desafiando la resolución de la Corte, pero se puede amparar en la apelación. 
Una vez volteada la apelación por la misma Corte que la dictó habrá que ver hasta dónde el gobierno y los gobernadores alineados en este punto –todos menos los cuatro de JxC, Schiaretti y Perotti- están dispuestos a llevar la colisión de poderes que se ha desatado. 
 Por lo pronto Larreta tampoco tuvo número para las tablas que aprobarían la rebaja de impuestos, tanto a las tarjetas de crédito que pagan los consumidores como a las Leliq depositadas en el Banco central. 
 Las acusaciones de “distrito opulento” de Alberto Fernández y de Kicillof en la misma línea buscan enfrentar a los trabajadores de uno y otro lado de la General Paz, víctimas de la política de ajuste como lo han revelado las huelgas de la salud y las grandes huelgas docentes con los recientes paros convocados contra Baradel por la Multicolor. Los trabajadores en esta crisis somos convidados de piedra, todos víctimas de los ajustes nacional y provinciales y, por supuesto, ningún interés popular está presente en este fallo de la Corte cuyo enfrentamiento con el gobierno ha escalado mediante una batería de fallos contra el gobierno. 

 Daniel Rapanelli 
 Néstor Pitrola

¿Con qué condiciones viene el nuevo giro del FMI?


Tarifazos y más ajuste. 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) liberó el giro de U$S 6.000 millones para que el gobierno afronte el pago de la deuda de U$S 44.000 millones que en 2018 contrajo el expresidente Mauricio Macri con el organismo. Los funcionarios del Fondo han elogiado la gestión del ministro Sergio Massa, por haber redoblado la política de ajuste fiscal. 
 Se trata del cuarto giro realizado por el organismo. Esto es una expresión de que Washington y el resto de las potencias imperialistas todavía no le han soltado la mano al gobierno del Frente de Todos. 
 La subdirectora Gerente del FMI, Gita Gopinath, señaló que las condiciones económicas del país continúan siendo frágiles, y que, para reducir el déficit fiscal primario al 1,9% del PBI en 2023, se tendrá que “fortalecer el control de los gastos, y, lo que es más importante, mejorar la focalización de los subsidios energéticos y de asistencia social” (Infobae, 22/12). Lo que quiere decir la funcionaria del Fondo es que el Ejecutivo nacional deberá avanzar en una profundización de los tarifazos y en un recorte más acentuado de los programas sociales. 
 Gopinath, además, dijo que “las restricciones cambiarias y las prácticas de múltiples tipos de cambio deben evitarse y eliminarse”, presionando por una liberación del cepo cambiario que permita a las empresas girar dividendos al exterior a una escala más grande, y, llegado al caso, a costa de una devaluación en regla. 
 Asimismo, el organismo le advirtió al gobierno que mantenga su política de suba de tasas, cuyo fin es evitar (aumentando la rentabilidad de los bonos en moneda nacional) que los grupos económicos se deshagan de sus tenencias en pesos y se vayan hacia el dólar. Es una política explosiva, habida cuenta, por ejemplo, el enorme pasivo que tiene el BCRA en materia de Leliqs, que ha alcanzado los 10 billones de pesos y cuyo pago fue afrontado en noviembre con la emisión de más de $500.000 millones. También es recesiva y ajustadora, porque encarece el crédito tomado de conjunto y echa nafta al fuego de la inflación.
 Esto, a su vez, alimenta las tendencias parasitarias de la economía argentina, en un cuadro donde los pulpos capitalistas se encuentran destinando su dinero a la especulación con bonos indexados a la inflación o al tipo de cambio, y no a la inversión en el terreno productivo (abrir fábricas, contratar mano de obra, etcétera). 
 Con todo, esta política implicará un reforzamiento del rol subordinado de Argentina en el concierto de naciones del mundo y una profundización aún mayor del carácter atrasado de su economía. 
 Desconocer la deuda externa y romper con el FMI son cuestiones vitales para salir de esta encerrona. 

 Nazareno Kotzev

Por una navidad sin hambre // Eduardo Belliboni en A24

"Todos los gobiernos de la democracia gobernaron conspirando contra el pueblo" // Gabriel Solano

Un triunfo mundial de un país en crisis // Movilización récord para recibir a la Scaloneta

sábado, diciembre 24, 2022

De nuevo, adónde va la guerra


La aproximación del invierno había desatado una serie de versiones acerca de un cese del fuego o armisticio entre la OTAN y Putin. Las temperaturas extremas en el este de Europa, así como el empantanamiento del terreno para la movilidad de vehículos y tropas, fueron señalados como factores que conducirían a una tregua de hecho. Las ofensivas exitosas del ejército de Ucrania sobre Kharkov, primero, y sobre Kherson después, fueron interpretadas como un intento de obtener un cese del fuego en términos territoriales más favorables. Hasta Elon Musk se atrevió a formular un plan de arreglo que contemplaba la realización de referendos, bajo supervisión internacional, en las zonas ocupadas por Rusia, y la postergación por diez años de una decisión sobre el futuro de la península de Crimea. Volodimir Zelensky no perdió un minuto en rechazar airadamente la propuesta. El objetivo de guerra del presidente de Ucrania es la expulsión integral de Rusia de las regiones ocupadas, la recuperación de la soberanía sobre Crimea, el pago de reparaciones de guerra por parte de Rusia y el sometimiento de Putin a un tribunal penal internacional por crímenes de guerra. 

 Destrucción de Ucrania 

En lugar de una tregua, lo que ocurrió enseguida fue una campaña de bombardeos con misiles, de parte de Rusia, contra la infraestructura enérgetica, vial y civil de Ucrania. Luego de evacuar Kherson hacia el lado este del río Dnieper, la ciudad capital de la región fue bombardeada sistemáticamente, al punto de bloquear su ocupación por las tropas de Ucrania. Entre los objetivos de guerra se encuentra la capital, Kiev, atacada por medio de drones comprados a Irán. Bien entendida, esta ofensiva contra toda la infraestructura de Ucrania aparenta dejar de lado la llamada “operación especial”, en referencia a la ocupación de los llamados territorios pro-rusos, o incluso la ocupación de toda la franja costera del mar Negro (Odessa), para apuntar a un rendición incondicional de Kiev. La respuesta de la OTAN no se hizo esperar: hubo un gran incremento de la provisión de misiles antiaéreos, así como de otros con mayor alcance que los existentes. Kiev lanzó enseguida ataques adentro del territorio de Rusia, a doscientos klómetros de la misma Moscú. El afán de Zelensky de llevar a la OTAN a atacar a Rusia quedó de manifiesto cuando produjo el falso positivo de un ataque a Polonia, que pretendió adjudicar a Putin. Putin, sin embargo, no está en condiciones de someter a Ucrania del mismo modo que Estados Unidos sometió a Alemania y a Japón hacia el final de la Segunda Guerra –en un caso mediante la destrucción completa de la ciudad de Dresde, y en el otro por medio de la liquidación atómica de Hiroshima y Nagasaki. El propósito de destruir el conjunto de la infraestructura de Ucrania, incluidos objetivos civiles y centros de salud, demuestra el carácter reaccionario de la invasión iniciada en febrero pasado. 
 El desarrollo último que ha tenido la guerra indicaría que el propósito de Putin no sería más, como apuntó al principio, el retorno hacia la situación previa a la invasión, consolidada por medio de la anexión de los llamados territorios pro-rusos. De un lado, Putin caracteriza que el objetivo de la OTAN es la desintegración nacional de Rusia, empezando por un cambio de régimen en el país. En esto reside, precisamente, el carácter mundial de la guerra en desarrollo. Putin, en consecuencia, otorga también a la invasión de Ucrania, no un propósito regional, sino internacional. Putin va, en espejo con la OTAN, por un cambio de régimen en Ucrania, que se extendería eventualmente a otros territorios en disputa.

 Economía de guerra... nuclear 

El choque entre los objetivo de la OTAN, de un lado, y de Putin, del otro, plantea la cuestión de una guerra nuclear. El gobierno de Estados Unidos acaba de aprobar una resolución estratégica, la Revisión de la Postura Nuclear (NPR en inglés), que abandona la disuasión nuclear por la posibilidad de un ataque preventivo contra los centros de comando del enemigo, para privarlo de la capacidad de contraatacar. Una fuerte corriente del ‘establishment’ norteamericano impulsa la estrategia de neutralización del enemigo mediante un ataque nuclear preventivo planificado. Estados Unidos ha anunciado el envío de misiles Patriot, para interceptar los del enemigo, aunque también para disparar trayectorias largas (“El más sofisticado sistema que EEUU haya provisto a Ucrania desde el comienzo de la guerra” – The Wall Street Journal). Boeing ha propuesto proveer bombas de precisión con un alcance de 160 kilómetros –a territorio ruso (Infobae). El presupuesto norteamericano prevé, por primera vez, el envío de ayuda directa a Taiwán por 10 mil millones de dólares. 
 La prolongación y la intensificación de la guerra en Ucrania ha desatado otros desarrollos significativos. Los Estados de la OTAN alegan que se han quedado sin stock de armamentos como consecuencia de la provisión de misiles, tanques, baterías antiaéreas e incluso municiones a Ucrania. Tres o cuatro compañias norteamericanas tienen el monopolio de la producción de armamentos y de la venta a otros Estados. El gobierno de Biden ha aumentado fuertemente el presupuesto militar, a casi 900 mil millones de dólares, un 4% del PBI. Este gasto es considerado insuficiente, debido a la necesidad de encarar otros desafíos militares, en especial contra China. Lockheed Martin, Raytheon Technologies y otras plantean, en este cuadro, la necesidad de contratos públicos de largo plazo, que justifiquen la ampliación de su capacidad instalada e inversiones en nuevas tecnologías. 
 El pasaje de gastos puntuales en armamentos a costosos contratos de largo plazo constituye el principio de una economía de guerra. Los países de la Unión Europea reclaman el acceso al arsenal norteamericano, incluida la provisión de componentes e insumos para una fabricación propia de armas.

 Guerra en todos los continentes 

Este cambio potencialmente cualitativo en el campo del armamentismo viene acompañado de una reconfiguración de la política internacional, que se caracteriza por una guerra económica y diplomática por el control de las cadenas de producción, incluso para armamentos. El destino del gobierno de los Fernández, en Argentina, por ejemplo, ha sido atado a la exclusión de Huawei de las licitaciones por la tecnología 5G (Fernández acaba de anunciar el abandono de la compra de aviones de combate FC-1/JF-17 a China por alrededor de 700 millones de dólares). Las relaciones entre el mexicano López Obrador y Biden se han deteriorado como consecuencia de la presión norteamericana para que México acompañe las sanciones contra empresas de China. La guerra de Estados Unidos contra la producción de semiconductores por parte de China ha alcanzado nivel militar. 
 La guerra preparada sistemáticamente por parte de la OTAN contra Rusia en Ucrania, se libra en este contexto mundial y es parte de una reconfiguración internacional que sólo puede alcanzarse por medio de una guerra mundial. Esta realidad determina el desarrollo de las hostillidades en Ucrania y los objetivos de guerra de la OTAN, de un lado, y Rusia, del otro. La guerra ha convertido a Rusia en un foco de referencia en cuanto a la formación de bloques económicos, que se convertirán en otros tantos campos en disputa. Se han firmado acuerdos comerciales entre China, Rusia, India, Arabia Saudita, entre muchos otros, que obvian al dólar y apuntan a una guerra por destruir su monopolio internacional. La OTAN, por su lado, procura, por esos mismos medios, alcanzar una posición predominante en Asia Central. 

 Desequilibrio mundial 

Con una economía internacional altamente apalancada, donde el endeudamiento alcanza al 400% del PBI mundial, el estallido de una crisis financiera se encuentra a la vuelta de la esquina, como lo ha probado Gran Bretaña. El Banco de Basilea acaba de alertar acerca de deudas ocultas, en los libros y en las estadísticas, del orden de los 100 billones de dólares, en operaciones especulativas con monedas en el comercio exterior. En el otro campo, China no ha salido de la crisis inmobiliaria y enfrenta, en todo momento, una fuga de capitales. La inmunidad de rebaño que ha establecido frente a la pandemia, conducirá a millones de muertes y a la quiebra económica. Este enorme desequilibrio mundial hace inevitables las bancarrotas, los defaults masivos y un reforzamiento de la tendencia a la reacción y la guerra. Putin sostiene, a su costo y el de Rusia, que podría aprovechar esta crisis para imponer su planteo en Ucrania e incidir en la reconfiguración internacional. 
 El escenario de la guerra, en la actualidad, va más allá de Ucrania. Es el caso de Erdogan, el presidente turco, que busca la anexión del sector kurdo de Irak y Siria, y convertirse en una potencia en el Mediterráneo oriental. Cabalga entre la OTAN y Moscú con un proyecto para abastecer de gas a Europa, a partir de Azerbaidján, en competencia con el gas licuado que busca monopolizar Estados Unidos. Todas las guerras pre-existentes, como la de Israel contra los palestinos, alcanzan mayores dimensiones en el cuadro de una guerra mundial que se expande. En cuanto a América Latina, ha comenzado una ola de golpismo fuertemente relacionada con la disputa entre Estados Unidos y China por inversiones en minerales y en infraestructura. 

 La lucha contra la guerra 

En esta situación, las consignas pacifistas no abundan; los mismos pacifistas apoyan a la OTAN, a la que reconsideran como un baluarte de la democracia. “Paremos la guerra” puede convertirse en una consigna movilizadora en la medida en que esté dirigida contra los gobiernos de la OTAN, de un lado, y contra Putin, del otro. Un ‘entendimiento’ entre unos y el otro, bajo la presión de circunstancias extraordinarias, que por ahora no son visibles, paralizaría el movimiento de masas contra la guerra, que tampoco termina de arrancar. La hipocresía de los gobiernos acaba de ser demostrada por Ángela Merkel, que, si no ha vuelto a mentir, acaba de declarar que apoyó la construcción de un gasoducto ruso a Alemania con la sola intención de ganar tiempo frente a Putin, y permitir el armamento de Ucrania por parte de la OTAN. 
 La cuestión de la guerra se presenta para las masas, como ocurre en Estados Unidos y Gran Bretaña especialmente, como un ataque sin precedentes a sus condiciones laborales y de vida. Los ferroviarios y el conjunto del personal de Salud encabezan huelgas sin precedentes en las últimas décadas. No pasará mucho tiempo para que estas luchas alimenten el combate contra la guerra –la causa decisiva del brusco empobrecimiento de los trabajadores. “Paremos la guerra” contra cada uno y todos los gobiernos promotores de la guerra, dejará planteado la cuestión clásica de todas las guerras imperialistas: el enemigo está en nuestro propio país.

 Jorge Altamira
 20/12/2022

viernes, diciembre 23, 2022

Biden lleva a Zelensky a Washington para escalar la guerra


Zelensky, el presidente de Ucrania, fue llevado a Washington por un avión de las fuerzas armadas de EE.UU, para espolear la guerra internacional de la OTAN. El Congreso norteamericano está a punto de aprobar un paquete de 49 mil millones de dólares para proveer de mayor asistencia militar al ejército ucraniano. Biden, por su lado, ha anunciado el envío de misiles Patriot, cuyo alcance geográfico lo habilita para atacar el interior del territorio de Rusia. Dada la necesaria asistencia de personal militar norteamericano para capacitar su uso por Ucrania, se asiste a un involucramiento cada vez más directo de Estados Unidos en la guerra, y por lo tanto a un choque militar directo con Rusia. 
 Esto sería suficiente para iniciar una escalada nuclear. Estados Unidos ha aprobado una directiva que autoriza a golpear preventivamente los comandos estratégicos de Rusia con armas nucleares. Rusia, por su lado, ha alistado misiles hipersónicos, en el marco de una doctrina que deposita en la respuesta nuclear la salvaguarda de la “existencia nacional”. En la ciudad de Bakhnut, en la frontera de hecho entre las tropas rusas y ucranianas en la provincia de Donetsk, se libra una batalla despiadada con miras a conquistar posiciones en nudos ferroviarios y viales que permitan extender la guerra terrestre. 
 El operativo de llevar a Zelensky a Washington apunta a alinear al Congreso en una línea belicista abierta y a insuflar un ánimo guerrerista en la población, en momentos en que la guerra pierde apoyo, según todas las encuestas. El guerrerismo tiene lugar cuando crecen las huelgas, en especial en Estados Unidos y Gran Bretaña. El rearme norteamericano a una gran escala es acompañado por Japón, pivoteando en torno a las amenazas que atribuye a Corea del Norte. 
 Que la extensión de la guerra se ha convertido en un plan definido, se manifiesta en la brutal agresión económica norteamericana contra China. La escala de sanciones contra las empresas tecnológicas de este país, en especial las de semiconductores o ‘chips’, ha cobrado una magnitud sin precedentes. Rusia y China están realizando operativos navales conjuntos. Putin pretende asociar a Bielorrusia en un ataque directo a Ucrania, en una operación de pinzas desde el este y el oeste. 
 Ante el Congreso de Estados Unidos, Zelensky se anotó como una suerte de Churchill, para reforzar la campaña que encubre a la guerra como una cruzada de la democracia contra el nazismo. Ocurre que Zelensky mismo está adscripto a una corriente política que entronca con el apoyo a la invasión de la Alemania nazi a Ucrania, y cuyo propósito no es la independencia de Ucrania sino llevar hasta el final una guerra que se propone el desmantelamiento nacional de Rusia. En las últimas semanas, el gobierno ucraniano se encarnizó en una campaña contra el exsecretario de Seguridad de Estados Unidos, Henry Kissinger, para quien la unidad nacional de Rusia es un factor decisivo para conservar el equilibrio internacional.
 La escalada de guerra de Biden y la OTAN está penetrando en América Latina, para bloquear el avance económico de China en la región. Es un factor fundamental en el golpe que ha destituido a Pedro Castillo en Perú. Más que nunca es necesaria una campaña para parar la guerra, que sólo puede lograr una movilización independiente de la clase obrera. 

 Comité Editorial 
Política Obrera
 22/12/2022

Federales, unitarios y el Fondo Monetario

El fallo de la Corte que restituyó parte de los fondos nacionales que la CABA recibía hasta 2020 –y que el actual gobierno recortó- sirvió de excusa para que las invocaciones mentirosas al “federalismo” se multipliquen, de uno y otro lado de la grieta. 
 Hace dos años, Alberto Fernández afrontó un motín salarial de la policía bonaerense de un modo peculiar: le recortó fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, asignados años antes por Mauricio Macri, para transferirlos del otro lado del Riachuelo. Mientras presentaba su queja ante la Corte, Larreta decidió compensar la baja de fondos con dos impuestos – uno, a las liquidaciones de las tarjetas de crédito; el otro, a las operaciones de ciertos activos financieros en la City. 
 El manotazo de recursos a CABA provocó todo tipo de reproches entre el gobierno nacional y el de la Ciudad. Lo que no se dijo es que esta movida de fondos públicos fue resuelta a gusto y placer…del FMI. En efecto: el mayor gasto que implicaba esta concesión a la Bonaerense no fue resuelto ni con nueva deuda ni con emisión de dinero, sino retirando fondos de un distrito para dárselos a otro. A su vez, el distrito afectado resolvió el despojo con impuestazo al consumo. 
 Ahora, ya subido al fallo de la Corte, Larreta anuncia la “inmediata derogación del impuesto a las tarjetas de crédito”, mientras se declara abanderado de una menor presión impositiva a los vecinos. Pero el impuesto a la tarjeta es una gota en el océano, cuando se lo compara con los aumentos formidables que vienen registrando en la Ciudad el ABL, las patentes automotores y otros tributos. En la Ciudad, el ABL representa sólo en una parte a las tasas municipales; en la otra, es un impuesto a la propiedad inmueble, que en los últimos años ha sido objeto de revalúos sistemáticos. A través de esa suba de la base imponible, el Estado porteño se ha convertido en un socio menor de la especulación inmobiliaria. La abrumadora mayoría de los afectados por los revalúos confiscatorios son propietarios de vivienda única. Por lo tanto, con o sin “impuesto a la tarjeta”, Larreta es un arrebatador serial. 
 Del otro lado de la grieta, el fallo de la Corte servirá para que el gobierno recorte todavía más las asignaciones a las provincias, ahora, en nombre de los fondos “sustraídos por la ciudad opulenta”. Pero los datos de la ejecución presupuestaria dan cuenta de una monumental reducción de fondos a las provincias: comparando a enero-noviembre 2022 respecto del mismo período del año anterior, esas transferencias –más allá de la coparticipación- cayeron un 45% en términos reales. ¡ Y no existía todavía ningún fallo de la Corte!. La novela de “federales y unitarios”, reactivada en las últimas horas, es una gran cortina de humo sobre el verdadero patrón del presupuesto nacional, que es el Fondo Monetario.

 “Federalismo” 

 La Corte no se ha pronunciado sobre la cuestión de fondo, pero sus miembros saben muy bien qué es lo que defiende todo el régimen político presente –y también los magistrados- cuando se refieren al “federalismo”. 
 El régimen de autonomías que fue refrendado en la Constitución de 1994 es la conversión del Estado argentino en pagador y garante de un régimen de endeudamiento a perpetuidad. El Tesoro nacional ha sido progresivamente liberado de atender a los gastos de carácter social o incluso económico, para concentrarse en una función excluyente –el pago de la deuda pública. Con ese fin, se transfirieron a las provincias los servicios sanitarios y educativos; para sostener esos nuevos gastos, se autorizó a los distritos a redoblar los impuestos locales. La “autonomía porteña” fue un producto cabal de esta orientación general: la ciudad “autónoma” fue tomando a su cargo todos los servicios públicos esenciales, acentuando como contrapartida la carga de impuestos. Además, y como en los demás distritos, sus Estados locales fueron habilitados a rematar el patrimonio público, para percibir las migajas de ese remate. El papel que jugó el petróleo en Neuquén o la minería en otros distritos, lo jugó en la CABA la privatización del suelo.
 El fallo de la Corte no se aparta un milímetro del “federalismo” fondomonetarista. En sus considerandos, aclara que la restitución de recursos a la Ciudad no afectará a las demás provincias, pues “provendrá de fondos nacionales”. Le indica al gobierno que deberá llevar adelante nuevos ajustes para cumplir con el fallo. 

 Perotti, Schiaretti y la Scaloneta 

 Alberto Fernández respondió al fallo de la Corte con una “reunión urgente” de gobernadores pejotistas, que discute en estas horas un comunicado común. Pero la invitación de Fernández no superó a una decena de presentes. Dos gobernadores estratégicos –el santafecino Perotti y el cordobés Schiaretti, repitieron el derrotero de Scaloni, Messi y Tapia: seguir de largo de la Casa Rosada. Como ocurre con el reguero de elecciones adelantadas, los gobernadores se demarcan de un gobierno en desintegración. 
 Kicillof y Capitanich, mientras tanto, hacían lo propio de todo kirchnerista, que es levantar la apuesta con palabras fuertes. El chaqueño pidió por tuit que “se desconozca el fallo de la Corte”, un desafío que mira hacia la crisis política en su conjunto, y a los fallos que están por venir. Con esta resolución, la Corte se ha candidateado como árbitro último de las crisis entre los poderes del Estado, en un momento en que esos choques pueden adquirir características terminales. 
 Los Larreta y Fernández, en definitiva, discuten por las sobras que le dejan al país entero los acreedores de la deuda pública, entre ellos y principalmente, el gran capital nacional que lucra con sus títulos y obligaciones. 

 Marcelo Ramal 
 22/12/2022