La Corte avala el saqueo de los contribuyentes de CABA por parte de Larreta y los Fernández

La Corte Suprema de Justicia se tomó dos años para dirimir una disputa entre el Estado nacional y el gobierno de CABA, acerca de una coparticipación de impuestos. En la sentencia, que acordó por unanimidad, tampoco explica las razones para la demora, en un caso en que debía “cautelar”, o sea proteger, una situación patrimonial. El tema de fondo, cuánto le corresponde a CABA de la masa de impuestos coparticipables, lo dejó para otra ocasión, probablemente porque tampoco es un asunto que corresponda al Poder Judicial. El reparto de los impuestos nacionales, primero entre la Nación y el conjunto de las provincias, y luego entre las jurisdicciones federales entre sí, es un asunto del Congreso o de una Convención Constitucional. 

 El fallo demorado suscitó un escándalo entre las barras del oficialismo y el macrismo. Se trata, en realidad de un escándalo ficticio, por parte de dos agrupamientos políticos que comparten el apoyo a la confiscación fiscal que perpetran los buitres nacionales e internacionales que se han adueñado de la deuda pública. En 2016 Macri había elevado al 3.5%, por medio de un decreto, la parcela de CABA en los fondos coparticipables. La medida fue justificada por el traspaso de la polícía al presupuesto de la Ciudad. Luego, la suba fue reforzada por una ley, gracias al voto de los legisladores de Massa y otros bloques peronistas que se amucharon en un Frente de Todos, sólo cuando vieron que el gobierno macrista había entrado en desbande. Esto explica el silencio con el que la sentencia fue recogida por los socios peronistas del kirchnerismo. 

 En 2020, AF redujo ese porcentaje, también por decreto, al 2.3%, con el pretexto de que debía financiar un aumento de salarios a la policía bonaerense, que se había ‘sublevado’ bajo el manto de Sergio Berni. Todo este ida y vuelta tiene que ver con una cesión de fondos de la redistribución primaria de ingresos, aquella que tiene lugar entre Nación y provincias –no altera el reparto interprovincial. 

La Corte, sin dar razones, la ha llevado al 2.95% –un 0.6% abajo de lo establecido por Macri y un 1.6% arriba del decreto de Fernández. La Corte no ordena, sin embargo, reparar la pérdida de ingresos sufrida en estos dos años por CABA; debía haberlo hecho por tratarse de una medida cautelar, que se llama así porque pretende proteger intereses que se encuentran amenazados. Larreta, que no tiene un pelo y menos de zonzo, se había atajado de entrada, mediante el establecimiento de un impuesto a las tarjetas de crédito de los bancos con sede en Ciudad, y una suba del impuesto a los ingresos brutos. Cobró por adelantado, del bolsillo de los contribuyentes, en lugar de esperar a un fallo que, en principio, debía tener efecto retroactivo. Anuncia ahora la eliminación de estas medidas, pero no devuelve el dinero a quienes pagaron esos impuestos durante dos años. El protector del patrimonio de los porteños transfirió el dinero de estos porteños al Tesoro de la provincia de Buenos Aires, mientras decía defender los derechos de la Ciudad. Durante dos ejercicios fiscales consecutivos desvalijó a los contribuyentes de la Ciudad. La misma Corte que ha puesto en vigencia leyes que fueron anuladas por el Congreso, no ha aplicado la retroactividad para saldar las cuentas de quienes pagaron los impuestazos de Larreta. 

 Es obvio que no se trata de desvestir a los bonaerenses para vestir a los porteños. Sea en Provincia o en CABA, la plata de los contibuyentes se destina a financiar exenciones impositivas a negociados inmobiliarios o a la obra pública-privada. Pero esto demuestra, precisamente, que la disputa entre las dos barras bravas no apunta a la defensa de intereses populares sino a quién gestiona la corrupción privada. La disputa no encierra un conflicto “federal” sino que busca ocultar un conflicto social. Nación avanza sobre la masa coparticipable para pagar los intereses usurarios de la deuda pública, en tanto que los gobernadores necesitan pagar la deuda usuraria de las provincias con los impuestos nacionales. La disputa por la coparticipación es una pantomima, es para la tribuna; la Corte no interviene para defender un estado de derecho o un régimen político federal, sino para ocultar su complicidad con el pago de una deuda estatal enteramente amparada por legislación extranjera y jurisdicción foránea. El régimen político de Argentina es una sucursal de los mercados y los Estados de Londres y Nueva York.

 Un “conflicto de poderes” en los términos señalados, con la consiguiente parálisis legislativa, es simplemente una farsa. 

 Jorge Altamira

 22/12/2022