El informe publicado por el Odsa analiza la composición de la pobreza en el país desde diversos enfoques, midiendo variables multidimensionales que evalúan el acceso a Salud y alimentación, Saneamiento y energía, Servicios de la vivienda, Medio ambiente saludable, Recursos educativos y trabajo y seguridad social.
Bajo estos parámetros, la pobreza multidimensional total asciende a 39,2%, expresando así la porción de la población que no satisface tres o más de los derechos mencionados. A su vez, la pobreza estructural, que combina la pobreza económica con la pobreza multidimensional, alcanza al 22,6% de la población (10,7 millones de personas): casi uno de cada cuatro habitantes condenados a la marginalidad.
Tendencia creciente y altos niveles
Comparados los últimos 12 años estamos ante una tendencia creciente de la pobreza estructural, multidimensional y monetaria, con un pico reciente durante el inicio de la pandemia en 2020, pero con una “estabilización” en altos niveles.
Estos resultados se explican por las consecuencias de las políticas fondomonetaristas y de ajuste en el país. El deterioro de la capacidad económica de las familias obreras y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios conllevan consecuencias graves en un aumento de las privaciones de los derechos más elementales de la población.
Esto queda expuesto ante el crecimiento en las privaciones a las capacidades de consumo durante los últimos años. Las personas que por falta de dinero no pudieron pagar el alquiler o la cuota de la hipoteca ascendieron al 13,3%, el máximo de la serie desde 2016 con un 6,9% como piso. Quienes se atrasaron en el pago de servicios públicos también baten récords en los últimos 8 años con un 27,6%, contra un piso del 18,6%. Los que no pagaron impuestos o tasa municipales llegaron al 27,4% (segunda en el ranking de los 10 años). Mientras que quienes no pudieron hacer arreglos ni pintar su vivienda asciende al 56,7%, también batiendo récord de la última década.
Al mismo tiempo, la capacidad de ahorro de la población se redujo tanto en la medición por hogar como por habitantes, cayendo al 9,6% y 12,2%, respectivamente, en una clara tendencia a la baja.
La pobreza cuesta en salud
Entre otros datos que destaca el informe del Osda se menciona el deterioro en la salud psicológica de la población. El malestar psicológico creció alcanzando el 25,4% de la población, con picos entre la población pobre, donde asciende a 36,1%.
El ajuste sobre la población trabajadora produce consecuencias inmediatas en la calidad de vida de la población, que a su vez dejan secuelas en los habitantes difíciles de subsanar en el futuro. Por esta vía se consolida el sometimiento de una porción significativa de la población a una pobreza estructural, marginal, sin avisos de salida inmediata, ante un gobierno que profundiza el ajuste contra los trabajadores y los sectores más vulnerables, perpetuando y reproduciendo esta dinámica.
Marcelo Mache
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