La amenaza formulada por Alberto Fernández y los gobernadores de desconocer el fallo de la Corte Suprema duró un suspiro. Varias asociaciones empresariales se declararon en alerta, señalando que se ponía en peligro la “seguridad jurídica”. Desde el exterior llegaban advertencias similares. En las páginas de los diarios los analistas financieros afirmaban que se afectaría la cotización de los bonos del país y que a Massa le saldría más barato cumplir el fallo que incumplirlo. En medio de tanto ruido el silencio del ministro de Economía era estruendoso. Las presentaciones judiciales por desacato y hasta sedición lo alcanzarían a él también, debido a que se trata del funcionario que debe ordenar los pagos. Dada su larga amistad con Rodríguez Larreta, varios auguraban que aprovecharían el espíritu navideño para buscar un acercamiento.
Finalmente, pasó lo que muchos creían que pasaría. Alberto Fernández volvió sobre sus pasos y ordenó pagar a la Ciudad según ordena el recurso de amparo emitido por la Corte Suprema de Justicia. Atrás quedó la caracterización de que el fallo era de “imposible cumplimiento”. Sin explicar qué pasó para un cambio tan drástico de posición, afirmó en una cadena de tuit que “las decisiones judiciales son obligatorias”. No se impuso el “hombre de derecho” sino la más venal “presión de los mercados”. Donde manda Massa no manda marinero.
El recule del gobierno vino con una dosis elevada de maniobra. Sucede que el pago de la sentencia será con bonos en vez de dinero. El bono que se utilizará será el TX3, que se ajusta por CER +2,5% con pagos de intereses semestrales y que vence el 30 de noviembre de 2031 por un monto total de $ 45.561 millones. Al tratarse de un bono sin liquidez ni operatoria en el mercado, si el gobierno de la Ciudad quisiera canjearlo para hacerse de los fondos sufriría una quita elevada. Según los especialistas la quita sería de al menos un 30%. De paso, la pérdida del valor de mercado afectaría al gobierno de Santa Fe, que recibió esos mismos bonos por un litigio con la Nación por los fondos coparticipables.
Queda claro entonces que la decisión del gobierno implica un ajuste contra la Ciudad de Buenos Aires, dado que mediante el pago en bonos se reduce los fondos que esta debe recibir. A la vez, implica un incremento del stock de la deuda del Tesoro Nacional. Pasando en limpio: ajuste + deuda, una política que pinta de cuerpo entero al gobierno.
Ante el anuncio de Alberto Fernández, el gobierno de Larreta rechazó el pago en bonos. Bien visto, está obligado a hacerlo porque podría ser denunciado por aceptar una lesión al presupuesto de su gobierno. Patricia Bullrich, sin embargo, salió a poner paños fríos, anunciando que dejaban sin efecto la denuncia por sedición contra el presidente.
Queda ahora por ver qué hará la Corte Suprema. Hay antecedentes a tener en cuenta. En el litigio de Santa Fe con el gobierno nacional, ya aceptó que el pago se realice en bonos. Después de todo los cortesanos necesitan hacer equilibrio y ganar tiempo. Aunque no les falte vocación destituyente, carecen de condiciones para gobernar. Feria judicial de por medio, el litigio entrará en el letargo que caracteriza a los procesos judiciales. Si la decisión de aceptar o no un amparo le tomó dos años, la resolución del conflicto de fondo puede postergarse por un tiempo aún más prolongado. En el medio estarán las elecciones para buscar encauzar un conflicto cuya resolución supera el ámbito judicial.
Las tendencias a un compromiso que reclaman los “mercados” va de la mano de la necesidad de ambos bandos de escenificar una pelea que atienda sus propias divisiones internas. La descomposición política e institucional encuentra su límite en el disciplinamiento establecido por el FMI. La aceptación de los planes de ajuste dictados por el Fondo desmiente los discursos que aluden a la defensa del federalismo y de la Constitución Nacional y la división de poderes. Para el pueblo argentino no se trata de alinearse con alguno de estos bandos en disputa sino unirse contra todos los que gobiernan para el FMI.
Gabriel Solano
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