La inflación de mayo rondará el 5,2% y se esperan fuertes subas en el precio de los alimentos.
Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, en vísperas del informe oficial, se estima que la inflación de mayo rondará el 5,2%. Con estos números, según la consultora LCG “la nominalidad de la economía se afianzaría en un nuevo piso más elevado que el del cuarto trimestre de 2021, suponiendo un piso de inflación interanual por encima del 75% en diciembre” (Ámbito, 12/6). En la misma línea, advierten que las fuertes subas de alimentos en los primeros días de este mes, especialmente en carnes, leches y harinas, sumarán presión al indicador de junio y se suman los aumentos en combustibles y tarifas de servicios. Continúa la corrida inflacionaria y con ella la pulverización del poder adquisitivo.
El mejor ejemplo es el caso de los alimentos: los panificados subieron en la semana un 3,9% y las carnes un 1,7% consagrando un crecimiento del 5,0% con respecto al mes pasado, lo que prefigura una variación interanual del 64,7%. En la primera semana de junio, los productos de panificación, cereales, pastas y aceites treparon 3,9%. Con esto queda verificado el fracaso del fideicomiso del trigo, un subsidio a los capitalistas de la cadena del trigo que intentó propulsar el gobierno como una medida estéril para contener el aumento en el precio de los alimentos. Ahora, desde el oficialismo anunciaron que el fideicomiso está prácticamente agotado y las empresas locales aseguran que alcanza solo para la próxima semana, lo que implicaría un salto del 40% “como mínimo” en los precios de góndola.
Que un fideicomiso no implica un abaratamiento de los productos que consumen las familias trabajadoras lo vemos en que el mismo esquema ya se aplica hace dos años para los aceites, sin reportar los resultados prometidos. El hecho es que las molineras y aceiteras presionan sobre los precios del mercado interno para acoplarlos a los precios internacionales en alza de las commodities, y el gobierno no está dispuesto a boicotear este negocio porque necesita esos dólares para cumplir con el pago de la deuda.
A esto se suma el incremento de los productos que integran el programa Precios Cuidados, una concesión a los supermercadistas autorizada por el nuevo secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, que busca que las patronales no reduzcan sus márgenes de ganancias, a costa del bolsillo de los consumidores. También el aumento de las tasas de interés, en pos de cumplir con las metas monetarias del FMI, que encarece el crédito con el que se endeudan las familias para poder acceder a los productos de primera necesidad agravando la caída del consumo y la tendencia recesiva. Según el relevamiento de Came “hay una merma del 3,4% en las ventas minoristas de mayo contra el mismo mes del 2021 y del 8,9% en la medición contra abril” (Clarín, 13/6).
Los capítulos con mayor evolución también fueron Atención médica y gastos para la salud (7,2%), Indumentaria (6,3%) y Educación (5,8%) (Ídem). Mientras tanto, “solo uno de cada diez asalariados cobra un ingreso superior a los $100.000 que es exactamente lo que cuesta la canasta básica para una familia tipo, según los registros oficiales de mayo”(Clarín, 11/6). Esos salarios son a su vez víctimas de paritarias a la baja que negocia el gobierno con las patronales y la burocracia sindical, que no se acercan ni por asomo a los niveles inflacionarios y que continúa descargando la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.
La tendencia inflacionaria y recesiva se lleva puesto el poder adquisitivo y con ellos las condiciones de vida de la masa laboriosa del país, mientras presiona por una devaluación que perjudicará aún más los ingresos populares. Considerando las rentas extraordinarias que las patronales embolsan todos los días con la anuencia del gobierno – en detrimento del bolsillo popular- aparece la importancia de abrir sus libros y someterlos al control obrero como una media necesaria para combatir la inflación. A su vez, es momento de que la clase trabajadora intervenga en la situación política para enfrentar el ataque a los salarios y defender su poder de compra, reclamando un mínimo de $180.000 y aumentos salariales indexados a la inflación. En función de ese objetivo, corresponde pelear por un paro nacional, seguido de un plan de lucha.
Camila García
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