Un grupo de científicos de la Universidad Politécnica de Valencia descubrió hace poco que la petrolera mexicana Pemex ha liberado, entre el 8 y 27 de diciembre, unas 40 mil toneladas de metano. Es otro antecedente ruinoso de la actividad que pretende habilitar el gobierno argentino frente a Mar del Plata.
El metano es el segundo gas de efecto invernadero en su concentración en la atmósfera, después del dióxido de carbono, aunque en comparación es 25 veces mayor su incidencia en el calentamiento global.
Hasta el momento, ni los funcionarios de la petrolera estatal ni las autoridades de la cartera de energía o del gobierno de AMLO han salido a declarar sobre el acontecimiento, lo cual constituye un silencio cómplice. Pemex ya había sido denunciada en 2019 por quemar grandes cantidades de gas natural para el que no tiene capacidad de procesamiento (Infobae, 9/6), y viene incumpliendo sus compromisos de reducir los efectos negativos sobre el ambiente que genera su producción.
La plataforma en la cual se desencadenó el desastre, ubicada cerca de Campeche, al sur de México, es una de las más grandes del país; allí se produce casi el 20% de la producción petrolera del país. Las miles de toneladas de metano que se han fugado equivalen a alrededor del 3% de las emisiones anuales de petróleo y gas de México y “este evento único tendría una magnitud similar a todas las emisiones regionales anuales de la zona cercana a la costa de México” (Aristegui Noticias, 9/06).
Esta no es la primera vez que el ejercicio de la explotación offshore en las aguas de la región desata un episodio de este tipo. Al catastrófico derrame de Repsol en Perú le siguieron los derrumbes costearon en el norte de Brasil. Se revelan una contaminación sin precedentes, que incluye la fuga de peces y animales marinos, y un impacto muy negativo sobre la salud humana.
Estos sucesos son ejemplos lapidarios que refutan el discurso oficial del gobierno de Alberto Fernández en Argentina con que promueve la instalación de plataformas petroleras offshore en el Mar Argentino, frente a la Costa Atlántica bonaerense. Es el intento que desató como reacción el movimiento popular del Atlanticazo, que se opone a semejante emprendimiento por su nocividad tanto para el ecosistema marino como para la actividad del turismo y la pesca, fundamentales en la región. Es una política de saqueo, en beneficio de una multinacional como Equinor en este caso, con el único objetivo de atinar a recaudar divisas para el pago de la deuda externa.
Es necesario avanzar en la investigación del caso, para ver que hubo detrás del suceso y evitar nuevos desastres ambientales. Sin el control obrero de la producción y de los ritmos de trabajo, las empresas y el gobierno seguirán avanzando en sus políticas antiambientales.
Prensa Obrera
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