Tras dos años de ausencia por la pandemia, con actitud solemne y portando carteles con los rostros de las 197 víctimas de la dictadura cívico militar (1973-1985) cuyos destinos aún se desconocen, decenas de miles de personas recorrieron la principal avenida del centro de Montevideo en la llamada Marcha del Silencio, en repudio también a los intentos de la derecha por sepultar la historia y mantener la impunidad de los responsables.
«¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Es responsabilidad del Estado», rezaba una gigantesca pancarta a la cabeza de la vigesimoséptima procesión, que estuvo escoltada en todo el trayecto por dos cadenas humanas, impidiendo cualquier agresión de bandas derechistas o, incluso, de la policía.
La fecha conmemora el 20 de mayo de 1976, cuando fueron asesinados los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires, y además desapareció el médico Manuel Liberoff. Al menos 200 uruguayos desaparecieron durante la dictadura, la gran mayoría en Argentina, en el marco del denominado Plan Cóndor que coordinaron los gobiernos militares en el Cono Sur.
Este año se encendieron las alarmas por el escaso avance de las causas por delitos de lesa humanidad y el proyecto de ley presentado por el ultradrechista Cabildo Abierto, integrante de la coalición del gobierno de Luis Lacalle, que busca otorgarle prisión domiciliaria a represores mayores de 65 años, tras fracasar en su intento de restaurar la ley de caducidad, normativa que impidió durante años enjuiciar a militares y policías por su rol en tiempos de dictadura.
Martín Fernández, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) advirtió que la situación casi no ha cambiado en los últimos tiempos. «Se han dado algunos procesamientos, pero a nivel general todo sigue igual. El gobierno, más allá de la coalición y de los partidos que la integran, tiene que tener un empuje significativo en las causas en relación a generar institucionalidad, la obligación de brindar datos y la búsqueda proactiva de los restos de los detenidos desaparecidos»
Fernández grafica el lento avance de la justicia con una contundente sentencia de diciembre pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Maidanic contra Uruguay(por la desaparición forzada de Luis Eduardo González y de Osear Tassino, así como las presuntas ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes en el marco de la dictadura cívico militar).
«Pese a que Uruguay fue condenado la causa no se ha movido ni se han generado nuevas instancias. Esto habla un poco de cómo en general ha tomado el Estado uruguayo la sentencia de la Corte, que por otra parte tampoco ha convocado ni a familiares ni a sus representantes a generar un ámbito de intercambio para el cumplimiento de la sentencia. Eso genera bastante preocupación», explica Fernández, docente de Derecho Penal en la Universidad de la República.
La Red Nacional de Sitios de Memoria manifestó su profunda preocupación por el resurgimiento de posturas negacionistas y relativistas de las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de actuación ilegítima del Estado y la última dictadura en Uruguay.
“Lacalle es muy sensible a la imagen que pueda dar hacia afuera, pero hay que mantener la presión porque del otro lado también la mantienen. Van a salir con otro proyecto y con otra ley, y mientras tanto los militares que podrían decir qué pasó y dónde enterraron los cuerpos se van a a seguir muriendo», dijo a la prensa argentina Elena Salgueiro, militante residente en París.
El silencio como protesta
Los uruguayos convirtieron el silencio en protesta. Los organizadores invitaron a todos y todas a portar fotos de las personas desaparecidas “para que sus miradas, sus rostros, sigan pidiendo verdad y justicia en el Uruguay”, sin importar el parentesco: “Todos somos familiares”. La marcha se replicó en cerca de medio centenar de localidades uruguayas. También, hubo convocatorias en Buenos Aires, Barcelona, Madrid, Londres y París.
El colectivo Imágenes del Silencio, que impulsó la celebración virtual de la marcha en medio de las restricciones sanitarias, distribuyó este año entre las personas asistentes unas 22.000 fotografías con los rostros de las víctimas de desapariciones forzosas. Cada foto contenía un código QR que conducía a la historia particular de la víctima.
Después de un paréntesis de dos años por la pandemia, una marea de gente volvió a inundar las calles el viernes en Uruguay no solo para recordar a las personas desaparecidas sino para exigir acciones para dar con su paradero. «Fue el Estado el que decidió y cometió estos crímenes. El que los mantiene ocultos hasta hoy», reclamó la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos del Uruguay.
«La información detallada de todas las operaciones de las Fuerzas Armadas, brazo ejecutor del Terrorismo de Estado, las siguen teniendo en su poder, en sus archivos clasificados», agregó la organización
«Aquí hay gente viva que estuvo en los secuestros y no quiere decir la verdad. Nosotros queremos saber la verdad y que se haga justicia», dijo Chela Fontora, de la Asociación de Expresos Políticos Crisol. La activista de 75 años, que sostenía un cartel con la foto de una mujer «víctima de fusilamiento», celebró que cada año se sume «más gente joven» a la manifestación.
El silencio total que prevaleció durante todo el recorrido fue roto solo al final, cuando los nombres de las casi 200 personas desaparecidas fueron mencionados a través de parlantes instalados en las calles.
Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Desaparecidos, expresó que la impunidad impera y reconociendo los esfuerzos y algunos avances bajo algunos gobiernos en la búsqueda y hallazgo de algunos cuerpos, señaló que es la sociedad civil la que abrumadoramente ha tomado la causa de Familiares y es la que se expresa en forma diversa y gana las calles los 20 de mayo.
“Si uno mira en perspectiva de aquel puñado de Madres y Familiares que en los años 80 se reunía todos los viernes en la plaza Libertad a estas Marchas del Silencio, algo cambió en la sociedad uruguaya, pero no parece ser así en su institucionalidad, añadió.
Las marchas dejan en claro que es el Estado es el que debe dar respuestas, con la entrega de los desaparecidos, la búsqueda de los archivos que contienen verdadera información -los documentos que son el corazón de los operativos y que son “clasificados”-, garantías en el camino de la verdad y la justicia y el cambio de las instituciones.
“¿Para que las tenemos a las Fuerzas Armadas en un país de tres millones de habitantes? Me produjo mucha indignación y me parece una falta de respeto presentar en éste momento la ley creando “El día del soldado” y el mes del soldado, reconociendo la labor del servidor público que es, pero que no necesita armas para estar en las ollas populares, para estar en incendios o inundaciones, no precisamos toda esa cantidad de oficiales, de coroneles, de tenientes generales. ¿Para qué?”, preguntó Zaffaroni.
Al principio las madres buscaban a sus hijos, las esposas a sus compañeros, a sus hermanos y era como bien al inicio la desesperación por la vida de ellos –vivos los llevaron, vivos los queremos, era una de las consignas- y luego vino un manto de silencio de todos los años de la ley de caducidad que no sólo fue impunidad jurídica sino que hubo una intención de aislar y cerrar el tema, lograr que no hubiera una condena social.
Luvis Hochimín Pareja. Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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