La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dio a conocer que no está entre los planes del gobierno avanzar en el proyecto de un Salario Básico Universal, de miseria, impulsado por el kirchnerismo. La razón sería que el Estado “no dispone de recursos”, debido a que todo lo que entra sirve de garantía al cumplimiento del pacto con el FMI.
En conferencia de prensa, Cerruti manifestó, en relación a la propuesta del kirchnerismo y allegados, que “todo es motivo de estudio y de conversación, pero no está la posibilidad en este momento por las cuentas de la Argentina de avanzar con un proyecto”.
El gobierno da por enterrado el debate, lo que seguramente agrave la interna oficialista: el pacto con el FMI, y sus consecuencias nefastas, hace crujir todos los “acuerdos”. Incluso proyectos precarios como el actual, que implican universalizar la miseria, con un ingreso personal de $14.400, distintos niveles de exclusión y la posibilidad de exigir contraprestación a cargo de las intendencias y gobernaciones.
Es básico, no es salario ni universal
El proyecto presentado por el diputado Itai Hagman y respaldado por Juan Grabois y Cristina Kirchner representa una degradación de la precaria asistencia económica y la universalización de la miseria social. Comenzando por el hecho de que el concepto de “salario” remite a la contraprestación remunerativa como consecuencia de un contrato de trabajo.
En este sentido, el proyecto restablece la bimodalidad estudio y/o trabajo del macrismo, planteando que los criterios de acreditación serán establecidos por la autoridad de aplicación, pudiendo quedar en manos de intendentes y gobernadores, como reclama la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El ingreso planteado es menor al que actualmente perciben los beneficiarios de los programas sociales Potenciar Trabajo, que ascienden a la mitad de un salario mínimo de indigencia.
La propuesta de un ingreso equivalente a la Canasta Básica Alimentaria para una adulto, actualmente $14.400, implica un recorte familiar, ya que sumados dos ingresos familiares de este tipo –el máximo que permite el proyecto por grupo familiar- apenas se superaría la mitad de la Canasta Básica Alimentaria para cuatro personas, lo que se considera una familia “promedio”.
Además del “cupo por familia”, el proyecto de SBU también excluye a quienes son titulares de la Tarjeta Alimentar, programa Progresar y otras prestaciones, y el eventual beneficiario deberá optar respecto a qué programa adherirse. Como ya advertirnos, en gran medida, se trata de una redistribución de los recursos existentes, más un plus, condenando a millones a la miseria estructural.
Pero ni eso
Cristina Kirchner se topa así con las consecuencias de su propia orientación: la complicidad con el pacto y el ajuste con el FMI. Su iniciativa para atacar a las organizaciones piqueteras y terminar con los planes sociales, aunque limitada, choca con el programa que acordaron el imperialismo y el gobierno que ella salió a salvar.
Grabois, por su parte, en vez de luchar contra esta política expoliadora de los recursos económicos del país, pide que los funcionarios se bajen los sueldos, como si eso fuera suficiente para paliar el hambre y la desocupación. Además, vuelve a hacer frente común con Cristina, cuando reivindica los aumentos de sumas fijas y por decreto: algo que se ha probado parte del ajuste contra los trabajadores. Sino miremos lo que ocurre con el salario mínimo, clavado en un 45%… por decreto.
El único camino consecuente por la defensa de los intereses obreros y populares es la lucha por expulsar al FMI y por el no pago de la deuda externa, algo que estará planteado este 9 de julio en Plaza de Mayo, con la izquierda del FIT-U y el Partido Obrero.
La reciente jornada de lucha de la Unidad Piquetera y la convocatoria a una gran movilización este jueves 14, a Plaza de Mayo, incide en el centro de la crisis nacional, porque mientras el kirchnerismo hace demagogia y ataca a los piqueteros junto a la derecha, y el gobierno cierra la asistencia económica a los desocupados, cientos de miles de trabajadores se organizan en todo el país para quebrar esta política y reclamar trabajo genuino, seguro universal al desocupado igual a la canasta básica ($100.000), bono de emergencia, alimentos a los comedores y libertad de organización.
Marcelo Mache
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