En los últimos días, diferentes medios nacionales transmitieron las caracterizaciones que proliferan en el kirchnerismo y, de un modo general, en el oficialismo gobernante, acerca de las movilizaciones en curso. “La Nación” del pasado 13 de julio señala que en el kirchnerismo ven que “las protestas serán una herramienta útil para avanzar con dos objetivos propios: presionar a los formadores de precios y renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Con una condición: “es fundamental que las movilizaciones estén conducidas, aunque sea con organizaciones sociales que estén en contra del gobierno”· (La Nación, 13/7). En ausencia de una lucha “conducida”, el gobierno teme “que el clima social negativo se descontrole” (ídem).
Otro medio recoge las mismas opiniones del oficialismo acerca de las movilizaciones: “Son parte de la puja. Vamos a ver con buenos ojos todas las acciones que fortalezcan la situación de debilidad que tiene el Gobierno en la relación con los mercados, inclusive si son movilizaciones críticas”, dijeron (Infobae, 17/7).
Estas expresiones muestran, por parte del gobierno, que la necesidad tiene cara de hereje. Si las movilizaciones son inevitables, resignémonos a hacer el mejor uso de ellas. El argumento de ‘asustar’ al FMI con movilizaciones pretende disimular, en el discurso, que el gobierno ha perdido la iniciativa en la crisis política. No pudiendo frenar las movilizaciones desde afuera, se empeña en estrangularlas desde adentro, metiendo sus quintacolumnas, para privarlas de alcance político.
Esta es la función del acuerdo que buscan las burocracias estatales de los piqueteros con la Unidad Piquetera. El tira y afloja con el Fondo es solamente un relato; se reduce a que el FMI acepte un perdón por el incumplimiento de las metas macroeconómicas planteadas en el acuerdo con Guzmán. Pero este perdón es irrelevante. No altera que ese acuerdo ya no sirve para pilotear el proceso electoral y llegar a octubre de 2023. Las “movilizaciones conducidas” no tienen que ver con el FMI, sino con el temor, que comparte toda la burguesía, de que surja un movimiento histórico independiente de las masas. La aproximación de programas de la UP, de un lado, y de las organizaciones sociales del Estado, del otro, ‘facilitan’ el propósito de “conducir” las movilizaciones, o sea, neutralizarlas políticamente y eventualmente cooptarlas, en una alternativa “popular”, con “banderas nacionales y socialistas”. Vuelve flamear la bandera de la ‘patria socialista’ y del ‘socialismo nacional’.
Grabois
Las opiniones recogidas por estos medios de prensa explicitan las razones del “acercamiento” de dirigentes oficialistas a la Unidad Piquetera. Las visitas a la Plaza de Mayo, el pasado jueves 14, incluyeron a los más altos dirigentes del Movimiento Evita. Conviene detenerse, en particular, en el protagonista de estas "aproximaciones", el dirigente Juan Grabois de la UTEP. En materia de acercamientos, Grabois venía de protagonizar otro, pero con el empresario sojero Grobocopatel. En una mesa redonda que ambos –Grabois y Grobo- protagonizaron en Córdoba en mayo pasado, pusieron de manifiesto una colaboración entre la “economía popular” y el líder del agronegocio. Aunque los detalles no fueron difundidos, no es difícil establecer su eje: el uso de la “economía popular”, o sea, de una plataforma de trabajo precario, como tercerizada de la corporación capitalista. Cuando, en la mesa redonda, un participante del público sugirió que se trataba de una relación de explotación a manos del capital sojero, Grabois respondió con injurias a sus futuros aliados -"los troskos o medio troskos". El caso Grobo-Grabo sirve para entender también el lugar que tiene el "salario universal" para el kirchnerismo, como empalme para la contratación precaria de los desocupados.
Propósitos y unidad de acción
Es muy claro que los Grabois o Pérsico, cuando saludan a la Unidad Piquetera no se “alejan del gobierno”, como caracterizó Belliboni días atrás sin el menor fundamento, después de que él mismo tributara una visita a las asambleas de la UTEP. Los dirigentes cayetanos merodean las marchas piqueteras en su carácter de hombres del gobierno, con el objetivo señalado de la “movilización conducida”. Al salario universal, que no es salario ni universal, la UP le ha opuesto un bono de $20.000 para paliar los efectos de la inflación. Grabois calificó el reclamo de Belliboni como “más o menos lo mismo” que el salario universal. Lo que no han propuesto el uno ni el otro es un Congreso de Trabajadores, que reúna todo el poderío de la clase obrera, ni una campaña a favor de una huelga general.
Esto es lo que discutimos, precisamente, en la asamblea abierta de trabajadores ocupados y desocupados que el Polo Tendencia realizó el sábado pasado. Los punteros del Estado le temen a una acción histórica de la clase obrera contra el régimen fondomonetarista, con más perfidia que la burguesía, porque conocen el paño más de cerca. Los agentes del gobierno miran el escenario de Colombia, Ecuador o Chile, donde la fuerza de las masas fue ‘conducida’ al ascenso de Boric y Petro, y al pacto con el derechista Lasso. Confían en que lo mismo haga Lula, quien acaba de llamar a “no responder” a las provocaciones de Bolsonaro. Pero la lucha ‘conducida’ es sólo la primera fase de una experiencia, que llevará a los trabajadores a luchar por sus propios medios y con sus propios dirigentes.
Es claro que la manipulación de los Grabois también tiene como destinatarios a sus propias bases organizadas, que viven las consecuencias del derrumbe económico y oficial. Las asambleas de la UTEP, después de un largo inmovilismo, han sido convocadas para contener esa inquietud. En oposición a la confusión política que produce el “tránsito” con los agentes del Estado, la Asamblea de Lanús llamó a “la completa delimitación de la pequeña burguesía cooptadora” que dirige las organizaciones sociales oficialistas, y a la concreción de un único Congreso Obrero, que prepare una huelga general contra el régimen fondomonetarista”.
Marcelo Ramal
18/07/2022
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