Lo sucedido es una nueva manifestación de la descomposición social que subyace en territorio santafesino. La cantidad de homicidios dolosos, atribuidos a las mafias del narco, suma 55 en lo que va del año. Uno de los más grotescos, reciente, fue el asesinato de un artista callejero en inmediaciones del parque Independencia, al cual se caracteriza como un punto de inflexión, ya que no pertenecía a ninguna banda ni estaba vinculado al comercio de estupefacientes. Fue un mensaje general, destinado a infundir temor a una facción contraria y a la población en general. Ni en este caso -ni en el del atentado contra el supermercado- los investigadores han reunido una sola pista. En la ciudad están acantonadas seis fuerzas de seguridad.
En esta última balacera, el intendente rosarino Pablo Javkin (Frente Progresista) se vio aludido en el mensaje. Aludió a la impunidad de los agresores. Dijo que era “inexplicable” y plantó sospechas sobre el mismo aparato represivo. Sin embargo, el intendente de Rosario no ha cesado de replicar la receta de todos los gobiernos en materia de seguridad: una mayor cantidad de agentes oficiales patrullando la ciudad. Esto sucede desde hace tiempo y los resultados brillan por su ausencia. En sus declaraciones ha manifestado que hoy en día “duda de todos”, en referencia a las demás autoridades políticas y judiciales, dando a entender que se trata de una maniobra contra él mismo y que este mismo hecho sucede luego de una semana de reuniones con los distintos poderes del estado provincial y nacional para abordar la crisis de seguridad. Le reprochó a Alberto Fernández la “falta de ayuda”. Patricia Bullrich, a la pesca, reeditó a raíz de este hecho el planteo de movilizar a las fuerzas armadas para realizar tareas policiales en la provincia de Santa Fe.
El gobernador Omar Perotti -que se ha desplazado del oficialismo hacia una semi oposición- tuvo un ministro de Seguridad diferente por cada uno de los 4 años de ejercicio que lleva en el cargo. El problema del narcotráfico se ha extendido como una mancha venenosa en todos los vericuetos y poderes del Estado. Se combina con un derrumbe social sin precedentes. Hoy en día el tráfico de drogas es moneda corriente en Rosario y alrededores, ya que configura la posibilidad de ingreso a una cantidad innumerables de familias que carecen de los recursos para su propia supervivencia. La falta de empleo y los salarios de pobreza posicionan al crimen organizado como una “salida” a una situación desesperante. El horizonte que se avizora es el de una descomposición sin límite.
La única respuesta del Estado a sortear la situación de miseria y hambre actual es reivindicar la cantidad de detenidos de cada gestión, considerados “jefes de las bandas”, pero no han cesado en su accionar desde el mismo Servicio Penitenciario. En esta semana se han confiscado decenas de celulares y otros elementos en la cárcel de Coronda, dispositivos desde los cuales los narcos privados de libertad seguían direccionando sus organizaciones. Un último episodio retrata la detención de una mujer policía, a quien se le atribuye haber brindado información relevante a su hijo -un presunto sicario- y se vincularían con por lo menos 50 de los asesinatos cometidos el año pasado.
La cuestión del narcotráfico es política. Se enlaza con el juego, la especulación inmobiliaria, los bancos, el control de los puertos, el aparato policial. Los choques políticos son recurrentes. El episodio más notable de la saga, en el último tiempo, fue el escándalo protagonizado por el senador Tagliaferri, vinculado al juego ilegal, y blindado por sus propios compañeros de bancada -y apoyado por la mismísima vicegobernadora- para evitar su juzgamiento.
Una organización social que se sustente sobre este andamiaje debe ser superada sobre nuevas bases, vinculada a la agenda de los trabajadores.
Agustín Fernández
03/03/2023
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