jueves, febrero 29, 2024
miércoles, febrero 28, 2024
El falso saneamiento del BCRA
¿Cómo han logrado que los banqueros decidan pasarse? Les han ofrecido deuda del Tesoro con un seguro de contingencia (“puts” u opción de venta). Significa que el BCRA está obligado a comprar la deuda de los bancos, con un descuento de apenas 2% respecto de la cotización del dia anterior.
Pero la misma opción de venta en un pasivo remunerado, ya que el BCRA deberá emitir para afrontar el pago del bono que compra. Se estima que el 15 de febrero, los ´puts´ alcanzaron los 9,7 billones, representando un tercio de los pasivos remunerados (29 billones). ¿Por qué han aceptado los bancos? Porque el riesgo de default es menor, dado a que tienen el respaldo de la maquinita.
Si los bancos deciden activar los puts, van a generar una corrida cambiaria y una hiperinflación. Este es el motivo porque el cual el gobierno no elimina el cepo, ya que en ese caso los pesos irían en masa al dólar Una parte de la recaudación de pesos mediante la deuda del Tesoro ha ido a la recompra de títulos en dólares del Banco Central, con el propósito de subir la cotización de la deuda externa.
Pero lo más importante es que desmiente la especie del 'déficit fiscal cero'. Por medio de la deuda del Tesoro se financia el gasto público. Esta deuda pasa a ser parte, entonces, de la llamada “base monetaria amplia” – circulante, cuentas de ahorro, depósitos a plazo y deuda del Tesoro con seguro del Central. Milei pretende financiar el ajuste con mayor endeudamiento y, por sobre todo, la destrucción del salario, las jubilaciones, la destrucción de la obra pública y la recesión.
Marcos Dipi
28/02/2024
Jorge Macri y Milei, otra vez contra “las víctimas del sistema”
Recientemente elaboraron un “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”. Si bien cita a un marco legal regulatorio nacional e internacional de carácter garantista, no posee los recursos para su aplicación. Desarrolla una modalidad de intervención conjunta, donde el primer contacto lo toma el Programa Buenos Aires Presente (BAP) del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en conjunto con otras direcciones de ese organismo. Se trata de una política que está en permanente desborde ante el aumento progresivo de personas en situación de calle. Por otro lado, la reducción de personal se evidencia en los despidos mencionados.
El protocolo comienza por la identificación de la persona, para constatar que no tenga una búsqueda de paradero. Pero quienes están en situación de calle, en su mayoría, no tienen la posibilidad de regresar a sus lugares de origen ni están siendo buscados. En la mayoría de los casos, estar en la calle es el resultado de problemáticas donde encontramos violencias, hacinamiento, abusos, abandonos, maltratos y destratos. Es una marca indudable de la pauperización económica de la clase obrera.
El protocolo intenta tapar de manera burda el borramiento de un verdadero programa. cuya existencia es esencial. Al mismo tiempo introduce a la intervención policial para validar la identidad de las personas, cuestión que no tiene justificación alguna. El sistema de identificación corresponde al Registro Nacional de las Personas, no a las fuerzas de seguridad.
Las modificaciones que introduce esta modalidad de intervención buscan consolidar la metodología de la internación involuntaria ante consumos problemáticos y padecimientos mentales severos. Queda de lado la apuesta por el fortalecimiento de lazos y de apoyo en la comunidad. Los operadores, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud mental que se encontraban precarizados, en lugar de ser pasados a planta permanente para cumplir sus funciones de integración social y evitar internaciones, son despedidos. Este protocolo conduce a la sobrepoblación de los servicios de internación. Las internaciones compulsivas en salud mental, además de ineficaces, son más costosas para el Estado que las intervenciones en territorio.
La carencia de recursos en todos los organismos que figuran en el protocolo, hace que el mismo no tenga ningún tipo de posibilidad de aplicación. Acaba siendo un compendio de acciones que se adelantan a las pretendidas modificaciones libertarias de las leyes de Salud Mental 26.657 y 448, dirigidas a restablecer la internación compulsiva.
Silvia Allocati y Lucas García
28/02/2024
Se hunde la base social y política de Milei
La crisis desatada por el descuento de la coparticipación de impuestos a la provincia de Chubut no ha amainado. Milei ha incentivado el choque, en unos casos con una batería de tweets y en otros con un ‘me gusta’, que rivalizan en grosería. Desde el punto de vista político, reafirma el propósito de suplantar el régimen político vigente por un gobierno de poder personal. Como consecuencia del rechazo al paquete fiscal inicial y luego a la Ley Ómnibus, Milei y Caputo recurren al ‘ajuste’ financiero contra las provincias. Anteayer anunció la anulación del Fondo de Apoyo a la provincia de Buenos Aires. Para marcar al extremo el objetivo de neutralizar el Congreso, ha vuelto a dejar Argentina, esta vez para aparecer en una concentración conservadora en EE.UU. y en un acto de campaña de Trump, sin solicitud al Congreso, ni un acta de transmisión del mando a la Vice. En ausencia de su canino clarividente, el personaje que opera en la Rosada juega con la acefalía.
El apoyo que 23 de los 24 gobernadores han dado al gobernador de Chubut es menos robusto de lo que aparenta. El salteño Sáenz reunió a varios mandatarios del Norte para establecer un puente con el gobierno central, donde se hizo presente Victoria Villarruel. Otra tanda de gobernadores dieron el apoyo con cautela. El mismo gobernador afectado, Ignacio Torres, ha esgrimido la amenaza de un corte del suministro de combustible “a Argentina” para acentuar su enfrentamiento con el gobierno, sin la voluntad política de violentar las condiciones legales de la operación, ni los instrumentales para llevarlo a la práctica, porque para ello debería llamar a los trabajadores petroleros a ocupar yacimientos y refinerías. La crisis, a pesar de su intensidad mediática, no ha afectado, sin embargo, a los mercados de capitales, pues el gobierno continúa trasladando la deuda del Banco Central con los bancos al Tesoro, que va acumulado un pasivo financiero en forma de espiral. El Tesoro, al mismo tiempo, recompra títulos en dólares en poder del Banco Central. Con el pretexto de absorber pesos –el dinero que destina a la recompra- vacía el patrimonio real de la entidad financiera del Estado.
Inviabilidad del ajuste oficial
Los intentos de apaciguar la crisis, sin embargo, fracasan uno tras otro; Milei ha alineado incluso al Congreso a iniciar, a la noche, las sesiones legislativas del 1° de Marzo, para adoptar el uso y la costumbre de Estados Unidos. La razón del fracaso es simple: la violencia del ajuste fiscal es incompatible con el régimen de financiamiento actual de la Administración nacional como de las provincias. Esta violencia la observó la vicegerenta del FMI en su visita reciente a Argentina. De hecho, la funcionaria vino de urgencia para alertar acerca de la artificialidad del ajuste y de su inviabilidad. Podar salarios, jubilaciones, comedores populares y obras públicas, además de pisar el pago de gastos efectivamente realizados, no significa solamente destruir ingresos nacionales por medio de una recesión, con el consiguiente agravamiento del desfinanciamiento de ese mismo Estado y un mayor déficit fiscal. El desmantelamiento de una estructura estatal obsoleta, no viene acompañada por ninguna organización alternativa. La magnitud del ajuste no modifica en nada la situación de default de la economía argentina, cuyos bonos cotizan, aunque hayan aumentado de valor desde diciembre, con un descuento del 60% sobre su valor de emisión. El gobierno de Milei ha convertido la crisis del régimen político en una crisis de Estado, para beneficiar a una reducida camarilla financiera.
En medio del choque con las provincias, el Banco Nación ha anunciado el inicio de su conversión en sociedad anónima y su ulterior privatización. Ha entregado la tarea a una consultora que encabeza Horacio Liendo, un funcionario de Cavallo. Milei ha decidido avanzar con el DNU 70/2023, que no ha recibido la ratificación del Congreso. Clarín advierte, sin embargo, que el rechazo del decreto es un hecho consumado en el Senado y por lo tanto se conseguirá el número necesario también en Diputados. Para eso será necesario esperar a abril – el tiempo que se estima legislativamente necesario. La irrupción de Clarín en la crisis tampoco sería resultado de la objetividad periodística, porque Milei se apresta a autorizar a Elon Musk y a Amazon a ofrecer Internet por vía satelital. Este escenario demuestra que las estructuras capitalistas agotadas que sobreviven más en el tiempo, se derrumban en menor plazo y con mayor estrépito. Una coalición parlamentaria que derribe el DNU sólo sería viable si ha previsto organizar una sucesión de gobierno. Las negociaciones para desmantelar el DNU en un conjunto de leyes que serían votadas separadamente, como insinúan algunos medios, sería equivalente a intentar reflotar la Ley Ómnibus cuando los choques entre intereses capitalistas se han acentuado.
Un asunto no menor en todo esto es la decisión de La Rioja de incumplir con el pago de una cuota de 20 millones de dólares de una deuda externa total de 250 millones. Los acreedores podrían admitir una reestructuración de pagos o reclamar el cobro inmediato de la totalidad del préstamo. El default internacional de una provincia debería afectar la credibilidad de la deuda nacional. El riojano Quintenla, que ya comenzó a emitir moneda local, alega que el impago es consecuencia del ajuste de los Milei-Caputo. Es otro aspecto del choque federal que se ha acentuado con la crisis chubuteña.
Perspectivas
Una mirada de conjunto advierte que el recorrido de la crisis ha sufrido bifurcaciones llamativas. En lugar de una reacción histórica excepcional de la clase obrera ante la magnitud del golpe de Estado económico de la ultraderecha, el choque central lo protagonizan un conjunto de fracciones de la propia burguesía y del capital internacional, como ocurre incluso con el FMI. El diverso espectro político de la clase obrera, desde la CGT y la CTA, hasta el FIT-U se han puesto a la cola de este enfrentamiento. La burocracia sindical de petroleros, la construcción y camioneros se movilizó fuertemente en apoyo a Torres en Comodoro Rivadavía, el epicentro de la crisis. Las centrales de la burocracia operan a la cola del Poder Legislativo y el judicial; CTERA ha entregado las paritarias bonaerenses en apoyo a Kicillof, pero se ha puesto a la cabeza de los reclamos concernientes a los fondos fiduciarios en general y al del incentivo docente en particular. El FIT-U ha ‘sorprendido’ con una indomable voluntad de marchar con el kirchnerismo el 24 de Marzo; estamos ante el clásico aprovechamiento oportunista del odio creciente a Milei. El mismo Pro se ha partido y va camino a desaparecer, con muchos de sus integrantes acompañando la “avenida del medio” de Pichetto. Se ha roto el mini-bloque de LLA en la Legislatura bonaerense.
Esta oposición embrionaria y tardía a Milei ha terminado abriendo algunas compuertas al kirchnerismo, cuyos votos necesita en el Congreso. Precisamente por eso, el kirchnerismo ha entrado en proceso deliberativo, para alejar a la familia K en beneficio de Kicillof o Massa, partidarios de crear “músicas nuevas”. Pero debería ser claro que esta oposición en calidad de tentativa no reúne condiciones para pilotear una salida. Como ha ocurrido en numerosos episodios en la historia mundial, han servido para llevar la crisis a nuevos peldaños y para levantar las últimas barreras que obstaculizan el desencadenamiento de las fuerzas elementales de las masas trabajadoras. Por eso es fundamental concentrar los ataques contra el gobierno saqueador de Milei sin alentar ninguna confianza con los bloques opositores y sus planteos –por el contrario hay que someterlos a una crítica sistemática. Son los bloques que defendieron con uñas y dientes, no las jubilaciones, sino los intereses de la agroexportación cuando Milei propuso un aumento temporal de las retenciones.
La presente crisis tiene perspectivas revolucionarias amplias: en primer lugar porque ha quebrado al régimen político y en parte al Estado, y en segundo lugar porque se inserta en una crisis internacional sin precedentes, como lo demuestran las guerras imperialistas en Ucrania y en Medio Oriente. Para dar una respuesta a cada etapa de este proceso es necesario captar los eslabones de la crisis en su conjunto.
Jorge Altamira
27/02/2024
martes, febrero 27, 2024
El gobierno excluye a millones de niños de las asignaciones familiares
Cada vez más niños acuden a comedores populares.
El gobierno nacional de Javier Milei acaba de reducir el monto a partir del cual las familias trabajadoras quedan por fuera del acceso a las asignaciones familiares que paga la Anses según ingresos y cantidad de niños. El ajuste fiscal no tiene reparo alguno y sigue avanzando con fuerza sobre los ingresos de los trabajadores y sus familias.
Se trata de la modificación del monto a partir del cual los trabajadores asalariados y sus familias quedan excluidos de las asignaciones familiares: algo que suscitó debates paramentes entre la burocracia sindical y el gobierno precedente del Frente de Todos, hasta que el gobierno saliente elevó el techo al equivalente al piso para el pago de Ganancias.
De esta forma, el gobierno redujo de $3.960.000 a $2.154.806 el límite a los ingresos familiares y de $1.980.000 a $1.077.403 el tope a los ingresos individuales para considerar el acceso o no a las asignaciones familiares. Estamos ante un mecanismo que en el cuadro de inflación actual deja a millones de niños y niñas por fuera de la compensación/asistencia del Estado, en el mercado de una liquidación progresiva del poder adquisitivo de los trabajadores.
A partir del mes de marzo la actualización del tope seguirá la evolución trimestral de la movilidad jubilatoria, por lo que se espera que nuevos trabajadores y sus familias se sumen a la lista de excluidos. Mismo criterio que se aplica para actualizar las asignaciones, las cuales se ubicaran el próximo mes en $26.277 para quienes no superen los $406.909 y $5.527 para quienes cobren entre $688.999 y $2.154.806, con escalas intermedias. El 27% de aumento de las jubilaciones está muy por detras delacumulado de la inflación que perfila a superar el 70%.
Para el acceso a las asignaciones familiares se toma el haber bruto (sin considerar el aguinaldo), por lo que una familia que dependen de un solo ingreso familiar en relación de dependencia con montos netos que oscilan los $800.000 quedarán por fuera de la cobertura.
La medida implica un ajuste del 45,6% en los topes salariales para excluir a una porción significativa de los trabajadores y sus familias. Pero no es el único recorte: durante el 2023, con una inflación anual del 211,4%, los montos de las asignaciones solo aumentaron un 110,9%, implicando un recorte del 32,3%. Si se hace el mismo cálculo contado desde enero el recorte asciende a 40,5%.
El gobierno afecta a la asignación mensual que cobran los hijos menores de 18 años e las y los trabajadores registrados, y también limita el rango de beneficiados de los $70.000 anunciados por el gobierno para ayuda escolar, reduciendo las medidas “asistenciales” de Milei a propaganda falsa. Quienes superen el tope tampoco podrán acceder a las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio.
Como se deduce de estos montos, solo una minoría de los trabajadores asalariados, quienes se ubican debajo del umbral de la pobreza, accederán a valores precarios de entre $26.277 y $10.717. Esto explica porque son muchos los trabajadores y sus familias que acuden a los comedores populares de las barriadas obreras, los mismos que el presidente está desfinanciando y vaciando.
El gobierno de Milei avanza recortando el ingreso a la asistencia que opera como un paliativo en el marco de unos salarios ajustados sistemáticamente por las patronales, cuando los salarios no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Se cuentan de a millones los trabajadores que están por debajo del índice de pobreza. Lo que reclama la necesidad de un plan de lucha nacional de los trabajadores, comenzando por el paro activo de 36 horas, para evitar que sigan avanzando con el ajuste y dar un giro en la situación actual para imponer las reivindicaciones obreras y populares.
Marcelo Mache
En enero, el BCRA compró dólares porque se pisó el 74% de las importaciones
Un horizonte de más derrumbe salarial y desempleo.
El gobierno de Javier Milei festeja que el Banco Central obtuvo en enero un saldo comprador de U$S 3.272 millones. Sin embargo, ese logro fue posible porque en el mismo mes se pisaron importaciones por el mismo monto. Los compromisos con los proveedores del extranjero, los vencimientos de deuda externa y la presión devaluatoria de los exportadores pone en duda la posibilidad de recomponer las reservas y de mantener planchado el dólar.
En enero, se importaron bienes y servicios por U$S 4.372 millones, sin embargo, solo se pagó con dólares oficiales el 24% de esa cifra. De lo contrario, el BCRA no hubiera podido realizar compras netas de divisas. El gobierno prevé sostener el cepo importador hasta abril, cuando comience la liquidación de la cosecha gruesa.
Ahora bien, lo más probable es que el agro acepte liquidar en ese momento a cambio de una nueva devaluación. Sucede que el salto cambiario de diciembre desató una inflación que hizo caer el tipo de cambio multilateral (competitividad). A su vez, el gobierno prevé eliminar en junio el “dólar blend” para alcanzar la meta de acumulación de reservas del FMI. Recordemos que ese esquema les permite a los exportadores liquidar el 20% de sus exportaciones al dólar CCL y el BCRA se pierde de comprar esas divisas. Si ese beneficio se elimina, las patronales exportadoras exigirán ser compensadas mediante un aumento en la cotización del dólar oficial como condición para liquidar.
Una nueva megadevaluación volverá a enardecer los precios de los bienes transables y ejercerá presión sobre las tarifas, pulverizando aún más los salarios y jubilaciones. El gobierno dilata lo más posible esta medida, a sabiendas de que podría desencadenar una reacción popular de la que difícilmente logre reponerse. Además, la eliminación del dólar blend mientras se mantiene el cepo cambiario generaría un crecimiento de la brecha cambiaria, puesto que mermaría la oferta de CCL, reforzando así la presión devaluatoria.
Sin embargo, en caso de sostener el esquema del dólar blend hasta fin de año, habría unos U$S 15.600 millones de las exportaciones que ingresarían vía CCL y no irían a las reservas, según los cálculos de Fundación Capital. De ese modo, muy poco del superávit comercial previsto para este año de U$S 19.025 millones (debido a la caída que se espera en las importaciones por el cuadro recesivo) sería comprado por el Banco Central.
El pago de la usuraria deuda externa también implicará un golpe a las reservas. Habrá vencimientos por U$S 4.357 millones con los bonistas privados y pagos netos al FMI por U$S 828 millones. En cuanto a la deuda externa privada (gran parte de la cual está compuesta de autopréstamos entre filiales de la misma multinacional), según al consultora citada, se deberán cancelar este año U$S 8.500 millones. También proyecta una salida de U$S 773 millones en concepto de formación de activos externos. Como vemos, la fuga de divisas bajo diferentes formas continúa su curso.
Esto, cuando la previsión de las exportaciones del agro disminuyó en U$S 5.980 millones respecto de las estimaciones iniciales, como resultado de la caída en los precios internacionales del maíz y la soja (por mayor oferta desde Estados Unidos, Argentina, Rusia y Ucrania, y menor demanda de China) y una caída en la cosecha local tras los efectos de la ola de calor de enero.
Así las cosas, la mejora en las reservas de estos primeros meses de gobierno está atada con alambres. Para que perdure en el tiempo el oficialismo deposita esperanzas en posibilidad incierta de que aparezcan préstamos internacionales y en profundizar la caída de la actividad para planchar aún más las importaciones. Una vía de más endeudamiento, cierres, despidos y suspensiones. Tampoco descarta devaluar nuevamente para sostener la liquidación de exportaciones, cual es un espiral sin salida, porque rápidamente la inflación volverá a restar competitividad y resurgirán las presiones devaluatorias, generando una situación insostenible para el bolsillo popular.
Una perspectiva de mayor derrumbe salarial y desempleo. La CGT y la CTAs deben llamar a un paro de 36 hs ya mismo exigiendo un salario mínimo de $600 mil y cláusula gatillo ajustada a la inflación, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Debemos organizarlo desde abajo, para lo cual, poner en pie una asamblea de trabajadores ocupados y desocupados, asambleas barriales y movimiento de la cultura, será un paso muy importante en esa dirección. El 1° de marzo, nos toca movilizar a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso para rechazar la agenda antiobrera de Milei y el FMI.
Sofía Hart
lunes, febrero 26, 2024
“Tractoradas”: guerra, crisis del capital y de la UE
Las tractoradas en las capitales de provincias y puertos y mercados estratégicos tienen por objetivo protestar contra la reducción de las subvenciones para los combustibles, contra los acuerdos comerciales que permiten la entrada sin recargos desde terceros países de productos exentos en origen de las normas aplicadas por la Unión Europea para su producción interior, entre otros cosas. Parte de los reclamos se dirigen a la venta a pérdida, es decir por debajo de los costes de producción. También contra la carga administrativa a la que se ven obligados para poner su producción en el mercado. De conjunto se trata de un amplio movimiento de propietarios de tierras, y no de obreros agrarios, dedicados a la producción primaria desde la frontera de Ucrania hasta la península ibérica que delata en primer lugar las consecuencias de la escalada de los precios de los insumos agrarios tras iniciarse la guerra de la OTAN en Ucrania.
La subida de los precios de los combustibles y la energía está directamente vinculada a la guerra en el Este europeo, con la suspensión de la entrada del gas ruso y su sustitución por otros proveedores alternativos más caros, en particular Estados Unidos y emiratos del Oriente Próximo. El estallido de las movilizaciones se produjo inicialmente en Polonia, Hungría y Eslovenia con la entrada al mercado europeo a través de la frontera polaco-ucraniana de los cereales y semillas oleaginosas producidas en Ucrania tras el bloqueo ruso del puerto de Odessa y el fracaso de la apertura de un pasillo marítimo seguro para la salida del cereal por mar. Una de las condiciones exigidas por Rusia, el levantamiento de las sanciones a sus fertilizantes, jamás fue aceptada por la coalición de naciones que responden a la OTAN y a Estados Unidos. Este es el principal motivo de los precios internacionales desbocados de los fertilizantes. La entrada del cereal y otros productos agrarios ucranianos a través de Polonia provocó una verdadera sublevación de productores polacos y otros países del Este de Europa afectados por los menores precios de esa producción.
La reacción inmediata de los gobiernos de Varsovia y Budapest fue exigir a la UE que impidiera la comercialización de los productos agrarios ucranianos en sus países o compensara a los agricultores por la caída de los precios del mercado ocasionada por esas importaciones. Eslovenia se unió a esa resistencia y exigió otro tanto. Mientras, Polonia amenazó con retirar el apoyo en armamento a Kiev. Esta situación es una consecuencia directa de la guerra de la OTAN en Ucrania. Entre otras cosas porque abrir rutas para la salida del cereal ucraniano por ferrocarril y camión a través de la frontera con Polonia es clave para asegurar a los capitales agrarios ucranianos y al Gobierno de ese país de un lado, los beneficios económicos de su actividad y del otro, los ingresos fiscales para la economía de guerra del país. Pero, mientras los productores agrarios europeos se movilizan en defensa de sus ingresos, quienes realmente pagan de forma masiva el encarecimiento de la producción agraria son los trabajadores de las ciudades de toda Europa expulsados de sus tierras por el desarrollo capitalista desde el siglo 17.
Concentración del suelo, PAC y distribuidoras
En marzo de 2022 se acabó en Ucrania una moratoria sobre la venta del suelo agrario. La moratoria había sido sorteada de forma eficaz por magnates de Ucrania, Rusia y fondos de inversión de todo el mundo, que ya tenían el control real de la tierra arable del país mediante arrendamiento a los pequeños propietarios beneficiados por la privatización del suelo del estado y las cooperativas tras la independencia de Ucrania en 1991. La concentración de esa vasta extensión de tierras productivas, 32 millones de hectáreas arables, en manos de grandes capitales que aplican medios mecánicos y recursos bioquímicos modernos les permite un alto rendimiento del suelo y una producción a costes difíciles de igualar para la mayoría de los productores agrarios del resto de Europa. En 30 años esa concentración de tierras y capital logró lo que la UE no pudo desde el tratado de Roma de 1956, la eliminación de los pequeños productores y su sustitución por grandes conglomerados.
En España, el 50 % de la producción agraria está en manos de entre el 6 % y el 7 % de los propietarios de explotaciones. La Comunidad Económica Europea en un principio y la Unión Europea (UE) más adelante diseñaron una política de apoyo a los productores agrarios para protegerlos de la competencia internacional por los altos costes de producción europeos comparados con otras regiones por diversos motivos, que van desde la productividad del suelo hasta el coste de la mano de obra y de los insumos. El apoyo a los productores agrarios para sostener lo que en un principio se definió como la Europa Verde se plasmó en la denominada Política Agraria Común (PAC). El objetivo de esa PAC era subsidiar esa producción agraria más costosa. Durante décadas la UE ha retrasado la concentración del suelo en manos de los conglomerados que combinan la producción con la industrialización de los alimentos, con el objetivo de evitar un proceso de pauperización de los pequeños productores agrarios y su abandono de la tierra y los consiguientes conflictos políticos que eso supondría.
Aunque numéricamente esa población no es significativa, su peso político si lo es y puede convertirse en un elemento adverso en la estabilidad política de los países de la UE. Sin embargo, la precariedad de las finanzas europeas, que se ven sobrecargadas por la necesidad de financiar la parte que les toca de la guerra de la OTAN en Ucrania, ha hecho difícil de sostener una PAC al gusto de todos. En particular de los pequeños productores. La realidad es que los principales beneficiarios de la política agraria de la UE son las grandes explotaciones que son las principales destinatarias de esos recursos por su volumen de producción. Con lo cual, en los hechos, los grandes capitales absorben la mayor parte de la renta cedida por los países miembros a los subsidios agrarios. El malestar que ocasiona en el sector de los pequeños productores agrarios esta situación convierte a estos propietarios de suelo en base potencial de la extrema derecha ante una izquierda sin respuesta ante una crisis propia del capital.
A este cuadro se suman los bajos precios pagados a los pequeños productores que carecen de una escala de producción rentable. Las grandes cadenas de distribución y las grandes superficies compran a precio vil el producto de esas explotaciones que no pueden competir con la producción de los grandes propietarios de suelo con sus intereses estrechamente vinculados a la agroindustria y a los fondos de inversión. Esto empuja a la quiebra a las pequeñas explotaciones. En este cuadro los trabajadores agrarios, que venden su fuerza de trabajo a los pequeños y medianos productores, resultan los obreros peor pagados en toda la estructura europea, sea en la Italia de la primera ministro Giorgia Meloni o en la España de Pedro Sánchez. Las condiciones de explotación de los trabajadores agrarios, en su mayoría personas migrantes, son extremas y carecen casi por completo de protección por parte del estado o de los sindicatos burocráticos. Ninguno de los grandes sindicatos se ha ocupado realmente de la defensa de los trabajadores agrarios.
La PAC virtualmente no ha sido modificada desde el tratado de Roma de 1957. Su futuro ha sido objeto de debates y presiones internas dentro de la UE relacionadas con el papel que juega en cada nación el campesino. Existe dentro de la UE una fuerte corriente en favor de la reforma de la PAC para acelerar la concentración agraria y reducir los costes presupuestarios. En las condiciones actuales en las que rige un cuadro de guerra mundial en desarrollo, los costes de los insumos tenderán a subir, mientras la propia UE no es capaz de lograr un presupuesto que pueda atender a sus compromisos bélicos frente a Kiev de un lado, a la OTAN del otro que exige un mínimo gasto militar del 2 % del PIB a los estados miembros. La quiebra de las pequeñas explotaciones va a redoblar la despoblación del campo y aumentará el paro agrario con un incremento de la conflictividad social y el encarecimiento de los alimentos. La concentración monopólica de la tierra, de la agroindustria, de las cadenas de distribución, de las grandes superficies, se reflejará de forma creciente en precios cada vez más altos.
Pequeños campesinos y obreros
La política belicista de la UE obligará a un gasto militar creciente en el cuadro de guerra mundial en desarrollo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyden abogó el 15 de febrero en favor de subsidios para la industria europea del armamento ante la posibilidad de que la ayuda estadounidense decaiga (https://www.ft.com/content/66606e2c-0b5a-493e-af59-d24436d0fd72). Las naciones de Europa enfrentan una crisis económica significativa, como manifiesta claramente la recesión en Alemania y el escaso crecimiento en el conjunto de la región. España se incorpora con mayor lentitud a este periodo de crisis, pero lo hace con paso firme. Las peleas para el incremento del presupuesto de la UE adquieren un perfil cada vez más tenso. Las corrientes euroescépticas se han reforzado en los últimos dos años. La tendencia hacia un empobrecimiento creciente de los pequeños productores agrarios es una realidad palpable. En este cuadro el campesinado es pasto de las formaciones políticas de extrema derecha, que mientras critican a la UE son fieles esbirros del capital y no harán más que bregar por la derrota de los trabajadores para disciplinarlos a la explotación capitalista. Su aspiración es atraer como base a las pequeño burguesías, dentro de ellas los campesinos empobrecidos, como base social para atacar al proletariado europeo a sus luchas y reivindicaciones.
España fracasó bajo la segunda república en su intento de una reforma agraria, no solo por la resistencia de los grandes y medianos propietarios de tierras y sus aliados de la banca, sino además por la profunda desconfianza de los pequeños propietarios, los campesinos pobres, hacia esa reforma. Vale la pena anotar por cierto que la Reforma Agraria se proponía parcelar y distribuir entre los obreros agrarios los grandes latifundios de Andalucía, Extremadura y La Mancha. Por el contrario el proletariado del campo manifestó una clara tendencia a la explotación colectiva del suelo con sus invasiones de tierras, como en 1933 y 34 y finalmente en 1936. La república no se privó de someter al movimiento de los obreros del campo a una feroz represión. La tarea histórica de la expropiación de los grandes capitalistas agrarios y la cooperativización de la producción de los pequeños productores es ahora más aguda que entonces. Pero requiere de la solidaridad de los obreros de la ciudad, y para triunfar en un sentido histórico necesita la expropiación de la industria, la banca y el comercio exterior.
La única opción para los pequeños productores es organizarse junto con los trabajadores del campo y de la ciudad para luchar contra el dominio del capital, por un gobierno obrero y el socialismo. Sólo bajo un régimen social que expropie al capital los pequeños productores y los trabajadores del campo podrán organizarse en cooperativas de trabajo proveedoras de las necesidades del proletariado de las ciudades y los centros industriales al amparo de un gobierno de la clase obrera. La única fuerza social que puede ofrecer a los pequeños productores agrarios un futuro es el proletariado agrario y urbano organizado en un partido obrero que luche por el socialismo.
Por una huelga general contra la carestía
Por un salario mínimo de 1400 euros para los trabajadores del campo y la ciudad
Por la expropiación de las grandes producciones agrarias y su puesta en producción bajo control obrero
Por la cooperativización de los pequeños productores agrarios bajo un gobierno obrero
Por la nacionalización del comercio exterior y la expropiación de la banca
Abajo la guerra imperialista
Grupo Independencia Obrera
23/02/2024
Soldado de EE.UU. se suicidó a lo bonzo frente a la embajada israelí en Washington
"Ya no seré cómplice del genocidio. Estoy a punto de participar en un acto de protesta extremo, pero en comparación con lo que la gente ha estado experimentando en Palestina a manos de sus colonizadores, no es nada extremo. Esto es lo que nuestra clase dominante ha decidido que será normal", gritó antes de rociarse.
Bushnell transmitió su protesta en vivo antes de prenderse fuego. Fue hospitalizado en estado crítico, pero murió a las pocas horas.
Antes había escrito en sus redes sociales: "A muchos de nosotros nos gusta preguntarnos: '¿Qué hubiese hecho si hubiera vivido durante la esclavitud? ¿O el sur de Jim Crow? ¿O el apartheid? ¿Qué haría si mi país estuviera cometiendo genocidio?”. "La respuesta es lo estás haciendo. Ahora mismo", agregó.
Bushnell es "el niño más amable, gentil y tonto de la Fuerza Aérea" y "uno de los camaradas con más principios" que sus amigos han conocido, compartió en X la periodista Talia Jane después de entrevistar a sus amigos. "Siempre está tratando de pensar en cómo podemos lograr la liberación para todos con una sonrisa en su rostro", dijo uno.
La portavoz de la Fuerza Aérea Rose M. Riley confirmó en un correo electrónico que “un aviador en servicio activo estuvo involucrado en el incidente de hoy”. Aunque el servicio secreto llegó al lugar antes que los bomberos, no dieron más detalles.
Bushnell no es el primer norteamericano que decide inmolarse contra la política de Estados Unidos en Gaza. En diciembre, una manifestante se prendió fuego frente al consulado de Israel en Atlanta, envuelta en una bandera palestina.
El Ejército israelí lleva asesinados más de 30.000 personas y herido unas 70.000 en Gaza, desplazado al 85% de la población y destruido por lo menos el 60% de la infraestructura escolar y sanitaria, según la ONU.
Aunque un fallo en la Corte Internacional de Justicia calificó de genocidio la invasión israelí y le ordenó detener el ataque y garantizar que se proporcione asistencia humanitaria a los civiles en Gaza, Israel continuó su guerra de exterminio y bloqueado el ingreso de la ayuda por el paso de Rafa.
Estados Unidos vetó el 20 de febrero un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad presentado por Argelia en nombre de los Estados árabes, en el que se exigía "un alto el fuego humanitario inmediato que debe ser respetado por todas las partes". El texto recibió 13 votos a favor, uno en contra (Estados Unidos) y una abstención (Reino Unido).
Israel ejecuta la solución final del “problema palestino” con la más activa complicidad del imperialismo mundial. Esa complicidad, sin embargo, ha conmovido profundamente a los jóvenes norteamericanos de universidades y escuelas, y disminuyó drásticamente el apoyo a Biden entre la juventud. La indignación parece haber llegado al Ejército.
¡Honor al soldado Bushnell! La clase obrera internacional es la única fuerza capaz de frenar el genocidio palestino y la política de guerra y destrucción imperialista.
Olga Cristóbal
26/02/2024
¿Quién va a defender al pueblo de Chubut y al de todas las provincias?
Milei y el capital financiero sin embargo quieren más. El plan de guerra contra los trabajadores amenaza con incendiar las provincias a las que, por ahora, les bloquea la autorización para endeudarse, les ejecuta todas las deudas pendientes y les corta toda transferencia de fondos nacionales específicos, como los de educación u obras públicas, además de los ATN discrecionales. Solo quedan las transferencias de la coparticipación, que cae en términos reales por la caída del consumo y la actividad económica. Por esta vía volverán los planteos de que las provincias son “inviables” como se decía en los ’90, para justificar la disolución de los Estados provinciales en regiones. El poder central es una máquina de concentrar recursos y las provincias meras oficinas de recaudación para el pago de la deuda, que en enero, cuando se impuso el déficit “0” se llevó el triple de recursos que hace un año atrás.
“Medidas de fuerza”
El gobernador de Chubut anunció ante una multitud de unos 15.000 obreros que está dispuesto a desafiar al poder central y propuso tomar una medida de fuerza parando la exportación de gas y petróleo, enseguida los gobernadores patagónicos le dieron su apoyo a la bravuconada. Los diarios de hoy comentan, con razón, que esta medida de fuerza solo la podrían materializar los obreros parando la producción y por lo tanto las exportaciones o su distribución nacional. Que solo los obreros petroleros pueden llevar adelante la medida está dado también por la ley de hidrocarburos, que todos los gobiernos defienden. Es que por esta norma, si bien las provincias tienen el dominio originario de los recursos, una vez extraído el producto pertenece a la empresa titular de la concesión.
Como en todas las grandes causas provinciales, han sido grandes puebladas y huelgas las que enfrentaron los salvajes ataques a los pueblos, la depredación de los recursos naturales las privatizaciones y los ajustes capitalistas. Ahí están en Chubut las puebladas que frenaron la megaminería y se plantaron en defensa del salario docentes y empleados públicos. En Cutral Co y en Mosconi las puebladas encabezadas por los trabajadores “ypefianos” contra la privatización de YPF. En todos los casos los gobernadores estuvieron abiertamente del lado de los ajustadores y mandaron a reprimir a sus pueblos movilizados.
Las contradicciones de los gobernadores, que ven peligrar los negocios de los grupos económicos para los que gobiernan, los han llevado a este “amague” de medidas de fuerza. Buscan algún tipo de pacto fiscal que preserve esos negocios a condición de mantener a fondo el ajuste contra los trabajadores ,así lo plantearon los gobernadores de Salta y Tucumán o el bloque de cuatro senadores que encabeza el salteño Juan Carlos Romero e incluye a dos senadores de Chubut -Andrea Cristina y Edith Terenzi- y a Lucila Crexell de Neuquén.
Derrotar el ajustazo demanda que los trabajadores y los pueblos tomemos la lucha en nuestras manos contra el ajuste de Milei y de los gobernadores. Es necesario, como en todas las grandes crisis, que organicemos la intervención de los trabajadores sobre la base de un programa propio de defensa del trabajo, del salario y de los recursos naturales de las provincias. A la tentativa de las petroleras, con YPF a la cabeza, de reorganizar sus negocios solo en las áreas más rentables como Vaca Muerta abandonando Chubut y otras provincias dejando miles de despidos y enormes pasivos ambientales, hay que oponer la exigencia de un plan de inversiones de YPF en todos las regiones, la defensa de todos los puestos de trabajo y un plan para industrializar en origen la producción bajo control de los trabajadores. Parar los yacimientos, cortar las exportaciones, debe estar al servicio de este programa, no de las maniobras de los gobernadores. Son indispensables asambleas en los yacimientos, en los pueblos y en todos los lugares de trabajo o estudio y la elección de comités de lucha.
Claudio Del Plá
El cierre del INADI: despidos y una operación política reaccionaria en puertas
Las actividades del INADI las hacían 430 trabajadores, pero Milei redujo su personal a 355. Según afirma el gobierno, se les pidió la renuncia a delegados y cargos políticos.
ATE afirma que, en los últimos 8 años, “el organismo sufrió un achique presupuestario y un estancamiento en el despliegue de sus políticas. Lxs trabajadorxs resistimos a la falta de un criterio integral de gestión en materia de DDHH y no Discriminación, a los vaivenes de la sucesión de conducciones que tuvo el Instituto y al deterioro en las condiciones laborales y contractuales” (ATE.org.ar 29/12/23). En el marco del paro nacional, ATE Capital convocó a un abrazo simbólico al organismo para el lunes 26 a las 9.30 horas.
ATE INADI publicó en diciembre un comunicado en el que explica que el Instituto se creó como “producto directo de los atentados a la Amia y a la Embajada de Israel”. La DAIA, a su turno, manifestó su “preocupación” por la medida oficial. A partir de ese comunicado, el Ministro de Justicia no dejó pasar 24 horas para comunicar que el organismo que se haría responsable de sostener las políticas públicas “antidiscriminación” así como el personal que “desempeñe bien su trabajo”. El cierre del INADI no sólo acarreará despidos, sino que será también la punta de lanza de una operación política reaccionaria, al servicio del imperialismo y el sionismo.
Ningún despido. Abajo el ´ajuste´ de Milei. El lunes 26, paremos masivamente en todo el país.
Valu Viglieca - Delegada de ATE Cultura
25/02/2024
“Sobrevivientes después del terremoto”: la lucha por la supervivencia
Dirigido por Um Tae-Hwa, y con la participación de Lee Byung-Hun (“El Juego del Calamar”, “Terminator Genesis”, “G.I. Joe”), Park Seo-Joon (“The Marvels”, “Parásitos”), Park Ji-HU (“All of us are Dead”) y Kim Doyoung (“Train to Buscan”), el largometraje se inmiscuye en la cuestión de la supervivencia, jugando, al inicio, con la modalidad del cine catástrofe (las primeras imágenes ya son una ciudad diezmada y destruida).
Los propietarios del monumental coloso de cemento y hormigón que queda en pie deciden expulsar a aquellos ocupantes extraños que se guarecieron en el lugar ante el terremoto, anteponiendo la defensa de la propiedad privada por sobre la vida de sus vecinos. A partir de allí, se instituye un férreo racionamiento de bienes que son escasos, lo que conduce a distintos dilemas éticos y morales, mientras a la par la desesperación se apodera de los habitantes. La falta de alimento y la lucha por la supervivencia modifica el comportamiento de la gente, que busca desesperadamente una salvación individual, y no una salida colectiva.
Poco a poco, el terremoto queda en un segundo plano. La reducida comunidad de los de adentro se comienza a organizar en defensa de lo poco que tiene, ante el temor de qué harán los de afuera. Conforma grupos de seguridad y elige un líder (Yeong-Tak) que pasa de ser un personaje tímido a un dictador.
Jugando con la metáfora (y no tanto) de estar dentro o fuera del edificio, “Sobrevivientes…” pone en debate quiénes están adentro y quiénes no del sistema, del mercado. Y pone en tela de juicio la lucha por la supervivencia en un escenario dramático.
Pese a no exponer una salida, es un retrato de un régimen en caída cuya transformación debe ser asumida por los explotados.
Maxi Robes
domingo, febrero 25, 2024
Las amenazas de Israel contra Rafah agitan Medio Oriente
Por tercera vez consecutiva, Estados Unidos vetó este martes 20 una propuesta de resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –presentada por Argelia- que demandaba un cese al fuego en Palestina. De este modo, Washington reafirmó su respaldo a una operación de características genocidas que ya dejó casi 30 mil muertos (12 mil de ellos, menores de edad) y 70 mil heridos en Gaza. A la par, casi 400 personas fueron asesinadas en Cisjordania y nueve prisioneros políticos murieron en las mazmorras sionistas.
La cuestión que ahora está en discusión es si el gobierno de Benjamin Netanyahu avanzará en una invasión terrestre de Rafah, que antes del 7 de octubre contaba con 300 mil habitantes, pero donde ahora se apiñan más de un millón de personas que huyeron de la devastación israelí en el resto del enclave costero.
Un asalto sobre Rafah, ubicada en la frontera con Egipto, amenaza con una escalada dramática en términos humanitarios y con un recalentamiento de la situación regional. El gobierno de al-Sisi se opone a esta posibilidad, que plantea el riesgo de un desplazamiento de cientos de miles de personas hacia su territorio. Hasta el momento, Rafah ha sufrido varios bombardeos.
La expulsión de los palestinos de Gaza es alentada explícitamente desde un ala del gobierno israelí formada por el Partido Sionista Religioso y Poder Judío. Recientemente, un acto organizado por los colonos en Jerusalén, con la presencia de más de una decena de ministros y legisladores, planteó esta perspectiva y la recolonización del área. Netanyahu no se pronunció sobre dicha variante, pero dice que su propósito es mantener el control total de la seguridad cuando finalicen las operaciones en curso.
Egipto está desplazando cada vez más efectivos militares al cruce de Rafah y, según algunas versiones, está construyendo un muro y una zona de seguridad. Paralelamente, funcionarios egipcios e israelíes protagonizaron fuertes contrapuntos diplomáticos.
Es importante detenerse en esta crisis de las relaciones egipcio-israelíes.
Egipto fue el primer país del mundo árabe en normalizar relaciones con el Estado sionista, en 1979, a cambio de la devolución de la península del Sinaí, apropiada por Israel durante la guerra de 1967. Desde 2007, El Cairo –que es también un aliado norteamericano- colabora con Tel Aviv en el férreo bloqueo sobre Gaza, llevado al extremo desde octubre pasado. Aun hoy, a pesar de los cortocircuitos, las áreas de seguridad de ambos países siguen cooperando estrechamente.
Sin embargo, el carácter potencialmente incendiario que implica la ofensiva sobre Rafah pone en riesgo la continuidad del tratado. A partir de la invasión de Gaza, además, se frenó el proceso de normalización de relaciones entre Israel y los Estados árabes que había empezado algunos años antes, con Marruecos, Emiratos Arabes y Bahrein como puntos de largada. Arabia Saudita debió meter en el congelador las tratativas ante el repudio que despiertan en las masas de la región las atrocidades cometidas contra el hermano pueblo palestino.
La ofensiva sionista tiene un carácter desestabilizador en el Medio Oriente. Tel Aviv intercambia cotidianamente bombardeos con Hezbollah en la frontera con el Líbano y ataca también a Siria. Paralelamente, los hutíes de Yemen sostienen un exitoso bloqueo naval en el Mar Rojo en solidaridad con Palestina.
Los preparativos sobre Rafah dificultan las negociaciones para una tregua y un intercambio de los rehenes israelíes por prisioneros políticos palestinos. Al interior de Israel, esto es motivo de tensiones. Mientras los familiares reclaman mayores esfuerzos por un acuerdo, el ministro de Finanzas, Benjamin Smotrich (Partido Sionista Religioso), sostuvo que la prioridad no es la liberación de los capturados sino “destruir a Hamas”.
La barbarie sin fin del sionismo exige continuar la movilización internacional en solidaridad con el pueblo palestino.
Gustavo Montenegro
¿Es el ajustador Nacho Torres un nuevo “arrepentido de Milei”?
Otro de los ejes del gobierno provincial de Torres es el planteo de “austeridad”, un eufemismo que abandonó en sus declaraciones actuales en los medios en las que se jacta abiertamente del ajuste. Dicha austeridad por supuesto no aplica para todos los sectores, puesto que hemos denunciado la millonaria dieta de diputados provinciales que fue anunciada mientras a los estatales (activos y pasivos) se les ofrecía 30 % en cuotas con salarios ya bajísimos (menos de 200 mil los docentes) y con el anuncio de descontar a los docentes que sufran problemas de salud. Tampoco vieron afectadas sus ganancias las grandes patronales provinciales, los principales beneficiarios de las distintas políticas de los gobiernos. También ejecutaron despidos masivos y arbitrarios a trabajadores estatales, al punto de tener que retrotraer parte de los despidos porque habían dejado sin servicio de limpieza a la clínica médica del hospital de Rawson. Los brigadistas provinciales arriesgaron su vida para controlar el brutal incendio por 300 mil pesos por mes. El gobierno está utilizando los presupuestos educativos y de salud del año pasado ya devaluadísimos, con la utilización discrecional de los fondos que eso implica. El problema de la vivienda escala a medida que los alquileres se vuelven impagables y que no hay un plan real de obra pública para construir viviendas.
En este cuadro de ajuste brutal tanto a nivel nacional como provincial, la legislatura aprobó por pedido del gobernador el desembarco del “Comando Unificado” en toda la provincia en el marco de la agudización de la orientación represiva, votado conjuntamente por JxC, UxP y los libertarios, a sabiendas que las tendencias de los trabajadores a salir a luchar se van profundizando. La presencia de Bullrich en la asunción de Torres marcaba esta orientación estratégica
El peso de la deuda
Chubut es de las provincias más endeudadas en relación a sus ingresos (la segunda según algunas consultoras). Esto es debido al gran endeudamiento (la tercera más endeudada en dólares), ligado a la baja recaudación propia (regalías petroleras del 12%, magros impuestos a la pesca, aluminio, ganado ovino etc). Esto explica el peso de la coparticipación en la economía provincial, amén de que es de las provincias que aportan a la recaudación nacional más de lo que reciben por coparticipación (índice de alrededor del 0,7).
El fantasma de Arcioni y el chubutazo estatal
Es recordado que a mediados del año 2019 el gobierno de Arcioni, tras ser reelecto, recurrió al pago escalonado a los estatales. Arcioni explicó en su momento que lo que desencadenó la incapacidad de pago a los trabajadores fue, al igual que ahora, el descuento compulsivo por parte del gobierno de Macri de desembolsos de la coparticipación federal frente al no pago de una cuota de 700 millones de pesos de la deuda que ya tenía Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Además, al igual que ahora Caputo hace con Torres, de la negativa para obtener una reestructuración o una facilidad de pago de dicha deuda. Sucedía por ese entonces que Arcioni no explicitaba su apoyo político para la reelección de Macri y se mantenía neutral, luego de haber sido su mejor alumno en 2017 con el ajuste fiscal. Ese fondo fiduciario, el mismo de ahora, era la chequera con la cual el entonces ministro Rogelio Frigerio disciplinaba a los gobernadores. Torres está siendo disciplinado por Milei con el mismo mecanismo que Macri, a quien Torres elogia, disciplinaba a los gobernadores. De fondo, estamos ante una puja entre ajustadores y camarillas al interior del Estado capitalista, la puja política “provincias vs Nación” no es lo central.
Las enormes movilizaciones docentes y estatales que se produjeron anticipan lo que podría producirse si Torres incurriera en una política similar, con el agravante de que en este momento el salario estatal está en pisos históricos: sería el principio del fin de la carrera política del gobernador, puesto que tampoco está en su agenda avanzar en impuestos progresivos a los grandes capitales provinciales.
Lobbista de los sectores provinciales
Los enfrentamientos de Torres con el gobierno nacional comenzaron con la intención de este último de modificar la ley de pesca en la “ley Ómnibus”. Torres, vocero del lobby de las patronales pesqueras locales (también terciando por estas contra los trabajadores en el conflicto actual), junto con otros gobernadores hicieron caer esta modificación y con ello brindaron su apoyo a esta ley clave del gobierno nacional que reforzaba el conjunto de los ataques del gobierno contra el pueblo trabajador.
El anuncio del gobierno nacional de la anulación del Fonid y el fondo compensador, entre otros montos, agravó la situación con las provincias. Torres fue felicitado por Caputo por absorber esa erogación nacional. Luego se cortó el Fondo Compensador al Transporte Público, pero la cautelar interpuesta por el gobierno provincial frenó esa medida, a partir de lo cual el gobierno nacional define la retención de un tercio de la coparticipación como herramienta de disciplinamiento y para hacer avanzar el ajuste a nivel nacional.
Una nueva crisis se venía produciendo por la definición de YPF–Tecprol, pero también PAE de migrar sus inversiones cada vez más hacia Vaca Muerta con el consecuente despido de más de 4 mil puestos de trabajo, que suscitó un paro y movilización al cual terminó yendo el intendente de Comodoro y Torres, plataforma que eligió para plantear el parate de la exportación de gas y petróleo sino se devuelve la coparticipación retenida.
¿Qué hay detrás?
Torres viene de reunirse con Macri y también con Stanley, el embajador norteamericano. Llevó adelante un acuerdo para colocar al FBI en la provincia. El FMI en su última visita observó la inquietud de que el gobierno nacional podría no tener las condiciones políticas para sostener su política. La iniciativa de Torres, detrás de la cual fueron todos los gobernadores del país (que también llevan adelante su propia política de ajuste), intendentes locales y la burocracia sindical, agudiza la crisis política a la vez opera como elemento de contención del descontento social y va generando las condiciones para un “recambio ordenado” que pueda seguir en la línea del ajuste y del saqueo ante una posible salida muy anticipada de Milei. Es una cuestión de forma, más que un arrepentimiento de fondo. Algunos analistas interpretan que detrás de esto están Macri y Villarruel, que hasta ahora no se han pronunciado públicamente al respecto.
Milei intenta montarse sobre el desprestigio de los gobernadores para lograr elevarse por encima de las instituciones hacia un régimen bonapartista de ultraderecha, hasta ahora empantanado con el fracaso de la ley ómnibus y el posible fracaso del DNU y con cada vez menor capital político incluso dentro de su propia base electoral en la que crece el descontento.
El final totalmente abierto y la intervención de la clase obrera y los movimientos de lucha de forma independiente se vuelven cruciales como elemento de la situación política.
Llamamos a reforzar las movilizaciones independientes de todos los gobiernos para tirar abajo el plan motosierra y terminar con el ajuste. Como parte de esta orientación denunciamos el recorte de coparticipación, la eliminación de los subsidios al transporte y el Fonid. Vamos por un nuevo paro nacional de todas las centrales con un plan de lucha hasta derrotar el ajuste. Impuestos progresivos y permanentes a los grandes capitales provinciales en el camino a la estatización de los grandes recursos de la provincia, bajo control de los trabajadores y puesta en funcionamiento al servicio de los intereses populares en sintonía con el ambiente. Investigación y no pago de la deuda con los acreedores privados. ¡Abajo el comando unificado! Salario mínimo estatal equivalente a la canasta familiar patagónica, con actualización automática.
Con esta orientación, planteamos un plenario provincial de todas las organizaciones obreras, populares, piqueteras y ambientales donde confluyan el conjunto de los movimientos de lucha para superar a la burocracia sindical entreguista y propatronal y a los políticos capitalistas del ajuste.
Santiago Vasconcelos
Diputado provincial por el PO-FITU
Frente a la escalada de la crisis política
El choque entre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y Javier Milei marca un nuevo salto en la crisis política nacional. En el choque hay centralmente dos aspectos en juego. Por un lado, el gobernador habló en el paro convocado por el sindicato petrolero que apoyó su candidatura (el de “Loma” Ávila), que advierte que el plan de desinversión de YPF en los yacimientos convencionales de la provincia traerá aparejados miles de despidos. La burocracia y el gobierno provincial buscan una negociación en torno al esquema de negocios petroleros, en asociación con el capital privado que actúa en la provincia y también al interior de YPF. El segundo motivo del choque es el recorte de fondos de coparticipación a los cuales el gobierno nacional decidió descontarle a la provincia 13.500 millones de pesos a raíz de la deuda con el fondo fiduciario para el desarrollo provincial. Antes, Chubut había ido a la justicia para pedir la suspensión de la eliminación de los subsidios al transporte para el interior del país.
El conjunto de los gobernadores de la Patagonia suscribió un comunicado respaldando la posición de Torres, comunicado que replicó Kicillof asociándolo a la denuncia del gobierno nacional. En respuesta, en un comunicado que escala en la crisis, el gobierno nacional le respondió a Torres que debía llevar adelante sus amenazas de cortar el abastecimiento petrolero y que recurrirían a la justicia para enjuiciarlo. A su vez, redobló la apuesta calificando las medidas del gobernador de “chavistas”.
El apoyo del conjunto de los gobernadores no debe sorprender. Es que todos tienen deudas con Nación, que se van refinanciando de pacto fiscal en pacto fiscal. Los préstamos en dólares de las provincias muchas veces tienen a la coparticipación como garantía. Lo mismo las líneas de crédito de Nación. El ataque a la coparticipación de Chubut, después de la eliminación de los subsidios al transporte, el Fonid y el Fondo Compensador docente, no sólo dejan a la provincia al borde de la bancarrota sino que son medidas extensibles al conjunto de las provincias.
La magnitud del enfrentamiento entre el gobierno nacional y las provincias da este salto luego del coqueteo de algunos gobernadores con quedarse con las divisas como era antes de la unidad nacional, o de la asociación de provincias exportadores para exportar a través del Banco Provincia de Buenos Aires. Semejante escalada, aunque trataran de encauzarla en una negociación contra las masas es indicativa de que la crisis capitalista conlleva tendencias a la fractura nacional que a su vez dividen a las fuerzas políticas de gobierno, cada vez más fragmentadas.
La crisis política está quebrando al PRO. Según se informa, Torres informó a Bullrich de su discurso, sin embargo, la presidenta del PRO salió a desmarcarse y respaldar la medida de Milei. Los medios informan que Macri intentó una fracasada mediación. El intento de formar un gobierno de coalición con Milei está cuestionado por la crisis política. Si Macri avanza sin que se resuelva el choque entre la Nación y las provincias, consolidará una ruptura de su propio espacio. Si no lo hace, la base de apoyo de Milei se verá todavía más afectada y el gobierno tenderá a cerrarse sobre una camarilla estrecha.
Resulta significativo que mientras todo esto ocurre el riesgo país baja y los mercados responden “positivamente” al plan Milei. Lo mismo ocurre con el Fondo Monetario. Ambas cuestiones ponen de manifiesto que la camarilla de Milei responde al capital financiero internacional y sus medidas bonapartistas están al servicio de servir a estos intereses. Esto más allá de las bravuconadas en las redes sociales y del apoyo que pueda conservar en una base explotando el descrédito del gobierno peronista que lo precedió. El ajuste impuesto y necesario para abrir una, de todas formas, lejana, nueva negociación con el Fondo, que tiene el requisito de este equilibrio de cuentas, es una apuesta salvaje a que un rebote económico termine atenuando las brutales contradicciones sociales que está colocando este proceso.
Los gobernadores
Estos choques no nos deben hacer perder de vista la sociedad de clase entre los gobernadores y Milei. Las denuncias de Torres se producen 24 horas después de que el gobierno se reuniera con los gobernadores del NOA para tender puentes nuevamente. El objetivo de esta colaboración es, de parte de los gobernadores, alcanzar algún tipo de acuerdo fiscal para las provincias, y, del lado del gobierno nacional, generar las condiciones que les permitan rearmar los pactos parlamentarios luego del fracaso de la Ley Ómnibus. Todos son partidarios de una reforma laboral, de nuevas desregulaciones e incluso el PJ está dispuesto a colaborar con el Plan Milei si le cuidan sus intereses provinciales, como lo mostraron los diputados tucumanos de Jaldo que la votaron a favor. Los de Torres, mientras tanto, se presentaron como colaboradores, como lo hizo todo el bloque del PRO.
Esta dependencia de intereses patronales de ambos lados del choque condiciona la “resistencia” de los gobernadores. Milei lo torea a Torres para que cumpla sus promesas porque especula con que este no será capaz de cortar ningún abastecimiento chocando con las petroleras por un lado y con todo el capital industrial del país por el otro. La hiperregimentada movilización petrolera no debe hacer perder de vista que Torres es un representante de los mismos que en Chubut enfrentaron con uñas y dientes el chubutazo antiminero. Torres se cura en salud antes de tener una rebelión popular en su provincia, pero ni sueña con medidas que involucren seriamente una acción obrera que no podría controlar. La memoria del chubutazo que hirió de muerte al gobierno de Arcioni está muy viva tanto en la memoria popular como en el gobierno.
La consecuencia lógica de esta orientación social de los gobernadores es que aplican a su vez un durísimo ajuste contra los trabajadores de sus provincias. Así vehiculizan el ataque a los salarios, el cierre de obras públicas y el deterioro de la educación y la salud. Y solamente reaccionan contra el gobierno nacional cuando están contra las cuerdas. Ni sueñan con colocarle impuestos extraordinarios a las petroleras, las mineras o el capital agrario que actúan en los territorios provinciales.
La lucha contra el ajuste del gobierno nacional requiere medidas de fondo. Al recorte de subsidios al transporte nacional hay que oponerle no sólo la pelea por su restitución sino la apertura de cuentas de las empresas y el control obrero de las mismas. Al recorte del Fonid le oponemos no solamente su restitución sino su incorporación al básico y en última instancia la nacionalización del sistema educativo para que los recursos nacionales permitan su reconstrucción. Frente al cierre de pozos petroleros, planteamos ocuparlos y el paro general de todos los gremios, la nacionalización integral y el control obrero de la producción energética.
Para los socialistas, se refuerza una conclusión que venimos sacando. El quiebre del frente patronal debe servir a los trabajadores para desarrollar una intervención propia, con un programa de independencia de clase. El apoyo a los gobernadores es un camino de derrota para el movimiento popular.
Con estos planteos hay que intervenir en todo el país, en todos los frentes, con un planteo de paro nacional y paros locales y provinciales por cada reivindicación atacada por el ajuste de Milei.
Juan García
Los trabajadores tenemos que cerrar nuestro propio “grifo” con una huelga general
Como ocurre con las grandes crisis de poder, la herida putrefacta del “ajuste” libertario terminó estallando en la cima. Nada menos que un gobernador macrista colocó en pie de guerra a los mandatarios de casi todo el país contra Milei, después de haberle sido amputada la tercera parte de los fondos coparticipables a su provincia. La decisión del chubutense Torres de ‘cerrar los grifos del petróleo y el gas’ si el gobierno no se retrotrae, recibió la solidaridad de sus pares del PRO, incluyendo al ‘primo’ Macri de CABA. La movida de Torres, por lo tanto, ha sido, al menos, tolerada por Mauricio, que acaba de descartar un gobierno de coalición con Milei. Bullrich y Petri deberían renunciar al gabinete, o romper definitivamente con el PRO.
Torres lanzó su desafío desde una movilización masiva en Comodoro Rivadavia, convocada por la burocracia local de Petroleros y la UOCRA. Afirmó, además, que el cierre de válvulas ha sido ‘conversado’ con las patronales petroleras, incluyendo a las autoridades ypefianas de la zona.
Torres es el mascarón de proa de una fractura que envuelve al propio gobierno y al gran capital, y no sólo al radicado en la Patagonia. En la escalada de apoyos de gobernadores macristas y peronistas -con la excepción del tucumano Jaldo- han ingresado en la discusión los recortes al subsidio del transporte y los aportes docentes, que ahora se dirimen en varios juzgados federales del país. En cuestión de semanas, el hombre de las “Bases” alberdianas ha recreado el paisaje de la desintegración nacional.
Porqué ahora
El bloque que se rebela contra los recortes de Milei es el mismo que, hace unas semanas atrás, apoyó casi incondicionalmente a la ley ómnibus en el Congreso, y el que se ofrecía como ‘número puesto’ para sostener al DNU en su trámite parlamentario. ¿Por qué ahora estalla esta crisis, más allá de la provocación puntual sobre los fondos chubutenses? La razón hay que buscarla en el escenario de conjunto, y en lo que sucede “por abajo”: el día lunes, tendrá lugar una huelga nacional docente. Llega después de un paro nacional ferroviario, otro en la sanidad y, en la misma jornada del lunes, de los estibadores del puerto. El viernes, el país fue sacudido por una jornada de cortes y manifestaciones por el desabastecimiento de los comedores populares. Argentina ha ingresado en estado de “asamblea permanente”, aun cuando los aparatos burocráticos que han convocado a los paros parciales le temen más a una irrupción obrera a fondo que a los zarpazos de Milei. Ese ‘estado de asamblea’ es el que motivó la visita de Gopinath, la segunda del FMI. Es lo que los gobernadores advierten al decir que los recortes "agreden al pueblo de las provincias, no a sus mandatarios” – y no mienten, porque cada uno de ellos se ha ocupado de transferirle brutalmente las costas del ajuste a “sus” maestros o trabajadores de la salud. Pero el torniquete ha llegado demasiado lejos: su consecuencia inevitable es la rebelión popular que, de una u otra manera, asoma en el horizonte político. Es estrecho, por lo tanto, llamar a este choque “federal” una mera crisis “por arriba” – su telón de fondo es el movimiento de los “de abajo”, que todavía no ha dicho sus palabras mayores. El desenlace derechista de la perinola del balotaje ha sido, efectivamente, la transición a una situación prerrevolucionaria.
El capital financiero y la disolución nacional
Los gobernadores que en estas horas han salido a reivindicar al federalismo y los ‘pactos fundacionales de la república’ han apoyado sin reservas, como lo hizo toda la gran burguesía argentina, al coloniaje de los fondos financieros internacionales que está en el fondo de la presente crisis. El gobierno de Milei es sólo la expresión extrema de esa tendencia: bajo las órdenes de Caputo, el Tesoro nacional ha pagado los intereses de la deuda pública indexada y dolarizada -estallados por la megadevaluación y las elevadas inflaciones- a costa de licuar jubilaciones, gastos educativos, asistencia social y transferencias a las provincias. Con esos recursos, el Tesoro también ha recomprado parte de la deuda que tenía con el Banco Central, con el único propósito de pavimentar una eventual dolarización. Esa operación de vampirismo social tendrá que acentuarse, bajo el peso de una deuda que asciende a los 600.000 millones de dólares. Lo que revela la crisis de poder que estalla en estas horas es que la confiscación en curso es incompatible, no con la “organización federal”, sino con la supervivencia misma de los explotados del país, los cuales son empujados a barrer con el orden existente. El ‘revival’ federalista de macristas y pejotistas no es sólo improvisado sino tardío: con el concurso de todos ellos, las autonomías provinciales han sido largamente arrasadas por el gran capital que acaparó recursos petroleros, mineros o agrícolas sin dejar otra cosa en el camino que miseria social, por un lado, y desequilibrios ambientales del otro.
Los gobernadores, y las fuerzas sociales que representan, están históricamente descartados para una reorganización armónica de las fuerzas productivas de Argentina. Esa tarea le está reservada a la clase trabajadora en el poder político, como punto de partida de una unidad socialista continental.
Lo que viene
La crisis de poder que ha estallado con los gobernadores ha tocado al gobierno Milei en la línea de flotación. Si retrocede ante el ultimátum de Torres, tendrá por delante la exigencia de iguales recules en los subsidios para el transporte o la educación. Ello, en medio de las huelgas docentes y la conmoción popular creadas por los tarifazos intolerables. El paso siguiente a esos recules será el pulgar para abajo de los fondos especulativos, y un nuevo derrumbe de los títulos de deuda. Si Milei se mantiene en sus trece, puede iniciarse el derrotero de un aislamiento terminal: primero, un voto “no positivo” del DNU en el Congreso; después, el juicio político. La coalición de “unidad nacional” que debería reemplazar a Milei, sin embargo, aún no ha sido delineada. Sus eventuales integrantes cargan con el peso de las recientes bancarrotas nacionales.
Para los trabajadores y los explotados, esta crisis debe servir para abrirle paso a todos los reclamos en curso; para organizar plenarios y autoconvocatorias en todos los lados, por el salario, las jubilaciones, por los alimentos, contra los despidos. Las amenazas de Torres de “cerrar el grifo” y las proclamas de otros gobernadores procuran un acuerdo con Milei, a costa de los trabajadores de sus provincias. Para derrotar a Milei-Caputo, los trabajadores tenemos que cerrar nuestro propio “grifo”: paralizar el país con una huelga general por nuestras reivindicaciones. Es el camino para que la presente crisis terminal lleve al poder político a la clase obrera.
Marcelo Ramal
24/02/2024
Jujuy: crece el repudio a las detenciones de Nahuel Morandini y Roque Villegas
Los compañeros Nahuel Morandini y Roque Villegas cumplieron 50 días de detención por haber compartido en las redes sociales memes y bromas sobre la supuesta infidelidad de la mujer del exgobernador Gerardo Morales. Este sábado se realiza un acto festival en los galpones recuperados para exigir su libertad y contra la politica de persecución que es marca registrada del gobierno. El tema también fue incorporado entre las consignas de la jornada nacional de lucha de las organizaciones de desocupados.
La prisión preventiva dictada por la justicia provincial -un apéndice que ejecuta las decisiones de casa de gobierno- ha generado un escándalo de alcance nacional, que produjo el pronunciamiento y la preocupación de varios juristas, organizaciones de DDHH y los grandes medios nacionales.
Los argumentos oficiales para justificar este atropello han sido desacreditados por juristas y abogados de todas las tendencias, al punto que el actual gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, trate de “desligarse” de este tema diciendo atribuyéndolo a una decisión estrictamente judicial (La Nación, 22/2). Sin embargo, como querellante en la causa, además de la esposa de Morales, actúa el Consejo Provincial de la Mujer, que es una dependencia del poder ejecutivo y está dirigido por la radical Lourdes Navarro.
La justicia provincial ha negado las garantías mínimas del debido proceso y rechazado la libertad condicional y hasta la prisión domiciliaria hasta que se sustancie el proceso judicial, sin ofrecer argumentos que lo justifiquen. La falta que se les atribuye, a lo sumo, podría corresponder al fuero civil (injurias), un delito de acción privada, pero ha sido armada como una causa penal con denuncias extravagantes que podría acarrearles a los acusados una pena de hasta 8 años de prisión. El fiscal Rondón -quien ha llevado adelante decenas de causas contra luchadores populares en Jujuy- argumentó que se puso en duda la “dignidad” de la esposa del exgobernador, algo que ni siquiera está regulado por el Código Penal. A medida que pasan los días, queda cada vez más en claro que se trata de una causa armada, dirigida arbitrariamente hacia ambos. El efecto buscado es el amedrentamiento de la población.
La denuncia fue realizada en el Ministerio Publico de Acusación, instrumento creado por Morales por decreto -y reconocido en su polémica reforma constitucional- que ha servido como órgano de persecución sistemática de todos los luchadores y opositores al gobierno.
El gobierno se encuentra en una encrucijada con esta causa: por un lado, es consciente de la perdida de apoyo y el rechazo a medidas al estilo ‘Putin’ para controlar el humor popular, y por otro lado ha decidido por el momento mantener la causa hasta el final, en una clara decisión política del exgobernador Morales, a quien responden la justicia y el gobierno.
Día a día se suman nuevas manifestaciones y expresiones de rechazo a esta detención arbitraria e ilegal.
La lucha por la liberación de Morandini y Villegas se funde también con la lucha contra las paritarias de hambre del gobierno y con las luchas sociales que se levantan en Jujuy.
Por la nulidad de la causa, ¡liberación inmediata de Morandini y Villegas!
Iñaki Aldasoro
23/02/2024
La burocracia y el FMI “preocupados” por “la explosión de conflictos”
Una columna política de ayer, en Clarín, asegura que “la concreción del paro ferroviario sorprendió a Oscar Maturano, el dirigente de La Fraternidad. Maturano suponía, al igual que el resto de los actores sindicales, que el gobierno llamaría a conciliación obligatoria y que las negociaciones salariales seguirían su marcha”. Para cubrirse de que no es responsable del paro, “Maturano y su segundo pidieron que el acta constase que no se había dictado la conciliación obligatoria”.
La conclusión es rotunda: la burocracia de La Fraternidad llamó a un paro en el que no estaba interesada. Lo que el columnista ve como una posición firme de Milei, para confrontar con el sindicalismo, no es otra cosa que el pánico que se ha apoderado de la burocracia ante el desafío de responder al asalto que Milei ha lanzado contra los trabajadores. En nuestra edición del miércoles pasado, habíamos llamado a que los sindicatos rechacen cualquier conciliación obligatoria que pretendiera hacer recular el paro. En el paro de Sanidad ocurrió lo mismo: la burocracia de Daer esperaba el dictado de la conciliación obligatoria. Fingen una lucha que no están dispuestos ni les interesa dar. Consciente de que la burocracia sindical sigue la política de la retranca, Milei se jugó a desgastar los llamados “planes de lucha” de la burocracia. Maturano y Daer no volverían a insistir. La burocracia de la CGT dice que no tiene en la agenda un paro general. La burocracia tiene pánico al alcance que puede tener una movilización de la clase obrera, o sea que se convierta en huelga general.
Este escenario se ha desarrollado en la docencia, pero de un modo diferente. Milei convocó a los sindicatos a una reunión con la participación de los gobernadores y hasta de la patronal de la educación privada, advirtiendo que no se trataba de la paritaria docente nacional que reclaman los sindicatos. Este ‘gesto’ tramposo fue advertido por la dirección de CTERA y sus filiales sindicales, que sabían que las asambleas de escuela habían votado el paro de No Inicio y, en varios casos, un programa de huelgas parciales. Para no chocar con la base, el congreso digitado de CTERA (no son delegados de asamblea) votó parar el 26 de febrero, sin dejar la intención de concurrir a la ‘paritaria’ trucha –en realidad es una reunión de patronales-. Pero los sindicatos peronistas de la docencia tienen la intención de iniciar las clases sin paro; esto deberá llevar al frente docente en la provincia de Buenos Aires a una crisis. El derrumbe social ha tomado el cuerpo social de las masas en la forma de huelgas y movilizaciones, y descubierto una temprana crisis de la burocracia sindical. Clarín informa que “la CGT ni piensa en volver a convocar a un paro general”, incluso “si estima que se avecina una explosión de conflictos”. Pero la “explosión de conflictos” llevará a una huelga general por encima de la burocracia de la CGT. De todos los “actores sociales” en escena, la más aterrorizada es la burocracia sindical.
Esta “explosión de conflictos” preocupa sobre todo al FMI. Es “la preocupación”, dice el diario, que Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, le trasladará a la número dos del FMI” –que ha venido de sorpresa a Buenos Aires-. Pero esa “preocupación” es la que trajo esta mujer al país, en primer lugar. “En Buenos Aires”, tituló Clarín, “el FMI se reunió con Caputo para (…) ver si (el ajuste) es políticamente sostenible”. La economista del Fondo “mostró preocupación por la política fiscal”, que no tiene nada de fiscal porque se trata solamente de liquidar el gasto en jubilaciones. En otro titular, Clarín informa que “Inversores extranjeros piden hablar con Pichetto por el clima político”, “Algunos (de los inversores) valoran la voluntad y capacidad de pago de la deuda de Milei, pero también hay dudas sobre la gobernabilidad”.
Es que, como lo hemos señalado reiteradamente, Milei quiere pagar, y está pagando, los intereses y capital de una deuda monstruosamente alta. Está convirtiendo la deuda del Banco Central en deuda del Tesoro, a pagar con la caja fiscal, o sea los contribuyentes y los servicios públicos. Está licuando la base monetaria en pesos para forzar la circulación de dólares como alternativa monetaria. Es una gigantesca transfusión del ingreso nacional al capital financiero. Pichetto, que tiene buenas migas con el fondo BlackRock, es solicitado por los fondos internacionales para encontrar el remedio político que evite la caída del gobierno. Pero la vicegerenta del FMI fue más lejos. Luego de advertir acerca de la inconsistencia del ajuste y su precariedad en el tiempo, ofreció a Milei un nuevo acuerdo conforme a la percepción del FMI; según los medios, lo respaldaría con 15 mil millones de dólares. La condición política, ha dicho, es un gobierno de coalición con la oposición ‘dialoguista’. El macrista Luis Caputo no la ve así: poco conocido como comentarista político, rechazó un acuerdo con Macri a nivel ministerial, no digamos con el resto – “a nivel del Ejecutivo tiene que haber una sola persona”, dijo. El crujido del régimen político y el temor a una rebelión popular están al tope de la agenda capitalista.
En este cuadro de crisis política cada vez más aguda por arriba, y crecimiento explosivo del descontento social, es necesaria una política obrera que responda a estas condiciones. La ‘mediación’ de la burocracia es un peso muerto, sus ‘planes de lucha’ -raros- son cosa del pasado. El mismo diario de Magneto señala, al informar del paro ferroviario, que la confrontación es política, no reivindicativa o parcial. Milei es la punta de lanza de un cambio de régimen político, sólo puede responderle una lucha por un cambio de régimen -político y social- opuesto. El conjunto de la crisis nacional plantea la huelga política de masas; todo conflicto ‘sectorial’ se convierte en político en las presentes condiciones de crisis.
Jorge Altamira
23/02/2024
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