Los datos de la inflación dan apenas cuenta del derrumbe de los ingresos del pueblo trabajador
Con la caída de la ley ómnibus en el Congreso, el futuro del gobierno de Milei es una incógnita. Un gobierno de coalición que le permita salvar su debilidad parlamentaria y su escasez de tropa propia para manejar el Estado no parece viable y, hasta cierto punto, es contrario a la naturaleza del fenómeno Milei. El propio Milei salió a atacar fuertemente a los gobernadores más dispuestos a colaborar con la gobernabilidad. La pretensión de ahogar a las provincias recortando fondos, como los del transporte, obras públicas y transferencias para producir una rendición incondicional ha terminado provocando un abroquelamiento en su contra que incluye a gobernadores del PRO, con la amenaza en principio de judicializar los reclamos. Ahora ataca los fondos de las obras sociales con el mismo método, como si las perdedoras no fueran las familias trabajadoras.
La mentada unidad con el PRO, agitada después del fracaso de la ley, no es un trámite “sencillo”; un punto clave es resolver los reclamos de los gobernadores del PRO que han quedado haciendo bloque común con el resto de los gobernadores frente a los recortes de Milei. En el oficialismo habría que deponer los resquemores de quienes temen al acuerdo como un “abrazo del oso”.
La caída de la ley y la intervención de la Justicia en relación al DNU (e incluso el Protocolo) han frustrado la pretensión del liberfacho de que el 56% de los votos del balotaje le alcanzara para erigirse en una suerte de árbitro y superar el resto de sus falencias. Incluso a sabiendas de que su plan de gobierno, dictado por el capital financiero, chocaba con intereses capitalistas, por un lado, y con su propia base electoral, por el otro, principal perjudicada por las medidas. Que gran parte de su política quede en manos de decisiones finales de la Justicia y de la Corte Suprema en particular es un revés a la postulación de Milei como un Bonaparte. Otro revés lo tuvo con la cautelar de la Justicia Federal contra el protocolo de Bullrich.
La “batalla” del Congreso
Los partidos capitalistas intervinieron frente a la ley ómnibus en defensa de sus respectivas facciones, la excepción fue el Frente de Izquierda que colocó en el centro la defensa de los trabajadores.
Es extremadamente educativo que mientras los manifestantes eran gaseados, reprimidos a mansalva, los diputados de la oposición seguían rosqueando con el propósito de llegar a un acuerdo y salvar aspectos reaccionarios del proyecto. Entre ellos y los trabajadores que ponían el cuerpo para frenarla hay un abismo. Adentro buscaban una salida consensuada que en esencia colocara sobre las espaldas de los trabajadores el peso de la crisis. Por eso, ni de palabra atacaron la devaluación de Caputo, que los benefició, ni la reforma laboral del DNU, ni el andamiaje de medidas contra la protesta social y los luchadores.
Cristina Kirchner ha producido en las últimas horas un documento en el cual en 33 páginas jamás se refiere a las grandes movilizaciones, menos al paro del 24 (que ella desaconsejó), a la represión, al protocolo de Bullrich. Nada de nada. Tamaño ninguneo a un pueblo que desde el 20 de diciembre no dejó de manifestarse contra el mileísmo es coherente con la conducta en la propia “batalla” parlamentaria donde el kirchnerismo, con Máximo a la cabeza, brilló por su ausencia. Eso sí, en el documento no se olvidó de plantear la necesidad de “modificar las relaciones laborales”, elogiar al Estado de Israel y mentir sobre los gobiernos en los que participó, responsables de haber producido el triunfo electoral de Milei como resultado de su política.
Muerta la ley, viva el ajuste
La caída de la ley ha sido una derrota para Milei que agudiza la crisis política. Las divisiones al interior de la clase capitalista, que imposibilitaron que la ley saliera, confirman que en la Argentina no está planteada la estabilización que el gobierno proclama, sino nuevas convulsiones para resolver quién paga finalmente los costos de la crisis y el derrumbe capitalista.
Así las cosas, el gobierno parece apostar su futuro a profundizar el ajuste económico que al día siguiente de asumir puso en marcha Caputo con la devaluación y los tarifazos, para liberar recursos y hacer frente a los requerimientos del FMI y la banca internacional. No es menor que cinco de los principales bancos de Wall Street (Barclays, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y HSBC, junto a un grupo de fondos de inversión) viajaron este lunes a Buenos Aires “para conversar con funcionarios del Ejecutivo, el Ministerio de Economía y el Banco Central, así como empresarios, consultores políticos y economistas” (Clarín, 11/2) sobre la marcha de las medidas de Milei luego de la caída de la ley.
Los ataques a la población que viene golpeada por los gobiernos anteriores no parecen tener límites. Los datos de la inflación dan apenas cuenta del derrumbe de los ingresos del pueblo trabajador. Milei festeja el 20,6% de enero porque es inferior al 25,5 del mes anterior, pero lo cierto que en solo dos meses de su gobierno la inflación suma 50 puntos. Pero, además, esta cifra no da cuenta de que en enero se registró la primera tanda de aumentos que luego se sostendrán en los meses siguientes, ni algunos que ya se han producido en los primeros días de febrero y que seguirán produciéndose, como es el caso del transporte, las tarifas y el combustible, amén de los gastos en salud (medicina privada, medicamentos) y educación.
La destrucción del salario es indisimulable: en el sector registrado, el salario promedio está un 35% debajo de la línea pobreza; en los no registrados, en los jubilados y en los beneficiarios de los planes sociales, la situación es aún peor, porque además han tenido sus ingresos congelados en estos meses. El salario mínimo no alcanza el límite de la indigencia, incluso si se aplicara el aumento del 85% que reclama la CGT.
No extraña, entonces, que el consumo haya caído sobre todo en cuestiones vitales. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), en enero de 2024, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas experimentaron una disminución del 28,5% en comparación con el mismo período del año anterior, según la medición a precios constantes. La mayor retracción anual se detectó en Farmacias (-45,8%), seguido por Alimentos y Bebidas (-37,1%).
Este ajuste criminal es presentado como la vía para producir un despegue de la economía, que saque a la Argentina del retroceso a la cual fue llevada por los sucesivos gobiernos. Sin embargo, los datos muestran lo contrario y las mediciones más cautas (Analytica) pronostican una caída del PBI de 5,6%, incluyendo crecimiento del sector exportador. El sector industrial es el que acusa la mayor caída que viene con un retroceso profundo en 2023 y que ahora se agrava, sobre todo en la construcción, maquinaria agrícola, automotrices, alimentaria, etc.
Suspensiones, despidos, vacaciones adelantadas empiezan a ser moneda corriente en el sector privado, que se suman al cese de contratos y despidos directos en el Estado, tanto a nivel nacional como en provincias y municipios.
A fondo con la intervención de los trabajadores
En este punto es que debe valorarse la intervención popular en estos sesenta días de gobierno de Milei. Tiene como base fundamental el agravamiento de las condiciones de vida, la destrucción de conquistas, el ataque a prácticamente todos los órdenes de la vida de las masas: sus ingresos, la educación, la salud, el trabajo, sus libertades, derechos conseguidos con años de lucha.
La lucha contra la ley también delimitó campos. Mientras los sindicatos combativos, las asambleas populares, el movimiento piquetero independiente, las asambleas de la cultura se reunían, deliberaban y se organizaban para garantizar la protesta frente al Congreso a la par del tratamiento de la ley, las direcciones sindicales burocráticas, incluida las de los movimientos sociales, se mantenían al margen. Corresponde que convoquen al paro nacional, a un plenario nacional de delegados de todo el movimiento obrero para resolver un plan de lucha.
El camino para derrotar el plan de Milei, íntegramente, partiendo del ajuste, de los ataques al salario y las jubilaciones, a las condiciones de trabajo, del recorte para la salud, la educación, la cultura, las obras públicas, de los tarifazos, es profundizar la organización con la mayor independencia política, establecer claramente una agenda de lucha y en función de ella impulsar la intervención masiva de los trabajadores. En este sentido, planteamos la necesidad de convocar a una asamblea de trabajadores ocupados y desocupados, de las asambleas populares y de la cultura.
Aunque la ley haya caído y el DNU haya recibido bloqueos en la Justicia, la tarea de derrotar al conjunto del plan Milei está pendiente, es una lucha que recién empieza y requiere que crezca por abajo en todo el movimiento popular. El 1° de marzo a movilizarse, a cacerolear, en el Congreso y en todo el país contra el plan Milei.
Eduardo Salas
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