El fracaso de la ley en estas condiciones deja al gobierno fuertemente golpeado para abordar lo que viene, y marca un primer fracaso de una tentativa bonapartista que pretende erigir a Milei por sobre todos los poderes del Estado. El movimiento popular tiene una oportunidad de explotar los choques entre sectores patronales para desarrollar un reagrupamiento de fuerzas capaz de redoblar la lucha contra el gobierno para derrotar el plan Milei. Por eso es clave la propuesta de desarrollar una asamblea nacional de trabajadores ocupados y desocupados, asambleas populares y de la cultura.
El choque entre Milei y los gobernadores fue central para determinar el final de la Ley Ómnibus. Los gobernadores y sus diputados actuaron durante todo el tratamiento de la ley como lobbistas de las fuerzas patronales de sus provincias. Lo mostró el hecho de que pelearon hasta el final para eliminar las retenciones a las exportaciones, mientras planteaban reponer el impuesto a las ganancias al salario, una doble vara fiscal para cobrarle a los trabajadores y eximir a los sojeros. Pero el detonante del voto en contra de numerosos diputados que responden a sus gobernadores fue la crisis en torno al ajuste del gobierno nacional. El gobierno redujo el 58,9% las transferencias a las provincias y el 70% la obra pública en el mes de enero. En esas condiciones los gobernadores pretendieron, luego de que el gobierno retirara el paquete fiscal de la ley y el proyecto de ganancias, negociar su apoyo a la Ley Ómnibus a cambio de la coparticipación del impuesto País. La oposición de Milei terminó de voltear los apoyos, y derivó en que el gobierno tuviera entre los primeros artículos de la votación en particular una sucesión de derrotas que culminaron en la vuelta a comisión de la ley.
Esta derrota legislativa del gobierno deja planteadas varias alternativas. Milei emprendió un fuerte ataque público a los legisladores e insinúa la posibilidad de convocar una consulta popular. Sería estrenar el método plebiscitario que planteó en la campaña electoral, y que apunta a lograr los recursos para un régimen de gobierno personal, pasando por sobre el Congreso. Pero una consulta presenta para el gobierno enormes riesgos. En un cuadro de enorme crisis social, la derrota en la consulta podría sellar la suerte del experimento libertario. La otra variante es acentuar un gobierno de colaboración política con el PRO, desplazando al personal que viene de fracasar con una acentuada impericia en la negociación de la ley (Martín Menem, Guillermo Francos, Santiago Caputo). Algunos comentaristas le atribuyen a Macri un plan de estas características. Pero este plan requiere un viraje de fondo a un cogobierno con los gobernadores, con los cuales Milei todavía no fue capaz siquiera de pactar un acuerdo mínimo de reparto de los costos del ajuste. Quien le sugirió antes del hundimiento una perspectiva de este tipo fue Pichetto, planteando un gobierno de coalición para llevar adelante las propias tareas que el gobierno se propone. Es una de las alternativas, pero sería pasar al archivo buena parte del planteamiento político de régimen de excepción de la camarilla de Milei.
Estas alternativas de fondo están planteadas porque el alcance de la crisis política excede a la caída de la Ley Ómnibus: el capítulo laboral del DNU fue suspendido por la Justicia y después de semejante porrazo en el parlamento el anunciado envío de una ley de reforma laboral aparece con más obstáculos -aunque no puede descartarse que el oficialismo busque valerse de ella como eje para reunir la mayoría parlamentaria que no pudo lograr por la división de bloques que sí están de acuerdo con cambiar las leyes laborales. Hasta le llovió un fallo federal contra el protocolo de Bullrich, más allá de las dificultades y costos de su aplicación si miramos desde el 20 de diciembre a la fecha. Y el accionar de la infantería y de la criminalización no es menor en el esquema de excepción mileista.
Más ajuste
En cualquier caso, lo que ya anunció Milei es que, sin Ley Omnibus, la orientación del gobierno será redoblar el ajuste para imponer el “déficit cero” en corto plazo. Esta línea conduce a un masivo aumento de impuestos, tarifas y a un torniquete del gasto con gravísimas consecuencias para los trabajadores. Los primeros que lo sufren son los jubilados, a los cuales la combinación entre la fórmula de Alberto Fernández y el congelamiento de los bonos los está empujando a una situación desesperante. El ajuste interanual en materia de jubilaciones llega al 43,2%. El gobierno prepara un mazazo con el aumento al impuesto a las transferencias de combustibles, que redundará en un nuevo naftazo. La frutilla del postre es el tarifazo que ya comenzaron con los aumentos del transporte en todo el país y se profundizarán con las tarifas de luz, agua y gas el próximo bimestre.
Este torniquete está demoliendo los salarios y jubilaciones, y se suma a los despidos tanto en el sector público como en el privado, como los que enfrentan los trabajadores del neumático, los que se están produciendo en la obra pública o en diferentes reparticiones estatales. Tiene un impacto recesivo en un cuadro de 40% de pobreza. En este contexto explosivo, el gobierno está eliminando aceleradamente la asistencia a los comedores populares y golpeando los programas sociales con bajas y congelamiento de los montos. A esto se suma el impacto que ya se siente de la desregulación de los alquileres, que están aumentando aceleradamente.
Este impacto del ajuste golpea fuertemente agravando los desequilibrios económicos. Mas allá de los fondos del FMI (que van a pagarle al propio FMI) el gobierno no destraba el financiamiento externo. La combinación entre una inflación del 20 / 30% mensual y el dólar que se devalúa a una tasa del 2% mensual, plantea un desequilibrio externo que podría conducir en el corto plazo a una nueva devaluación, que tendría un efecto demoledor en el actual cuadro social.
El valor de la movilización a Congreso
Por eso es criminal que la CGT haya congelado cualquier tipo de acción luego del paro y la importante movilización del 24 de enero. Esta parálisis, que se extendió a la centroizquierda sindical y la Utep que no movilizaron al Congreso, es un enorme aval a que el gobierno siga avanzando en su política antiobrera. Como dijimos el 24 en unidad con la columna de sindicatos combativos, piqueteros y de cultura, es necesario un plan de lucha para derrotar todo el plan Milei.
El tratamiento de la ley fue, a pesar de este boicot, día tras día rodeado por una movilización que los esquemas represivos de Bullrich no lograron quebrar. Esta movilización tuvo la virtud de marcar, frente a un contrapunto que en el Congreso estuvo dominado por el choque entre intereses capitalistas, la agenda de lucha de los trabajadores. Tuvo como protagonistas a las asambleas populares que jugaron un rol importante, agrupando barrio por barrio, movilizando y ganando las calles del Congreso y organizando además cacerolazos y actividades en los barrios. A los sindicatos combativos, como el Sutna, la AGD, Ademys, y las juntas internas, como la de ATE Garrahan. Y al movimiento piquetero combativo que hizo el aguante desde temprano movilizando frente a una ley que buscaba establecer penas de prisión efectiva para los compañeros por cortar una calle. Los trabajadores de la salud se movilizaron fuertemente a las postas sanitarias contra la represión.
Esta movilización fue acompañada dentro del recinto por el bloque del Frente de Izquierda, que denunció fuertemente todo el contenido del proyecto, y fue central en colocar la denuncia de la represión, que, por ejemplo, Romina Del Plá planteó en sucesivas mociones de privilegios y denunció en directo frente a la acción policial saliendo del recinto para acompañar la movilización popular. Esta acción detonó un ataque político por parte del oficialismo incluidas denuncias penales.
A seguirla
Este bloque de fuerzas tiene el desafío de multiplicar la masividad, y converger con una enorme masa popular que rechaza la política del gobierno y con quienes empiezan a sufrir sus consecuencias. Es importante en este sentido el desarrollo de las luchas puntuales que se van gestando contra el ajuste. La lucha contra los despidos en Bridgeston, contra una multinacional que quiere reorganizar el régimen de trabajo para avanzar contra los trabajadores es en este sentido una lucha estratégica, porque la recesión planteará despidos generalizados.
El reclamo de un plan de lucha a la CGT y las CTAs y en cada gremio, por los reclamos planteados, será central en la próxima etapa, unido al planteo de un aumento general de salarios y jubilaciones, la lucha contra los despidos, y la reapertura de paritarias. Está además, la señalada amenaza del gobierno de enviar al Congreso una ley de reforma laboral.
El movimiento piquetero combativo que se concentra este jueves en Avellaneda va a denunciar el ajuste contra los barrios populares de todo el país, mientras el hambre avanza. El gobierno se ha ensañado contra las organizaciones, cortando la asistencia a los comedores mientras alimenta la caja de las iglesias evangélicas, de Aciera o la fundación Conin, en un intento de reforzar estas organizaciones reaccionarias y anti derechos. La situación ya empujó a la Utep a la medida de las ollas populares y las colas de decenas de cuadras frente al Ministerio de Pettovello.
El otro aspecto central será la lucha por las libertades democráticas. En Mendoza, el gobierno impuso una condena contra Martín Rodriguez, dirigente del Polo Obrero a 2 años y 8 meses de prisión en suspenso (no irá a la cárcel), en un juicio abreviado arrancado en base a la extorsión de la prisión efectiva. Es central derrotar, con acciones masivas, el protocolo que Bullrich intentará seguir aplicando, a pesar de la cautelar del juez Casanello.
En este cuadro, una asamblea nacional de trabajadores ocupados, desocupados, asambleas y organizaciones populares y sectores de la cultura sería un gran paso adelante en organizar y movilizar fuerzas para derrotar el plan Milei, y al mismo tiempo, un espacio de debate del programa y las perspectivas que abre esta movilización. La lucha contra Milei, para nosotros, está puesta en función de una salida de los trabajadores a la crisis a la que nos vienen arrastrando todos los que gobernaron: rompiendo con el FMI, imponiendo el cese del pago de la deuda, usuraria y fraudulenta, y destinando el ahorro nacional a resolver los grandes problemas de la población trabajadora. La cuestión es estratégica porque como se ve el peronismo es una oposición de cuerpo flojo, formal, destinada a que Milei haga el trabajo sucio del ajustazo que vendría de una u otra manera de la mano de toda la burguesía que celebró en masa el día de la aprobación en general del ómnibus que nunca rodó.
Esta asamblea sería especialmente oportuna en el comienzo de marzo, que va a estar marcado por el comienzo del ciclo lectivo, que va a plantear un escenario de luchas contra el ajuste educativo, y por el desafío de poner en pie grandes columnas independientes en las jornadas de movilización del 8 y el 24 de marzo, que condensan reclamos clave: la lucha por la defensa del derecho al aborto, la separación de la Iglesia del Estado y todos los reclamos de las mujeres; y la lucha por las libertades democráticas.
Juan García
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