El haber mínimo queda debajo de la mitad de la línea de indigencia.
El gobierno confirmó que en marzo la actualización de los haberes jubilatorios y pensiones será de un 27,1%, como se desprende de la ruinosa fórmula de movilidad fijada por el gobierno anterior y que se convirtió en el aspa más afilada de la licuadora de Milei. Batirá así un nuevo récord de hambre, dejando la jubilación mínima (que perciben más de cuatro millones) en unos $134.400 que no alcanzan ni la mitad de la línea de indigencia.
El propio Caputo celebró haber alcanzado un superávit fiscal en enero con un tuit que muestra un ahorro del 38% en lo asignado a jubilaciones respecto de un año atrás, equivalente a haberles robado casi un billón de pesos a los adultos mayores con la pérdida de su poder adquisitivo frente a la inflación. Ahora el ministro de Economía confirmó que la actualización trimestral será de un 30%, cuando solo en el bimestre diciembre-enero el IPC ya superó el 51%.
Hasta febrero el haber mínimo se complementó con un bono que llevó el piso a $160.000. Esta política de compensaciones discrecionales, instaurada por el peronismo mientras aplicaba esta movilidad confiscatoria, no solamente achata la pirámide previsional (porque quienes superan aquel monto no reciben ningún extra) sino que repercute incluso en el acceso a la salud, tan vital particularmente para este grupo etario.
El asunto es que Pami se financia con los aportes que se descuentan del haber básico. Si ese básico queda hundido -como ahora en $134.000- se desploman con él las contribuciones a la cobertura sanitaria, independientemente del monto de los bonos que define en forma discrecional el gobierno. Esto importa porque los bonos pasaron de significar un 5% de lo percibido por los de la mínima en marzo de 2021, a un 34% en la actualidad.
La gravedad de la situación aumenta por el contexto: según un informe de Cepa, la jubilación mínima (con bono incluido) sufrió entre diciembre y enero una caída de 25,2 puntos porcentuales midiendo el poder adquisitivo en términos de precios de venta al público de los medicamentos que otorga Pami.
Es en este cuadro que la obra social jubilatoria ya viene restringiendo la cantidad de remedios que cubre a cada jubilado. El mismo estudio recaba que cuatro de cada diez afiliados reciben todos sus medicamentos gratis, y la mitad reciben dos o más. Así, anticipa los efectos que tendría la intención oficial de recortar 36 principios activos de los incluidos en el vademécum de cobertura completa de Pami, lo que implicaría que se empiece a pagar una parte importante o la totalidad del precio de los fármacos. En medio del incremento de las cuotas de las prepagas, que se duplicarán en el primer trimestre del año sumando los aumentos mensuales, es una política criminal.
El panorama hacia adelante no solo aparece lúgubre porque el propio presidente denomina su política fiscal como una licuadora -en alusión a la desvalorización de las partidas del Estado por la inflación-, sino además porque la ofensiva antisalarial de los capitalistas y del propio gobierno también deprime las expectativas de las futuras actualizaciones, porque la fórmula de movilidad está atada a la variación de los salarios.
Según un raconto hecho por la Fundación Capital que toma los 14 acuerdos paritarios firmados de mayor incidencia, el promedio de aumentos del bimestre diciembre-enero es de 38,4% versus un IPC de 51,9%. En el caso de la recaudación de Anses, la otra variable del cálculo de la movilidad, cae además por las exenciones a las patronales como las de la salud y la educación privadas. La suba irrisoria del salario mínimo para marzo es otro aporte a esta pauperización, porque recordemos que la jubilación mínima no puede ser inferior al 82% de aquel; es decir, la caída de los haberes no tiene piso.
Ante tamaña confiscación a los trabajadores que aportaron durante toda su vida laboral, o que sufren hoy el resultado de haber sido empleados sin registrar, crece también la organización y la lucha. Los adultos mayores son un sector destacado de quienes participan en las asambleas barriales, que estuvo firme incluso frente a la represión de Bullrich durante el tratamiento de la Ley Ómnibus, y organizaciones de jubilados vienen impulsando todos los miércoles manifestaciones frente al Congreso para denunciar esta situación.
Es otro motivo fundamental para pelear por un paro activo nacional de 36 horas y un plan de lucha de todo el movimiento obrero contra el plan Milei. Apoyemos los reclamos por un aumento de emergencia de las jubilaciones, la incorporación de los bonos discrecionales al haber básico, el 82% vital y móvil, y por una Anses y Pami bajo control de los trabajadores activos y retirados.
Iván Hirsch
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