Las tractoradas en las capitales de provincias y puertos y mercados estratégicos tienen por objetivo protestar contra la reducción de las subvenciones para los combustibles, contra los acuerdos comerciales que permiten la entrada sin recargos desde terceros países de productos exentos en origen de las normas aplicadas por la Unión Europea para su producción interior, entre otros cosas. Parte de los reclamos se dirigen a la venta a pérdida, es decir por debajo de los costes de producción. También contra la carga administrativa a la que se ven obligados para poner su producción en el mercado. De conjunto se trata de un amplio movimiento de propietarios de tierras, y no de obreros agrarios, dedicados a la producción primaria desde la frontera de Ucrania hasta la península ibérica que delata en primer lugar las consecuencias de la escalada de los precios de los insumos agrarios tras iniciarse la guerra de la OTAN en Ucrania.
La subida de los precios de los combustibles y la energía está directamente vinculada a la guerra en el Este europeo, con la suspensión de la entrada del gas ruso y su sustitución por otros proveedores alternativos más caros, en particular Estados Unidos y emiratos del Oriente Próximo. El estallido de las movilizaciones se produjo inicialmente en Polonia, Hungría y Eslovenia con la entrada al mercado europeo a través de la frontera polaco-ucraniana de los cereales y semillas oleaginosas producidas en Ucrania tras el bloqueo ruso del puerto de Odessa y el fracaso de la apertura de un pasillo marítimo seguro para la salida del cereal por mar. Una de las condiciones exigidas por Rusia, el levantamiento de las sanciones a sus fertilizantes, jamás fue aceptada por la coalición de naciones que responden a la OTAN y a Estados Unidos. Este es el principal motivo de los precios internacionales desbocados de los fertilizantes. La entrada del cereal y otros productos agrarios ucranianos a través de Polonia provocó una verdadera sublevación de productores polacos y otros países del Este de Europa afectados por los menores precios de esa producción.
La reacción inmediata de los gobiernos de Varsovia y Budapest fue exigir a la UE que impidiera la comercialización de los productos agrarios ucranianos en sus países o compensara a los agricultores por la caída de los precios del mercado ocasionada por esas importaciones. Eslovenia se unió a esa resistencia y exigió otro tanto. Mientras, Polonia amenazó con retirar el apoyo en armamento a Kiev. Esta situación es una consecuencia directa de la guerra de la OTAN en Ucrania. Entre otras cosas porque abrir rutas para la salida del cereal ucraniano por ferrocarril y camión a través de la frontera con Polonia es clave para asegurar a los capitales agrarios ucranianos y al Gobierno de ese país de un lado, los beneficios económicos de su actividad y del otro, los ingresos fiscales para la economía de guerra del país. Pero, mientras los productores agrarios europeos se movilizan en defensa de sus ingresos, quienes realmente pagan de forma masiva el encarecimiento de la producción agraria son los trabajadores de las ciudades de toda Europa expulsados de sus tierras por el desarrollo capitalista desde el siglo 17.
Concentración del suelo, PAC y distribuidoras
En marzo de 2022 se acabó en Ucrania una moratoria sobre la venta del suelo agrario. La moratoria había sido sorteada de forma eficaz por magnates de Ucrania, Rusia y fondos de inversión de todo el mundo, que ya tenían el control real de la tierra arable del país mediante arrendamiento a los pequeños propietarios beneficiados por la privatización del suelo del estado y las cooperativas tras la independencia de Ucrania en 1991. La concentración de esa vasta extensión de tierras productivas, 32 millones de hectáreas arables, en manos de grandes capitales que aplican medios mecánicos y recursos bioquímicos modernos les permite un alto rendimiento del suelo y una producción a costes difíciles de igualar para la mayoría de los productores agrarios del resto de Europa. En 30 años esa concentración de tierras y capital logró lo que la UE no pudo desde el tratado de Roma de 1956, la eliminación de los pequeños productores y su sustitución por grandes conglomerados.
En España, el 50 % de la producción agraria está en manos de entre el 6 % y el 7 % de los propietarios de explotaciones. La Comunidad Económica Europea en un principio y la Unión Europea (UE) más adelante diseñaron una política de apoyo a los productores agrarios para protegerlos de la competencia internacional por los altos costes de producción europeos comparados con otras regiones por diversos motivos, que van desde la productividad del suelo hasta el coste de la mano de obra y de los insumos. El apoyo a los productores agrarios para sostener lo que en un principio se definió como la Europa Verde se plasmó en la denominada Política Agraria Común (PAC). El objetivo de esa PAC era subsidiar esa producción agraria más costosa. Durante décadas la UE ha retrasado la concentración del suelo en manos de los conglomerados que combinan la producción con la industrialización de los alimentos, con el objetivo de evitar un proceso de pauperización de los pequeños productores agrarios y su abandono de la tierra y los consiguientes conflictos políticos que eso supondría.
Aunque numéricamente esa población no es significativa, su peso político si lo es y puede convertirse en un elemento adverso en la estabilidad política de los países de la UE. Sin embargo, la precariedad de las finanzas europeas, que se ven sobrecargadas por la necesidad de financiar la parte que les toca de la guerra de la OTAN en Ucrania, ha hecho difícil de sostener una PAC al gusto de todos. En particular de los pequeños productores. La realidad es que los principales beneficiarios de la política agraria de la UE son las grandes explotaciones que son las principales destinatarias de esos recursos por su volumen de producción. Con lo cual, en los hechos, los grandes capitales absorben la mayor parte de la renta cedida por los países miembros a los subsidios agrarios. El malestar que ocasiona en el sector de los pequeños productores agrarios esta situación convierte a estos propietarios de suelo en base potencial de la extrema derecha ante una izquierda sin respuesta ante una crisis propia del capital.
A este cuadro se suman los bajos precios pagados a los pequeños productores que carecen de una escala de producción rentable. Las grandes cadenas de distribución y las grandes superficies compran a precio vil el producto de esas explotaciones que no pueden competir con la producción de los grandes propietarios de suelo con sus intereses estrechamente vinculados a la agroindustria y a los fondos de inversión. Esto empuja a la quiebra a las pequeñas explotaciones. En este cuadro los trabajadores agrarios, que venden su fuerza de trabajo a los pequeños y medianos productores, resultan los obreros peor pagados en toda la estructura europea, sea en la Italia de la primera ministro Giorgia Meloni o en la España de Pedro Sánchez. Las condiciones de explotación de los trabajadores agrarios, en su mayoría personas migrantes, son extremas y carecen casi por completo de protección por parte del estado o de los sindicatos burocráticos. Ninguno de los grandes sindicatos se ha ocupado realmente de la defensa de los trabajadores agrarios.
La PAC virtualmente no ha sido modificada desde el tratado de Roma de 1957. Su futuro ha sido objeto de debates y presiones internas dentro de la UE relacionadas con el papel que juega en cada nación el campesino. Existe dentro de la UE una fuerte corriente en favor de la reforma de la PAC para acelerar la concentración agraria y reducir los costes presupuestarios. En las condiciones actuales en las que rige un cuadro de guerra mundial en desarrollo, los costes de los insumos tenderán a subir, mientras la propia UE no es capaz de lograr un presupuesto que pueda atender a sus compromisos bélicos frente a Kiev de un lado, a la OTAN del otro que exige un mínimo gasto militar del 2 % del PIB a los estados miembros. La quiebra de las pequeñas explotaciones va a redoblar la despoblación del campo y aumentará el paro agrario con un incremento de la conflictividad social y el encarecimiento de los alimentos. La concentración monopólica de la tierra, de la agroindustria, de las cadenas de distribución, de las grandes superficies, se reflejará de forma creciente en precios cada vez más altos.
Pequeños campesinos y obreros
La política belicista de la UE obligará a un gasto militar creciente en el cuadro de guerra mundial en desarrollo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyden abogó el 15 de febrero en favor de subsidios para la industria europea del armamento ante la posibilidad de que la ayuda estadounidense decaiga (https://www.ft.com/content/66606e2c-0b5a-493e-af59-d24436d0fd72). Las naciones de Europa enfrentan una crisis económica significativa, como manifiesta claramente la recesión en Alemania y el escaso crecimiento en el conjunto de la región. España se incorpora con mayor lentitud a este periodo de crisis, pero lo hace con paso firme. Las peleas para el incremento del presupuesto de la UE adquieren un perfil cada vez más tenso. Las corrientes euroescépticas se han reforzado en los últimos dos años. La tendencia hacia un empobrecimiento creciente de los pequeños productores agrarios es una realidad palpable. En este cuadro el campesinado es pasto de las formaciones políticas de extrema derecha, que mientras critican a la UE son fieles esbirros del capital y no harán más que bregar por la derrota de los trabajadores para disciplinarlos a la explotación capitalista. Su aspiración es atraer como base a las pequeño burguesías, dentro de ellas los campesinos empobrecidos, como base social para atacar al proletariado europeo a sus luchas y reivindicaciones.
España fracasó bajo la segunda república en su intento de una reforma agraria, no solo por la resistencia de los grandes y medianos propietarios de tierras y sus aliados de la banca, sino además por la profunda desconfianza de los pequeños propietarios, los campesinos pobres, hacia esa reforma. Vale la pena anotar por cierto que la Reforma Agraria se proponía parcelar y distribuir entre los obreros agrarios los grandes latifundios de Andalucía, Extremadura y La Mancha. Por el contrario el proletariado del campo manifestó una clara tendencia a la explotación colectiva del suelo con sus invasiones de tierras, como en 1933 y 34 y finalmente en 1936. La república no se privó de someter al movimiento de los obreros del campo a una feroz represión. La tarea histórica de la expropiación de los grandes capitalistas agrarios y la cooperativización de la producción de los pequeños productores es ahora más aguda que entonces. Pero requiere de la solidaridad de los obreros de la ciudad, y para triunfar en un sentido histórico necesita la expropiación de la industria, la banca y el comercio exterior.
La única opción para los pequeños productores es organizarse junto con los trabajadores del campo y de la ciudad para luchar contra el dominio del capital, por un gobierno obrero y el socialismo. Sólo bajo un régimen social que expropie al capital los pequeños productores y los trabajadores del campo podrán organizarse en cooperativas de trabajo proveedoras de las necesidades del proletariado de las ciudades y los centros industriales al amparo de un gobierno de la clase obrera. La única fuerza social que puede ofrecer a los pequeños productores agrarios un futuro es el proletariado agrario y urbano organizado en un partido obrero que luche por el socialismo.
Por una huelga general contra la carestía
Por un salario mínimo de 1400 euros para los trabajadores del campo y la ciudad
Por la expropiación de las grandes producciones agrarias y su puesta en producción bajo control obrero
Por la cooperativización de los pequeños productores agrarios bajo un gobierno obrero
Por la nacionalización del comercio exterior y la expropiación de la banca
Abajo la guerra imperialista
Grupo Independencia Obrera
23/02/2024
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