El anuncio del gobierno sobre la obtención de “superávit fiscal” en el mes de enero quiso ser utilizado por Caputo-Milei para demostrar la viabilidad del plan oficial. A poco de andar, sin embargo, se puso de manifiesto, primero que ese supuesto equilibrio había sido cosechado a costa de una reducción del 40% de los ingresos previsionales, de los salarios estatales y gastos sociales. Ese despojó financió el pago de los intereses de la deuda pública, que se triplicaron respecto del mismo período de 2023. Pero la “foto” de ese superávit es mejor que la “película”, porque el gobierno está convirtiendo vencimientos inmediatos de deuda en hipotecas futuras, siempre atadas a la inflación o al dólar. El Banco Central, obligado a recomprar los títulos que venden los especuladores mediante la emisión de moneda. La emisión “libertaria” de pesos se ha acentuado, y alimenta la caldera inflacionaria. La liquidación de salarios y jubilaciones financia el rescate de una deuda impagable, que representa una vez y media el producto bruto y que marcha a un nuevo defolt.
Mesa chica
El manejo de esta operación confiscatoria se encuentra en manos de una ultracamarilla de gobierno –el cuarteto que integran los hermanos Milei, Caputo y el oscuro jefe de gabinete Posse, cuyo tiempo –según el diario “La Nación”- se ocupa en comandar a la ex SIDE y organizar actividades de espionaje. La pretensión de armar una coalición de gobierno con Macri se ha empantanado. Los nuevos ataques al Congreso revelan que la camarilla juzga improbable al procedimiento de “ley por ley”, y la emprende con nuevos decretazos. El más relevante, la desregulación de la salud, recorre un camino sinuoso. Es que las prepagas rechazan hacerse cargo del “Fondo solidario” que se conformaba con el 20% de los aportes de los afiliados, y que costeaba a las prestaciones más costosas –como la atención a la discapacidad. Un burócrata sindical amigo de Milei y del matrimonio Massa, José Lingieri, plantea resolver el intríngulís bajando el alcance del programa médico obligatorio, o sea, acompañar la desregulación con un golpe letal a las prestaciones. Las pujas entre el gobierno y las corporaciones capitalistas, como se ve, se trasladan invariablemente a los de abajo.
Docentes y provincias
Es lo que ocurre con la cuestión del incentivo docente, que Milei trasladó a los gobernadores y que los gobernadores anuncian que no van a pagar. Con el mismo procedimiento se están retirando los subsidios del transporte en el AMBA, y el “pato” lo pagan los millones de laburantes que utilizan trenes, colectivos y subtes. En otro plano, las universidades se acercan al inicio lectivo con la mera prórroga del presupuesto 2023, una pérdida salarial del 50% para docentes y no docentes y despidos en puerta para centenares de becarios e investigadores. Los rectores –los “gobernadores” de la educación superior- ligados en su mayoría al kirchnerismo o al radicalismo, se encojen de hombros y recortan cursos y actividades académicas.
Con el ajuste a las jubilaciones y al salario mínimo, el gobierno ha dado una poderosa señal al conjunto de las patronales. Si la burocracia de la CGT confiaba en que el ajuste estaba reservado a los estatales, a los pasivos o gastos sociales, las paritarias en curso les han dado una sonora bofetada. Ninguno de los acuerdos salariales cerrados emparda a la inflación del último trimestre, que orilla el 60%. En algunos casos, como la Sanidad, las patronales sólo ofrecen bonos “por única vez”. Milei dice que el “círculo rojo no la ve” –puede ser, pero mientras tanto se sirve de la escalada libertaria y de la monumental recesión para empujar a la baja los salarios.
Otra vez, los gobernadores
De cara a las dificultades que presenta el peregrinaje parlamentario de múltiples leyes, Caputo ha retomado la bandera de la “ley ómnibus”, la cual, según acaba de declarar, debería estar atada a un “acuerdo fiscal” con los gobernadores. Es lo que le adelantaron los emisarios nacionales que visitaron al camaleón salteño Sáenz en las últimas horas. Pero ¿qué cambiaría para que ahora funcione lo que fracasó hace algunas semanas atrás? La condición no dicha de ese acuerdo es doblegar previamente a los trabajadores de las provincias, y en primer lugar, a la docencia. Caputo señaló que “lo peor será en marzo y abril”. Se refiere, naturalmente, al inicio de clases en escuelas, colegios y universidades. Antes de “acordar”, mileistas y gobernadores de todo pelaje verán si pueden disciplinar a sus trabajadores al régimen de miseria salarial establecido por el cimbronazo de la devaluación, la liberación de precios y los tarifazos. Con ese propósito, el gobierno piensa declarar la “esencialidad” de la docencia, una tentativa por ilegalizar los paros que ya se anuncian para fin de febrero y comienzos de marzo. En sugestiva coincidencia, Cristina Kirchner remató su carta de 33 páginas con el pedido de un “acuerdo parlamentario”, en cuyo programa se incluye la necesidad de que los docentes “den clases” -su forma disimulada de denunciar las huelgas.
En la escalada contra la clase obrera, Milei-Caputo no se juegan solamente una “medida de gobierno”, sino más bien a su gobierno entero. En medio de las contradicciones explosivas del programa oficial, la carta que esgrime Milei para sostener el respaldo del capital es la capacidad –todavía no demostrada- de asestarle un golpe feroz a la clase obrera. La burocracia de todos los pelajes sigue la vía de la oposición dialoguista y kirchnerista –dejar que pase el arrasamiento actual del salario a la espera de la estabilización económica que prometen los libertarios. “No la ven”, ni la quieren ver, porque el programa oficial, lejos de conducir a un equilibrio, augura un estallido de deuda y un nuevo zarpazo a las masas. Los Daer y compañía, sin embargo, no han conseguido nada. Los paros parciales en la sanidad y los ferrocarriles (La Fraternidad) son una confesión de ello.
Es necesario explicar este escenario a la vanguardia de luchadores, y preparar con ellos iniciativas para amplificar la lucha, involucrar en ellas a un número creciente de trabajadores; coordinar lugares de trabajo e impulsar autoconvocatorias por la huelga general para terminar con el gobierno usurpador y su paquete confiscatorio. Con esta perspectiva, vamos al paro docente del 26 de febrero, a los paros parciales en la salud y en el ferrocarril, a los barrios y asambleas populares.
Marcelo Ramal
20/02/2024
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