Roberto De La Cruz Gómez, preso en el penal de máxima seguridad de Ezeiza tras las detenciones ocurridas en la represión del 12 de junio contra la Ley de Bases, ha iniciado una huelga de hambre desde el lunes 2 de septiembre. Junto a esta decisión presentó ante la jueza María Romilda Servini de Cubría una carta en la cual denuncia su situación judicial, en la que no existen pruebas en su contra ni motivos para extender la prisión preventiva, convertida así en una pena adelantada. Señala que su excarcelación ha sido rechazada tres veces por el juzgado y ahora depende de los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico decidir sobre su libertad en los próximos días.
Servini de Cubría ha notificado que Roberto permanecerá preso, no por los delitos que se le imputan de aquel día, sino por el hecho de poseer antecedentes penales, lo que distorsiona completamente el significado de una prisión preventiva, puesto que no se sustenta de qué manera tener antecedentes penales sea un motivo que entorpezca la presente investigación – sólo se contempla en caso de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Las acusaciones en su contra no cuentan con ninguna base firme, según detalla Roberto en su propio escrito: “(...) toda la causa cuenta con declaraciones únicamente de personal policial y de ningún civil. También cuenta con una fotografía y ningún video de monitoreo en la que no se me ve con algún elemento ni arrojando nada al personal policial. Solo se ve que nos estamos cubriendo de balazos de goma y gases lacrimógenos que arrojó la policía del lado de la valla en donde se nos permitía protestar constitucionalmente” (Anred, 02/09). Anticipa que apelará la decisión de mantenerlo encarcelado y hace responsable de su integridad física, psíquica y de salud a la jueza Servini de Cubría.
Roberto que toda la causa ha significado un ataque a su persona desde el momento que el gobierno de Javier Milei ha emitido un comunicado asegurando que los manifestantes detenidos eran “terroristas” y que se había detenido “un golpe de Estado”. Una acusación que no ha sido adoptada por la jueza.
Junto a la huelga de hambre, organismos de Derechos Humanos han presentado un habeas corpus a raíz de vejaciones sufridas tras la visita de una delegación de organizaciones y representantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ), en la cual se le hizo entrega a Roberto de alimentos y otros elementos para paliar la situación que atraviesa en el penal de Ezeiza, reflejada en múltiples oportunidades por otra presa política de Milei-Bullrich, la recientemente liberada miitante del MTR Daniela Calarco. El escrito presentado por las organizaciones del EMVyJ asegura que “tras ese encuentro, Roberto relata que fue llevado a parte para una requisa, que primero utilizaron el detector de metales para revisar si dentro de los paquetes de alimentos llevados por los organismos de DDHH para compartir, no había “nada raro”. Como no fue suficiente, abrieron incluso hasta los saquitos de té y tiraron la yerba para revolverla con la mano en la mesa. Luego de que Roberto les preguntara qué pensaban encontrar allí y de pedirles que no toquen la comida sin guantes, lo desnudaron”. Todo esto sin contar con la presencia de un médico en el lugar, lo que convierte la acción en un amedrentamiento a Roberto y su integridad.
La justicia se ha visto obligada a dictar la libertad de todos los detenidos en aquella jornada del 12J, el desarrollo de la causa y las “pruebas” ofrecidas por el Ministerio de Seguridad han puesto sobre la mesa la brutalidad policial, la infiltración de policías de civil así como su responsabilidad en los “incidentes” de aquellos días utilizados como justificativo para imponer una brutal represión a las columnas movilizadas. Es el relato de un estado policial en desarrollo con el pretexto de toda movilización política que enfrente de cualquier forma sus políticas.
Exigimos la libertad a Roberto de la Cruz Gómez, así como el cierre de todas las causas contra los 33 compañeros detenidos en las jornadas del 12J. Libertad a todos los presos políticos, nulidad de todas las causas y la persecución contra las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Abajo el gobierno, arriba los que luchan.
Joaquín Antúnez
04/09/2024
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