La Fiscalía llamó a juicio a diez militares adscritos al Batallón de Infantería No. 47 de la XVII Brigada del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia, por su presunta responsabilidad en la masacre de San José de Apartadó, ocurrida el 21 de febrero de 2005.
Los acusados deberán responder como presuntos responsables en calidad de coautores de los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir.
El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, manifestó que entre los afectados con esta decisión se encuentran el coronel Orlando Espinoza Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López y los tenientes Alejandro Jaramillo Giraldo y Edgar García Estupiñán.
“En esta masacre fueron asesinados mujeres y niños, por eso se da la acusación por barbarie contra los militares”, dijo el jefe del ente investigador.
Iguarán Arana señaló que en estos hechos hubo participación de grupos de las autodefensas. Según la investigación, miembros del Bloque Tolobá de las AUC sirvieron de guías a los militares que adelantaban la operación ‘Fénix’ y quienes son señalados de ser los responsables de los homicidios de cinco adultos y tres niños.
En estos hechos murieron inicialmente en la vereda Mulatos Medios, corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia, el líder comunitario Luis Eduardo Guerra Guerra, su esposa Beyanira Areiza y su hijo Deyaner Andrés Guerra Tuberquía.
La segunda parte de la masacre ocurrió en La Resbalosa, municipio de Tierra Alta, Córdoba, donde fueron asesinados Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos Natalia y Santiago. Otra de las víctimas fatales de estos hechos fue Alejandro Pérez.
En la decisión se precluyó la investigación contra el capitán Héctor Londoño Ramírez y los suboficiales Óscar Jaime González, Ramón Mican Guatavita, Luis Gutiérrez Echavarría, Jesús David Cardona Casas y Óscar Jaime González.
Por la masacre en San José de Apartadó también fue llamado a juicio el subteniente retirado Jorge Humberto Milanes Vega y se espera que en las próximas semanas se conozca la condena contra el capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien se acogió a sentencia anticipada en julio pasado.
Este fue el primer oficial del Ejército en aceptar su participación en la ejecución. Gordillo aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.
Comunidad exige responsables del Gobierno
Jorge Molano, representante de las víctimas en este proceso, señaló que el llamado a juicio de los militares refleja la verdad que denunció hace cuatro años la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
“Cuando ellos manifestaron que los autores de la masacre eran grupos paramilitares con integrantes de la Brigada XVII, el Gobierno no les creyó. Fueron tildados de guerrilleros y se le atribuyó a las Farc esta masacre”, explicó el jurista.
Para Molano la decisión demuestra que el Gobierno intentó encubrir a los responsables de estos hechos. “Queremos que el Fiscal le imprima celeridad al proceso contra el ex comandante de la Brigada XVII, general Héctor Fandiño, porque no es comprensible que cinco meses después de ser enviado el expediente a su despacho no se haya adoptado ninguna decisión”, dijo.
Asimismo, Molano manifestó que deben ser vinculados a este proceso el ex ministro de defensa, Jorge Alberto Uribe y el ex comandante de las Fuerzas Militares, general (r) Carlos Alberto Ospina Ovalle y el vicepresidente Francisco Santos.
“Ellos son responsables del delito de encubrimiento. Se dedicaron a llevar testigos falsos ante los cuerpos diplomáticos, la Fiscalía y el Congreso, para desviar la investigación”, sostuvo.
La Comunidad de Paz también denunció nuevas persecuciones contra líderes y miembros de esta población por parte de integrantes del Ejército ante organismos internacionales.
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