La tragedia de la mina de cobre y oro San José, en Chile, donde han quedado atrapados 33 mineros, es una experiencia significativa que expone la debilidad de los poderes regulatorios del Estado y la declinación de la efectividad de los mecanismos tradicionales de probidad gubernamental.
Ha quedado en evidencia la jibarización del poder y dominio del estado como resultado de las privatizaciones, la desregulación y la delegación de funciones gubernativas a los servicios privados. Se detecta una creciente grieta entre lo que los actores constitucionales hacen en la práctica y los roles descritos por la teoría tradicional sobre la cual se modelan Constituciones y Tratados Internacionales.
El nuevo orden mundial de la globalización, hace caminar por dos vías paralelas y desconectadas entre si, los flujos de capitales en los países y los esfuerzos por uniformizar marcos jurídicos que hagan respetar los Derechos Humanos en el sentido amplio. Esto es, que cubra no solamente el derecho a la vida, sino todo su entorno, esencialmente el trabajo como la ontología del ser.
No hay dos lecturas en las enseñanzas que deja hasta el momento el espectáculo político que enmarca el dramático episodio de rescate de 33 víctimas, no solamente de un sector privado fragmentado y desregulado en la cultura del manejo de su circuito interno, sino de un sector estatal desprovisto del marco legal y financiero que impida y aborde estas catástrofes.
Esto forma parte de una suerte de bicefalia de cómo se conceptualiza la globalización. Es tal la avalancha por globalizar la economía y que se consolide un mercado planetario único, que las posibilidades de uniformidad de respeto por los DD.HH. se ven avasalladas.
Pruebas al canto. Los esfuerzos del FMI y el Banco Mundial por condicionar la ayuda financiera al respeto a los DD.HH. y cívicos en países como Myanmar, Indonesia por nombrar dos ejemplos, han sido tímidos en comparación con la gravedad de las violaciones de estos derechos.
Para qué hablar de los casos del Perú en la época de Fujimori, Colombia bajo Alvaro Uribe, países centroamericanos como Guatemala y Honduras antes y después del depuesto presidente Zelaya. De los países que registra Amnesty International con severas violaciones a los DD.HH., la mayoría de ellos dependen de considerable ayuda financiera del Banco Mundial y del FMI.
La experiencia demuestra que las condicionalidades que se incorporan a la ayuda financiera focalizan el saneamiento de las economías para la integración en el libre mercado y para el pago de las deudas de los países receptores de ayuda hacia los países donadores. Lo analizó John Gershman en un libro clave: “50 Years is Enough”, Boston, 1994, y la tendencia no ha variado: se privilegia el interés económico, por sobre la aplicación de la carta fundamental de los DD.HH.
Esta bicefalia de los poderes económicos centrales, la cual refleja la inmanejable desconexión entre políticas de DD.HH. y reformas económicas orientadas al libre mercado, tiene su antecedente histórico en las políticas del Banco Mundial desde su origen mismo. Bruce Rich en el mismo libro señala que el Banco Mundial tiene una carpeta triste en apoyar regímenes violadores de DD.HH. y que comienza en 1947 con el préstamo de 185 millones de dólares para la reconstrucción de Holanda después de la guerra. Al mismo tiempo, Holanda lanzaba un ataque brutal contra su colonia, Indonesia, enviando 145.000 soldados para revertir la situación. El incidente provocó un debate en las Naciones Unidas y EEUU debió intervenir ante la intransigencia del Banco.
Eso marcó lo que vendría a ser la política despiadada de los órganos financieros internacionales centrales de desvincular DD.HH. y estimular la reconversión económica a toda costa. Esa política se mantuvo hasta los episodios del Ajuste Estructural aplicado a fines de los años 70 y durante toda la década de los 80 en más de 100 países. Los programas de Ajuste Estructural tenían como objetivo último el de establecer una “contrarrevolución económica” de los países del hemisferio norte y sus instituciones bajo el claro liderazgo del Gobierno de Ronald Reagan (Walden Bello; 1994). Este autor señala que el objetivo central del programa de ajuste estructural –del cual Chile fue un modelo durante el régimen militar- es desmantelar cualquier vestigio de liderazgo estatal en la economía, en la protección de los mercados, la producción domestica, y el control de la inversión extranjera-, acciones del estado consideradas como “subversivas” para el establecimiento de zonas de libre mercado.
Los programas, además de las conocidas reducciones del rol del estado en la economía y de su rol en general, focalizaban en una reducción del gasto social, en el congelamiento salarial y la desregulación de la protección al empleo y las condiciones de seguridad, todas medidas que directamente vulneraban un componente importante de los DD.HH.
A fines de la década de los 90, el Banco Mundial efectuó una autocrítica a los programas de ajuste estructural e intentó enmendar el rumbo de sus políticas a través de revisar su concepción crítica del rol del estado.
Precisamente al comenzar el nuevo milenio, el B.M., sostuvo una reconsideración de la función del Estado para impulsar equilibrios entre las necesidades del libre mercado y la protección social. A través de un agresivo programa de reforma de la educación en los países subdesarrollados – donde Chile una vez más ocupó un papel de modelo- intentó saldar su deuda con el desarrollo de los países a los cuales les infringió un daño casi irrecuperable a través de los programas de ajuste.
Esta demanda del cambio en el contexto de leyes a nivel global, puede ser más crucial que las crisis cíclicas a que el sistema del capital transnacional está acostumbrado a absorber. Las otras demandas – las de los derechos que son monetariamente más intangibles en el corto plazo- se instalan en el corazón mismo de un país, dado que constituyen su ethos de ciudadanía, en fin, su cultura.
No es por unos dólares más o dólares menos que el país va a comprar ciudadanía o un ethos histórico nuevo. Claro, con una balanza de pagos sana y un cierre de cuentas anual equilibrado, los negocios – en que se han convertido hoy los territorios nacionales- las ciudadanías tienen expectativas de construirse con mayor fluidez. Con todo, es difícil encontrar el país que haya sido capaz de absorber la demanda del lado del ethos universal nuevo que se trata de construir en torno a la égida de los derechos humanos.
Juan Francisco Coloane
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