La huelga de hambre iniciada por un grupo de 31 presos políticos mapuches en diversas cárceles de Chile ya completó los 40 días y las autoridades chilenas todavía no han dado ninguna respuesta a un conjunto de reivindicaciones que han levantado los huelguistas y las organizaciones del pueblo Mapuche. Las demandas que ellos plantean a la autoridad son justas y legitimas:
1. Por el derecho a un debido proceso o juicio justo sin los montajes político- judiciales actuales y el uso de violencia institucionalizada que incluye la tortura;
2. Por el fin de la ley Antiterrorista, hecha durante la dictadura, y cuya aplicación a la causa Mapuche permite todo tipo de acciones ilegítimas condenadas por las Naciones Unidas. Su uso es facilitado por la criminalización de las luchas legítimas del pueblo Mapuche;
3. Por el fin de la Justicia Militar que promueve la impunidad a los crímenes del Estado desde los tiempos de la dictadura y que ahora acentúa su guerra contra el pueblo Mapuche. Fin del uso de procesos civiles y militares a un mismo preso;
4. Por la libertad de todos los presos políticos Mapuche encarcelados; y
5. Por la desmilitarización de las zonas Mapuche donde las comunidades reivindican sus derechos políticos y territoriales.
Esta Ley Antiterrorista prevé la aplicación preventiva por hasta dos años de un sospechoso, así como impide a los abogados de defensa acceder a la investigación o interrogar a testigos cuya identidad es mantenida en secreto. Es decir, con la criminalización de la causa Mapuche, el Estado chileno ha transformado la solución institucional y democrática del conflicto, en una cuestión estrictamente judicial, cuya consecuencia más directa ha sido la estigmatización de los mapuches como un pueblo violento.
Por su parte, la prensa escrita y audiovisual ha ignorado esta huelga de hambre, centrando las informaciones en el drama que afecta a 33 mineros sepultados hace más de dos semanas en la mina San José, al Norte del país. Excepto por unos pocos medios de comunicación, se ha impuesto un vergonzoso manto de silencio e indiferencia sobre esta otra tragedia que asola a Chile. Según las últimas informaciones difundidas por los familiares de los huelguistas, la salud de la mayoría de ellos se encuentra resentida después de casi mes y medio sin ingerir alimentos. Frente a la perseverante lucha de los mapuches por conquistar sus derechos, el mutismo del gobierno torna aún mas ilegitima la aplicación de una Ley Antiterrorista que ha sido condenada por Naciones Unidas y por organismos internacionales de Derechos Humanos.
El estallido contemporáneo del “conflicto Mapuche”
La expresión contemporánea del conflicto entre los Mapuche y el gobierno, las empresas forestales y de energía (embalses), se instaló a fines de 1997 (1 de diciembre), fecha en la cual fueron incendiados tres camiones cargados con madera que salían de un terreno en litigio entre una empresa forestal (Forestal Arauco) y las comunidades de la zona de Lumaco, Novena Región. La población Mapuche de ese sector argumentaba su pretensión de recuperar los terrenos en manos de la forestal apelando a sus derechos ancestrales. Desde esa ocasión y hasta la fecha, la Intendencia de la Región de la Araucanía ha interpuesto diversos recursos en la Corte de Apelaciones de Temuco para que se aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado y actualmente la Ley Antiterrorista, una de las más nefastas herencias del régimen dictatorial. Desde ese periodo, el gobierno viene advirtiendo que sancionará “con el mayor rigor de la ley” a aquellos grupos que insistan en desacatar el Estado de derecho y algunos de sus representantes vienen realizando, desde hace ya un tiempo, fuertes denuncias contra las acciones “perpetradas” por los comuneros.
A partir de esa fecha son innumerables las ocupaciones, los actos de protesta y acciones de descontento que se han producido en diversas localidades del Sur del país, algunas de las cuales adquirieron inusitada violencia por parte de los grupos en conflicto: por un lado, las comunidades Mapuches, organizaciones ecologistas e indigenistas, y por el otro, las fuerzas policiales “del orden” y guardias de seguridad contratados por las empresas.[1] En la Región de la Araucanía se desarrolla, por lo tanto, desde hace varios años este conflicto entre las comunidades Mapuche que reclaman tierras “ancestrales” y las empresas agrícolas y forestales que actualmente poseen los derechos de propiedad sobre dichas tierras.
Algunos de estos enfrentamientos han cobrado la vida de jóvenes integrantes del movimiento Mapuche. Los hechos han demostrado que quienes han perdido la vida o los que han sido agredidos en su gran mayoría son integrantes de esta etnia.[2] La tensión generada por estos asesinatos y por otros gestos de violencia policial, llevó al gobierno a declarar la Ley Antiterrorista para juzgar las acciones emprendidas por las organizaciones Mapuches responsabilizadas por los ataques a empresas y explotaciones aledaños a sus comunidades. La aplicación de dicha Ley ha sido criticada por diversos abogados y especialistas, que la consideran una aberración jurídica en la medida que atribuye como causal de un acto terrorista a cualquier persona que proceda a “colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño.” Con esta definición ambigua y sumamente vaga puede ser encausado como acto terrorista cualquier actividad promovida por grupos anti-sistémicos o movimientos sociales que, por ejemplo, puedan hacer uso de barricadas o lanzar bombas molotov en una manifestación.
Indiscutiblemente la violencia represiva desplegada por el Estado chileno va de la mano con la mencionada estigmatización del pueblo Mapuche, que en muchas ocasiones es definido como violento y sin ninguna capacidad de dialogo, demasiado obcecado por recuperar su patrimonio. Efectivamente, en muchas oportunidades los Mapuches han reaccionado de manera violenta a la instalación de empresas forestales o proyectos hidroeléctricos en su territorio, pero ello ha sido provocado también porque no han sido consultados previamente respecto a estos emprendimientos, excluyéndolos de cualquier debate bajo el pretexto (y el prejuicio) de que estas comunidades son por esencia contrarias al progreso económico. La pregunta en este caso es precisamente de que tipo de progreso estamos hablando o hasta donde dicho progreso afecta los ecosistemas naturales dejando una “huella ecológica” de gran impacto, difícil de ser contornada por simples medidas paliativas. Las comunidades Mapuches también están concientes que muchos proyectos realizados en ecosistemas naturales poseen externalidades ambientales negativas, las que finalmente afectaran directamente la propia supervivencia y sustentabilidad de esas comunidades. Como bien nos recuerda Gonzalo Rovira en su artículo, “Patrimonio natural y políticas públicas”, el llamado progreso con su uso creciente y dramático de recursos naturales, tiende a expandir la frontera, aumentando la proporción de zonas intervenidas, para satisfacer así una creciente demanda por bienes y servicios.
A ello se suma una concepción más generalizada del Estado, que se encuentra asociada a la criminalización de la protesta social. Las manifestaciones de las organizaciones y las comunidades muchas veces son tratadas como un tema policial y de seguridad interior, lo cual termina justificando el uso excesivo de la fuerza represiva y la aplicación de la ley antiterrorista a acciones de propaganda que buscan llamar la atención de esas mismas instituciones. Según un reciente informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Originarios, James Anaya, el Estado chileno debe terminar con el uso de la fuerza para pasar a construir confianza y espacios de mayor participación en las negociaciones para responder a las diversas demandas de este pueblo, desde la restitución de tierras ancestrales hasta aspectos de acercamiento intercultural, que incorpore la noción de diferencia a partir de la educación básica: “El mayor desafío que tiene Chile es transversal. Necesita construir confianza, necesita que los indígenas recuperen la confianza perdida a causa de años de historia…”.
En este sentido, la estrategia del gobierno socialista de Michelle Bachelet también fue muy contradictoria. Por una parte, las autoridades habían confirmado el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que consagra los derechos de los pueblos originarios, y que, por ejemplo, obliga a los Estados ratificantes a hacer una consulta previa antes de desarrollar cualquier proyecto o emprendimiento en territorio indígena. Por otra parte, el gobierno intentó focalizar e incluso transferir el conflicto a determinadas comunidades, que aparecían como el centro neurálgico de las disputas por tierra, siendo que el problema tenía una magnitud bastante mayor y más compleja. Las acciones represivas tópicas durante la administración de Bachelet solamente escondieron la raíz del conflicto, que si bien posee un componente tangible de demanda por la tierra, también supone construir una política indígena global que pasa por cuestiones de identidad, nacionalidad y autonomía.
Desde la asunción del gobierno de Piñera la situación del pueblo Mapuche ha empeorado, visto que su base de apoyo son precisamente los mismos empresarios agrícolas y forestales que durante décadas han participado en las acciones de represión y despojo de esta comunidad originaria. Con la evidente oposición del gobierno y la apatía y falta de movilización de la sociedad, existe un riesgo predecible que la atención a las demandas de los huelguistas sólo comience a ser concedida después de algún desenlace fatal. Eso seria un error dramático e inexcusable para cualquier país que aspira a construir una convivencia democrática mínima.
Fernando de la Cuadra
Sociólogo chileno, Miembro de la Red Universitaria de Investigadores sobre América Latina (RUPAL).
[1] Una cronología pormenorizada de estas ocupaciones y de otro tipo de manifestaciones (huelgas de hambre, marchas, tomas de caminos, tala de bosques, etc.) se encuentra en los diversos números de la revista del Observatorio Social de América Latina, publicada por CLACSO o en los diversos documentos del Observatorio de Conflictos Ambientales editados por la Casa de la Paz.
[2] Existen tres sucesos de graves consecuencias que han acaparado la atención de la opinión pública nacional e internacional. La primera fue el asesinato del estudiante Mapuche Edmundo Lemus (de 17 años) que recibió una bala disparada por las Fuerzas Especiales de Carabineros mientras participaba en una movilización pacífica de recuperación de tierras efectuada en el Fundo Santa Elisa de propiedad de la forestal Mininco, en las proximidades de Angol. A comienzos del 2008, el 3 de enero, murió a causa de una herida de bala disparada por la Policía, el joven activista Matías Catrileo (22 años). Otro caso que provocó gran consternación fue el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collio (24 años), acontecido en agosto del año pasado, tras el desalojo policial de un fundo agrícola en Angol.
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