Si faltaba una imagen simbólica sobre el fin de las ilusiones progresistas en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, llegó la foto de la presidenta recibiendo en La Rosada, junto al gabinete nacional en pleno a la flor y nata de la burocracia sindical. Dos nombres son suficientes para ilustrar a los nuevos aliados: Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, agente a sueldo de la dictadura militar, revistando en el Batallón 601, y Oscar Lescano, millonario empresario de Luz y Fuerza. Para muestra basta un botón. Ex menemistas, privatizadores, desguazadores de las empresas de servicios públicos, entregadores de los trabajadores que les hacen oposición, corruptos jefes de patotas para todo servicio.
"Pertenezco al gremio de Luz y Fuerza. Cuando Menem se candidateaba para presidente, el sindicato nos convoca a votar por el compañero Menem. Él le ofreció a la Federación (FATLyF) el manejo de la energía del país. Luego de ganar lo puso a Lescano en la secretaria de Energía y posteriormente la FATLyF pasa a ser un sindicato empresario, ya que con todo lo que habían aportado los afiliados armó las empresas eléctricas que manejan el Transnoa y fueron por un tiempo los que regentearon Yacimientos Carboníferos Fiscales(YCF) en el sur. De los hoteles que teníamos los afiliados hoy solo podemos usar el 50 por ciento de las plazas ya que el resto lo manejan a través de empresas de la FATLyF de tiempo compartido. La FATLyF posee droguerías, universidades, clínicas y por supuesto el manejo de la Energía del norte argentino. (testimonio de Lucho al autor)
Esta misma historia la podemos escuchar entre los petroleros, los trabajadores de la Unión Ferroviaria, de La Fraternidad, de UPCN, es decir de todos "los gordos" que aplaudieron los '90 y como otros funcionarios, gobernadores, intendentes travestidos aplauden hoy el "relato oficial".
La foto que documenta la entrevista del gobierno con "los gordos" se ufana ante la opinión pública y publicada de una de las más flagrantes intervenciones del Estado a la organización de los trabajadores, en vigencia de los derechos constitucionales. El actual gobierno que no se ha distinguido por respetar la independencia y la democracia sindical parece haber colmado la medida. Ha desconocido reiteradas resoluciones de la OIT sobre los derechos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), en la misma línea convalidó elecciones irregulares desconociendo listas opositoras que afectaban la estabilidad de los burócratas amigos , intervino con absoluta parcialidad en el proceso electoral de la CTA para sostener a un sector de aplaudidores. El ministro de Trabajo no vaciló en proteger - tal como está registrado en comunicaciones telefónicas que figuran en los expedientes judiciales - a un asiduo cliente de su estudio jurídico, José Pedraza, dirigente de la Unión Ferroviaria y actualmente procesado por el asesinato del joven militante Mariano Ferreyra. El broche de oro de esta trayectoria desemboca en la violación del derecho de autonomía e independencia de las autoridades legítimas de la CGT para organizar su congreso y renovar sus autoridades.
Estas operaciones han sido la práctica habitual de la interna peronista-kirchnerista. Obviamente este comportamiento bonapartista suis generis, que justifica las alianzas en función de objetivos o fines nunca del todo explicitados es como un documento a plazo fijo, alianzas que no se pueden sostener con todos y durante todo el tiempo. Mucho menos cuando se trata de las relaciones con el movimiento obrero que, aunque golpeado y debilitado por la dictadura militar primero y luego por las políticas neoliberales de los `90, todavía conserva memoria histórica y capacidad de reacción. Esa lógica cortoplacista que abunda en las internas partidarias, en donde a los que les llega el agua a la rodilla se consuelan porque a los otros les llega a la cintura, tiene un límite en el terreno de la lucha de clases. Y de esto se trata aquí y ahora.
Hugo Moyano, el líder de los camioneros y reelecto secretario de la central obrera, que el gobierno pretende desconocer, es consciente de las dificultades que se avecinan. Que se mueva por ahora dentro de las reglas del juego de la interna peronista no significa que haya renunciado a explorar otras alianzas políticas y sindicales. Ciertamente, si nos circunscribimos a un cálculo aritmético los sindicatos que apoyan a los gordos, por número y por el papel que desempeñan en la producción tienen una ventaja con respecto a los que sostienen a Moyano: el camionero habría quedado debilitado, pero no está muerto. Para el gobierno sería deseable sacarlo del juego. Pero las puras sumas aritméticas no son nada cuando se trata de dirigentes como los Caló (metalúrgicos), los de la alimentación, textiles, ferroviarios, los Martínez, los Lescano, etc. que han sobrevivido gracias al apoyo de las patronales y del Ministerio de Trabajo, cuando no de los matones. Los tiempos que vienen ¿les seguirán siendo propicios y prósperos? ¿Podrán controlar las demandas crecientes de las bases sindicales?
Curiosamente luego de años de fuerte crecimiento del PBI asistimos a un nivel de conflictividad superior al registrado en los años ´90.Ya lo aprendió el dictador Juan Carlos Onganía cuando se sorprendió de que los trabajadores mejor pagados del país le arruinaron sus sueños corporativos de 20 años en el poder. También y más cercanas están las imágenes del Rodrigazo en 1975.
Moyano no fue tropa de los gordos en los `90. Si bien no alcanzó el nivel de confrontación de la CTA en sus días originales, desde el MTA desafió al menemismo y llevó una batalla abierta contra la reforma laboral de Fernando de la Rúa, desenmascarando la operación "Banelco" (el soborno de los senadores). Al mismo tiempo, la liquidación del sistema ferroviario y la dependencia absoluta de los camiones para el transporte de cargas fortaleció extraordinariamente el poder sindical de Moyano y su gremio, que ahora el gobierno pretende esmerilar. Poco antes de la muerte de Néstor Kirchner, el líder camionero mostró los dientes de sus aspiraciones políticas y las fuerzas que ponía en marcha para alcanzarlas. El proyecto de ley para concretar la participación obrera en las ganancias del capital, como dice la letra de Constitución Nacional, fue el campanazo de las dificultades de una cohabitación que había sido hasta entonces provechosa para las partes, pero que comenzaba a resquebrajarse. Hoy, por más que Moyano en sus discursos sea reiterativo en su disposición al diálogo, los hechos muestran una fisura sin retorno.
La unidad es mejor que la división, enseña la experiencia sindical de los trabajadores. Sin embargo, una unidad enfeudada a los mezquinos intereses de aplaudidores y traficantes de negocios es el peor de los escenarios. Por consiguiente esos juegos de dividir desde el Estado o desde las patronales varias veces resultaron muy malos para quienes los propiciaron. Múltiples experiencias en la historia de la clase obrera muestran cómo se enriquecieron las luchas, nacieron nuevas camadas de dirigentes clasistas y combativos, cada vez que desde el poder se pretendió montar direcciones sindicales en un espectáculo de marionetas.
El problema social
Todo indica que la teoría del desacople de la economía argentina de la crisis mundial fracasó. En las notas de Julio Gambina y Rolando Astarita publicadas en esta entrega se analizan aspectos de la actual coyuntura económica argentina; momentos complicados que se explican por el impacto de la crisis internacional y también por decisiones u omisiones de índole local.
Moyano, como señalamos, tanto en su discurso de la concentración en Plaza de Mayo, como en el congreso extraordinario de la CGT realizado en el estadio de Ferro mostró un perfil moderado y conciliador. Su reclamo centrado en el mínimo no imponible de Ganancias y en las asignaciones familiares desnuda la intransigencia y la torpeza del gobierno.
La intervención del INDEC en 2007 eliminó de un plumazo el sistema estadístico del país. Hoy todo el mundo sabe que las cifras oficiales del costo de vida son un dibujo y que la inflación es muy alta especialmente en los bienes de la canasta familiar. La mendacidad del índice de precios arrastra todos los indicadores oficiales de pobreza, exclusión, desocupación y hasta del PBI. Nadie pone en duda que el país creció pero también creció la desigualdad.
Se han usado argumentos muy falaces para invalidar el reclamo de la CGT, de la CTA y de otras organizaciones sobre el impuesto que se retiene a los asalariados formales en concepto de ganancias. La no actualización del mínimo imponible, porque no se quiere reconocer la inflación real, alteró el sentido original del impuesto. Como muy bien ha explicado un veterano economista, insospechado de ideas conservadoras, como Salvador Treber:
"En función de ese insólito retraso, transcurridos unos pocos años, hasta un ingreso modesto puede pasar a ser alcanzado por alícuotas elevadas; con lo cual se violan los principios más elementales dejusticia tributaria y distributiva". (1)
En la escalada de la confrontación Moyano anunció que la CGT elaborará su propio índice de precios, siguiendo otras iniciativas similares tomadas por centros de estudios y movimientos sociales.
Es tal el descrédito de las estadísticas oficiales que Andrés Rodríguez, titular de la UPCN, que aliado al gobierno aportó en su momento el grupo de choque para la intervención del Instituto de Estadísticas, tiene que decir hoy que "cuando vamos a una paritaria no hablamos de la oficialidad del INDEC, sino de lo que nosotros percibimos".
A su vez la CTA, dirigida por Pablo Michelli, describe del siguiente modo el panorama social del país:
"La Presidenta reveló, que "el 19 por ciento de los empleados pagan el impuesto" y que el resto, es decir el 81 por ciento "no llega a los mínimos no imponibles". La verdad es actualmente existen 8.800.000 (el 53,6 por ciento de la fuerza laboral) que están en situación de precariedad y el ingreso promedio no llega a los 3.000 pesos, cuando la Canasta Familiar en la zona Metropolitana supera los 7.200 pesos. Si a esto le agregamos que en los últimos seis meses se destruyeron casi 329.000 puestos de trabajo, tenemos una radiografía del problema social de la Argentina".(2)
El agravamiento del cuadro social en un contexto inflacionario ha erosionado la Asignación Universal por Hijo (como se ha dicho nunca fue verdaderamente universal) (3), que fuera calificada como una de las más eficaces medidas de política social. Actualmente tanto la CTA como la CGT reclaman una ley que otorgue el derecho universal de los niños a una asignación móvil estableciendo una fuente de financiación autónoma sin afectar los ya maltratados fondos de jubilaciones y pensiones.
Carlos Abel Suárez
Notas:
1) Diario Comercio y Justicia de Córdoba, 29-06-2012.
2) ACTA, 21 de julio de 2012.
3) Un análisis en base al "Programa Bolsa Família" de Brasil y a la "Asignación Universal por Hijo para Protección Social" de Argentina. Rubén M. Lo Vuolo (Agosto 2010).
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