El pasado 25 de junio en la sesión del Concejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, se sometió a votación una iniciativa impulsada por Bolivia, Cuba, Ecuador, Sudáfrica y Venezuela. La propuesta se basó en la “elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”.
Con esto, se sugirió la creación de un marco legal que regule el comportamiento de las grandes corporaciones cuyas actividades tuvieran como consecuencia abusos y violaciones a los derechos humanos. La propuesta fue aprobada por 20 países, 14 fueron los que la rechazaron (entre ellos: Estado Unidos, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y Francia), mientras que 13 se abstuvieron. Entre estos últimos se encontraron los países latinoamericanos: Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, México y Brasil.
Uno de sus incisos, según el informe de la Consejo de Derechos Humanos del 26º período de sesiones, plantea que se “Decide que el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta celebre su primer período de sesiones durante cinco días laborables en 2015, antes del 30º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos”. Si bien la iniciativa fue votada y aprobada, según explica Atilio Boron (http://www.atilioboron.com.ar/2014/...) la votación no fue realizada por la Asamblea General de la ONU sino que en el CDH de la ONU cuyas resoluciones pueden ser recogidas por la Asamblea General, y pueden tener como consecuencia el origen de tratados internacionales que obliguen a sus signatarios a dar cumplimiento a la normativa en ellos establecidas. Pero esto no siempre ocurre y por ello es que Boron lo ve como “paso adelante, muy positivo, pero que todavía queda un largo trecho por recorrer”.
Según Atilio, la iniciativa se basa, indirectamente, en una propuesta “ventilada en el seno de esa organización en la década de los setentas del siglo pasado. En aquella oportunidad la inercia todavía latente de los procesos de descolonización en Asia y África y el surgimiento de gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina hizo posible la construcción de un amplio consenso en el seno de la ONU relativo a la necesidad de someter a las empresas transnacionales a reglas de carácter universal más allá de las que pudieran adoptar las legislaciones de los estados, en muchos casos demasiado débiles para resguardar la soberanía nacional sobre sus propias riquezas y recursos naturales”. Pero, de todas maneras aquella propuesta no prosperó debido a la presión de las grandes potencias.
Días antes de esta propuesta, el 23 de junio, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) hizo una presentación sobre el análisis de varios casos donde empresas transnacionales violaron los derechos humanos. Entre ellos, el despojo de tierras a comunidades originarias, persecución a la resistencia de los pueblos y a trabajadores de las compañías organizados, el asesinato de trabajadores, activistas e indígenas, el saqueo de recursos naturales, fraude, trabajo infantil, contaminación y destrucción del medio ambiente y los ecosistemas. Entre las empresas involucradas se encontraban: Glencore, Chevron, Shell, Coca-Cola, Pacific Rim Mining Corporatio, Lonmin, Española Hidralia S.A. y Mekorot Isreali National Water Company. Esta última está acusada de “implementar un régimen de apartheid y discriminación sobre el pueblo palestino a través de restricciones de suministro de agua a los palestinos para abastecer los colonos, y de precios discriminatorios, más altos para los palestinos que para los israelíes”.
Algunas de estas empresas operan en Argentina, como por ejemplo Glencore. Una empresa relacionada a la actividad minera cuyos capitales junto con y los de Goldcorp Inc, Yamana Gold, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (sociedad integrada por representantes del Gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el gobierno nacional) son los que encargados del proyecto de ‘Bajo de la Alumbrera’, que explota las tierras de la provincia argentina de Catamarca. La otra empresa que realiza su actividad aquí es Chevrón, involucrada activamente en la explotación de los yacimientos de petróleo no convencional de Vaca Muerta, la Cuenca Neuquina.
La presentación de esta propuesta en la ONU por parte de esos países tiene que ver con la resistencia hacia las empresas transnacionales y sus actividades en la región. Según el informe realizado por la ONG Global Witness “sobre el aumento del número de asesinatos de defensores del medio ambiente y la tierra” la cifra total de personas asesinadas fue de 908, donde Brasil es uno de los países mas afectados (http://ecoscordoba.com.ar/la-sangre...).
En este sentido, el sociólogo José Seoane, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y co-autor del libro “Extractivismo, despojo y crisis climática”, relata en una entrevista (http://www.rebelion.org/noticias/20...) que “las luchas y movimientos contra el modelo extractivo exportador en sus diferentes dimensiones constituyen hoy uno de los terrenos más importantes de la acción colectiva de los sectores subalternos en Nuestra América”. Es así que observa que esto se ve reflejado en Argentina, en los casos como las resistencias a la megaminería en las provincias cordilleranas del norte y sur el país, en la de las pasteras en Gualeyguaychú, en la defensa del agua y los glaciares, y en los movimientos contra el agronegocio y la soja transgénica de los pueblos fumigados.
Este autor, quien se ha inmiscuido en la cuestión de las actividades que realizan las empresas transnacionales y sus consecuencias reflexiona en la revista-theomai (http://revista-theomai.unq.edu.ar/N...) que “el proceso que denomina como “ofensiva extractivista” en América Latina, es definido como un renovado ciclo de profundo y acelerado avance de la expropiación, mercantilización y depredación de los bienes comunes naturales de la región, en tanto estrategia del capital frente a la crisis global de acumulación que signa actualmente al sistema. El agronegocio, la minería a gran escala, la explotación de hidrocarburos no convencionales, la industria forestal-pastera y la construcción de megaproyectos de infraestructura (carreteras, gasoductos, termoeléctricas, represas, etc.) son actividades paradigmáticas de esta nueva ola de saqueo, dependencia y recolonización característica de las últimas décadas”.
Por su parte, Diego Pérez Roig, Licenciado en Ciencia Política de la UBA reflexiona en una reseña del libro de Saone en la ‘Revista Herramienta’, que la humanidad explota aproximadamente el 40 % de la superficie del planeta y se utiliza más de la mitad de toda el agua potable disponible, mientras que “en la agricultura se utilizan más fertilizantes nitrogenados de los que se encuentran fijados naturalmente en todos los ecosistemas terrestres”. La producción de las empresas, también deben pensarse en relación al consumo y de esto Roig dice que “el consumo de energía se ha multiplicado por 16 sólo en los últimos cien años”.
Las consecuencias de las actividades de estas empresas transnacionales según los argumentos de Roig son varias, y van desde cambio climático, acidificación de los océanos, agotamiento del ozono de la estratósfera, saturación de la circulación biogeoquímica, pérdida de biodiversidad, hasta la contaminación química. Cabe aclarar que estas consecuencias en palabras de Roig “deben imputarse a la acción del, a lo sumo, 25% de la población más rica del planeta”.
La relación entre los Estados y las transnacionales en los últimos años es relatada por Seoane cuando argumenta que “El modelo extractivo exportador en nuestra región se expande y consolida significativamente entre 2003 y 2007… sostenido particularmente en la demanda de países asiáticos (China, India). Los cambios sociopolíticos regionales -lo que se llaman "los gobiernos progresistas"- coinciden justamente con este proceso, que planteó tanto el beneficio de una mejoría de la situación económica como los riesgos, límites y dificultades de basarse en el extractivismo”.
ANRED
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