A los 91 años, y como consecuencia de una insuficiencia cardiaca, muere el dictador y una de las figuras principales de la dictadura cívico militar.
Una vida al servicio de la burguesía
Siguiendo la tradición familiar Gregorio Álvarez eligió la carrera militar. Joven aún, llegó a general en el año 1971, época de ascenso obrero y popular y de represión estatal hacia los trabajadores y estudiantes que se movilizaban contra el ajuste que intentaban imponer los partidos tradicionales desde la década del 60.
A los pocos meses Pacheco Areco encomienda a las fuerzas armadas la lucha contra la guerrilla, luego de la fuga de los tupamaros de Punta Carretas. En ese contexto Álvarez es designado como jefe del flamante Estado Mayor Conjunto (Esmaco). El Esmaco dependía directamente de la Junta de Comandantes en Jefe y tuvo un papel protagónico en la represión de ese momento. Desde su dirección el “Goyo” tuvo un conocimiento directo de las acciones que se implementaban en la “lucha antisubversiva”.
Con la declaración de guerra interna, luego del 14 de abril del 72, la represión se acentúa, sucede el ataque a la seccional 20 del Partido Comunista, la muerte en tortura de presos políticos y el asesinato de militantes populares. De esa época datan las conversaciones con tupamaros presos en el Batallón Florida, durante la “tregua armada”. Álvarez se posicionaba como líder de una supuesta ala militar “peruanista”, despertando simpatías y expectativas en sectores de la izquierda como el Partido Comunista y el MLN. Los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas de febrero del 73 generaron ilusiones en esos sectores de izquierda, aunque con la firma a los pocos días del pacto de Boiso Lanza la presencia militar en los asuntos políticos y en la represión se vio fortalecida. Álvarez sería el secretario del recién creado COSENA (Consejo de Seguridad Nacional) que expresaba la institucionalización de la injerencia militar en la política nacional.
A comienzos del año 74 Álvarez asumió en la División de Ejército IV con sede en Lavalleja Durante su mandato, 80 personas fueron desaparecidas a Uruguay, donde hubo 60 traslados ilegales, 18 muertes bajo tortura, 3 ejecuciones, 3 "suicidados" y un fallecimiento en prisión.
En el año 78 el Goyo asume como nuevo Comandante en Jefe del Ejército. En sus doce meses al frente del Ejército hubieron al menos 55 personas trasladadas ilegalmente al país, 53 desaparecidos, 1 muerto por tortura y el asesinato de Cecilia Fontana de Heber.
Pasa a retiro en el año 79 para ser finalmente designado presidente en el año 81 por los propios militares. Desde su cargo, intentó por todos los medios evitar el retorno democrático, a pesar de las claras muestras de descontento popular y los triunfos del NO en el plebiscito del 80 y el triunfo de los sectores opositores en las elecciones internas del año 82. En su gobierno hubo otras tres desapariciones, seis muertes en prisión y otros tantos "suicidados", además de la muerte por torturas del médico Vladimir Roslik en San Javier.
La impunidad para los crímenes de la dictadura
Aunque Álvarez, y algunos otros pocos militares están desde hace algunos años presos, la impunidad reina en el Uruguay.
Miles de represores gozan de total libertad y las causas judiciales están detenidas o avanzan a paso de tortuga por decisión del poder político. Mientras tanto hay una reivindicación abierta de las violaciones de derechos humanos y la represión dictatorial por parte de muchos militares, y a quienes sufrieron las consecuencias de la dictadura se los revictimiza cuando hacen denuncias.
Desde todo el arco político hay intentos de reconciliación, no solo de los partidos tradicionales sino también desde importantes figuras del Frente Amplio, como sucedió con el día “del nunca más” de Vázquez o las declaraciones de “los pobres viejitos” de Mujica.
Los pocos torturadores y asesinos presos pasan sus días en una cárcel VIP, con todo tipo de privilegios. El propio Álvarez tuvo hasta hace algunos años una jubilación en donde se computaban sus años como dictador y recibió en sus últimos días una atención médica propia de las altas jerarquías de las Fuerzas Armadas.
La muerte de este símbolo de la dictadura debe llevar a redoblar la lucha contra la impunidad para que el juicio y castigo llegue para todos los que cometieron violaciones a los derechos humanos.
Hernán Yanes
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