En vista de la severidad de la crisis social y política en Venezuela y del derrumbe, según todas las encuestas, de la popularidad de Maduro, la realización ayer de la elección constituyente parecería demostrar que el oficialismo aún conserva una capacidad de gobierno mayor a la que se le adjudicaba, con independencia de la veracidad del informe oficial acerca del número de los asistentes a los comicios (más de ocho millones) y de la transparencia de la votación.
Para el referente de la agrupación chavista ‘crítica’ Marea Socialista, Nicmer Evans, el anuncio es un embuste: “Maduro, dice, logrará más votos que Chávez sin gente en los centros votando! Estafa Electoral del siglo 21!”. El Rector de la Comisión Nacional Electoral, Luis Rendon, tuiteó: “Decidí no estar presente en divulgación de resultados por inconstitucionalidad del proceso”. La derecha, de su parte, denuncia que sólo concurrieron a votar dos millones y medio de personas; en la zona este de Caracas (clase media) los centros de votación ni siquiera abrieron. Algunas consultoras que gozan de cierta reputación ponen el número de la concurrencia en tres millones.
Martín Granovsky, en Página 12, no cuestiona estos datos – más bien los admite -, cuando señala “que un gobierno desgastado por méritos ajenos y propios logró diseñar una estrategia, llevarla a cabo e introducir una nueva realidad política”. Se trata de un ‘diseño’ que contó con un despliegue descomunal de la guardia nacional y de las fuerzas armadas. La elección de ayer no ha servido para reconvertir al régimen de Maduro-Cabello en plebiscitario, sino que ha confirmado que es un régimen de facto en disolución.
Truchaje
Sea como fuere, no alcanza con llevar a cabo una elección constituyente –además es necesario dotarla de un objetivo. En la breve campaña que la precedió, el gobierno no adelantó ninguna medida distinta de las que ha tomado durante tres años, frente al hundimiento económico y social de Venezuela. Venezuela asiste a un derrumbe económico del 20% del PBI y a una hiperinflación que el gobierno no tiene la intención de enfrentar, porque necesita emitir billetes sin cesar para atender los subsidios sociales. Lo que podría detener la emisión es el cese de la importación papel moneda, debido a los retrasos de su pago por el Estado.
No ha anunciado que dejará de comprimir el consumo y la atención sanitaria, que es el recurso del que se vale para pagar la deuda externa, ni tampoco que dejará de refinanciar pagos de intereses y vencimientos de deuda a costos enormes en términos financieros, o que tenga la intención de detener, para pagar esa deuda, la privatización petrolera y minera –incluida la abolición del monopolio estatal del comercio exterior de combustibles.
Una Constituyente careta, que no se propone abordar la crisis alimentaria y de salud, ni revertir el ‘defol’ financiero del Estado y de Pdvsa, no tiene condiciones de introducir “una nueva realidad política” – salvo que se entienda por ‘novedad’, el agravamiento.
La Constituyente se instala, en oposición a la Asamblea Nacional que controla la derecha, por las peores razones: por la oposición de ésta a permitir una ‘oxigenación’ del gobierno mediante la privatización petrolera y la contratación de una mayor deuda externa. Maduro y compañía necesitan crear un marco legal que les permita seguir con estas operaciones – en primer lugar el contrato de explotación directa de la cuenca del Orinoco en beneficio de la rusa Rosfnet, incluido el derecho a exportación. Con estos mismos métodos, aspira a conservar el financiamiento de parte de China, con la cual tiene una deuda de u$s40 mil millones.
El problema que enfrenta para alcanzar estos objetivos es que la mayoría de los estados capitalistas han rechazado la legalidad de la Constituyente y por lo tanto la viabilidad del operativo financiero que está detrás de su convocatoria. El capital financiero internacional procura imponer una ‘salida macrista’ a la crisis venezolana – apertura comercial y financiera, ajuste social, privatización integral de Pdvsa -, mientras hace negociados con el ‘defol’ bolivariano.
Las sanciones votadas por el Congreso norteamericano contra Rusia y la expulsión, por parte de Rusia, de tres centenares de funcionarios norteamericanos acreditados en Moscú, no parecen alimentar expectativas en un acuerdo Putin-Trump que permita un rescate del régimen de Maduro.
Todas estas contradicciones explican que el gobierno de Maduro no haya explicitado siquiera si va a disolver la Asamblea Nacional de inmediato o si lo hará cuando haya confeccionado la organización constitucional de un “Estado comunal”. Este estado, en realidad municipal, no significa el desmantelamiento del actual estado nacional, ni el reemplazo de las fuerzas armadas por el armamento de los trabajadores; sería un estado vertical, muy por atrás, históricamente, a la democracia parlamentaria burguesa. Estamos ante un planteo que viene ejerciendo el chavismo desde sus primeras derrotas electorales en los estados venezolanos, para privar de poder a los gobernadores que habían sido electos.
Una demora en disolver la Asamblea Nacional debería interpretarse como el intento de crear un nuevo marco de negociación con la derecha – que no ha prosperado ni tiene visos de prosperar. En resumen, la Constituyente servirá para perder tiempo hasta un estallido final. No se ve “el diseño de una estrategia”, como pretende Granovsky.
No hay situación sin salida
Establecer, en el marco de una crisis social que empeora, un organismo deliberativo oficialista, significa instalar una caja de pandora; fuerza a explicitar las divergencias que hasta ahora se debatían a puertas cerradas.
Aunque la información es aún precaria, los candidatos que han recibido mayor número de votos pertenecen al ala llamada ‘cubana’, entre ellos Cilia Flores, la mujer de Maduro, y Elías Jaua, ex vicepresidente (La Nación). En términos políticos, representan al ala que aún admite una solución mediadora con la derecha, en oposición al de Diosdado Cabello, partidario de la disolución inmediata de la Asamblea Nacional y de la destitución de la fiscal disidente, Luisa Ortega. La cuestión es ahora si esta divergencia se hará púbica en la Constituyente.
Más allá de esto, la cuestión es si emergerán disidencias de mayor alcance de parte de constituyentes más cercanos a la presión de la crisis social y los sectores más golpeados. El inmovilismo, a término, de la Constituyente, dejaría como única salida un golpe militar.
La inusitada prolongación de esta crisis no significa que no tiene salida; pone solamente de manifiesto el desenvolvimiento complejo de sus contradicciones, entre ellas el atraso relativo de su comprensión por parte de las masas. Es sobre ese desenvolvimiento que debe construirse una alternativa revolucionaria, que pasa, en primer lugar, por una ruptura política completa de los trabajadores con el chavismo, única forma de derrotar una salida ‘macrista’.
En Venezuela hay numerosos dirigentes sindicales clasistas, que podrían convertirse en la referencia de un polo de la clase obrera, pero están bloqueados hace mucho por los partidos de izquierda a los que pertenecen, que practicaron el seguidismo explícito al chavismo, en una primera etapa, y se han pasado ahora a un frente práctico con la derecha. Esto expresa el empirismo de la izquierda democratizante, o sea la falta de estrategia, método, principios y programa.
Es el caso del Partido Socialismo y Libertad (integrado al FIT con Izquierda Socialista). De otro lado se encuentra Marea Socialista, una variante del “chavismo crítico”, entre el gobierno y la derecha, que aboga por un entendimiento ‘inter-partes’ que neutralice un peligro de guerra civil, sin plantear en absoluto un régimen de nacionalizaciones estratégicas y control y gestión obreras para salir de la hecatombe económica, y por lo tanto sin un gobierno de trabajadores.
El desarrollo de la Constituyente ficticia y la inevitabilidad de que caiga en el inmovilismo y en el fracaso, debe servir para una crítica implacable del gobierno y del conjunto de su política, y para una crítica del conjunto de la situación política, al servicio de la construcción de una alternativa obrera y socialista y de un partido obrero revolucionario.
Jorge Altamira
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